Desde 1983 el retiro de los cuerpos militares a los cuarteles dejó en pie la puja entre el reclamo de verdad y justicia y el partido militar, como expresión de un espectro político que promovía la impunidad y el olvido.

Por Miguel Apontes (*)

Con igual relevancia, los derechos humanos se transformaron en la gran bandera de la lucha y resistencia contra la dictadura y significaron, al no poder esconderla ni ahogarla en el aislamiento a pesar del dispositivo represivo y comunicacional a su servicio, la primera derrota política de la Junta Militar.

En 1977 irrumpió Jimmy Carter impulsando la ofensiva diplomática de Estados Unidos, que situó los derechos humanos entre sus prioridades de política exterior y supuso una suerte de concepción ética (desde ya política) institucionalizada, que se mantuvo aún después, con el neoconservadurismo encabezado por Ronald Reagan. Todo en pleno desarrollo de la Guerra Fría.

 

Los derechos humanos irrumpen en el discurso

¿Desde cuándo los derechos humanos pasaron a ser una idea presente en la lucha política contra la dictadura argentina? Era 1976 y, en el afán de acceder a información a través de medios internacionales que escuchaba por radio onda corta, y sintonizada a la madrugada, recibía noticias sobre denuncias de las atrocidades que se cometían en el mundo.

Las noticias se centraban más bien en países como Cuba, la Unión Soviética, Europa Oriental, alguna nación africana donde se libraban luchas revolucionarias y los regímenes dictatoriales latinoamericanos, en ese orden.   

A cuenta gotas pude informarme, entre los años 1976 a 1980, sobre cómo repercutía en el exterior lo que estaba pasando en el país, en un marco donde las referencias a Argentina no predominaban y provenían de emisoras con origen en países centrales como Holanda, Francia o Estados Unidos. Muchos más espacios tenían los reportes sobre Chile, ya que varias radios que sintonizaba -y que después supe que eran financiadas por la Unión Soviética- focalizaban sus denuncias en la dictadura de Pinochet.

La administración de Carter, lejos de limitar su accionar frente a la retirada de Vietnam, el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 y la Revolución Islamista en Irán, llevó adelante una ofensiva global con la bandera de los derechos humanos. Una inteligente forma de construcción de sentido, implementada por el país que llevó adelante las mayores intervenciones en Latinoamérica y guerras en todo el mundo.

Así y todo, en términos de la política doméstica, la política exterior de las potencias occidentales embanderada en los derechos humanos fue muy útil para la condena de la dictadura. Claro que se ciñó al señalamiento de los ejecutores y dejó bajo el velo de la impunidad a autores intelectuales y cómplices civiles.

 

La ejemplaridad de los organismos

El papel que jugaron los grupos de derechos humanos merece todo el reconocimiento. Junto con organismos preexistentes como la APDH, la Liga Argentina por los DD.HH. o el Movimiento Ecuménico, fueron los familiares de las víctimas y las organizaciones que constituyeron, quienes desarrollaron esa militancia increíble -aún en situaciones extremas- que llevó a la primera derrota política de la Junta Militar.

Con los vaivenes conocidos, el derrotero no fue lineal. Pero sí constante y perseverante el reclamo de verdad y justicia. Pasaron el juicio a las juntas, las leyes de punto final y obediencia debida, los indultos, los juicios por la verdad… hasta llegar por fin a la nulidad de las normas que impedían el juzgamiento.

Los largos procesos y las condenas que sobrevinieron contra los genocidas, actuaron como una verdadera devolución de dignidad a las víctimas, a sus familias, al pueblo todo y motivo de orgullo ante el mundo.

La demanda de “juicio y castigo a los culpables”, sin duda respondió a la emergencia del momento, a la necesidad de denunciar y castigar el oprobio. No eran momentos de avanzar sobre las motivaciones político ideológicas del golpe.

No obstante, de a poco, se fue incorporando el reclamo hacia la complicidad civil. Y si bien algunos procesos se llevaron adelante, no alcanzaron la repercusión que merecían: los que elaboraron el programa del “Proceso” sortearon a la Justicia y la condena social hacia ellos tampoco se dio.

 

El móvil del crimen

“… han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina”, expresó Rodolfo Walsh en uno de los párrafos de la Carta Abierta a la Junta Militar, escrita al cumplirse un año del golpe.

Los militares argentinos no fueron más que “sicarios”, ejecutores de la matanza. Los autores intelectuales, los cuadros técnicos y políticos que estuvieron detrás de semejante empresa, salieron indemnes del desprestigio que se supo ganar la dictadura cívico militar. Sus ideas y su proyecto de país están vigentes. Y durante estos 40 años una y otra vez regresan promoviendo la dependencia, la concentración extrema de la riqueza, la economía primarizada, la desigualdad social sin límites.

 

El debate inconcluso

El historiador italiano Enzo Traverso indaga sobre el Holocausto para describir ese proceso de construcción de la memoria colectiva y sostiene que “la memoria de las víctimas” reemplazó a “la memoria de las luchas”.

No fue voluntario, las acciones de los organismos obedecieron a una urgencia, a la posibilidad cierta de salvar vidas en tiempos de extrema opresión. Para revertirlo fue importante recuperar la pertenencia política de cada víctima, su identidad como sujetos activos. Se pudo decir abiertamente que pertenecían a tal o cual organización, que los secundarios de La Plata estaban organizados en la UES, por ejemplo.

La organización de los familiares de los desaparecidos y presos políticos se realizó en medio de una tragedia, del terror y la muerte. Y esa organización remite a tradiciones del pueblo argentino, a la vocación de unirse en pos de objetivos que es una marca de nuestra sociedad.

La discusión sigue en curso y, simplificando, al margen de cualquier crítica a los métodos de las organizaciones revolucionarias, las razones políticas que llevaron al golpe militar de 1976 fue más allá de una respuesta represiva a esa juventud militante que propuso una disrupción y, en definitiva, planteó una nación fundada en otros paradigmas.

El proyecto de la dictadura cívico militar fue, a todas luces, impulsar la transformación radical de la estructura económica y social de la Argentina. A través del terrorismo de Estado se consolidaron nuevas relaciones de dominación.

La política de impunidad de los ’90 tuvo el efecto secundario de desactivar al partido militar como garrote amenazante sobre el sistema de partidos. Pero aquellas relaciones de poder que sumieron a la población en la incertidumbre de la pobreza diaria se estratificaron a través de las herramientas que inauguraron los dictadores: la deuda externa, los sistemas judiciales, instituciones globales controladas por los países centrales.

Hoy es preciso sostener los derechos humanos como política de Estado frente al negacionismo de la derecha ultramontana. No es menor exhibir las atrocidades cometidas, en el marco de un acuerdo democrático para que tanto horror no se repita.

El debate no se clausuró ni mucho menos. Los autores intelectuales de semejante tragedia, y el modelo de país que sostuvieron, aún siguen vigentes.

(*) Periodista, secretario Adjunto del Cispren. Editor en el medio cooperativo La Nueva Mañana.