por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
Desde 1983 el retiro de los cuerpos militares a los cuarteles dejó en pie la puja entre el reclamo de verdad y justicia y el partido militar, como expresión de un espectro político que promovía la impunidad y el olvido.
Por Miguel Apontes (*)
Con igual relevancia, los derechos humanos se transformaron en la gran bandera de la lucha y resistencia contra la dictadura y significaron, al no poder esconderla ni ahogarla en el aislamiento a pesar del dispositivo represivo y comunicacional a su servicio, la primera derrota política de la Junta Militar.
En 1977 irrumpió Jimmy Carter impulsando la ofensiva diplomática de Estados Unidos, que situó los derechos humanos entre sus prioridades de política exterior y supuso una suerte de concepción ética (desde ya política) institucionalizada, que se mantuvo aún después, con el neoconservadurismo encabezado por Ronald Reagan. Todo en pleno desarrollo de la Guerra Fría.
Los derechos humanos irrumpen en el discurso
¿Desde cuándo los derechos humanos pasaron a ser una idea presente en la lucha política contra la dictadura argentina? Era 1976 y, en el afán de acceder a información a través de medios internacionales que escuchaba por radio onda corta, y sintonizada a la madrugada, recibía noticias sobre denuncias de las atrocidades que se cometían en el mundo.
Las noticias se centraban más bien en países como Cuba, la Unión Soviética, Europa Oriental, alguna nación africana donde se libraban luchas revolucionarias y los regímenes dictatoriales latinoamericanos, en ese orden.
A cuenta gotas pude informarme, entre los años 1976 a 1980, sobre cómo repercutía en el exterior lo que estaba pasando en el país, en un marco donde las referencias a Argentina no predominaban y provenían de emisoras con origen en países centrales como Holanda, Francia o Estados Unidos. Muchos más espacios tenían los reportes sobre Chile, ya que varias radios que sintonizaba -y que después supe que eran financiadas por la Unión Soviética- focalizaban sus denuncias en la dictadura de Pinochet.
La administración de Carter, lejos de limitar su accionar frente a la retirada de Vietnam, el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 y la Revolución Islamista en Irán, llevó adelante una ofensiva global con la bandera de los derechos humanos. Una inteligente forma de construcción de sentido, implementada por el país que llevó adelante las mayores intervenciones en Latinoamérica y guerras en todo el mundo.
Así y todo, en términos de la política doméstica, la política exterior de las potencias occidentales embanderada en los derechos humanos fue muy útil para la condena de la dictadura. Claro que se ciñó al señalamiento de los ejecutores y dejó bajo el velo de la impunidad a autores intelectuales y cómplices civiles.
La ejemplaridad de los organismos
El papel que jugaron los grupos de derechos humanos merece todo el reconocimiento. Junto con organismos preexistentes como la APDH, la Liga Argentina por los DD.HH. o el Movimiento Ecuménico, fueron los familiares de las víctimas y las organizaciones que constituyeron, quienes desarrollaron esa militancia increíble -aún en situaciones extremas- que llevó a la primera derrota política de la Junta Militar.
Con los vaivenes conocidos, el derrotero no fue lineal. Pero sí constante y perseverante el reclamo de verdad y justicia. Pasaron el juicio a las juntas, las leyes de punto final y obediencia debida, los indultos, los juicios por la verdad… hasta llegar por fin a la nulidad de las normas que impedían el juzgamiento.
Los largos procesos y las condenas que sobrevinieron contra los genocidas, actuaron como una verdadera devolución de dignidad a las víctimas, a sus familias, al pueblo todo y motivo de orgullo ante el mundo.
La demanda de “juicio y castigo a los culpables”, sin duda respondió a la emergencia del momento, a la necesidad de denunciar y castigar el oprobio. No eran momentos de avanzar sobre las motivaciones político ideológicas del golpe.
No obstante, de a poco, se fue incorporando el reclamo hacia la complicidad civil. Y si bien algunos procesos se llevaron adelante, no alcanzaron la repercusión que merecían: los que elaboraron el programa del “Proceso” sortearon a la Justicia y la condena social hacia ellos tampoco se dio.
El móvil del crimen
“… han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina”, expresó Rodolfo Walsh en uno de los párrafos de la Carta Abierta a la Junta Militar, escrita al cumplirse un año del golpe.
Los militares argentinos no fueron más que “sicarios”, ejecutores de la matanza. Los autores intelectuales, los cuadros técnicos y políticos que estuvieron detrás de semejante empresa, salieron indemnes del desprestigio que se supo ganar la dictadura cívico militar. Sus ideas y su proyecto de país están vigentes. Y durante estos 40 años una y otra vez regresan promoviendo la dependencia, la concentración extrema de la riqueza, la economía primarizada, la desigualdad social sin límites.
El debate inconcluso
El historiador italiano Enzo Traverso indaga sobre el Holocausto para describir ese proceso de construcción de la memoria colectiva y sostiene que “la memoria de las víctimas” reemplazó a “la memoria de las luchas”.
No fue voluntario, las acciones de los organismos obedecieron a una urgencia, a la posibilidad cierta de salvar vidas en tiempos de extrema opresión. Para revertirlo fue importante recuperar la pertenencia política de cada víctima, su identidad como sujetos activos. Se pudo decir abiertamente que pertenecían a tal o cual organización, que los secundarios de La Plata estaban organizados en la UES, por ejemplo.
La organización de los familiares de los desaparecidos y presos políticos se realizó en medio de una tragedia, del terror y la muerte. Y esa organización remite a tradiciones del pueblo argentino, a la vocación de unirse en pos de objetivos que es una marca de nuestra sociedad.
La discusión sigue en curso y, simplificando, al margen de cualquier crítica a los métodos de las organizaciones revolucionarias, las razones políticas que llevaron al golpe militar de 1976 fue más allá de una respuesta represiva a esa juventud militante que propuso una disrupción y, en definitiva, planteó una nación fundada en otros paradigmas.
El proyecto de la dictadura cívico militar fue, a todas luces, impulsar la transformación radical de la estructura económica y social de la Argentina. A través del terrorismo de Estado se consolidaron nuevas relaciones de dominación.
La política de impunidad de los ’90 tuvo el efecto secundario de desactivar al partido militar como garrote amenazante sobre el sistema de partidos. Pero aquellas relaciones de poder que sumieron a la población en la incertidumbre de la pobreza diaria se estratificaron a través de las herramientas que inauguraron los dictadores: la deuda externa, los sistemas judiciales, instituciones globales controladas por los países centrales.
Hoy es preciso sostener los derechos humanos como política de Estado frente al negacionismo de la derecha ultramontana. No es menor exhibir las atrocidades cometidas, en el marco de un acuerdo democrático para que tanto horror no se repita.
El debate no se clausuró ni mucho menos. Los autores intelectuales de semejante tragedia, y el modelo de país que sostuvieron, aún siguen vigentes.
(*) Periodista, secretario Adjunto del Cispren. Editor en el medio cooperativo La Nueva Mañana.
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
El próximo semestre llega a juicio la segunda causa por apropiación de bebés durante la Dictadura en Córdoba. Se trata de la sustracción de la nieta 107 y el secuestro y tormentos de su madre María de las Mercedes Moreno.
Por Katy García (*)
Hace 47 años que Abuelas de Plaza de Mayo encaró la búsqueda de 500 niñas y niños, hijxs de desaparecidos que estaban con sus padres y fueron robados o nacieron en cautiverio. Este trabajo ha logrado devolver su identidad a 132 víctimas, evidenciando que el robo de bebés y la ocultación de identidad, como las detenciones ilegales, la aplicación de tormentos, los saqueos y las desapariciones fueron prácticas sistemáticas implementadas por la última dictadura cívico-militar eclesiástica.
Entre las víctimas de esa trama siniestra de la represión ilegal en Córdoba se encuentra María de las Mercedes Moreno y su hija, separadas al nacer en 1978 en la Maternidad Provincial.
«Yo sabía que estaba viva», dijo Moreno en 2012 en Buenos Aires, cuando Abuelas dio a conocer la noticia de la restitución de su hija, conocida como la nieta 107.
En su momento se difundió el nombre de la nieta como NN Moreno, ya que la joven pidió resguardar su nombre de pila tras conocer su identidad, luego de intervenir voluntariamente en proceso de extracción de sangre para cotejar con las muestras del Banco de Datos del organismo que encabeza Estela de Carlotto.
Ahora, una década después, sentarán en el banquillo de acusados de los tribunales a solo cuatro de la veintena de integrantes del mecanismo macabro de robo de identidades que le robó la hija a Mercedes en 1978. El resto ya falleció. El tiempo no cura nada a menos que exista justicia.
El debate podría comenzar pasada la mitad del c orriente año, estima el auxiliar fiscal de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Facundo Trotta. Se trata del segundo juicio oral y público en Córdoba, tras el realizado por la apropiación del nieto Sonia Torres, titular de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba.
“Para Abuelas es importante que comience este juicio que investiga la sustracción, y supresión de la identidad de la nieta 107, cuya mamá es una sobreviviente que se acercó a Abuelas”, explicó Sonia.
La nieta 107 es hija de María de las Mercedes Moreno y de Carlos Héctor Oviedo, y nació en la Maternidad Provincial el 11 de octubre de 1978. Se trata de un caso único donde se restituyó la identidad a una nieta cuya madre aún está viva.
La abogada de Abuelas y querellante en la causa, María Teresa Sánchez conoce bien un proceso judicial que suma voluminosas carpetas y sostiene ante Umbrales que está “absolutamente comprobada la participación de los jueces, las relaciones entre los imputados y los distintos personajes que, incluso, fueron parte el desarrollo de la investigación. Todo eso se podrá apreciar con absoluta claridad en el juicio oral y público, que ojalá sea pronto porque ya han muerto la mayoría de los imputados”.
Secuestro, tormentos y parto
María de las Mercedes Moreno, embarazada de siete meses, fue secuestrada de su casa en barrio Los Paraísos en septiembre de 1978 por una patota que formaba parte de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Córdoba (D2). Se le imputaba ser ‘correo’ de los presos políticos de la Cárcel de San Martín.
Encapuchada y trasladada al centro clandestino de detención (CCD-D2), que funcionaba en el edificio de Mariano Moreno y Caseros, fue torturada por Mirta Graciela ‘la cuca’ Antón y Calixto Luis Flores a dos meses de parir. La Cuca -apócope de ‘cucaracha’ por su condición despreciable aún para sus compañeros de patota, como contó la periodista Ana Mariani en la biografía que escribió sobre su torturadora- fue la primera mujer condenada por delitos de lesa humanidad en el país.
Días después de su secuestro, Moreno presentó complicaciones y fue llevada a la Maternidad Provincial donde estuvo internada hasta el 11 de octubre cuando nació su hija por parto normal. Nunca pudo verla. Al día siguiente envíaron a María de las Mercedes nuevamente al centro clandestino donde permaneció hasta el 28 de noviembre. Trasladada a la cárcel de mujeres el “Buen Pastor”, prisión que mantenía una fachada legal pero formaba parte de un circuito clandestino, la joven madre terminó depositada junto a las llamadas “presas especiales”, presas políticas, que estaban en el lugar.
El rol del Buen Pastor fue fundamental en el ocultamiento de datos como quedó probado en el juicio por el robo del nieto de Sonia Torres, hijo de Silvina Parodi y Daniel Orozco.
Actores judiciales
La niña nació a las 32 semanas de gestación. De inmediato pasó a la Sala de Neonatología de la Maternidad Provincial donde permaneció dos meses hasta que superó un problema respiratorio por su condición de prematura. El director del centro de salud, Francisco Sánchez Cressi (fallecido), sabía que la niña era hija de María de las Mercedes Moreno y de Carlos Oviedo. No obstante, recurrió al Juzgado de Menores de 1° Nominación a cargo de Jorge Horacio Pueyrredón (también fallecido), quien ordenó el traslado de la beba a la Casa Cuna y dio intervención a la Asesora de Menores Ana María Rigutto de Oliva Otero.
Cuando la madre recuperó la libertad el 6 de abril de 1979, siete meses después de dar a luz, lo primero que hizo fue ir a la Casa Cuna para tomar contacto con su hija. Pero el personal no le permitió el ingreso. Lo mismo le había sucedido a su hermana, que visitó algunas veces a la beba hasta que unas monjas no identificadas le dijeron que ahí “no podían entrar subversivas” y le impidieron todo contacto con la menor.
María de las Mercedes fue a la oficina del juez Pueyrredón para que la autorice ver a su hija. Pero el juez de Menores y la asesora Rigutto de Oliva Otero ordenaron estudios socio ambientales y luego le negaron a la madre conocer a su hija argumentando que los resultados no fueron favorables para la familia, por su condición humilde. Por ser pobres.
Cinco meses después una asistente social de la Casa Cuna, Dorila Caligaris, obtiene la guardia provisoria de NN, junto con su marido Osvaldo Róger Agüero. El dictamen para obtener la guarda lo emitió la asesora Rigutto de Oliva Otero.
Casi al cumplirse un año de vida de la beba, el 27 de septiembre de 1979, el juez Pueyrredón dictaminó que el matrimonio Caligaris – Agüero tenía la guarda definitiva y los habilitó para retirarla de la Casa Cuna, permitiendo el robo de la menor de su familia original y violando todos los requisitos que establecía la Ley de Adopción vigente en ese momento.
A las dos semanas el matrimonio se presentó al Registro Civil y la inscribieron con el nombre de María Soledad Moreno, obviando exprofeso su verdadera filiación. El acta trucha fue agregada al expediente judicial. (Acta n°4050 -Tomo 6-serie D-Año 1979).
Robo de identidad
En diciembre de 1980 los apropiadores abrieron un nuevo expediente para inscribirla esta vez como hija biológica propia. Para ello contaron con la complicidad del asesor letrado de menores Carlos Sem Rodriguez, que patrocinó dicha inscripción, y un certificado falso donde el médico Vicente Antonio Spitale afirmaba haber asistido al parto de Doris Caligaris. Dos testigos también falsos apoyaron dicho trámite, una de las cuales, Adela María González, está entre los imputados que serán juzgados este año. El otro testigo –Jorge Agustín Vivanco– falleció impune, como tantos otros protagonistas de esta historia.
El trámite se gestionó en el Juzgado Provincial de 25 Nominación Civil y Comercial, a cargo del juez Alberto Rafael Bonadero, quien ordenó inscribir a la beba, ya con un año y medio, bajo el nombre de Mercedes María Luz Agüero, anotándola con el apellido de su apropiador pero respetando la fecha original de nacimiento. Bonadero tuvo un rol clave en toda la trama porque es quién habilita el cambio de identidad a través de la inscripción apócrifa para que se pierda el rastro de la menor apropiada.
La celeridad del trámite judicial llegó al punto que en una semana estableció la investigación, se diligenció el certificado del Registro Civil, emitido el 23 de diciembre de 1980.
La abogada Sánchez mostró a Umbrales la certificación de un llamado telefónico que hacen desde el Buen Pastor al juzgado de Pueyrredón donde informaban que María de las Mercedes tenía cuatro hijos y que se los cuidaba una hermana porque estaba en prisión. Es decir que estos funcionarios estaban al tanto del estado de indefensión de la madre.
“Una de las personas encargadas de realizar esa tarea es nada más y nada menos que la apropiadora (Doris Caligari), que con posterioridad solicitó la guarda de la bebé y terminó inscribiéndola con el apellido de su marido”, explica la letrada.
Las marcas de la impunidad
El expediente desnuda el desempeño discrecional del personal jerárquico administrativo de la Ex Casa Cuna, de la Maternidad Provincial y de cuatro funcionarios del Poder Judicial de Córdoba: un Juez de Menores, un Asesor de Menores, un Juez del fuero Civil y Comercial de 1° Instancia y un Asesor Letrado.
En los pliegues y repliegues de las instituciones del Estado permanecieron intactas las huellas, así se reunió la información que demuestra el círculo de la complicidad. La niña no fue registrada por el área de servicio social de la Maternidad provincial, ni por la Casa Cuna. Tampoco en el Buen Pastor. La entregaron en guarda violando requisitos básicos establecidos por la ley, afirmó la abogada Patricia Chalup.
Sobre este proceso evidentemente irregular, el fiscal Trotta sostiene que “hubo una complicidad del poder judicial porque las personas que realizaron estos actos tenían conocimiento de que la niña estaba en la Casa Cuna. Además, el médico le comunicó al juzgado que los padres estaban detenidos. Sin duda hubo un aprovechamiento utilizando los circuitos oficiales y una falta de control mínimo del juez”.
En 2001, María de las Mercedes denunció el caso ante la Fiscalía Federal N°3, a cargo de Graciela López de Filoniuk, sin obtener respuesta alguna. Diez años después se comunicó con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) donde le tomaron testimonio, realizaron la denuncia y tramitaron los análisis de ADN. Los resultados del Banco Nacional de datos genéticos, revelaron ante el juez Alejandro Sánchez Freytes que María de las Mercedes es la madre de la niña robada. En 2013, el mismo juzgado que convocó a la joven para que se hiciera los estudios genéticos, comenzó otro periplo de procesamientos y sobreseimientos que aportaron al retraso de la elevación a juicio.
La abogada Chalup lamenta las demoras de la investigación y elevación a juicio “por los continuos planteos de las defensas y el retardo en el dictado de las resoluciones. Este juicio tendría que haberse realizado hace cinco años. Ahora, de la veintena de acusados -civiles y militares – solo quedan vivos cuatro y así se impone la impunidad sobre la aplicación de justicia”.
(*) Periodista, editora de Prensared.
Vivos y muertos
De una veintena de imputados solo 4 llegan vivos al juicio: Mirta Graciela Antón, Adela María González, Carlos Sem Rodríguez y Ana María Rigutto de Oliva Otero.
Fueron separados del proceso judicial por enfermedades: Herminio Antón y Hugo Lorenzo Chilo.
En tanto, fallecieron impunes en esta causa: Luciano Benjamín Menéndez, los apropiadores Osvaldo Roger Agüero Dona y Laura Dorila Caligaris, el juez Alberto Rafael Bonadero, Vicente Spitale, Calixto Flores, Roberto Villagra, Francisco Sánchez Cressi, Jorge Pueyrredón, /// Rodolfo Funes Campis, Néstor Mulqui, Jorge González Navarro, Jorge Eduardo Gorleri, Carlos Alberto Lucena y Néstor Vivanco.
Cumplimos la promesa que les hicimos a nuestros hijos
Por Sonia Torres (*)
Hemos conseguido junto a los organismos de derechos humanos y el pueblo argentino 40 años de democracia ininterrumpida. Desde Abuelas siempre trabajamos desde el amor a nuestros hijos y nietos que buscamos en estas cuatro décadas. Es la primera vez en la historia de nuestro país que tenemos un periodo tan largo de democracia por eso tenemos un compromiso todos los argentinos de cuidarla, sostenerla, y defenderla por nosotros y las generaciones futuras.
Nos parece fundamental que se avance con los juicios de lesa humanidad ya que en estos últimos años hubo un retroceso por diferentes causas y a eso se le sumó la pandemia. Para las Abuelas es importante que comience el juicio que investiga la sustracción y la supresión de la identidad de la nieta 107, cuya mamá es una sobreviviente que se acercó a Abuelas por el trabajo que realizamos.
Seguimos buscando cumplir la promesa que les hicimos a nuestros hijos de buscar a los nietos que faltan porque no se puede vivir con la identidad cambiada. Y son muchos aún los jóvenes que nos faltan. Por eso le pedimos a la sociedad cordobesa que nos ayude con la búsqueda.
(*) Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba.
Las políticas de memoria, verdad y justicia
Por Carlos Gonella (*)
Nuestra experiencia en el juzgamiento de delitos contra la humanidad es un ejemplo en el mundo y ha sido ponderada, no solo en otros países y organismos supranacionales de DD.HH., sino en foros jurídicos, políticos y académicos internacionales. Esta forma de resolución del conflicto, única en el mundo, goza del mayor prestigio y calidad institucional, porque son tribunales civiles -no militares- integrados por jueces y juezas, designados de acuerdo a los procedimientos constitucionales, quienes se encargan de juzgar a los responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983.
El punto de arranque de la experiencia argentina se sitúa en 1985, año en que comenzamos a transitar un camino que tuvo varios obstáculos según las políticas que los distintos gobiernos desarrollaron para afrontar los crímenes del período dictatorial, desde la recuperación de la democracia en diciembre de 1983.
En el inicio de este proceso el expresidente Raúl R. Alfonsín tomó la decisión política de juzgar a los comandantes sucesivos de las tres fuerzas militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) durante la dictadura. En 1985 se llevó a cabo el llamado “Juicio a las Juntas” que juzgó y condenó a Videla, Massera, Viola, Agosti y Lambruschini; y se absolvió a Graffignia, Lami Dozo, Anaya y Galtieri. Ante el intento de avanzar en el procesamiento de los cuadros intermedios y las bases, ocurrieron en 1987 los sucesos de Semana Santa que amenazaron la estabilidad democrática. Los episodios comenzaron en Córdoba, protagonizados por Ernesto Guillermo Barreiro, excapitán del Ejército, condenado a prisión perpetua en la mega-causa La Perla por considerarlo responsable de los grupos de tareas que operaban en el campo de concentración, por donde pasaron 2.000 personas, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas.
Luego sobrevinieron las leyes de Punto Final en 1986 y Obediencia Debida en 1987, que trajeron aparejada la impunidad de miles de militares responsables de graves crímenes. A partir de esos años, cesó la posibilidad de llevarlos a juicio.
En 1989 y 1990, el entonces presidente Carlos S. Menem, coronó la impunidad por medio de una serie de indultos que dejaron sin efecto las condenas contra los comandantes e impidieron el juzgamiento de los responsables civiles y militares de los delitos de Semana Santa en 1987 y de la Tablada en 1989. Tales decisiones generaron profundas consecuencias políticas, sociales y psicológicas, especialmente, para las víctimas de la dictadura y sus familiares.
Mientras tanto, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, que habían iniciado sus rondas semanales alrededor de la pirámide de Mayo en 1977, continuaron reclamando en paz por la aparición de sus hijos e hijas, nietos y nietas, y por el juzgamiento de sus responsables. En 1996 irrumpe la organización H.I.J.O.S. (hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el perdón), interpelando al gobierno y a la sociedad, a través de los escraches frente a los domicilios de los represores, para reclamar la aparición de sus padres/madres y el fin de la impunidad.
En 1999 la Madre de Plaza de Mayo, Carmen Aguiar de Lapacó, se presentó ante la Comisión Interamericana de DD.HH. para reclamar contra el Estado Argentino por la desaparición de su hija en 1977, fundándose en el derecho a la verdad. Así, se llegó a una solución amistosa para establecer la verdad sobre su caso pero sin consecuencias para los responsables, ya que lo impedían las leyes del perdón. Eso dio lugar a los llamados “Juicios por la verdad” que se desarrollaron en La Plata y Córdoba entre 2000 y 2001.
En 2003, cambió el paradigma de las políticas públicas para el abordaje de los crímenes del terrorismo de Estado de 1976-1983. Apenas asumió Néstor C. Kirchner como presidente de la Nación y luego de recibir a los Organismos de Derechos Humanos le ordenó al jefe del Ejército descolgar los cuadros de Videla y Bignone de las instalaciones del Colegio Militar. Ese hecho simbólico caracterizó el comienzo de una política de memoria, verdad y justicia que llega hasta nuestros días.
Kirchner acogió el reclamo de los organismos y lo transformó en una política pública caracterizada por acciones dirigidas a remover los obstáculos que impedían el juzgamiento de todos los responsables, y a facilitar el desarrollo de los juicios que comenzarían de manera inminente. Tras remover los obstáculos, el Poder Ejecutivo creó en el ámbito del Ministerio de Justicia equipos interdisciplinarios de acompañamiento a las víctimas y protección de testigos. El Ministerio Público Fiscal, a partir de la gestión del ex Procurador General de la Nación, Esteban Justo Righi, creó en 2008 la Procuraduría contra los Delitos de Lesa Humanidad, que desarrolló la política contra los crímenes de la dictadura y sus responsables.
Hasta la fecha, se han dictado 295 sentencias condenatorias, de las cuales 47 abordaron delitos contra la integridad sexual como parte del plan sistemático de persecución; hay 1117 represores condenados y 482 procesados a la espera de ser juzgados.
En este marco, la Justicia Federal tiene una gran deuda pendiente: llevar a juicio a los civiles cómplices de la dictadura, entre los cuales hay empresarios, ex magistrados, propietarios de medios de comunicación, profesionales de la salud que participaron de la apropiación de bebés, y dignatarios de la Iglesia Católica que prestaron una colaboración sin la cual nunca se habría podido llevar a cabo un plan sistemático que se cobró decenas de miles de víctimas, y 500 bebés apropiados.
(*) Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba. Representante del Ministerio Público Fiscal en los juicios de lesa humanidad.
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
Umbrales tomó la experiencia de un trabajador y militante político que atravesó las cuatro décadas de restitución democrática para abordar conjuntamente su vida laboral a caballo de los planes económicos y giros financieros de los gobiernos post dictatoriales.
Por Javier De Pascuale (*)
“¿Alguna vez te dijeron que sos pobre? ¿Vos te has sentido o te sentís ahora en la pobreza?”, fue la pregunta que le disparé a José a bocajarro, sin avisar, como un traidor.
Con 64 años y ubicado a la distancia por organismos de medición de la economía como uno de los habitantes de Argentina por debajo de la línea de la pobreza, José abrió muy grandes sus ojos y se apuró a decir un enorme No, mientras su boca acompasaba el movimiento. Y lo repitió muchas veces: “No, para nada. No soy eso. Yo camino mucho y veo mucha gente que está mal. Para nada. Capaz lo sea para INDEC. Pero no”. En su cabeza, habitada por el peronismo desde que tenía 15 años, él es un trabajador. Una persona dignificada por el trabajo y por definición misma, quien trabaja no es pobre.
E pur si muove. Sí, destruyeron tanto el trabajo que hicieron sinónimos de dos antónimos, en la Argentina y si me apurás, en todo el mundo de hoy gobernado por el mercado. Lo hicieron piano piano, lentamente, cocinado como la rana en el agua caliente para que no salte, desarticulando uno a uno los hilos que sostenían el Estado de Bienestar y desarmando la madeja de derechos y seguridades que construyeron gobiernos populares -y de otros que quisieron serlo- durante décadas. La vida de José es precisamente eso, una crónica de la muerte del trabajo tal como se entendía.
Arrancó laburando en una localidad del norte provincial, donde se asentaban los talleres ferroviarios más grandes de esta zona del país, cuando comenzaban todos, a los 17 años en 1975. Fue aprendiz de contaduría y administración -porque se llevaba bien con los números- en Patamia Construcción, la más poderosa casa de materiales de construcción de la ciudad de entonces. La firma fundada por don Roque Patamia en los años 40 acompañó ladrillo a ladrillo el crecimiento de la ciudad en las gloriosas tres décadas que se extendieron entre 1945 y el Rodrigazo.
Allí logró su primer recibo de sueldo y empezó a soñar con un futuro de gran ciudad, universidad y quién sabe qué cosas más. “El otro día fui a ANSES a averiguar cuántos años me faltaban de aportes para sacar la jubilación ¿y sabés qué descubrí? Que todo ese tiempo me hicieron descuentos jubilatorios, aun cuando no tenía los 18 años. Como me depositaron aportes en los trabajos que tuve después, en Córdoba, cuando era pendejo y cambiaba mucho de laburo porque me aburría o buscaba otra cosa”.
Es que José agarró algo de peronismo, pienso. Y se lo digo. Y nos ponemos a charlar sobre los últimos 40 o 50 años de historia nacional, que es la historia de la destrucción de las bases que hicieron de este país alguna vez un oasis de justicia social, trabajo y progreso, en un mundo tan diferente…
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La Argentina es uno de los pocos países del mundo que muestra un «crecimiento secular» de la pobreza, es decir sistémico y tendencialmente constante durante casi 50 años. Si en 1974 el porcentaje de la población que recibía menos de 60 dólares mensuales per cápita alcanzaba al 3 por ciento de la población, hoy esa cifra supera el 40 por ciento de la población, resultado de un alza casi consuetudinaria. (JDP)
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“¿Fue culpa nuestra o vino de afuera?” La pregunta resuena en toda la casa que José ocupa en barrio Parque Capital, pegada al arroyo de La Cañada que a esa altura no tiene nombre. Una casa que fue terreno, comprado con una parte de la indemnización que el Estado argentino reconoció a su familia por el secuestro y la desaparición de su hermano mayor. Sobre ese lote él puso una prefabricada de madera y chapa, primer techo propio después de pagar alquileres durante la mitad de su vida.
La pila de años se le nota en el cuero y en la zapán de hectolitros de chamuyo político, pero en ningún otro lado. Desborda de energía y en su cabeza es un pendejo. En el repaso del velorio social del trabajo, va contando que se conchavó en una cooperativa de obras y servicios públicos que supo llevar gas natural y cloacas a varios barrios en Córdoba. No sé si fue esa empresa social la que hacía las redes de gas, la infraestructura para barrios tradicionales pero postergados, como Bella Vista, Olivos o Güemes y otros que surgían como hongos en lo que hasta ayer eran yuyales, pero algo de eso contó. En ese momento pensé en las familias jóvenes de ahora, que no tienen otra que construir arriba de la casa de los viejos y en cómo a medida que moría el siglo se fueron con él los sueños de progreso que lo marcaron.
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Hacia los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín, el Banco Hipotecario Nacional (BHN) era el tercer banco más grande del país y manejaba uno de cada seis préstamos de todo el sistema. Sin embargo, su gestión era escandalosamente ineficiente: los préstamos eran para los amigos del Gobierno, eran por cifras millonarias y además no se pagaban. En 1987 dos de cada tres créditos estaban en mora. La dolarización práctica de la economía nacional durante la década siguiente, al estabilizar la inflación y las tasas, sí alentó el crédito hipotecario privado, que recuperó plazos de devolución en 20 años y el crédito hipotecario llegó a expresar casi 4 puntos del Producto Interno Bruto. De hecho, los bancos más orientados a los créditos para vivienda fueron los últimos en caer, en la crisis de 2001 y 2002. Pero por supuesto, la crisis barrió con el crédito para vivienda y habrá que esperar al período 2005/07 para llegar a ver su renacer. Duró poco nuevamente: se lo llevó puesto la crisis internacional de 2008. Habrá que esperar al año 2014, cuando en su segundo mandato, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzó el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (ProCreAr), que fue masivo y llegó a expresar medio punto del PIB. El gobierno de Mauricio Macri inventó los UVA, que duplicaron el otorgamiento de créditos de los bancos privados a las familias pero que con el disparo inflacionario de los dos últimos años de aquella gestión, se convirtieron en un grave problema social, hasta hoy sin solución definitiva. (JDP)
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Y de la charla de los dos aparece el año horrible de 1989. Para esa altura José ya se mudó a Córdoba, empezó y dejó Ciencias Económicas (“mi viejo quería que fuera contador, yo no”), laburó en comercios, en una tienda distribuidora de electrodomésticos (ollas Marmicoc, planchas Wemir), en una venta de neumáticos en Alta Córdoba, como no docente en la administración del Clínicas y hasta vivió de la artesanía, yendo de feria en feria con el oficio de cestería en caña que su viejo le enseñara.
Fueron años de juventud, de los 18 a los 30, en los que el trabajo no sólo venía con un aviso, un concurso, un registro, un recibo, un sindicato y un convenio, sino en que el laburo era primo hermano de la libertad: vos te movías con él, buscando lo que te gustaba.
“Mirá, yo vivía en los monoblocs de Santa Isabel y a la salida del turno de la IKA Renault, era ensordecedor el ruido de motos. Cortaban la mano de ida de la avenida para que los doce mil que trabajaban ahí pudieran salir más o menos en orden”. Ahora era yo quien hablaba y José agregaba: “cada obrero tenía su moto, su auto y construía su casita”. Era el logos moviéndose entre él y yo, estábamos en la Academia griega dia-logando sobre qué pasó con el país, con su economía y su política, para que el mundo se diera vuelta como una mesa patas arriba. “Pensar que lo que vino después para nosotros era inaceptable. Y se presentó como inevitable”. Sí, José, así de duro fue.
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La dictadura militar derivó en el tránsito de una sociedad industrial a otra basada en la valorización financiera del capital. La reestructuración económica puesta en marcha en esos años y que buscó ser profundizada luego, tuvo un indudable impacto sobre los sectores productivos que sostenían el funcionamiento de la sustitución de importaciones. Se armó un esquema para destruir a la industria nacional: reforma financiera, arancelaria, endeudamiento externo y apertura comercial. El modelo sustitutivo sobre el que se había estructurado durante las décadas anteriores el comportamiento de la economía argentina fue atacado desde sus cimientos. Desde allí y hasta el inicio del siglo XXI (y luego en algunos años reforzado), no fue la vinculación entre la producción industrial y el Estado el núcleo central del proceso económico, sino la especulación financiera y la salida de capitales al exterior vinculadas a otro tipo de Estado. La industria nacional siempre existe, porque brota naturalmente del funcionamiento económico local y regional, pero tiene desde entonces un destino marginal (JDP).
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“Yo entré a la Universidad en esos años, con examen de ingreso y en la facultad en 1980, 1981, empezamos a hablar del dólar, por la tablita de Martínez de Hoz, la plata dulce y la crisis, que lo disparó del Ministerio y lo reemplazó Lorenzo Sigaut. Ahí, sobre el fin de la Dictadura, se empezó a hablar de la deuda externa y del FMI. Todo eso no estaba antes”.
No, no estaba porque no había deuda. Después no dejó de haberla. En 40 años de democracia tuvimos deuda externa permanente en torno de un tercio del PBI, que se disparó con Mauricio Macri pero que ningún gobierno eliminó y que sólo uno bajó, el de Néstor Kirchner. Pero subrayamos lo anterior: tampoco la eliminó. Ni sacó al país del FMI, ni del CIADI, ni denunció ninguno de los 50 tratados de protección de inversiones que firmó Domingo Cavallo en los años 1990 y que son la dependencia, ya que otorgan estatuto diplomático a las empresas extranjeras y sus inversiones. “Nada más antidemocrático que un tratado, algo que no puede ser modificado y que rige para siempre”, es la frase que se escucha en la charla.
Bueno, no lo hizo Kirchner pero tampoco ningún otro. “No olvidemos que el primer ministro de Economía de Alfonsín, Bernardo Grinspun, echó a patadas a los enviados del Fondo Monetario, a inicios de 1985. A las dos semanas fue reemplazado en el cargo”, recuerda José.
La deuda externa y los tratados internacionales fueron a partir de los años 80 la bota con que las largas piernas del capital internacional nos mantuvieron aplastados y de rodillas. El actual gobierno nacional heredó de Macri una deuda que, con relación al Producto Interno Bruto, es exactamente el doble de la que tuvieron todos los gobiernos desde 1983. Imaginate el margen de maniobra que tiene.
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La otra bota que frenó nuestro desarrollo no viene de afuera, es bien argentina: el empresariado nacional, desde hace 140 años rentista, parasitario, amante de todo lo extranjero, descreído de todo lo nacional. Salvo honrosas excepciones, una verdadera maldición. “Nuestro drama de los últimos 40 años fue creer que saldríamos de las crisis metiendo a esa gente en el Ministerio de Economía”. No recuerdo si lo dijo José o lo dije yo, pero la frase ahora me suena bastante acertada.
Es que el orden neoliberal vive en crisis y de la crisis. Y esto le viene como anillo al dedo al empresario que no emprende, al que cuando gana fuga lo que ganó, o lo guarda en una caja de seguridad, o lo convierte en departamentos para renta, pero nunca, nunca jamás, lo reinvierte en la producción. La balanza de pagos, que refleja el flujo de capital entre el país y el extranjero, ha dado históricamente saldo negativo en nuestro país y esto es una característica muy argenta, en relación con cualquier otro país: toda la riqueza que generamos se va afuera cada año, de modo que cada año la economía se desangra y volvemos a cero.
Todo a pesar de la inmensa riqueza que se genera. No sólo porque tenemos bienes naturales de excepción, sino porque nuestro pueblo trabaja y mucho. Nuestra economía está 21 o 22, según el año, en el ranking de las más grandes del mundo. Más aun, en 1983 el PIB per cápita argentino estaba en 3.900 dólares y hoy se encuentra en 12.400 dólares (llegamos a tener más de 14 mil en 2014). Somos de los primeros productores mundiales no sólo de granos, sino también de productos industriales o tecnológicos y el país integra los selectos clubes globales de territorios donde se fabrican no sólo autos o camiones, sino satélites o reactores nucleares. Siempre es bueno recordarlo, porque hay mucha antipatria en el discurso cotidiano.
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“La economía no era lo que fue después. No había visto un dólar en mi vida, pero no me importaba, no hacía falta. No había conflicto con los importados porque no se importaba tanto, creo. Había como un cierre de fronteras, medio que vivíamos con lo nuestro”. José describe el país de antes y, sin quererlo, parafrasea al maestro Aldo Ferrer.
Bueno, nuestro hasta que dejó de serlo, porque en el ‘89 se derrumbó más de un muro, el mundo decretó el fin de la historia y nació la verdadera pandemia de las últimas tres décadas y poco más: el orden neoliberal. Una suerte de estado de emergencia permanente, donde todo lo que era, fue, y todo lo que fuimos, desapareció.
La Argentina fue uno de los laboratorios donde se probó ese nefasto experimento social de escala planetaria. Bajo el gobierno de los terraplanistas de la economía ortodoxa, a partir de aquel annus horribilis, en muy poco tiempo vimos convertirse a escuelas en shoppings, a talleres ferroviarios en baldíos, a barrios industriales en páramos. Fue tan grande el cambio y tan rápido, que nos costó años quitarnos la sorpresa de la cara y también, perdón pero hay que decirlo, la cara de boludos. Es que teníamos trenes desde 1857, “¿Cómo podía ser que no corrieran más? –se queja José– ¡Desapareció el pueblo!”
No fue lo único que se esfumó. En cada corazón industrial de la Argentina que rompiendo cadenas supimos construir, la película se decoloró al blanco y negro y pasamos a ser el escenario de The Walking Dead.
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En 1983 la desocupación alcanzaba al 3,9 por ciento de la población económicamente activa, la tasa más baja de los últimos 32 años. En el caso del trabajo no registrado, las cifras de los primeros años de la democracia también fueron bajas. En 1985 (primer año con estadísticas), el porcentaje de trabajadores en esta condición era del 25 por ciento en el Gran Buenos Aires. Alfonsín dejó el gobierno en julio de 1989, en medio de una crisis de hiperinflación. Por esos días, la desocupación alcanzó el 8,1 por ciento y el trabajo en negro rondaba el 32 por ciento.
Ya con Carlos Menem en la presidencia, la Argentina llegó por primera vez a los dos dígitos en su tasa de desocupación. El pico se alcanzó en mayo de 1995, cuando la tasa de desempleo se ubicó en 18,4 por ciento. (chequeado.com)
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De repente, desborda de entusiasmo: “Hay una incrustación cultural en nuestras cabezas de lo que era nuestro país cuando lo gobernábamos. Es un fenómeno que se destaca en la región y en el mundo. Y es un orgullo. La mejor democracia que hemos tenido fue con Perón, porque era el gobierno del pueblo. Acceso directo a la participación popular efectiva”.
José es directo, claro, argentino hasta la médula, habla en castellano y no en neolenguas de emprendedores. No emprende, ni compite con otros. Trabaja y lo hace junto al resto, contradiciendo con su práctica el modelo de barbijo social, de rompedura de ligámenes sociales que trajo la pandemia neoliberal. Y lo hace acá, subrayando la palabra con un índice mágico, que destroza en un solo movimiento el modelo desterritorializado que nos quieren vender, el de la economía líquida y toda esa pelotudez.
El relato de su vida revaloriza la potencia esencialmente revolucionaria del trabajo, su multiplicidad prismática y su potencia histórica. El trabajo como un rito antiguo que borra el desencantamiento, la resignación posmoderna, la ausencia de autoconciencia. El trabajo como píldora que cura el aturdimiento social y la dietética de los deseos que propone el régimen pandémico, con sus relaciones sociales de baja intensidad.
Sí, José es intenso. Habla y su pensamiento deambula por las archiconocidas estrellas de la constelación peronista. Peronismo como idea de trabajo, de justicia, de sociedad, comunidad organizada en torno al laburo, la producción, la razón, el amor, la familia, el territorio. Ideas simples que postulan otras más complejas, como soberanía, independencia, justicia.
Conceptos fundamentales de la aventura histórica argentina hoy puestos en duda por la aplicación maníaca de un modelo más que extranjero, extraño, que congela la historia nacional para convertirla en fisiología. Que nos machaca permanentemente que es parte de la naturaleza fisiológica de la Argentina tener inflación, pobreza, desigualdad, desempleo.
Será que nuestra anatomía lleva todas esas marcas, las de las crisis y las de la felicidad. “Las crisis no nos privaron de ser felices”, dice José y pone fin a la entrevista. Y yo me voy con la sensación de haber compartido una historia, una verdad, con un trabajador, uno que predica con su propia existencia, con su conciencia, su cuerpo y su acción cotidiana la finitud, los límites de ese mundialismo neoliberal que nos tapó de estiércol hace más de 30 años.
(*) Periodista, secretario de Acción Social del CISPREN, presidente de la Mutual de Prensa, integrante de la Cooperativa Comercio y Justicia.
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
La disputa de la renta y los modos de producción ponen en evidencia la relación entre el trabajo, los trabajadores y la renta. En este camino, miramos lo que sucede en nuestra Patria Grande, en el país y luego ajustaremos el microscopio para enfocar algunas regiones. La riqueza es una torta que se distribuye según quien la elabore.
Por Javier Lucero (*)
Vamos a seguir la ruta del dinero. De ese dinero que se genera en las sociedades producto de su economía y en donde la mayor cantidad de cuerpos que se ponen en juego son de los trabajadores y trabajadoras.
Números y cifras en la base de datos del Banco Mundial, los últimos son de 2021, nos permitirán hacer algunas comparaciones sobre la participación del ingreso por parte de la población.
En Argentina, el 20 por ciento mejor remunerado se queda con el 47,4 por ciento del total de los ingresos que se generaron ese año en el país.
Ese mismo porcentaje de habitantes de mayores ingresos en Chile, absorbe el 51,6 por ciento del total de la renta del país trasandino.
En Brasil, el porcentaje sube al 57 y queda en manos del 20 por ciento más rico.
El último quintil, el 20 por ciento de menores ingresos en la Argentina sólo accede al 5 por ciento de la riqueza generada. En Chile, ese mismo segmento sólo posee el 5,5 por ciento de la riqueza total y en Brasil el grupo más pobre percibe el 3,3 por ciento del total de la renta.
No deberíamos pasar por alto, antes de seguir el detalle de los números, que son las mismas personas que las leyes constitucionales de los respectivos países declaran con los mismos derechos, pero que a la hora del reparto las distancias son escandalosas. La ley pone en la misma línea a todos los habitantes de sus pueblos, pero eso no sucede. Es evidencia de la distancia que resta recorrer para una sociedad más justa. O, si se quisiera acentuar el tono, es evidencia de la hipocresía de un sistema que no da para más.
En Argentina, el 20 por ciento mejor remunerado se queda con el 47,4 por ciento del total de los ingresos que se generaron ese año en el país.
En el segundo quintil con ingresos que le siguen a los más ricos, los números de distribución se equiparan entre los tres países que tomamos y cuyas referencias anuales (2021) coinciden. Algo parecido muestra el tercer quintil.
El cuarto grupo de la escala es el que se lleva una porción mayor dentro de la distribución total. Este 20 por ciento es el peldaño que está inmediatamente encima del peor remunerado y en la Argentina se queda con el 22,7 por ciento de la riqueza. Aunque parece una tajada interesante, es la mitad de lo que se llevan los más ricos.
En Chile y en Brasil pasa algo parecido. Son porciones mucho más grandes que las de los más pobres, pero también mucho menores que las de los más ricos. El cuarto quintil en Chile tiene acceso al 19,9 por ciento de la riqueza y en Brasil al 19,6.
Un índice sobre la mesa
Corrado Gini, un científico italiano especializado en estadísticas, creó a comienzos del siglo pasado varios índices. Uno de ellos pretendía observar la distribución del ingreso global de una nación entre sus habitantes.
En el último tramo del siglo pasado, varios países de Latinoamérica comenzaron a usar el Coeficiente Gini para realizar estas mediciones. Este coeficiente mide la distribución de la riqueza en una escala de 0 a 1 donde cero es la distribución ideal de la riqueza y 1 es la mayor desigualdad. El índice Gini, en tanto, mide entre 0 y 100 y es el utilizado por el grupo de investigación de desarrollo del Banco Mundial.
En 2021 el índice Gini daba 41 para Argentina, 44,9 para Chile y 52,9 para Brasil. Para tomar otra referencia, Suecia tenía un índice de 28,9.
En el trío tomado de la Patria Grande, la mayor desigualdad la exhibe Brasil, le sigue Chile y se ve un poco mejor distribuida la renta en Argentina. La referencia Sueca muestra que hay un horizonte posible. En general, los demás países de Latinoamérica con información disponible en ese período no logran perforar el número 40.
Los distintos parámetros estadísticos tomados, desde aquel invento del sociólogo y estadístico Gini hasta la fragmentación por quintiles o deciles según los ingresos, resultan convergentes a la hora de mostrar la realidad del reparto. Estos números nos generan unos resultados para poner sobre la mesa, pero es necesario indagar sobre las patas de esa mesa. La estructura o el modelo que sustenta dicha realidad.
Producción y distribución
El docente e investigador Mario Soria, de la facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se propuso verificar aquella máxima de Marx que indica que el modo de producción determina el modo de distribución.
“Quise ver si aquella tesis del año 1800 planteada en Inglaterra por Marx se verifica en la Argentina de las últimas décadas. En este país, la política económica muestra algunos vaivenes en sus modelos de producción y pasa de un predominio de la explotación de recursos naturales a otorgarle un mayor lugar a la industria. Podríamos hablar de esas dos vertientes”, dice.
Haciendo un recorte de 2015 a 2020, donde se produjeron políticas distintivas con respecto a las que se venían implementando previamente, se observa que en diciembre de 2015 había 56.268 empleadores en la industria manufacturera del país y cinco años después 49.144, según datos de la Afip.
En la otra columna en donde impacta la industria, en la generación de empleo, se aprecia que en 2015 había 1.263.000 trabajadores en este rubro de la economía mientras que en 2020 había 1.108.000, de acuerdo con la misma fuente.
“Esto muestra que la forma en que producís determina cómo distribuís. La producción es la que crea el valor. Si en esa producción hay poca participación de la mano de obra, ya sea por la alta automatización o por la propiedad monopólica del recurso, también será escasa la distribución”, señala el docente.
Si se toma un tramo histórico de una mayor cantidad de años, la elocuencia de la tesis es mayor.
De 2004 a 2013 el crecimiento de la industria manufacturera es muy marcado, luego la curva se ameseta dos años y, finalmente, decrece de modo abrupto desde 2015.
Simultáneamente, la curva del desempleo va en el sentido contrario: baja cuando se expande la industria y empieza a subir cuando la producción manufacturera y el agregado de valor se viene a pique.
Estos modos de producción diferenciados se traducen en una distribución de la renta igualmente distinta.
Durante el momento de mayor generación de empleo, los trabajadores se quedaron con el 54 por ciento de la renta pero con el modelo de primarización de la generación de riqueza, en 2015, aquel porcentaje bajó al 45 por ciento.
En 2019, en el sector de las manufacturas, la remuneración del asalariado representaba el 39,5 por ciento y el excedente de explotación bruto, lo más parecido a ganancias del capital, el 39,7. El resto de la producción de riqueza para completar el ciento por ciento de la torta estaba en manos de cuentapropistas, según los datos del Indec tomados en el trabajo realizado por el profesor Soria.
“Esto muestra que la forma en que producís determina cómo distribuís. La producción es la que crea el valor. Si en esa producción hay poca participación de la mano de obra, ya sea por la alta automatización o por la propiedad monopólica del recurso, también será escasa la distribución”
En el sector de la agricultura y de la ganadería, el asalariado obtuvo el 16 por ciento del total de la riqueza en la que puso su sangre, mientras que el propietario se quedó con el 75 por ciento del excedente de explotación bruto.
Esta distribución que se expone sobre cómo se distribuyeron los excedentes en 2019 reafirman la incidencia del modo de producción.
Aunque, al cabo del gobierno que dejó el poder en 2019 hubo un episodio que condicionó el futuro: la toma de deuda con el FMI.
Los años de pandemia que provocaron un parate en todo el planeta haciendo caer el PBI a niveles comparables con el crac del 29 y los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional para chupar rápidamente la riqueza que genera el país, han incidido para que la curva no muestre variantes tras el cambio de gobierno.
Aumentando la lupa hacia regiones de nuestro país tomamos los aportes de “Macroeconomía y trabajo en la Argentina siglo XXI”, de Jorge Hernández, docente también de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC.
Se compara la creación de puestos de trabajo en Bahía Blanca, Río Cuarto y Neuquén – Plottier en los períodos pre convertibilidad y post convertibilidad.
Para esta comparación se conceptualiza un trabajo de mejor calidad y un trabajo secundario de menor formalidad. El primero se caracteriza por estar registrado, con aportes provisionales, vacaciones y sin finalización con fecha fija. El trabajo secundario es al que le falta alguno de esos atributos.
Hernández dice que un modelo neoliberal minimiza las reglas de protección del trabajo, facilita el acceso a espacios de negocios controlados por el Estado, como salud y educación, restringe la capacidad de fiscalización de los Estados y elimina las restricciones para la apropiación y uso privado de recursos naturales.
Durante el período 1995 y 2002, en Bahía Blanca, la creación del empleo primario o de mejor calidad era inexistente, en Río Cuarto fue del 0,8 por ciento y en Neuquén – Plottier del 43 por ciento.
En el tramo que va desde 2003 a 2010 la ecuación cambia sustancialmente.
En Bahía Blanca el empleo primario creado fue del 75 por ciento, en Río Cuarto del 63 por ciento y también aumentó en Neuquén – Plottier llegando al 86,7 por ciento.
El restante porcentaje correspondió a la creación de un empleo secundario, es decir, de menor calidad con respecto al primero, como se definió previamente.
Hernández dice que un modelo neoliberal minimiza las reglas de protección del trabajo, facilita el acceso a espacios de negocios controlados por el Estado, como salud y educación, restringe la capacidad de fiscalización de los Estados y elimina las restricciones para la apropiación y uso privado de recursos naturales.
Como contrapartida, un modelo progresista en su concepción del modo de producción amplía la protección del trabajo, fortalece y mejora la provisión de servicios salario indirecto (educación y salud), promueve funciones de producción más ajustadas a los recursos disponibles, mejora la capacidad de fiscalización de los Estados y protege la apropiación y uso privado de recursos naturales con fines predatorios.
Los esquemas presentados permiten hacer una trazabilidad de la renta en uno y en otro estado de situación. Dependerá de las voluntades de la clase trabajadora la elección de algunos de estos escenarios, o de otros, que puedan devolver la dignidad perdida a tantos sectores de la sociedad.
(*) Periodista. Secretario General del Cispren, Seccional Río Cuarto
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por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
De la pretensión de neutralidad al compromiso y la responsabilidad social en la construcción de los conocimientos científicos.
En estos últimos 40 años, la enorme transformación que ha experimentado la ciencia a partir de sus vínculos con las organizaciones y los movimientos sociales da cuenta de un contexto de creciente conflictividad derivada de diversas problemáticas interconectadas. El desafío es transitar el camino que parte de un cientificismo aséptico hacia una ciencia digna.
Por Victoria E. Mendizábal (*)
Desde los tiempos de Galileo, en los que el científico era un artesano que fabricaba sus propios instrumentos para realizar experimentos y obtener evidencias que le permitieran describir la realidad, hoy llegamos a una suerte de científico emprendedor que debe situarse en una lógica de competencia por los recursos y los espacios.
Esta nueva manera de encarar la investigación científica entra en conflicto con la visión tradicional de la ciencia que presupone el carácter autónomo del conocimiento científico. Es decir, una mirada de la ciencia, esencialista, neutral y exenta de responsabilidades por las posibles consecuencias problemáticas de los resultados de la investigación.
«Yo he escrito un libro sobre Mecánica del Universo y eso es todo. Lo que se haga o no se haga con eso, no me interesa», asegura el Galileo de la obra de Bertolt Bretch (Vida de Galileo, 1939) y reafirma la idea de que es posible interpretar a cualquier innovación o procedimiento tecnológico como una mera aplicación de conocimientos científicos, cuyo desarrollo tiene en la eficacia y en la eficiencia sus únicos valores.
En este nuevo modo de organización de la producción de conocimientos que encuentra su punto más representativo en el Proyecto Manhattan, se fortalece la idea de que con mucho dinero, un horizonte claro, científicos brillantes y liderazgo adecuado podía conseguirse casi cualquier objetivo que un gobierno considerara importante. Así, se refuerza una especie de optimismo incondicional hacia el progreso científico como sinónimo de bienestar social, especialmente en Estados Unidos que -aún hoy- produce la inmensa mayoría del conocimiento científico global.
Sin embargo, al mismo tiempo, este cambio también despierta una actitud crecientemente crítica y cautelosa hacia la ciencia y la tecnología que comienza a extenderse, sobre todo a partir de los años sesenta, como consecuencia de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Un logro científico más que controvertido que parece despertar las conciencias de algunos de los científicos e intelectuales más influyentes de la época.
Inclusive, es interesante destacar que el propio Brecht elabora una nueva versión de su obra Vida de Galileo, a partir de observar el impacto de las bombas. Y pone en boca de Galileo una seria advertencia sobre los usos de la investigación científica:
«Si los científicos, intimidados por los poderosos egoístas, se contentan con acumular Ciencia por la Ciencia misma, se la mutilará, y vuestras nuevas máquinas significarán solo nuevos sufrimientos. Quizás descubráis con el tiempo todo lo que haya que descubrir, pero vuestro progreso será solo un alejamiento progresivo de la Humanidad. El abismo entre vosotros y ella puede ser un día tan grande que vuestros gritos de júbilo por alguna nueva conquista sean respondidos por un griterío de espanto universal…». Vida de Galileo, Bertolt Brecht (1945-1947).
Desde los tiempos de Galileo, en los que el científico era un artesano que fabricaba sus propios instrumentos para realizar experimentos y obtener evidencias que le permitieran describir la realidad, hoy llegamos a una suerte de científico emprendedor que debe situarse en una lógica de competencia por los recursos y los espacios.
En los años siguientes, esta creciente preocupación por parte de algunas élites intelectuales también se vio reflejada en diferentes movimientos sociales que empezaron a considerar a la ciencia y la tecnología como objetos de escrutinio público y debate político. Alimentados por catástrofes relacionadas con la tecnología, tales como accidentes nucleares, envenenamientos farmacéuticos o derramamientos de petróleo, se fueron desarrollando activos movimientos sociales críticos con el industrialismo y el estado tecnocrático.
Asimismo, el desarrollo del movimiento ecologista y las protestas públicas contra el uso civil y militar de la energía nuclear fueron elementos importantes de esa reacción desde finales de los años sesenta y comienzos de los setenta. Coincidiendo con estas respuestas intelectuales, sociales y políticas, también se produjeron cambios afines en algunas disciplinas académicas tradicionales como la sociología, la historia y la filosofía de la ciencia y de la tecnología. Unos cambios sobre los que la obra de autores como Thomas Kuhn tuvo una enorme influencia.
De manera más o menos independiente, sociólogos, historiadores y filósofos se alejaron de los estudios internalistas y comenzaron a hacer interpretaciones más contextualistas, con un factor común: la crítica a las nociones tradicionales de ‘objetividad’ dentro del conocimiento científico y tecnológico. No se trataba de negar por completo la ‘realidad’ de la naturaleza o de los artefactos, se pretendía insistir sobre el hecho de que nuestra comprensión de la naturaleza y la creación de tecnología eran procesos socialmente mediados. Así, proponen una ‘ciencia de la ciencia’, es decir, el estudio de los factores de naturaleza social, política o económica que modulan el cambio científico-tecnológico, como así también lo que concierne a las repercusiones éticas, ambientales o culturales de ese cambio.
Pasos hacia una democratización del conocimiento científico
En nuestra región, esta corriente adquiere tintes locales de la mano de científicos y pensadores como Oscar Varsavsky, Jorge Sábato, Amílcar Herrera, Rolando García y Manuel Sadovsky, quienes durante los años que transcurrieron entre el primer gobierno de Perón y el golpe de estado cívico-militar de 1976 se propusieron reflexionar acerca de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. ¿Cómo construir una ciencia y una tecnología al servicio del desarrollo social en un país periférico como Argentina? ¿Qué lugar ocupa la universidad pública en este proceso? ¿Cuál es el papel de los científicos?
En su obra “Ciencia, política y cientificismo” (1969), Varsavsky introduce una de las ideas más influyentes y representativas de este movimiento y es la necesidad de cuestionar los modos de producción científica. Así se convierte en un crítico feroz de la postura cientificista que, según sus propias palabras, define como “un investigador que se ha adaptado al mercado científico, que renuncia a preocuparse por el significado social de su actividad, desvinculándola de los problemas políticos”.
Sin embargo, coincidiendo con la muerte de Varsavsky en 1976, y el inicio de una de las etapas más oscuras de nuestra historia, estas ideas parecen perder fuerza y presencia, aunque permanecen latentes en los intelectuales y científicos que deben exiliarse y en la impronta que pudieron dejar en las instituciones y en los estudiantes que pasaron por sus aulas. Así, con la vuelta a la democracia comienza otra etapa en la que, coincidiendo con una mayor participación y demanda social, la ciencia comienza a democratizarse y sus vínculos con distintos actores clave y movimientos sociales emergentes, poco a poco se van estrechando.
A partir de 1983 empieza a motorizarse un proceso de acercamiento entre la ciencia y la sociedad, especialmente vinculado a la defensa de los derechos humanos. Por un lado, distintas organizaciones de la sociedad comienzan a acercarse en la búsqueda de respuestas a diversos problemas sociales, pero también algunos científicos empiezan a sensibilizarse frente a las demandas sociales y a cuestionar algunas de sus prácticas científicas.
Este fenómeno se ve claramente plasmado, por ejemplo, en la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de sus nietos y nietas apropiados y su derecho a la identidad. La historia de Abuelas, no solamente contribuyó a perfeccionar los métodos estadísticos que permiten calcular el índice de abuelidad, es decir, la probabilidad de que se establezca un lazo biológico con los abuelos en ausencia de comparación con el material genético de los padres. También demuestra cómo el compromiso social de algunos científicos, como el genetista Víctor Penchazadeh, permitió acercar a las Abuelas métodos que ya se aplicaban en otros campos para encarar el desenmascaramiento de los crímenes de la dictadura.
Así se convierte en un crítico feroz de la postura cientificista que, según sus propias palabras, define como “un investigador que se ha adaptado al mercado científico, que renuncia a preocuparse por el significado social de su actividad, desvinculándola de los problemas políticos”.
En otra línea, el acercamiento entre ciencia y sociedad también se ve reflejado en las políticas de restitución de los restos mortales de pueblos originarios, acompañada por diversas agrupaciones de estudiantes de antropología que empiezan a cuestionar sus propias prácticas científicas. ¿Cómo es posible seguir validando que los restos mortales de personas capturadas y asesinadas durante la denominada Campaña al desierto continúen exhibiéndose en las vitrinas de los principales museos de nuestro país como si se tratara de piezas y reliquias científicas?
A partir del primer reclamo indígena que realiza el Centro Indio Mapuche Tehuelche de Chubut cuando pide la devolución de los restos del Cacique Inacayal en 1988 se inicia un lento proceso de debate público que se ve plasmado en la reforma constitucional de 1994. En ella se introduce un “gesto” significativo al reconocer la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”, lo que promovió – a su vez- una nueva legislación. A fines de 2001, el Congreso estableció que “los restos mortales de los aborígenes, cualquiera fuera su característica étnica, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas, deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen”.
Así, por ejemplo, comienza un movimiento dentro del Museo de Ciencias Naturales de La Plata y en el ámbito de los estudiantes de antropología de la Universidad Nacional de La Plata que propone que el museo se adelante a los reclamos, retornando los “trofeos de guerra”, empezando por revisar el inventario de la institución. Nace así el colectivo GUIAS, “una organización autoconvocada de la Facultad de Ciencias Naturales y el Museo de la Universidad de La Plata cuyo objetivo fundamental es atender los reclamos realizados por los Pueblos Originarios de no exhibición y restitución a sus comunidades de todos los restos humanos que forman parte de colecciones arqueológicas”.
Desde el planteo demagógico de la entonces Secretaria de Ambiente de la Nación, María Julia Alsogaray, que en 1993 proponía limpiar el Riachuelo en sólo 1000 días, hasta el desarrollo del Plan Integral de Saneamiento Ambiental establecido en la mencionada sentencia de la CSJN en 2008, la problemática en torno a la Cuenca Matanza-Riachuelo se ha consagrado como el mayor ícono de la contaminación de la República Argentina.
También la reforma constitucional de 1994 introduce en su art. 43 la legitimidad de terceros (Defensor del Pueblo y ONGs) para interponer acciones legales en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente. De esta manera consagra la figura de amparo colectivo que será clave en el fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en la Causa Mendoza. La posibilidad de ampliar el amparo individual (o clásico) a los “terceros” para el caso de los derechos colectivos y difusos se convierte en un instrumento clave en la lucha por los derechos de tercera generación como el derecho a un ambiente saludable. A partir de esta modificación, la problemática deja de ser vista como una violación a los derechos individuales de los afectados y comienza a verse como una vulneración a los derechos colectivos en donde pueden intervenir terceros para interponer acciones legales que velan por el interés público en lo relativo a las normas que protegen el ambiente.
Desde el planteo demagógico de la entonces Secretaria de Ambiente de la Nación, María Julia Alsogaray, que en 1993 proponía limpiar el Riachuelo en sólo 1000 días, hasta el desarrollo del Plan Integral de Saneamiento Ambiental establecido en la mencionada sentencia de la CSJN en 2008, la problemática en torno a la Cuenca Matanza-Riachuelo se ha consagrado como el mayor ícono de la contaminación de la República Argentina.
Al mismo tiempo, la Causa Mendoza se ha convertido en el puntapié inicial en la relación dialéctica que se ha establecido entre el Estado y la sociedad civil en la problemática ambiental.
Hoy sabemos que a partir de la movilización de diversos actores sociales, a través de diversas acciones de participación (desde protestas, hasta tareas educativas y de concientización de la opinión pública), se ha logrado que un conjunto de instituciones reconozcan y hagan esfuerzos por garantizar el ejercicio de los derechos relativos al ambiente consagrados en la Constitución Nacional.
La Ciencia Digna encuentra su alquimia social en la provincia de Córdoba
Si hay un caso emblemático que pone de manifiesto la enorme transformación que ha experimentado la ciencia y sus vínculos con la salud y el ambiente en la escena local, es la historia del científico Andrés Carrasco y sus estudios sobre los efectos del glifosato en embriones de anfibios. En 2009, Carrasco desafía los cánones establecidos por el circuito de validación de las revistas científicas, dando a conocer los resultados de sus experimentos a la prensa, antes de ser sometidos al estricto sistema de revisión por pares.
Como si se tratase de una suerte de continuidad en el camino iniciado por referentes como Varsavsky con sus críticas al “cientificismo”, Carrasco parece encarnar estas ideas en sus acciones. Así, pasa de ser un científico vinculado a los modos hegemónicos de producción científica para convertirse en un referente social. Un proceso que no es solo un fenómeno local que en Argentina ha recibido la denominación de ciencia digna, sino que forma parte de un giro radical en las relaciones entre ciencia y sociedad que, actualmente, se expresa en un movimiento a nivel global.
El llamado caso Carrasco da cuenta de cómo este fenómeno se ha visto materializado en la provincia de Córdoba, tanto en las luchas de las madres del barrio Ituzaingó, como en el logro histórico de los vecinos de Malvinas Argentinas al expulsar a la multinacional Monsanto. Y, más recientemente, en el caso de la lucha iniciada por un grupo de mujeres del barrio San Antonio, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, contra la empresa Porta Hermanos.
Como parte de este cambio de rumbo en la construcción de una suerte de partenariado entre el mundo científico y el de las organizaciones y movimientos sociales, tanto la sanción de la Ley de Bosques como el control de su implementación también encuentran en la provincia de Córdoba una confluencia clave.
Mediante acciones de protesta pacífica, la participación en instancias de consulta y reclamos ante el poder judicial y la difusión de información científica clave, tanto pueblos originarios, asambleas ambientalistas, organizaciones campesinas como pequeños productores, entre otros, contribuyeron -de manera decisiva- a visibilizar en la esfera pública el impacto concreto y cotidiano de la deforestación y degradación de los bosques. De hecho, estas movilizaciones masivas fueron las que, por ejemplo, lograron que el oficialismo del gobernador Schiaretti diera marcha atrás en la pretendida modificación de la Ley de Bosques nativos en Córdoba a finales de 2016. Una modificación que pretendía reducir aún más las áreas boscosas de las que sólo queda un 2,8 % en buen estado de conservación en la provincia.
Visión sistémica y ciudadanía planetaria
A lo largo de estas líneas, hemos intentado dar cuenta de la enorme transformación que ha experimentado la ciencia, especialmente a partir de sus (crecientes) vínculos con las organizaciones y los movimientos sociales, en un contexto de creciente conflictividad derivada de diversas problemáticas interconectadas y de carácter global. Hoy nos encontramos en un escenario crítico en cuanto al abastecimiento energético, el acceso a la seguridad y soberanía alimentaria; la creciente desigualdad social y las migraciones masivas, cuestiones que siguen profundizándose.
La búsqueda ilusoria de un crecimiento económico ilimitado, impulsado por combustibles fósiles, ha tenido como resultado la deforestación, erosión del suelo, escasez de agua y extinciones masivas de especies. Sus consecuencias más dramáticas han sido las evidentes manifestaciones del cambio climático que amenazan la existencia de la vida humana tal como la conocemos en nuestro planeta.
Pese a las serias advertencias que, desde muy diversas fuentes científicas, vienen alertando acerca de estos fenómenos y de la necesidad de tomar medidas urgentes, la inacción de los gobiernos parece seguir siendo la norma. Algo que en los últimos años ha generado -como contrapartida- el auge de diversos movimientos sociales a escala planetaria cuyo objetivo es influir sobre los gobiernos del mundo y las políticas ambientales globales, mediante acciones de resistencia no violenta.
«La ciencia no es neutral ni objetiva. La ciencia siempre tiene ideología y un sentido político. La ciencia puede aportar a la liberación o al sometimiento. La ciencia puede ser aliada de las corporaciones o estar al servicio del pueblo”
Así, por ejemplo, movimientos como Extinction Rebellion (en español Rebelión contra la Extinción, o Rebelión o Extinción, también abreviado como XR), iniciado en Londres en 2018, se extiende hoy en más 80 países, realizando acciones de desobediencia civil que han producido detenciones e incluso puedan traducirse en condenas efectivas.
Tal es el caso de activistas climáticos liderados por científicos y científicas comprometidos con la visibilización de la problemática, que en abril de 2022 protestaron arrojando pintura roja a las puertas del Parlamento español en Madrid y ahora enfrentan una causa por delitos de daños y desórdenes públicos.
«La ciencia no es neutral ni objetiva. La ciencia siempre tiene ideología y un sentido político. La ciencia puede aportar a la liberación o al sometimiento. La ciencia puede ser aliada de las corporaciones o estar al servicio del pueblo”.
Son algunas de las definiciones de la Declaración Latinoamericana por una Ciencia Digna, un espacio creado en honor a Andrés Carrasco que reúne a medio centenar de científicos de cinco países, críticos al modelo transgénico y al extractivismo.
Frente a lo urgente de la emergencia ambiental, quizás haya llegado la hora de sumar el movimiento de Ciencia Digna a los modos de producción del conocimiento, y un paso más: el paso masivo a la acción.
* Bióloga y comunicadora científica
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
Políticas ambientales en Córdoba
Desde la recuperación de la democracia, la degradación ambiental determina el deterioro de la calidad de vida y es el signo elocuente de cómo se construyó la cultura democrática sin lugar para la participación ciudadana y colectiva.
La noción biológica de ecosistema determina que innumerables organismos viven en él y se sitúan en una constante lucha por los alimentos y el territorio.
Las presiones y demandas sociales encuentran a este hábitat cordobés en agrios conflictos socio-ambientales, con un Estado que se presenta como neutral y que reduce cada vez más la jerarquía del organismo que rige las políticas ecológicas de la provincia.
Por Daniel Díaz Romero (*)
Luego de un largo proceso de demandas y reclamos sociales, la recuperada democracia permitió que emergiera la “ecología de los pobres” de la mano de la participación ciudadana, a través de la organización de asambleas vecinales, por sobre la “ecología de los ricos”, que durante la dictadura militar se preocupaba por salvar a los osos pandas de China sin mirar lo que sucedía en su entorno inmediato.
Sin embargo, transcurridas cuatro décadas de democracia, la situación dominante durante la larga noche de la dictadura se repite: la necesidad de producir a cualquier precio, compensar los gastos del deterioro de los términos del intercambio y enfrentar los compromisos de la deuda provincial, asfixiando a los ecosistemas cordobeses y situando a la política económica como un parásito de los recursos naturales, re-significados hoy como bienes comunes naturales.
Hoy parece que los funcionarios políticos siguen desconociendo que 10 centímetros de suelo arrasado por incendios, erosión o desmonte demoran 100 años en recuperarse; que bebemos aguas mezcladas con excretas y que consumimos alimentos genéticamente modificados. Sin embargo, la preocupación y las recomendaciones de los cuadros técnicos del área ambiental -muchos de ellos de excelencia- nunca lograron eco en sus jefes políticos a lo largo de estas cuatro décadas.
María Julia: el gen del modelo extractivista
María Julia Alsogaray marcó a fuego los paradigmas ambientales de la democracia argentina, luego de encabezar las privatizaciones de las empresas estatales ENTEL y SOMISA en 1991, bajo la consigna del achicamiento del Estado. Durante su primera presidencia, Carlos Menem la designó en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación.
Desde entonces, María Julia instaló una mirada economicista del “dejar hacer” a las empresas contaminantes y depredadoras de los bienes colectivos -que persiste desde entonces trasladada a los organismos gubernamentales cordobeses- y una postura ideológica muy definida: Alsogaray, como secretaria de Ambiente de la Nación, dio una charla a los alumnos de la Escuela Nacional de Inteligencia -futuros espías de la SIDE- donde recomendaba “vigilar” a los activistas, ya que el medio ambiente era un terreno en el que existían fuentes potenciales de conflicto, lideradas por una corriente ideológica que se había quedado sin ámbito de acción (a pocos años de la caída del Muro de Berlín). Todo un posicionamiento del organismo primario que regía las políticas ambientales. Un paradigma que aún hoy persiste en los despachos de la devaluada Secretaría de Ambiente provincial.
Democracia sin campesinos
En materia ambiental, la recuperación de la democracia no logró despegarse de los resabios dictatoriales. La provincia sufrió rápidas transformaciones de su ambiente como consecuencia de cambios que plantearon un panorama alarmante, con efectos difíciles de revertir en el corto y mediano plazo.
En los 165.321 Km2 de superficie, tanto en el sector serrano como en las llanuras, en las áreas rurales y urbanas, los problemas ambientales comenzaron a tomar visibilidad desnudando la inexistencia de políticas de Estado.
Así, en los últimos 40 años se desmontaron más de 2 millones de hectáreas, desalojando cientos de familias que vivían en el monte. Muchas de ellas habitaban el norte provincial –que compone un triste 54,7 % de índice de pobreza- y eran las guardianas de los recursos genéticos. Pobladores que con sus saberes ancestrales asumen la naturaleza como parte de su cultura.
Pero a los administradores de turno, la situación no los ocupó demasiado: ecosistemas como el Espinal o el Chaco Serrano, donde el 80 % de la población rural hacía uso de plantas medicinales y recursos de la medicina tradicional, fueron devastados. El poder político no se ruborizó al pisotear derechos de los habitantes del territorio, con la prepotencia y la insensibilidad de los gobiernos militares.
Rulo al poder
En 1985, apenas arribada la democracia, Raúl Montenegro, “El Rulo” como lo llamaban sus amigos, fue el primer funcionario de la democracia que se hizo cargo de la Subsecretaría de Gestión Ambiental en el gobierno radical de Eduardo Angeloz. Elaboró la Ley General del Ambiente (7343), la primera norma provincial para regir los destinos de los ecosistemas cordobeses que estableció, entre otras cosas, la obligatoriedad de la evaluación previa de impacto ambiental (EIA), hoy tan presente en numerosos conflictos socioambientales, como la radicación de industrias contaminantes, de gigantescos emprendimientos inmobiliarios y de controvertidas obras públicas llevadas adelante por el Poder Ejecutivo provincial.
Desde entonces, los cordobeses experimentamos una desenfrenada carrera de malas administraciones que socavaron identidades culturales enlazadas con los ecosistemas, acentuando las desigualdades sociales y hundiendo a la provincia en una crisis ambiental cada vez más difícil de revertir.
Los refugiados ambientales
Las áreas gubernamentales que se ocuparon de las problemáticas ambientales aplicaron, desde su creación, una curiosa metodología de trabajo y las consecuencias de esa política se manifestaron sobre el ambiente: fueron organismos que corrieron por detrás de los acontecimientos mientras el fantasma de la contaminación química, el descontrolado avance de la frontera agropecuaria y el desmanejo de las cuencas hídricas tomaron cuerpo en la provincia.
El afán por generar ingresos al Estado provincial –bajo gobiernos radicales y peronistas por igual- reafirmó, en las últimas cuatro décadas, un dramático fenómeno social. Las modificaciones en los ecosistemas cordobeses produjeron una nueva categoría social: los refugiados ambientales, personas que fueron expulsadas de las regiones en donde habitaban.
Los pobladores de los bosques cordobeses, una vez que vieron agotados los bienes naturales de su zona, terminaron también con su forma de subsistencia. Esto provocó el desarraigo de sus costumbres y tradiciones ya que, generalmente, su destino final fueron las villas miseria de las grandes capitales de la provincia. A ello se agregó un novedoso elemento: la emigración a barrios y a ciudades jaqueadas por la contaminación producida por las industrias y por la polución química. Desarraigo convertido en marginalidad.
Una deuda democrática: el derecho a la información
La información ambiental constituye uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo una adecuada gestión y evaluar el resultado de las políticas implementadas y las previstas para el mediano y el largo plazo.
Desde hace años, se hace evidente la necesidad de contar con un informe sobre el estado del ambiente en la provincia. Este diagnóstico debiera acercarnos a conocer los tres aspectos indispensables del desarrollo: la calidad del ambiente, el desarrollo social y la economía, aunque a nuestros funcionarios les encrespa que se le pidan explicaciones.
Se necesita más investigación para definir y cuantificar los impactos de la contaminación ambiental sobre la salud, ya que está demostrado que el ambiente exacerba la condición de ciertas enfermedades crónicas. Los cordobeses necesitamos estos estudios con datos relevados por instituciones imparciales y externas a la Secretaría de Ambiente, para asegurar la veracidad e imparcialidad de sus resultados.
Debemos estimar lo que se gasta por año debido a enfermedades asociadas con la contaminación química, como asma, cáncer y enfermedades neurológicas. Aunque los tóxicos sean invisibles, los cordobeses tenemos derecho a estar informados.
Los especialistas aseguran que si conociéramos estas cifras, los cálculos echarían por tierra el argumento de los “altos costos” para implementar programas de protección ambiental. El Estado provincial tiene la obligación, incluso, de contemplar en este estudio los costos estimados por el dolor y sufrimiento de las personas.
El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano así como el deber de preservarlo y defenderlo.
La realidad indica que toda información vinculada con el ambiente debe tener carácter público, esté en manos del Estado o de empresas privadas, pues la responsabilidad social por un ambiente sano es un mandato constitucional. Es sustancial que los ciudadanos tengamos el pleno conocimiento de las condiciones ambientales del sitio en que vivimos, trabajamos, estudiamos o nos recreamos. El secreto industrial es un caso particular, pero su preservación no puede servir de pretexto para negar información ambiental sustancial.
Cuando escuchamos denuncias de organizaciones ambientalistas nos preguntamos: ¿Es cierto o están exagerando en lo que dicen? ¿Cuál es la verdad? Pues no lo sabemos porque las informaciones oficiales resultan insuficientes.
Lo más desconcertante de estos temas es la amplitud de la desinformación pública que existe. ¿Será mera casualidad?
En este valioso camino donde respiramos cuatro décadas de gobiernos institucionales, recuperamos algunas libertades y derechos.
Valores como diversidad biológica, heterogeneidad cultural, pluralidad política y democracia participativa deberán orientar a la reapropiación social de la naturaleza y de los procesos productivos.
Una luz al final del túnel
Por primera vez, transcurridos 40 años de democracia, en un hecho sin precedentes en la provincia y con la participación decisiva de un tribunal popular, Raúl Costa -funcionario que fue la máxima autoridad ambiental durante el primer mandato de Juan Schiaretti- fue condenado por abuso de autoridad relacionado con delitos ambientales, lo que se ha transformado en la medida judicial más importante en la historia socioambiental de Córdoba.
Raúl Costa estuvo al frente del organismo ambiental cordobés en el periodo 2007-2011, durante el primer mandato del actual gobernador Schiaretti. Irónicamente, quien representaba la máxima autoridad provincial para velar por los bienes naturales y los ecosistemas se transformó en su verdugo.
Costa favoreció el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario de GAMA S. A, una empresa desarrollista con abundantes antecedentes judiciales y que -durante la década pasada- tuviera como cara comercial nada más y nada menos que a la diva Susana Giménez. Esto antes que el titular de la firma inmobiliaria fuera preso por estafas.
A este exfuncionario de la cartera de ambiente provincial se lo condenó por autorizar el proyecto de loteo “El Gran Dorado” que preveía el desmonte y cambio de uso de suelo en un área natural protegida. Asimismo, autorizó a la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba –EPEC– a construir una Estación Transformadora con equipamiento de alta tensión, también en zona protegida y sin haber convocado a una Audiencia Pública en ningún caso.
La pena aplicada consiste en tres años de prisión condicional y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Un condimento importante es que Raúl Costa, el exfuncionario condenado, debe enfrentar otro juicio por los mismos delitos por lo que nuevamente deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Si en este segundo proceso judicial fuese condenado también, la pena acumulativa se transformaría en prisión efectiva.
“Este fallo reconoce que el camino que empezamos hace 11 años unos cuantos locos valía la pena y pone luz para que, con otros, sigamos caminando en la dirección correcta. Dañar el ambiente no puede ser gratuito”, señaló la abogada Marcela Fernández tras la condena.
Fernández es abogada de ADARSA (Asociación de Amigos del Río San Antonio), una ONG de la pequeña localidad de San Antonio de Arredondo, ubicada a 10 km de Villa Carlos Paz.
Once años persiguiendo una condena
Esta historia comenzó con la tenacidad de Juan Carlos Ferrero -geólogo y miembro fundador de ADARSA-, cuando en 2012 denunció al exfuncionario provincial.
Once años tuvieron que pasar para que don Ferrero, con sus 84 años de edad, pudiera presenciar este juicio que está destinado a ocupar un lugar preponderante en la historia socioambiental de la provincia mediterránea como ejemplo de firmeza y tenacidad. Se trata de un quijote -junto a sus compañeras y compañeros de ADARSA ONG- que no dudó en desafiar al poder político-económico cordobés, territorio en donde la impunidad de los delincuentes ambientales ha reinado históricamente.
La Secretaría de miedo ambiente
El condenado es abogado y fue hombre del riñón del schiarettismo que ya va por su tercer mandato. : fue vicepresidente de la Lotería de Córdoba y,, es síndico de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender.
(un organismo del Estado que vela por los bienes naturales y protege los ecosistemas) la llave que le abrió las puertas a negocios corporativos que atentaron contra el ambiente y la calidad de vida de los cordobeses; por ejemplo, de maneras claras Estudios de Impacto Ambiental con intereses económicos y políticos por detrás, en una provincia donde apenas queda el 2,8% de bosques nativos en buen estado de conservación.
Candonga en el horizonte: causas gemelas
Costa deberá afrontar un segundo juicio penal acusado del mismo delito, pero esta vez en la región de las Sierras Chicas cordobesas, más precisamente en la zona de Candonga.
Juan Smith, abogado y activista de la organización Vecinos del Chavascate, lleva adelante esta demanda aún pendiente: “En el año 2010, la Secretaría de Ambiente también autorizó, en zonas rojas de máxima protección de bosques nativos, un emprendimiento inmobiliario a la empresa Ticupil S.A, en similares condiciones que a la empresa GAMA en el valle de Punilla”, explica el letrado.
Si bien este segundo juicio aún no tiene fecha “esperamos que se aceleren los tiempos, ya que el exsecretario fue condenado por acciones similares, lo que invoca que se hizo a sabiendas de lo que se hacía”, indica Smith y, tras remarcar que el daño ambiental ya está hecho, sostiene que “como las Abuelas, no nos vamos a quedar tranquilos; vamos a seguir buscando memoria, verdad y justicia ambiental porque Córdoba no puede seguir siendo zona de sacrificio socioambiental”.
(*) Periodista. Secretario de Cultura del Cispren.
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
El activismo por los bienes comunes
En el transcurso de la democracia, la provincia de Córdoba ha sido el escenario de distintos modos de activismo en problemáticas ambientales. ¿Cuáles son los cambios y los límites de las resistencias cordobesas que buscan la preservación de los bienes comunes?
Por Lea Ross (*)
Fines de la década de los ‘90. El lento atardecer de la plaza San Martín, en el centro de la ciudad de Córdoba, agudiza más los pitidos de los silbatos y los gritos de “sucia” y “ladrona”. La señora que recibe esos insultos es ayudada a meterse en el interior de un Peugeot blanco por sus guardaespaldas. Dentro del vehículo, va rumbo a la calle Rosario de Santa Fe. Una cámara de televisión pregunta a los manifestantes el porqué del escrache: “Porque la naturaleza en Córdoba está de duelo. Porque nos vino a visitar María Julia Alsogaray”, responde el biólogo Raúl Montenegro y titular de la ONG FUNAM.
La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano del presidente Carlos Menem, que luego sería condenada por corrupción, estuvo en el Cabildo Histórico para presentar un taller de formación ambiental para periodistas. El repudio a su presencia respondía a la cuestionada administración y sospechas de malversación de fondos públicos. “Vino para organizar un show que muestre lo bella, perfecta y pulcra que es su gestión”, sentenciaron les manifestantes ante la prensa.
“Por centímetros, casi le queda como collar una corona fúnebre que le habían lanzado”, rememora Montenegro sobre aquella actividad organizada en 1997. Cuando le pregunto si recuerda la fecha exacta, revisa los archivos de FUNAM y remarca otro hecho más antiguo: “En Córdoba, se hizo la primera manifestación anti-nuclear de Argentina. Fue el 28 de agosto de 1987. Marcharon 1.200 personas, entre adultos, niñas y niños, desde la sede de EPEC hasta la Legislatura”.
Así, durante los años ochenta y noventa, las fundaciones tuvieron el papel estelar para exponer las problemáticas ambientales más visibles de la provincia, como fueron los incendios o la interminable putrefacción del dique San Roque.
“En Córdoba, se hizo la primera manifestación anti-nuclear de Argentina. Fue el 28 de agosto de 1987. Marcharon 1.200 personas, entre adultos, niñas y niños, desde la sede de EPEC hasta la Legislatura”
Eso no quita la existencia de otros casos minúsculos. La bióloga Diana Raab rememora cuando participaba en un Centro Vecinal, al norte de la capital cordobesa, para frenar la instalación de un boliche por los riesgos de contaminación sonora: “En ese entonces, uno podía repudiar la tala de un árbol en la vereda. Pero eso no quería decir que existiera una conciencia sobre las deforestaciones”. En la actualidad, la bióloga ya no vive en la capital sino en las Sierras Chicas, participando en asambleas contra canteras y loteos que impactan sobre la cobertura vegetal y las cuencas hídricas.
Preámbulo del cambio de milenio
En 1996, no hay dudas que la llegada de la soja transgénica marcó un punto nodal en la historia de las luchas ambientales, aunque las generaciones actuales poco conocen de un hecho previo: en la zona sur del Valle de Punilla, una resistencia vecinal logró frenar en 1998 la construcción de un dique en Cuesta Blanca, pensada y planificada por los gobiernos radicales de Eduardo Angeloz y Ramón Mestre.
Las protestas se iniciaron a partir del aporte de especialistas -que también eran habitantes de las comunas punillenses- sobre los riesgos que implicaba el proyecto para los cauces del Río San Antonio. “Yo prometí que si no se hacía el dique, dejaba de fumar. Y dejé de fumar. También por eso fue positivo para mí”, rememora Juan Carlos Ferrero que en ese entonces aportaba sus conocimientos sobre cuestiones hidráulicas y de geoquímica. A partir de ese logro, se creó la Asociación De Amigos del Río San Antonio (ADARSA).
Dos décadas después, ADARSA acumuló otros triunfos, como el freno a la construcción de countries de la conocida desarrollista GAMA S.A, y el impulso al primer juicio penal contra una máxima autoridad ambiental de la provincia por haber habilitado esas inversiones, violando la Ley Provincial de Bosques.
Transgénesis geográfico
Con la expansión de los cultivos modificados genéticamente y la creciente demanda de la aplicación de agroquímicos se desencadenaron distintas protestas comunales contra las fumigaciones, cuyo punto de fuga fue el barrio Ituzaingó Anexo, en la zona sur de la capital cordobesa. El interés que generó el caso, a escala global, no se limitó sólo por los testimonios desgarradores del grupo Madres, sino que además quebró la concepción sobre la problemática que reducía las víctimas a campesinxs, peones rurales o cualquiera que habitara en el campo rural. En lugar de eso, las Madres y sus familiares eran habitantes de una de las principales ciudades del país.
Mientras se expandía la consigna “Paren de Fumigar” en distintos pueblos, la modalidad asamblearia fue la apropiada para varios sectores en lucha, como arraigue de las congregaciones vecinales ante la debacle económica de la Convertibilidad.
La asamblea enlazaba las inquietudes locales con ciertos análisis globales, conllevando la expansión de conceptos académicos como “extractivismo”.
“El año 2012 no solo es recordado por la condena contra un productor sojero y un aero- aplicador por la dispersión de agrotóxicos en el emblemático barrio capitalino, sino también, por el inicio de la resistencia en la localidad de Malvinas Argentinas contra los intentos de Monsanto de instalar una mega-fábrica”
La búsqueda de asesoramiento técnico en organizaciones con experiencia previa -como FUNAM, ADARSA o el Foro Ambiental Córdoba- fueron recurrentes. Pero también lo fue el impulso de personas técnicas para organizarse a partir de conflictos latentes, como la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
El año 2012 no solo es recordado por la condena contra un productor sojero y un aeroaplicador por la dispersión de agrotóxicos en el emblemático barrio capitalino, sino también por el inicio de la resistencia en la localidad de Malvinas Argentinas contra los intentos de Monsanto de instalar una mega-fábrica. Fue el conflicto ambiental cordobés que más atrajo la atención del resto del mundo. Las vecinas de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida fueron quienes dieron el primer paso. Aunque varios reducen al conflicto sólo a quienes se mantuvieron en el bloqueo o acampe en la entrada del predio de la multinacional, allí participaron una amalgama de personas en lucha, de distintos ámbitos y experiencias.
Generación 20-20
El bloqueo contra Monsanto fue, quizás, la premonición de lo que se comenzaría a gestar con fuerza a partir de 2020: la figura de la Asamblea Ciudadana marcaría el pulso central de las luchas con la aparición de organizaciones sin arraigue barrial o “no territorial”, conformadas principalmente por jóvenes, proclives al manejo de las nuevas tecnologías, sobre todo a partir de la cuarentena contra el COVID-19.
De la mano de las redes sociales, se elevó el protagonismo de agrupaciones juveniles; algunas más interesadas en dialogar con autoridades públicas y otras en privilegiar la denuncia de choque con arraigo artístico o mediante el “medioactivismo”.
Pero para la provincia de Córdoba, 2020 fue también un año clave por padecer los peores incendios forestales de los últimos cuarenta años. La incineración de 300 mil hectáreas libró un fuerte voluntarismo en la sociedad cordobesa dispuesta a sofocar las llamaradas. Una parte de ella se canalizó en el ejercicio de brigadas forestales, que a veces pone en jaque el protagonismo de los bomberos, que anteponen la preservación de la propiedad privada por sobre el monte.
En todos los casos, son la “Generación 20-20”, que convive con la pre-existencia de organizaciones ambientales, en su mayoría asamblearias y con décadas de experiencia.
La excepción y la regla
Los gobernadores pejotistas José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti cada vez que presentaron un proyecto en la Legislatura, por más impopular que haya sido, siempre lograron su aprobación, sea por mayoría automática o por lograr acuerdos con algunos sectores de la oposición.
Así ocurrió, aun con los repudios callejeros y sus respuestas represivas, con la re-concesión del agua potable en la capital en 2006, con las distintas reformas jubilatorias y con la nueva ley de educación en 2010. Sin embargo, hubo un único caso donde el Poder Ejecutivo provincial no logró su cometido. Fue el 28 de diciembre de 2016.
Decenas de comunidades provenientes de lugares recónditos de la provincia, al canto del “Somos el monte que marcha”, pusieron su pie en las calles céntricas para evitar que en la última sesión legislativa del año se aprobara la reforma de la Ley Provincial de Bosques que flexibilizaba las restricciones para los desmontes. El objetivo desde abajo fue cumplido. Hasta ahora, el Estado provincial no ha logrado cambiar la normativa.
La clave del éxito sería la inédita coordinación de distintas comunidades del interior provincial, provenientes de geografías con realidades disímiles, cuya armonía se obtuvo por fuera del control de la gran ciudad capital, que no siempre dimensiona esa biodiversidad.
Así, la excepción se convierte en regla. La acumulación de las memorias de luchas implica capacidad desafiante para que esa heterogeneidad no sea el límite, sino que se convierta en impulso para que, en lo resistido, brote una efectiva praxis. Todo sea para una provincia cuyos bosques nativos en buen estado de conservación sólo cubren el 2% de sus suelos.
(*) Periodista.
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
Producción de alimentos
Lo que la pandemia de COVID-19 puso en cruenta evidencia la necesidad de un corte abrupto con la lógica de consumo y depredación. En este artículo se destacarán los datos y avances de información de las centrales revistas científicas y de investigadoras locales vinculadas con la producción de alimentos, las familias horticultoras y los alimentos que llegan a la mesa. Finalmente, a modo de “imágenes del futuro” se plantean los nuevos desafíos vinculados con la seguridad y soberanía alimentaria como ensayos posibles y urgentes para pensar desde “una salud”.
Por Ximena Cabral (*)
En Argentina, parte de las marcas más oscuras en estos 40 años de Estado constitucional ha sido sin dudas el fortalecimiento de un modelo productivo extractivista y depredador sobre nuestros territorios. El investigador Walter Pengue fue el primero en decirlo: “La epidemia química llegó al país y alcanzó tanto a las formas de producción agropecuaria como a las de alimentación”.
Es decir, el advenimiento de este tipo de agricultura, denominada “agricultura industrial” -producción agropecuaria de alto rendimiento, basada en el uso intensivo de capital (tractores y maquinarias de alta productividad) e insumos externos (semillas de alto potencial de rinde, fertilizantes y pesticidas sintéticos)-modificó, de una vez y para siempre, el entorno, paisaje, cultura y formas de vida rural.
El slogan “de la productividad” muestra su revés en los poblados y especies enfermas. No sólo este modelo productivo abrasivo y depredador sobre las tierras afecta directamente a la salud de trabajadores y familias en zonas rurales, sino a los poblados colindantes y a los siguientes. Es decir, aquí las fronteras se evaporan: en cada ecosistema, los organismos vivientes son parte de un todo actuando recíprocamente entre sí, pero también con el aire, el agua, y el suelo. La biodiversidad es esencialmente una propiedad, una característica de la naturaleza y de las múltiples formas de adaptación de la especie humana a los ecosistemas o paisajes de la tierra.
Mariana Eandi, del grupo de investigación “Epidemiología ambiental del cáncer y otras enfermedades crónicas” radicado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, es parte de las investigadoras cuya tesis doctoral se vinculó con familias horticultoras del cinturón verde de la ciudad de Córdoba. Hace ya más de diez años investiga en esa zona diversas aproximaciones para conocer los procesos de salud, enfermedad y cuidados de trabajadores y trabajadoras agrícolas en vínculo con la exposición a plaguicidas.
Consultada por Umbrales sobre la situación de las familias que trabajan allí, expresó: “Lo que verificamos a partir del trabajo exploratorio previo, anterior a la encuesta de los agroaplicadores, es que estos trabajadores, a diferencia de los extensivos, aplican los plaguicidas con una mochila que cargan a sus espaldas” expresa y subraya: “imaginate que la exposición en ese contexto es bien distinta. Requiere de cuidados exhaustivos para que la piel no se exponga al químico, el aspirar o que por las conjuntivas no ingrese el tóxico al cuerpo. La exposición cualitativamente y cuantitativamente es mayor”.
“Sin alimentos sanos, no hay pueblos libres”, aparece como un mojón que marca un horizonte, tanto por las marcas que se producen en los cuerpos de las familias horticultoras como en toda esa travesía que va desde la siembra del alimento a la mesa de cada hogar.
La valía de la tierra
Según el informe Producción Frutihortícola en la Región Alimentaria de Córdoba del Observatorio de la Agricultura Urbana, Periurbana y de la Agroecología (O-AUPA) y sus redes de cooperación –SSAF, APRODUCO, IG-CONAE, FCM-UNC, FCA-UNC, FAUD-UNC, CONICET-, de 2022, la superficie hortícola de la provincia de Córdoba se redujo un 33,5 % entre 2002 y 2018, y se perdió el 74% de esta entre 1988 y 2019.
“El Cinturón Verde de la Ciudad de Córdoba (CVCC), aporta el 16% de la producción del país y se posiciona como la tercera en volumen total producido, su área cubre unas 5.500 ha productivas. El modelo de urbanización no planificado está regido por el modelo económico liberal que propuso eliminación de impuestos a las exportaciones, aranceles a la importación de bienes de capital y una serie de organismos públicos reguladores del sector. ]Conjuntamente con la introducción del paquete moderno biotecnológico -soja RG y glifosato- propició, entre otras cosas, una reducción de su tamaño a la mitad en menos de 20 años” aclaran Eandi, Mariana Andrea, Luciana Dezzotti, y Mariana Butinof en «Exposición a plaguicidas y cuidados de la salud en la horticultura periurbana: el caso del Cinturón Verde de la Ciudad de Córdoba, Argentina» publicado en Ciência & Saúde Coletiva 26 (2021).
En esta pérdida de territorio se ubican los desplazamientos y al respecto, lo que se conocía como “cinturón verde” quedó desplazado y recortado como manchas más lejanas. Eandi explicó: “Desde hace un año en otra investigación con el INTA ya lo denominamos como región alimentaria de Córdoba, debido a la expansión de la mancha urbana que corrió a los productores afectando la lejanía y el costo de los alimentos. Además de la pérdida de esa infraestructura de regadío que existía para la producción, estos alimentos ahora se producen a más de 50 km, con las consecuencias en el acceso y el precio, y las dificultades que acarrea a los productores”.
En esa fuga hacia lugares como Pilar, Río Segundo, Colonia Caroya, las familias “medieras” -porque no son dueños de las tierras- deben modificar sus prácticas y tiempos en el trabajo productivo. Con respecto a estas tareas no remuneradas y el ocultamiento del trabajo, la Dra. Eandi aclara: “En las tareas de cuidado es la mujer quien mira, cuida y chequea si se están cuidando, no sólo en la tarea sino cuando vuelven del campo a la casa. Si dejan los zapatos fuera para que no ingresen contaminantes en la suela o que los niños no transiten en campos recién asperjados.” Al respecto precisa: “Cuando este trabajo inicia, en esta muestra de 137 personas, detectamos solo dos mujeres. Posteriormente, observamos que es la familia horticultora: trabajan la mamá, los niños, el papá, es un conjunto familiar. A los niños se les dice “que ayuden” en el campo, pero es una tarea en la que el grupo familiar entero queda expuesto más o menos”.
Las identidades feminizadas en el espacio rural junto a los trabajos que ellas despliegan son invisibilizadas. “En el cinturón verde de Córdoba las mujeres no solo siembran, cosechan y acondicionan las hortalizas que no solamente nos alimentan y nutren, sino que realizan una serie de actividades que permiten el sostén, la recuperación y la reproducción de les integrantes de la familia. No es cualquier cuidado, ellas lo hacen en vínculo con el contexto hortícola y de exposición a plaguicidas dando cuenta de un proceso de socialización genérica particular que expresa su ser, estar y habitar en el territorio” (Dezzotti, Eandi y Butinof, 2021). Según datos publicados por ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que en Argentina el 50% de la población rural está representada por mujeres que trabajan la tierra, crían animales o trabajan las materias primas. En América Latina y el Caribe, 58 millones de mujeres viven en zonas rurales y son centrales para alimentar a los pueblos. Si bien ellas representan la mitad del sector rural, están en situación de desigualdad en relación con los varones: su trabajo es peor remunerado, trabajan mayormente en el sector informal, tienen mayores dificultades para acceder a la tierra, a créditos y a capacitaciones.
Cultivar la vida
La mayoría de las Familias Hortícolas vive en la quinta donde se encuentran los cultivos y desarrollan su vida cotidiana, participando sus miembros en diferentes instancias de la producción. Aquí, como subrayan las investigadoras, la exposición a plaguicidas debe ser considerada con especial atención, dada la modalidad de organización del trabajo, en el que se conjugan y entrelazan los aspectos productivos y reproductivos con muy poco control por parte de las familias hortícolas sobre las condiciones de seguridad en su trabajo.
Son justamente desde esas condiciones de trabajo, de producción de estos alimentos vitales como verduras y hortalizas que la pregunta se vuelve urgente: ¿Qué alimentos llegan a nuestra mesa? Con el oxímoron de “comete la cáscara de la manzana que tiene todas sus vitaminas” nos llega un nuevo espectro corporizado en la manzana envenenada.
“La calidad de los alimentos, elemento esencial para la salud, está intrínsecamente ligada a la calidad del suelo, el aire, el agua y el medio ambiente. La calidad de los alimentos que llegan a nuestra mesa depende también de las prácticas agronómicas y veterinarias empleadas en los cultivos y en las granjas” señalan en el Manifiesto sobre la Alimentación por la Salud – Cultivando Biodiversidad, Cultivando Salud, realizado en 2019, donde un grupo de expertos y expertas elaboraron un documento referido a la importancia del derecho a alimentación como un presupuesto fundamental para una buena salud, no solamente humana sino también de la tierra, bajo la directriz “un planeta, una sola salud”.
Los especialistas expresan que “es posible crear buena salud a través de una buena nutrición. Para ello tenemos que transformar nuestros sistemas alimentarios. Esta tarea es fundamental, no sólo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, sino también para asegurar la salud humana y planetaria de las generaciones futuras. La transición a un nuevo paradigma, basado en la realización de los derechos a la salud y a la seguridad alimentaria, dependerá del compromiso de la sociedad civil, del sector privado, de los gobiernos y de las instituciones mundiales”.
El manifiesto se presenta en términos de un llamamiento a la acción con el objetivo de denunciar la violación del derecho a la alimentación y a la salud humana, como la de la tierra, que representa el modelo agroindustrial; asimismo plantean reclamar e instar ante los Estados el inicio del proceso de transformación del modelo agroalimentario. Y aclaran: “Lamentablemente, la presencia ahora generalizada de sustancias tóxicas en el medio ambiente, debido a diversos productos agroquímicos y emisiones, de las cuales un porcentaje sustancial proviene de la industria alimentaria, ha provocado la degradación progresiva de nuestro hábitat. Estas toxinas se acumulan en la cadena alimentaria, con considerables riesgos para la salud humana. Las consecuencias negativas subyacentes se expresan más vivamente en nuestros propios cuerpos, en nuestras células y tejidos, y en la salud en general”.
“La calidad de los alimentos, elemento esencial para la salud, está intrínsecamente ligada a la calidad del suelo, el aire, el agua y el medio ambiente. La calidad de los alimentos que llegan a nuestra mesa depende también de las prácticas agronómicas y veterinarias empleadas en los cultivos y en las granjas”
“Mercantilizada, industrializada y carnista” describe la doctoranda Luciana Dezzotti en diálogo con Umbrales a la salud humana. “Verla fragmentada de la salud de otros seres, vivos y no vivos, como otros animales, el ambiente y la naturaleza me resultaba incómodo, una incomodidad que fue impulso para comenzar a preguntarme de dónde venían esos alimentos. Fue una búsqueda muy personal hasta llegar a un grupo de investigación y extensión que me permitió habitar los espacios donde se producen los alimentos fuente de vida: las hortalizas y las frutas. Es decir, las plantas”. Dezzotti distingue así entre los alimentos y los productos: aquellos que vienen de la industria. “Ahí empecé a habitar las quintas en vínculo con las y los trabajadores y familias horticultoras. Comencé a observar que la industria y las empresas transnacionales no sólo controlan lo que se siembra, lo que se cosecha, cómo se aplica y demás, sino también la manera en cómo entendemos la naturaleza y la salud.”
La agricultura industrial y el procesamiento industrial de alimentos degradan constantemente nuestra alimentación y salud, tanto al eliminar la nutrición y la salud del sistema alimentario como al añadir productos químicos y contaminantes a lo largo de la cadena alimentaria, desde la producción, el procesamiento y la distribución.
«Somos lo que comemos», este saber ancestral se vuelve cuantificable en los informes que producen investigadoras e investigadores comprometidos con la ciencia digna. Allí, los testimonios y la organización de las madres, como el emblemático Madres de barrio Ituzaingó, de las mujeres de Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS), y desde trabajadores y trabajadoras de la salud colectiva -parte de los primeros en denunciar estas anomalías y los aumentos de cánceres- fueron nodales para poder informar y revelar la necesidad de pensar la salud de manera integral, haciendo real la noción de “una salud”. En ese camino, la seguridad alimentaria y la producción de conocimiento situado, intercultural y colectivo marca el pulso como parte de la transformación del sistema en una variedad de agentes y labores relacionadas con la agricultura sostenible, la sanidad animal, vegetal, forestal y acuícola, la inocuidad alimentaria, la resistencia a los antimicrobianos y la seguridad alimentaria. La nutrición como forma de preservar la vida.
De especie en especie
El estudio titulado “El cambio climático aumenta el riesgo de transmisión viral entre especies”, publicado en la revista Nature analiza la «red de nuevos virus» que saltará de especie en especie y que aumentará a medida que se calienta el planeta, debido a la migración de animales salvajes por el aumento de la temperatura planetaria. Esta investigación, divulgada por la agencia Tierra Viva, destaca que debido al cambio climático podrían desarrollarse nuevos virus que se transmiten de animales a humanos, es decir por zoonosis.
La investigación, desarrollada durante cinco años, cruzó varias modelizaciones climáticas, datos sobre la destrucción de hábitats naturales y la manera en que los virus se transmiten entre especies. Se realizó tomando en cuenta un total de 3139 especies de mamíferos, siendo esta clase de animales la que alberga una gran diversidad de virus susceptibles de ser transmitidos a los humanos, y originando epidemias como fue el Ébola y la pandemia por Covid-19. En ese esquema, los murciélagos juegan un papel central ya que portan numerosos virus sin desarrollar la enfermedad pero con la posibilidad de infectar a los humanos a través de otro animal. El equipo dice que, en parte porque los murciélagos pueden volar, es menos probable que busquen barreras para cambiar sus hábitats.
Los autores de la investigación sostienen que el futuro incremento de la temperatura global «es irreversible, incluso si se limita el calentamiento global a 2ºC». Precisan que la zona del Sahel -al sur del desierto del Sahara, en África-, las tierras altas de Etiopía y el valle del Rift en el este de África tropical, India, el este de China, Indonesia, Filipinas y algunas poblaciones de Europa central serán afectadas.
Por acá, bajando hacia el sur global y con solo recordar los últimos meses, donde el cruce de las estaciones parece detenido en un eterno verano, eufemizado en “la ola de calor”, muestra el océano de consecuencias que la catástrofe anunciada del cambio climático implica en cada región y territorio. Muy, muy más acá -debido a las temporadas de incendios- se observan las migraciones de aves y nuevas especies conviviendo en las ciudades que modifican ecosistemas y paisajes.
En ese sentido, la necesidad de pensar desde los conceptos de una sola salud o bienestar planetario para que estos sean los vectores de las políticas globales y regionales forma parte de la salida de emergencia. Aquí no solo podemos tomar la cantidad de información y referencias que desde los mismos territorios y con las experiencias de barrio Ituzaingó Anexo y Malvinas Argentinas se fueron construyendo a nivel regional y global (con equipos de investigación, sanitarios, universidades -en ese entonces se destacó o la de Río Cuarto- las redes que pensaron desde salud colectiva -como la red de pueblos fumigados- las crónicas que documentaron el proceso y ese magma que se conformó y terminó construyendo el “Juicio a la fumigación” y después el “Fuera Monsanto”).
En el último año, la revista The Lancet publicó un informe que señala que la contaminación ambiental causó nueve millones de muertes en un año donde uno de cada seis fallecimientos prematuros están asociados a los componentes nocivos en el ambiente.
El autor principal del estudio, Richard Fuller, agregó: «el impacto de la contaminación sobre la salud sigue siendo mucho mayor que el de la guerra, el terrorismo, la malaria, el VIH, la tuberculosis, las drogas y el alcohol. El número de muertes causadas por la contaminación rivaliza con las causadas por el tabaco».
La contaminación y los desechos expulsados al aire, el agua y el suelo no suelen matar directamente, pero son causantes de graves enfermedades cardíacas, cáncer, problemas respiratorios y diarreas agudas, indica la revista científica británica. La cifra se agrava por la mala calidad del aire y la presencia de contaminantes químicos, destacó la Comisión sobre Contaminación y Salud de Lancet.
(*) Periodista, investigadora y docente universitaria
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
Escuela Popular
«Porque, como dijimos muchas veces desde la tribuna política, los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la Democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”. Raúl Alfonsín, diciembre de 1983. Discurso de su asunción como primer presidente constitucional argentino, luego de la última y sangrienta dictadura de 1976.
Por Mónica Lungo (*)
Qué gran responsabilidad es escribir. Cada vez que me lo piden digo sí al instante porque hay que ocupar todos los espacios para ayudar a crear más conciencia política. Después me asaltan las preguntas: ¿qué tengo de importante para decir?
Mastiqué preocupación un par de días, hasta que Bahía, mi hija que es politóloga, me rescató de mis inseguridades: «estás impregnada de democracia, la hacés todos los días, ¿en qué te trabás?»
Entonces empiezo contándoles quién soy y qué hago.
Soy maestra y fundé en 2002 la Escuela Alegría Ahora -junto a Miguel Genti- en el corazón de la injusticia y la desigualdad.
He sido maestra en las condiciones más hostiles y agresivas que he conocido: en la calle, debajo del cielo, “de prestado” en un garaje, en la plaza, en un club abandonado rodeado de peligros, en el campo, en las villas, sentada en la vereda, en la tierra, en medio de las balas, en la puerta de la cárcel, en la intemperie absoluta y no fui maestra en ninguna ciudad de Haití.
He enseñado a leer y escribir sin techo ni paredes, sin pizarrón, sin escritorio, sin banco, sin agua, sin baños, en el calor extremo, en la lluvia y no fui maestra en ningún pueblo de Sudán del Sur.
He sido maestra y tuve que limpiar heridas de balas de jóvenes que preferían el riesgo de morir que ir a un hospital. Aprendí horrorizada que conseguir un arma para un niño de 9 años es mucho más fácil que conseguir una pelota, una guitarra, una notebook, un libro. He estado en medio de balas entre vecines, con la policía, con los transas y no fui maestra en el conflicto yemení.
Soy maestra y he visto cabecitas de bebés agujereadas por larvas de moscas. Sus familias viven en lugares sin agua, los piojos chupan la sangre, se rascan, no hay con qué lavarse, se infectan y una cabecita de un bebé de un año queda atravesada por gusanos: 28 larvas le sacaron a una bebé y no fui maestra en lo profundo de Sierra Leona.
He sido maestra de estudiantes que se habían escapado de institutos prevencionales -cárceles disfrazadas para adolescentes pobres-, mujeres, en su mayoría, que sobrevivían en la calle con todos los peligros y atrocidades que se puedan imaginar (¿se animan a imaginar?) y por eso a la mañana llegaban a la escuela siempre en las condiciones que quedaron la noche anterior, nunca faltaban porque se convertían en estudiantes y por unas horas olvidaban el infierno.
Con el grupo de varones, hubo años que pasaba por la comisaría antes de llegar a nuestro punto de encuentro y desde afuera los policías me decían si había o no “uno de los tuyos”, es decir, adolescentes que son detenidos por ser pobres, negros y sospechosos de todo lo malo. Hay calles de mi ciudad por donde a mis estudiantes no se les permite caminar. Soy maestra donde la cárcel está presente en la vida del 100 por ciento de mis estudiantes, de todes y de cada une y no fui maestra en la marginalidad de Buenos Aires.
He sido maestra de mujeres que tienen dueño. No importa que ustedes no puedan digerirlo. Es nuestra realidad. Y como dueños, los machos tienen derecho a golpearlas, denigrarlas, manipularlas, prohibirles estudiar, obligarlas a no cuidarse y quedar embarazadas, a violarlas si no quieren sexo e incluso matarlas.
Nunca me voy a olvidar de una estudiante de 60 años que se estaba alfabetizando, cuando nos dijo en una clase con los ojos llenos de lágrimas: “entonces todos mis hijos, los once, nacieron de violaciones porque yo nunca quería, me daba asco”. Esto lo he vivido muchas veces y no he sido maestra en Somalía.
He sido maestra de personas con hambre… Cuando pienso en lo que significa como sociedad haber naturalizado el hambre pierdo las esperanzas y me gana la rabia…
Casi toda mi vida la he pasado con personas que tienen hambre, que no se alimentan, que están por debajo o muy arriba de su peso por estar mal nutridas.
En 2019, al término de un gobierno neoliberal, tuve otra nueva experiencia traumática: que el hambre hiciera temblar a un bebé en mis brazos, una experiencia que recuerdo casi todos los días de mi vida porque es tener el horror en upa, lo peor de esta sociedad en el cuerpo de una semilla de la Humanidad. Y no fui maestra en el norte de Nigeria.
Desde hace un par de años los bebés no solo pasan hambre, nacen con adicción a la cocaína. Sus corazoncitos laten desesperadamente por la abstinencia. Y no soy maestra en una villa venezolana.
Soy maestra hace 25 años en Córdoba Capital, Argentina, en el mundo que se esconde pero que late muy fuerte en lo profundo.
En ese corazón donde todo duele, les cuento también que amo profundamente nuestra democracia. La amo, la defiendo, la mejoro. Y no es una locura, es una potente convicción política, precisamente, porque estoy en los territorios donde no llegó y por eso es un deber ético luchar para concretarla.
La democracia es, hasta ahora, la mejor forma que tenemos para organizarnos socialmente. Por eso creo que hay que hacerla crecer, alimentarla, cuidarla, conocerla y comprometernos a traducirla en actos concretos.
Actos concretos, porque como acabo de contar, no todas las vidas suceden en los mismos lugares, en las mismas condiciones, con las mismas posibilidades. Ya lo sabemos, porque la injusticia social está muy estudiada, «sobreestudiada» diría yo, y muy poco atravesada por el cuerpo. Y ahí está el problema: la incoherencia que aprendemos, naturalizamos y llevamos adelante toda la vida.
La educación tradicional -“bancaria” en palabras de nuestro referente político y pedagógico Paulo Freire- enseña a mirar el mundo como algo acabado, donde ya no hay mucho por hacer. Injusticias hubo siempre, pobres hubo siempre y es una tremenda ingenuidad creer que la democracia va a llegar a toda la Humanidad.
Nos han enseñado a convivir con la incoherencia de decir una cosa y hacer otra. La única salida posible es salvarte en soledad. ¡Qué gran mentira!
Creo que sabemos muy bien cuando una situación es injusta, pero… ¿cuánto me voy a jugar para cambiarla al menos un poquito?
Sí, nos cagamos la mayoría de las veces. La cobardía, la comodidad, la indiferencia y el individualismo también son logros de la escuela tradicional, que responde al sistema capitalista.
Por eso he dedicado la vida a la educación, porque para mí es la profesión más política de todas y porque desde ahí todos los días, sí todos los días, construyo democracia.
Llamamos a nuestra forma de hacer educación «Pedagogía del Amor Político». Enseñamos y aprendemos que el Amor Político es un profundo Amor por nuestra sociedad. Sociedad que muchas veces nos horroriza y tantas otras nos conmueve con su belleza y ternura.
Nuestra meta es el bien común, el bienestar social, no el individualismo. Somos conscientes de la importancia de la participación social, por eso elegimos construir una Educación Humanista en los lugares más hostiles y crueles de nuestra ciudad.
No solo para las personas que nacen sin Derechos Humanos garantizados, sino para todo el mundo, porque desde nuestro pequeño y sencillo lugar escribimos un destino social cada vez mejor.
Hacemos escuela en el mundo de la violencia extrema. Lugares sin tiempo, sin protección, sin cobijo, sin caricia, donde también compartimos los gestos solidarios más luminosos.
Experimentar la solidaridad en el abismo fue un shock que me rescató de la desesperanza frente a tanto horror. Porque fui testigo de la importancia vital de sostener la solidaridad.
¿Existe un mejor sistema de gobierno que nos permita profundizar un camino humanista?
Creo que no, lo que sucede es que no educamos para «la alegría general», como decía Rodolfo Walsh. Educamos para el individualismo. Entonces, decir democracia muchas veces es decir votar a los partidos «menos peores», no comprometernos con los actos de gobierno, quejarnos mucho, acomodarnos y volver a votar. Sin Memoria y sin Amor Político.
El sociólogo francés Émile Durkheim, considerado uno de los padres fundadores de la sociología como ciencia, sostiene: “la solidaridad social se encuentra en la conciencia colectiva de las sociedades. Los diferentes grupos sociales que conforman una comunidad necesitan de la solidaridad para el desarrollo de un sinnúmero de actividades para las cuales deben colaborar y apoyarse mutuamente.”
“He dedicado la vida a la educación, porque para mí es la profesión más política de todas y porque desde ahí todos los días, sí todos los días, construyo democracia”
Por eso sostiene que la solidaridad social es el fruto de esta conciencia colectiva. Conciencia colectiva que permitirá un desarrollo individual, pero siempre conectado a la especie. Porque pensar en las demás personas es un deber, una responsabilidad, un compromiso y una necesidad. Y esa conciencia colectiva es alimentada por actos democráticos.
La realidad donde nazcas y crezcas te determina para siempre.
A quienes sostienen desde sus comodidades que se es pobre porque se quiere, les digo: ¿se animan a pensar estas preguntas?
¿Serías quien sos si hubieras nacido en una familia que nunca tuvo trabajo formal? ¿Y si tu casa siempre fuese una pieza helada, sin una sola baldosa para tu propio mundo? ¿Si nunca pudiste llegar a tener un solo cuento de buenas noches porque tu mamá no sabía leer?
¿Si en vez de canciones de cuna dormías con los sonidos de las balas?
¿Y si hubieses tenido que dejar el secundario para hacer changas?
¿Y si la comida era poca y la educación pasaba a ser un sueño lejano? Hasta que nacen generaciones que se olvidaron de su derecho a la educación.
¿Si pasabas una vida de frío?
¿Si tu cuerpo está débil porque no se alimenta y tu cabeza es un manojo de nervios porque nunca conociste la tranquilidad?
Las personas que no han tenido garantizados sus derechos tienen una vida traumática. Si lo decimos de alguien de Palestina, Siria o Croacia nos conmovemos profundamente. Si lo decimos de un” negro de mierda” de Ciudad Evita, y bueno…ahí cambia. Porque está cerca y cerca tenemos la posibilidad de accionar. Más fácil sensibilizarnos con quienes son inalcanzables. Y mucho mejor si esos dolores no me tocan.
Hace poco en las redes, una «compañera» -es decir alguien que mira con la misma ideología que yo la sociedad- estaba muy enojada porque a su hija le habían robado el celular. Y claro que es un bajón. Pero de ahí a decir: «una cosa es ser pobre y otra, vago. No me digan que no se acostumbraron a los planes, a recibir de arriba, a no esforzarse. Mi nena pasó por una experiencia traumática, quiero cárcel para estos chicos y no me importa que sean menores de edad», me parece una contradicción muy peligrosa. ¿Cuando lo injusto nos toca queremos mano dura y no más democracia?
Tenía 11 años cuando Alfonsín dio ese discurso, recuerdo que lo escuchamos en familia con emoción y esperanza. No han sido fáciles estos 40 años pero son mil millones de veces mejores que una dictadura.
Hay que aprender que no sólo es memoria. Hay que ponerle el cuerpo a las ideas. Si no, no sirve. Porque el mundo no está acabado y la democracia -con todas sus fallas, mayormente producto de individuos no del sistema en sí- nos permite escribir un destino común cada vez mejor.
Ese destino tiene gran parte de ese sueño de Alfonsín y que es la única deuda que tenemos que pagar [1] con urgencia: lograr que con la democracia no sólo se vote, sino que también se coma, se eduque y se cure. Estamos en eso. ¡Con alegría y ahora!
- La palabra «pagar» viene del latín «pacare», que significa «apaciguar». Es decir, dar algo a alguien para calmarlo y mantener la paz.
(*) Educadora Popular. Maestra fundadora de la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos «Alegría Ahora » en Barrio Bella Vista. La escuela fundada en 2002 es una experiencia muy particular de Educación Popular dentro del Sistema Educativo Formal. Las personas se alfabetizan y terminan el ciclo primario obligatorio. Para que puedan permanecer y lograrlo se creó la Fundación Alegría Ahora, que es la cooperadora que garantiza a estudiantes y sus familias los derechos humanos básicos de alimentación, salud y abrigo.
por Cispren Rio Cuarto | Ago 24, 2023 | Seccional Río cuarto
*Por Redacción Río Cuarto
A 40 años de Democracia presentamos en nuestra sede una muestra de tapas de la revista Humor Registrado, muchas de ellas publicadas durante la dictadura militar.
“Humor Registrado fue una forma de resistencia”, dijo Jericles, humorista gráfico que participó de varias de las publicaciones.
La muestra pertenece a la Casa de la Memoria y a la Comisión Municipal de la memoria y permanecerá en nuestras salas de calle Yrigoyen al 983.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Municipalidad, Maximiliano Luna, y el secretario general de la seccional, Javier Lucero, destacaron la importancia de retomar estos ejemplares para reflexionar sobre nuestra historia y nuestra actualidad política.
