Juan Pablo Quinteros recibió en su despacho del Centro Cívico a la secretaria General del sindicato, María Ana Mandakovic; al secretario Adjunto, Miguel Apontes; al secretario Tesorero, Néstor Pérez; y al asesor del sindicato en derecho a la información y libertad de expresión, el constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe.

La audiencia fue solicitada tras la movilización del pasado jueves frente al Patio Olmos contra las medidas de ajuste y en repudio al mega decreto que deroga numerosas leyes y lleva a pérdidas de derechos, y donde la policía detuvo a cinco manifestantes, entre ellos el periodista Rodrigo Savoretti, del medio autogestivo «Enfant Terrible».

El Cispren planteó la necesidad de que las autoridades reconozcan el Registro de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa (Retrapren), instrumento que busca reafirmar los derechos laborales específicos y las garantías consagradas en la Constitución Nacional y el Estatuto del Periodista Profesional y prevé la emisión de una credencial a las y los periodistas para facilitar el libre ejercicio del oficio. Se hizo hincapié en los avances que hubo con las anteriores conducciones de la Policía de la Provincia, cuando se acordó cómo identificar a un trabajador/a de prensa y el contacto permanente con el sindicato frente a cualquier situación que involucre a periodistas.

Se resaltó en la reunión la importancia de la acreditación que otorga el Retrapren, y la necesidad de retomar el trabajo con la Policía y el Ministerio de Seguridad, mencionándose la “capacitación” que brindó el Cispren en 2019 a toda la plana mayor de la fuerza sobre el “derecho a la información y la libre expresión”.

En cuanto a la denuncia de que una mujer policía participó en las marchas con una “pechera identificada de prensa”, el ministro desmintió que se trate de una tarea de inteligencia policial hacia militantes y dirigentes sociales y políticos. Quinteros garantizó al Cispren que se corregirá esta forma y aseguró que la agente realizaba su trabajo para el área de comunicación de la Policía.

Durante el encuentro, se coincidió sobre el clima social y político que reina en Córdoba y el país, que adelanta un aumento de la conflictividad. Quinteros reafirmó que en Córdoba no se aplica el “protocolo” del Ministerio de Seguridad de la Nación y que se rige por la resolución de la Justicia provincial, a partir de hábeas corpus presentados contra los cortes de calles. El doctor Rodríguez Villafañe sostuvo que tal disposición es “inconstitucional”, porque es facultad de la Legislatura y no de un juez dictar un protocolo tal como sucedióen este caso.

El Cispren adelantó que también se solicitará audiencia con el fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado.