por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
Dirección General: María Ana Mandakovic
Editor General: Daniel Díaz Romero
Dirección Editorial: Beatriz Molinari
Dirección Periodística: Guillermo Posada
Escriben en este número: María Ana Mandakovic, Néstor Pérez, Guido Dreizik, María Soledad Segura, Alexis Oliva, Miguel Apontes, Carlos Gonella, Katy García, Sonia Torres, Javier Lucero, Javier De Pascuale, Victoria Mendizábal, Daniel Díaz Romero, Lea Ross, Ximena Cabral, Mónica Lungo, Myriam Mohaded, Andrés Fundunklian, Virginia Digón, Enfant Terrible, El Resaltador, Marquiños Chávez Vijarra, Marcelo Taborda, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, César Arese y Pancho Colombo.
Diseño y diagramación: Eduardo Hennings
Producción fotográfica: Leo Luna
Ilustraciones: Jorge Cuello
Relaciones Institucionales: Miguel Apontes y Luciano Salerni
Agradecimientos: Eugenia Almeida, Myriam Mohaded, Sabrina Sartore y Facundo Arzamendia.
A todas las compañeras y compañeros que aportaron sus visiones, opiniones y miradas.
Umbrales es una publicación del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren). Se distribuye entre las afiliadas y afiliados del Cispren y se intercambia con instituciones académicas, sociales, culturales y gremiales del país y el extranjero.
ISBN en trámite
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
Editorial // Umbrales, crónicas de la utopía
Los periodistas y comunicadores de Córdoba presentamos con orgullo un nuevo capítulo de la mítica revista UMBRALES, crónicas de la utopía. Casi una década después de su última edición, el Cispren asume la necesidad de poner en debate la democracia que el 10 de diciembre próximo cumplirá 40 años, después de la “larga noche” de la dictadura, en palabras del Subcomandante Marcos.
Aquella dictadura, de indudable carácter cívico, militar y eclesiástico, dio paso a una esperanzada democracia, que con luces y sombras seguimos celebrando, conscientes de las rengueras que arrastra, las debilidades con que frustra a inmensos sectores de nuestro pueblo y las desconfianzas que genera en los grupos etarios más jóvenes que solo conocen su cara más desagradecida.
No es difícil entender esta postura, atento que más del 50% de las y los jóvenes son pobres y que las condiciones laborales juveniles son, por lejos, las más precarias y peor pagas de un mercado laboral arrasado por el neoliberalismo.
Para responder a esta complejidad, realizamos una convocatoria a colegas, compañeras y compañeros de todas las ramas y especialidades para que el abordaje de este cuadro sea plural, intentando respetar una tradición muy potente de esta revista, desde que saliera a la luz en su primera edición en diciembre de 1993.
De esta forma, el número 29 de UMBRALES, que celebra sus tres décadas de existencia, plantea más interrogantes que respuestas.
Como sindicato integrante del Movimiento Obrero Organizado (MOO), el CISPREN desafió a la veintena de colaboradores que plasman su firma en esta edición para que elaboren sus textos a partir del intento de dilucidar “de dónde venimos” y “hacia dónde vamos” desde una perspectiva de trabajadores y trabajadoras, siempre bajo la premisa que nos enseñaron los directores Francisco Colombo, Roberto Reyna y María Rosa Grotti, entre otros, de brindar un espacio libre de las ataduras propias de la prensa comercial, donde debemos trabajar habitualmente para ganarnos el sustento.
De esta forma, el número 29 de UMBRALES, que celebra sus tres décadas de existencia, plantea más interrogantes que respuestas.
No obstante, esta edición brinda lugar también a las experiencias de comunicación colectiva protagonizadas por jóvenes que parten de nuevos paradigmas y que, en algunos casos, ya están integrados a la conducción de nuestro sindicato.
Los 40 años de democracia -donde política, justicia, derechos humanos, movimiento obrero, costumbres sociales, educación, salud, ambiente, géneros y diversidades son mucho más que secciones- nos movilizan asumiendo -sin pretensiones pero con la responsabilidad necesaria- la premisa de Rodolfo Walsh para generar pensamiento y conocimiento propio que aporte a la construcción colectiva del pueblo, haciendo foco en nuestra aldea para intentar comprender el mundo que nos toca vivir.
Lo mismo hicieron tantas y tantos grandes periodistas en las 28 ediciones anteriores. Esperamos haber estado a la altura.
Un verso y una flor
Este año falleció Francisco Pancho Colombo, el primer director de UMBRALES, legendario periodista cordobés y maestro del oficio de contar historias reales. Esta edición tiene una nota de Guido Dreizik, que era secretario de Cultura del CISPREN cuando comenzó esta aventura.
Conmocionados por el fallecimiento de Francisco Colombo el 1 de febrero, lo despedimos apelando a las memorias más viscerales que tuvimos a mano, sin privarnos de una sonrisa, porque Pancho, además de culto y solidario, fue una persona alegre. Ahora lo rememoramos trabajando y haciendo periodismo honesto, que seguramente es la mejor manera de homenajearlo.
Como poeta y cultor de la naturaleza viva, a Pancho se lo puede recordar recitando algunos versos vibrantes en la sala de ingreso de nuestro gremio, irrumpiendo sin avisar, para luego repartir una flor a cada mujer presente, en un acto político más que galante. Eran gestos terrenales más que líricos porque nos mostraban el costado bello de la vida. Cuando la realidad nos golpea, apelamos a los maestros. A Francisco Colombo le dedicamos esta UMBRALES.
Les editores
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
(*) Por María Ana Mandakovic. Periodista. Secretaria General del CISPREN. Secretaria Adjunta de la CTA-A
Transcurridas cuatro décadas ininterrumpidas de vida democrática -hecho de por sí inédito en la historia argentina- caben algunas reflexiones en términos de las expectativas que despertó dejar atrás la dictadura cívico-militar para las organizaciones populares, entre ellas, los sindicatos.
No puedo dejar de recordar que en 1983 centramos nuestra tarea en las prioridades del momento: la denuncia para la condena de las atrocidades cometidas por la dictadura, las libertades recuperadas, el derecho a la libre asociación y la libertad de expresión.
Lo vinculado a las violaciones de derechos humanos cometidas por este régimen criminal es abordado en distintos trabajos de compañeros y compañeras presentes en esta edición especial de “Umbrales”.
Buscaré centrarme en el papel que le toca a las trabajadoras y trabajadores, sus organizaciones gremiales y el correlato en la construcción de una fuerza política que no sólo repare las consecuencias de la crueldad de siete años del “Proceso”.
Claro está que, a pesar de la profusa construcción de sentido sobre sus objetivos, la dictadura cívico-militar buscó mucho más que combatir con ilegal y feroz represión a las fuerzas revolucionarias que plantearon un proyecto emancipador: la meta fue implantar un nuevo modelo político, económico y social; consumar la restauración liberal conservadora inclinando la balanza hacia ese proyecto de país de minorías, en oposición a una Argentina inclusiva, ni más ni menos el histórico contencioso desde nuestros orígenes como Nación.
Utopía
¿Es la democracia una utopía institucionalizada? Más bien prefiero retomar la definición que hizo alguna vez Eduardo Galeano, para trasladar a la democracia la idea de una permanente lucha por consolidar transformaciones hacia un país con equidad en la distribución de sus riquezas, en definitiva, hacia la Justicia Social.
“Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte corre diez pasos más allá, ¿entonces, para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar”.
La democracia nos impone constantemente la ardua tarea de generar políticas tendientes a frenar el avance de los sectores reaccionarios que, en una puja permanente, buscan consolidar y acrecentar sus privilegios.
El desafío es reinventarnos permanentemente y sumarnos como organización gremial a la construcción de una fuerza política sólida para enfrentar el proceso de globalización neoliberal y sus consecuencias sobre nuestro pueblo; a fin de cuentas, víctima final del papel asignado a los países periféricos y dependientes por el Consenso de Washington en 1989.
El Estado de derecho que recuperamos en 1983 debe ir mucho más allá de la formalidad de esos principios rectores que, pretenciosamente, indican que nadie puede estar por encima de la ley. Es preciso dotar a la legislación de un contenido social.
El sistema de leyes, instituciones y normas debe propender a la instauración de garantías de los derechos conquistados por la población y una permanente gestión de otros aún no debidamente consagrados, y no puede estar exento el debate sobre el Poder Judicial, que por estos días vemos como una verdadera corporación cuya constitución se mantuvo inalterable en el tiempo: un cuerpo antidemocrático que se arroga la intervención permanente sobre decisiones políticas y siempre fallando en defensa de los poderes concentrados.
La democracia, como proyecto de la dignidad humana, se constituye como el gran norte ético a alcanzar. Y no basta con enunciar sus principios, somos todos responsables de afianzarlos diariamente con nuestro trabajo militante.
Si decimos que entre los pilares más importantes del “sistema” están la libertad de expresión y la libre asociación, como organización gremial representativa de las trabajadoras y los trabajadores de prensa no podemos eludir el rol que nos cabe.
También, digo que el gran valor de un sistema democrático, como la paz y los consensos, jamás puede soslayar la existencia del conflicto, inmanente en nuestro pueblo a la luz de las inequidades que persisten y a las numerosas demandas insatisfechas.
La visibilización de las tensiones en el seno de nuestra sociedad deben reivindicarse, son parte esencial de un sistema democrático a la hora de la puja permanente entre quienes buscan acentuar sus posiciones de poder detrás de la limitación de derechos de las mayorías.
La democracia argentina, idas y vueltas
Interrumpida, desmontada y vuelta a armar muchas veces desde hace más de cien años cuando la ley Sáenz Peña diera de baja la ficción de república oligárquica, la democracia argentina, frente a la imposibilidad de lograr legitimidad en elecciones manipuladas, tuvo en los golpes de Estado y las dictaduras militares el mecanismo de sustento de un esquema de poder que siempre pretendió dejar al pueblo, en su concepto más político, fuera del sistema de decisiones, donde las corporaciones y ciertas embajadas extranjeras tomaron la voz de mando.
La irrupción de los movimientos populares y su derrotero, a la par del desarrollo nacional durante la etapa desarrollista, cierran un ciclo en 1976 cuando la dictadura sanguinaria clavó sus colmillos sobre el conjunto de la sociedad y, especialmente, sobre el movimiento obrero organizado. Distintas notas e informes a lo largo de esta edición de «Umbrales” abordan este costado histórico y su extensión actual.
La disputa concreta que dio el primer peronismo a mediados del siglo pasado dejó sus huellas; no es casual la muletilla de las fuerzas políticas de derecha: “Llevamos setenta años de decadencia en Argentina».
Si la recuperación democrática significó el fin del sistema de muerte y saqueo a cara descubierta, lo cierto es que desde 1983 los derechos implantados por la larga lucha popular que el golpe militar de 1976 vino a desmontar, no se han recuperado.
El retorno de la democracia significó a la vez un avance en términos de consolidación de derechos políticos, en oposición a un modelo de capitalismo esclavizante. Pero en términos de la política, la democracia está en deuda con la participación de los sectores populares y la construcción de poder para disputar el influjo hegemónico y concentrado.
En esa línea, es necesario que los trabajadores y trabajadoras de prensa analicemos el papel que jugamos a través de nuestras organizaciones. Que reflexionemos sobre qué se ha perdido con el golpe de Estado de 1976, qué se ha ganado con la recuperación de la democracia, como así también hacia dónde debe dirigirse el movimiento obrero.
La irrupción de los movimientos populares y su derrotero, a la par del desarrollo nacional durante la etapa desarrollista, cierran un ciclo en 1976 cuando la dictadura sanguinaria clavó sus colmillos sobre el conjunto de la sociedad y, especialmente, sobre el movimiento obrero organizado. Distintas notas e informes a lo largo de esta edición de «Umbrales” abordan este costado histórico y su extensión actual.
Es necesario pensar en términos estratégicos, no sólo el modelo de país que deseamos, sino también el modelo de mundo en el que queremos vivir. El capitalismo es un sistema que supone la dominación y explotación, por lo que no se puede hablar de un capitalismo humanizado.
Los trabajadores debemos tener pleno poder sobre nuestro territorio y sus bienes naturales, renovables y no renovables, para lograr la soberanía popular. Sin embargo, la crisis económica sigue siendo una crisis del capital y los trabajadores suelen ser los convidados de piedra en la disputa de los poderes que lo manejan.
Por eso, debemos trabajar en la construcción de un poder popular que dispute los intereses en juego. Es esencial profundizar la participación, el empoderamiento y sentar posiciones en contra de la explotación.
Tenemos que repensar la democracia y analizar en qué medida sirve a los sectores nacionales y populares. Si no se afrontan las deudas pendientes, seguirán construyéndose ficciones y no avanzaremos hacia una sociedad más justa e igualitaria. El actual ciclo electoral es una muestra cabal de la ficción presente en el debate público.
El rol de los comunicadores
Las mismas tensiones de intereses entre el capital y el trabajo que marcaron a fuego el siglo XX se sostienen hoy. A falta de golpes militares, se producen golpes de mercado, un nuevo método de irrupción en la discusión política para avanzar sobre nuestros derechos. La resistencia, desde un espacio nacional y popular, es en la calle, nuestro lugar natural.
En ese marco, debemos pensar cuáles son las deudas que persisten en términos de democracia y cómo las abordamos. Para el movimiento obrero la unidad es crucial: conformar un poder popular que dispute con el capital y con una burguesía que, en general, tiene una actitud lacaya con las potencias hegemónicas.
Entonces, para una verdadera democracia, debemos pensar estrategias que incluyan la soberanía popular, la defensa de nuestros bienes naturales y territorios, en contrapartida al avance del sistema actual de plataformas y vigilancia.
En este contexto vale preguntarnos: ¿Cuál es el papel de las y los comunicadores y trabajadores de prensa en una sociedad donde el 40% de la población, que vive hacinada en el 30% de los hogares, está bajo la línea de la pobreza? Universo éste que además incluye al 54% del total de las y los jóvenes como parte de la Argentina pobre.
La democracia debe ser pensada, de aquí en más, en términos de deudas pendientes y de visibilización de las desigualdades y problemas actuales porque es importante resignificar lo que representa, sobre todo para dejar de intervenir la realidad con las reglas del poder que nos llevaron a la desesperante situación actual.
Con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009 se plasmaron varios ejes sustanciales del debate comunicacional que se venía dando en la sociedad, pero sucesivas medidas cautelares o recursos de amparo impidieron su plena aplicación. ¿Faltó decisión política? ¿Derivó en un enfrentamiento difícil de sostener frente a los grandes poderes?
Entonces, para una verdadera democracia, debemos pensar estrategias que incluyan la soberanía popular, la defensa de nuestros bienes naturales y territorios, en contrapartida al avance del sistema actual de plataformas y vigilancia.
Lo cierto es que Mauricio Macri, a poco de asumir en 2015, modificó por decreto la Ley de Medios afectando artículos que frenaban la concentración, todo a medida de las grandes empresas periodísticas y de los medios concentrados, incluyendo prórrogas de licencias y ampliación de otras.
Esta ley fue una herramienta importante, aun con sus limitaciones y si bien hoy pocos la recuerdan, también es cierto que la dirigencia política eludió y elude dar un debate sobre las comunicaciones para garantizar el derecho humano a la información: enfrentar a factores de poder sigue sin aparecer entre las prioridades.
Es preciso discutir una nueva Ley de Medios, incorporar las nuevas formas que impuso la tecnología en el ejercicio de nuestro oficio, contemplar de manera explícita el papel de los trabajadores y las trabajadoras autogestionados, hoy transformados en esperanza para alcanzar por fin una pluralidad de voces.
Otro modelo
El desarrollo de una democracia plena y justa se torna dificultoso en el panorama actual, pero es necesario para alcanzar la participación de todos los sectores que anhelan edificar un mundo más justo y equitativo. Es fundamental identificar quiénes producen la riqueza para ejercer pleno poder sobre los bienes naturales. Pero también, quiénes son los que buscan apropiarse de esa renta permanentemente.
La democracia a la que aspiramos debe estar orientada hacia la unidad para la disputa y el empoderamiento de los trabajadores y de los sectores populares.
Las y los comunicadores y trabajadores de prensa tenemos mucho por hacer en esta tarea porque la información es fundamental en la lucha por una democracia real y para la construcción de una opinión pública crítica y consciente, haciendo periodismo real, investigando y aportando datos relevantes en lugar de ser simples circuladores de información, meros operadores.
Esa es nuestra tarea esencial: contribuir al desarrollo de una nueva sociedad en un mundo más justo y equitativo, poniendo límites a los poderes concentrados que continúan saqueando la democracia y vaciándola de contenido social. En definitiva, en nuestro horizonte está consolidar una democracia basada en el anhelado bienestar de nuestro pueblo.
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
¿Por qué la política pasó a ser una actividad ausente de ilusiones tras la euforia de la primavera democrática del ’83? Es difícil generar proyectos colectivos con las panzas vacías. La libertad lograda, tras la retirada dictatorial, quedó encasillada en el plano político e individual, bocado de neoliberales pero triste plato para alimentar el sueño de la patria justa.
Por Néstor Pérez (*)
La mirada se pierde en el remoto lugar, donde la dueña de esos ojos que miran fuera inspirada por un anhelo errante: servir a las necesidades de los suyos. Ese mismo grupo habita el espacio estrecho de la mucha ausencia y, en cada amanecida, sofoca el rumor de la panza preñada de hambre para que no lo escuchen los más chiquitos. Es probable – imagina Celina – que solo el sueño profundo ponga distancia entre la certeza de no tener nada y la chance de ser como son otros, no solo sobrevivientes en una tierra arrasada de urgencias…La de esta joven mujer, es hoy la vida de los 18 millones y medio de argentinos(1) (Telam/Indec) pobres que empobrece el rumbo de la democracia, cuarenta años más tarde.
La fractura social nos informa de una derrota política cuya significación, alcances, fuentes y responsables están aún en desarrollo, pero nos apresuramos en consignar a un sistema de explotación y expoliación sin precedentes; es este capitalismo reconfigurado pero con el mismo afán por tragarse a los hijos de este planeta, mientras también acaba con él; su polea de transmisión, la irrevocable oligarquía local y su enrolamiento en el negocio financiero.
La larga marcha de las garantías constitucionales no alcanzó para salvar de ese fuego a los más vulnerables. El amparo estatal, la asistencia, el empleo registrado, el crecimiento de la economía -ahora sabemos- no fueron diques de fuste donde se estrelle el ajuste que impone el capital para reabastecerse.
No sirve ni de alivio pensar en el corto trayecto de cuarenta años. Ese “nadie es del todo argentino sin un buen fracaso. Sin una frustración plena, intensa, digna de una pena infinita” con que el gordo Soriano nos caracterizara alguna vez, solo advierte de nuestras obstinaciones, en clave de pesadillas mil veces renacidas.
Pensar cuarenta años de democracia nos impone reconocer que luego de su evolución posdictadura -básicamente, entre la escasez económica y el futuro tumultuoso- la libertad política es la pieza más cara del patrimonio de los argentinos. Sustantiva y pedregosa, la libre determinación ha signado el derrotero de quienes habitamos este país, aún bajo el tiempo más árido, con el nudo tan cerca siempre de quebrar el pescuezo de la Nación.
Libertad política que, también poliédrica en su constitución, puede no significar mucho más que sufragar de vez en cuando; de ese gesto, la ventura colectiva con un presidente tibiamente legítimo, Néstor Kirchner (22 por ciento de los votos), y más tarde con su esposa, Cristina Fernández. La Universidad de San Martín y su despacho de estudios del Trabajo y el Desarrollo lo detalla: “(…) se advierte que luego de la profunda contracción del porcentaje de la remuneración de los asalariados en el ingreso durante la crisis de 2002 (pasó del 39,2 por ciento en 2001 al 32 por ciento en 2002), el indicador inicia una fase de crecimiento entre el 2004 y el 2015, solo interrumpida en dos años (2010 y 2015). A lo largo de este período, la participación de los salarios en el producto pasó de un mínimo del 31,4 en 2002 al 51 por ciento en 2015”.
Cuarenta años de democracia significan también una línea de tiempo punteada de consignas pendencieras, necesarias, llenas de potencia simbólica, las que han operado en el sentido común de los dicentes como la yesca en el pasto seco. La consigna orienta voluntades, expresa el concepto detrás del cual se organiza la lucha. Pero no es suficiente.
Libertad sin pan
Para esta interpretación es preciso ocuparnos primero en distinguir los tres sentidos de la libertad de la que informa la teoría política: la libertad liberal, la autonomía y la libertad positiva.
El concepto de libertad liberal está conectado a la idea de un Estado “enano»; pocas leyes; que se gobierne lo menos posible. Sin siquiera advertirlo, allí inscriben su oferta política los llamados “libertarios”.
La autonomía se vincula con el pensamiento crítico y el gobierno de la propia conducta. No significa no tener leyes, sino darse leyes a sí mismos.
Al cronista le interesa más el despliegue del tercer sentido de la libertad, vinculado a la teoría democrática (en oposición a la teoría liberal), que es la libertad positiva, considerando que es aquí, en este territorio, donde se extraviaron los postulados democráticos -conculcados como garantías constitucionales- de comer, educarse o progresar.
Se trata de un concepto surgido a partir de las teorías socialistas y su influencia en el concepto de libertad. A causa de esa mutación se habla de libertad cuando se precisa que la libertad debe alcanzar también su poder positivo; debe significar la capacidad práctica, material, de concretar las chances garantizadas, en abstracto, por las constituciones liberales, como la argentina.
Sumemos al filósofo del derecho Norberto Bobbio, quien señala que cuando la traducción de esta libertad se vuelve verbo se comporta como “la suficiente capacidad económica para satisfacer algunas necesidades fundamentales de la vida material y espiritual, sin las cuales la libertad liberal sería vacía y la libertad democrática sería estéril”. Parados en los números de la devastación social que produce la inflación actual, ¿cuántos de los caídos cuestionarían que la democracia, la libertad, es estéril sin pan?…
La autonomía se vincula con el pensamiento crítico y el gobierno de la propia conducta. No significa no tener leyes, sino darse leyes a sí mismos.
El hambre de millones de compatriotas nos releva de exámenes más pretenciosos. Sesenta y seis por ciento de niños pobres por ingresos, o insatisfechos en sus demandas básicas (Unicef) interroga dramáticamente a la agencia política. Ese inframundo para el que sólo se destinan paliativos. Entonces, ¿libertad de quién? ¿libertad para qué?… Aquí la libertad política – poco más nos queda – troca en silencio, el réquiem de los nadie. Dotar a la libertad política en instrumento de construcción inclusiva es la deuda que camina a espaldas del relato. Pero es preciso volver a la luz desde esa espesura.
Se trata de un concepto surgido a partir de las teorías socialistas y su influencia en el concepto de libertad. A causa de esa mutación se habla de libertad cuando se precisa que la libertad debe alcanzar también su poder positivo; debe significar la capacidad práctica, material, de concretar las chances garantizadas, en abstracto, por las constituciones liberales, como la argentina.
En Argentina la pobreza medida por ingresos solo disminuyó luego de dos grandes colapsos macroeconómicos -luego de crecer hasta esa crisis-, y en el marco de circunstancias externas muy favorables (commodities), señalan los investigadores Gabriel Kessler y Gonzalo Assusa (2): “Se sabe que ni la pobreza ni la desigualdad existen como meros accidentes o resultados de desarreglos o distorsiones. Pobreza y desigualdad se producen socialmente, y parte de esta producción está contenida en el modo en que cada sociedad, sus instituciones estatales y sus campos intelectuales, se da una forma de conocer, mirar, narrar y explicar la cuestión social, y al hacerlo, de producirla como un problema público, con sus especialistas, sus recursos materiales y simbólicos, sus organismos a tal fin y sus conflictos subyacentes”. La producción social que deriva en el crecimiento aterrador de la pobreza es hija legítima de la ofensiva capitalista, en esta etapa de su vejez.
Del fordismo a la timba
En la década del ´80, con la crisis de la deuda, la tasa de interés comienza a crecer, y los países endeudados no pueden pagar. Es cuando la tasa de rentabilidad financiera se impone a la tasa de la producción. Al respecto, dice Mario Oyola (3): “Es lo que se conoce como capitalismo financiero o financiarización del capitalismo (…) En un primer momento son los Estado Nacionales los que recurren al endeudamiento, cuando entran en crisis por sus deudas, por sus altas tasas de desempleo, inflación, aumento de la pobreza y caída del consumo. Es ahí cuando el capitalismo necesita financierizar a las otras dos unidades económicas”, las familias y las empresas. Perdurable se hizo un instrumento de sometimiento y especulación tan alevoso como la Ley de Entidades Financieras, con la que no se atrevió nadie; ni Cristina Fernández que lograra la mayor acumulación política desde el primer peronismo, en su segundo triunfo electoral del 2011.
Como se advierte, el diseño de la derrota referida no se explica sin interpretar los mecanismos del nuevo sistema de dominación.
De la sustitución de importaciones al colapso del nuevo siglo
Cuando la crisis de 1930 clausura los mercados ultramarinos, la escasez de dólares comenzará a ser un problema insoluble. Lo explica con sencillez Alfredo Zaiat (4): “Es un rasgo estructural de la economía argentina. En diferentes períodos históricos fue atendido por endeudamiento externo, por la afluencia de inversiones extranjeras o por el superávit del comercio exterior. La escasez de dólares establece límites a la dinámica del crecimiento. El frente externo se constituye entonces en el factor de desestabilización más fuerte en economías periféricas que tiene como meta el desarrollo”. Por si fuera poco, la concentración económica asfixia cualquier intento de hacer política económica con propósitos colectivos. Hace una década, las veinticinco empresas que más vendían en el mercado internacional explicaban el 52 por ciento del total de exportaciones. A pesar de la prédica emancipadora, con la administración CFK la concentración económica apretó el acelerador. Son los dueños de los dólares comerciales. Para comenzar a desmontar la presión que ejercen se vuelve imprescindible modificar el perfil y la estructura de las exportaciones. La cuestión no sólo no fue resuelta por gobiernos progresistas, sino que de su mano se acentuó el extractivismo, en un ciclo de re-primarización difícil de justificar sin apelar al “posibilismo” tan agitado por los vacilantes.
La crisis del 2001 y el inframundo
De ese colapso no se saldrá sin muertos, en términos reales y metafóricos. Entre el 19 y el 20 de diciembre del 2001, el gobierno de la Alianza (coalición Radical-Frepasista) y las fuerzas de seguridad provinciales abrieron fuego contra ciudadanos, dando muerte a 39 argentinos y dejando heridos a otros 500. La perdurable exigencia externa ya referida, el estado de vulnerabilidad en que Carlos Menem había dejado a la administración –entregando patrimonio y rindiendo la nación al artefacto liberal– y la fuga de capitales cifrada en U$S 20 mil millones, desatan la ruina y el fin de la confianza en la dirigencia política.
Nace el piquete como instrumento de demanda colectiva, desorganizada y decidida, es la acción colectiva que llega a nuestros días bajo formas más específicas y propósitos más celulares.
La democracia parecía una broma macabra; con ella se vota pero no se come. Un paso en falso hacia su consolidación.
En esta hora amarga de la nación, a la angustia de la mesa deshabitada se suma el miedo a caer bajo el accionar delictivo. El desabrigo social tan manifiesto pone de relieve también la falta de reacción de las fuerzas populares, las que debieron comprometer esfuerzos, no ya en el control de daños, sino en ejecutar los dispositivos que prevengan de los males del narcotráfico, una vez que se presagiaban sus estragos.
Si resulta arbitraria la conexión en el marco de este repaso histórico, invito a repensar lo sucedido en Rosario cuando a la administración Menem se le ocurrió privatizar los puertos. Privatización de la que se sirvió la organización narco para penetrar en el territorio y extraer la producción hacia mercados ultramarinos. Privatizaciones como resultado de la traición histórica que produjo el peronismo sumando esfuerzos con la derecha patronal; esa derecha que sigue “cautivando” a los partidos populares, como en esta hora al Radicalismo los gerentes corporativos del PRO, desdeñados hasta que fuera demasiado tarde.
Ese estrago económico social que causó el peronismo de derecha gestionando en los 90 es parte de este dolor actual. La desmembración del tejido social en múltiples parcelas que sobrevivieron como pudieron, llegan a nuestros días en la desesperación de los caídos del sistema.
¿Hasta cuándo?
Los datos oficiales del corte 2021 señalan que 3 de cada 10 personas en el país no acceden a una vivienda adecuada y viven en asentamientos precarios o viviendas sociales, conviven con basurales, aguas contaminadas y quemas de pastizales. Además, 4 de cada 10 no cuentan con cloacas, y entre 1 y 2 de cada 10 ni siquiera tiene acceso a agua potable y muchos de ellos tienen problemas en el suministro de energía eléctrica.
Alguna vez, pensando en la participación tan recurrentemente proclamada, aquello de elegir y ser elegidos, dijimos que los pobres son solo público en la gran escena democrática: son sus pesares cotidianos, la loca carrera para alcanzar un mínimo de recursos para sortear el hambre, lo que los pone en situación de ser público. La suya es una libertad política condicionada por el cautiverio económico, como que son esas mayorías las que se debaten para no sucumbir ante la nueva embestida de un capital cada vez más concentrado, voraz y deshumanizante.
Este trabajo intenta conectar las experiencias del ciudadano en tensión con la cosa pública desde el retorno mismo de la democracia, sistema que logró en su momento inaugural condensar los mejores proyectos de país, pero que hoy es apenas una hoja desteñida donde se hace difícil encontrar aquel auspicio.
Desde 2016, Unicef releva el territorio y produce evidencia de la situación social de las infancias. Uno de sus trabajos más relevantes tuvo como co-protagonista a la organización social “La Poderosa”. Del informe que publicaron presento al lector uno de los párrafos más elocuentes: “Los testimonios (…) dan cuenta de procesos de múltiples sufrimientos, estigmatización y culpabilización en edades tempranas, que se cristalizan como momentos críticos que quedan impregnados en las trayectorias de vida”. Esta emergencia demuele la idea proyectada en la mayoría de los análisis políticos: cuarenta años de democracia es poco tiempo. Díganle a estos pibes y pibas sin presente ni futuro que su trayectoria de vida es un daño colateral de un sistema que no se detiene ante perturbaciones calculadas como fallas del presupuesto político.
Este trabajo intenta conectar las experiencias del ciudadano en tensión con la cosa pública desde el retorno mismo de la democracia, sistema que logró en su momento inaugural condensar los mejores proyectos de país, pero que hoy es apenas una hoja desteñida donde se hace difícil encontrar aquel auspicio.
Aun cuando la escena política nos devuelve actores azorados, sin reacción ante el drama social, los más, ocupados en su supervivencia laboral, los menos, preocupados en no terminar presos, es imprescindible recrear los lazos de solidaridad entre comunes, también pensando distinto. El pensamiento único es un lastre, no conduce a otra cosa que a consensos impostados. Los únicos que podemos dar ese debate somos quienes, por mandato histórico, traducimos en acción el concepto político: los habitantes del campo popular.
Pero se impone hacer un alto el fuego, porque las bajas las pone siempre el mismo: “Hoy el presente nos encuentra con un ámbito donde a veces se respira pólvora quemada. De la trinchera oficialista a la opositora cruzan palabras que van a la guerra y estallan como bombas racimo. “La batalla por las ideas se ha vuelto clave para la gran batalla política”, apunta Héctor Pavón en “Los intelectuales y la política”.
Cuarenta años atrás, cuando la libertad política volvía a derramarse entre los argentinos, enamorando hasta la perturbación, los ensayos de “Inteligencia Artificial” seguían tropezando sin avances de verdadero valor científico. Hoy la robotización es un hecho. La sustitución de la voluntad ciudadana por valores matemáticos podría conducirnos a un nuevo paradigma, de alcances inimaginables. La libertad política todavía está en nuestras manos, pero ¿hasta cuándo?
(*) Periodista y secretario de Finanzas de Cispren
Citas:
(1)Indec/Telam
(2)Centro de Estudios Laborales y Sociales U.N.L
(3)Cátedra de Historia Económica y Social U.N.C
(4) Zait / Página 12
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
Movimiento Obrero
El Movimiento Obrero fue el blanco del plan de exterminio de la última dictadura cívico-militar. Aun así, el 27 de abril de 1979 las y los trabajadores organizaron una huelga general.
Por Guido Dreizik (*)
El 72% de los desaparecido/as eran obreros/as, empleados/as o trabajadores en general, esto permite inferir que el objetivo principal del plan de exterminio de la dictadura oligárquico-militar era el Movimiento Obrero.
No descubrimos nada con esto, pero queremos establecer un punto de referencia en esta especie de memoria de los cuarenta años de democracia ininterrumpida desde el punto de vista de los trabajadores.
La dictadura no solo asumió matando y haciendo desaparecer, si no implementando un aceitado mecanismo de destrucción de los derechos que los trabajadores habíamos logrado.
Así, la intervención militar a las organizaciones gremiales, la revisión de las leyes de Asociaciones Profesionales, de Contrato de Trabajo y de Paritarias, la suspensión del derecho de huelga, y el régimen de prescindibilidad a los empleados públicos constituyó una batería de medidas destinada a doblegar a la clase y garantizar la mayor ganancia posible a las patronales.
En principio las respuestas desde los/as trabajadores fue sectorial y desarticulada, no obstante, rápidamente comenzó a percibirse la resistencia del MO que, a través de paros y movilizaciones, fue generando las condiciones para una contraofensiva popular según la caracterización de la etapa que hicieron algunas organizaciones políticas de la época, no tardando en llegar la primera Huelga Nacional el 27 de abril de 1979 después de tres años de dictadura.
La dictadura no solo asumió matando y haciendo desaparecer, si no implementando un aceitado mecanismo de destrucción de los derechos que los trabajadores habíamos logrado.
La medida consolidó el poder del movimiento obrero logrando unificar los conflictos sectoriales y elevando el carácter político de las luchas, emergiendo como referente Saúl Ubaldini.
Con gran esfuerzo militante y sufriendo la encarcelación, desaparición y muerte de compañeros, la unidad fue gestando un nuevo paro nacional. Este fue el 30 de marzo de 1982.
Tres días después los militares deciden invadir Malvinas, iniciando una gesta que, aunque concitó la adhesión popular, ya que es una reivindicación muy arraigada en nuestro pueblo, no resultó sino una nueva frustración.
Más de 150 paros y movilizaciones de distintos sectores del Movimiento Obrero registradas durante los años que duró la dictadura desde 1976 a 1983 (Fuente IDEP-CTA para agenda temática 2008) dan cuenta del profundo rechazo a la dictadura y sus políticas de entrega.
Con este bagaje de experiencias el movimiento obrero aborda la etapa democrática y se apresta a recuperar los derechos perdidos junto a otros sectores políticos de la sociedad.
En los primeros años de la flamante democracia se pudo verificar la disputa entre el MO y los grupos económicos favorecidos por la dictadura que derivaron en trece paros que tuvo que enfrentar el gobierno del doctor Alfonsín.
Los trabajadores teníamos en claro que debíamos elaborar nuestro proyecto político para la Nación y así se convocó al Congreso de la CGT de Corrientes (con participación del CISPREN) de donde surgen los 26 puntos programáticos del Movimiento Obrero siendo el NO pago de la deuda externa el primero de la lista.
Recuperando la iniciativa política se pudo enfrentar el plan de privatizaciones que se difundía en presuntos debates a través de los medios y que concretamente encaraba el flamante ministro alfonsinista Rodolfo Terragno. Este fue Convocado por el presidente Raúl Alfonsín en 1985 para el Congreso Pedagógico y luego fue designado Secretario de Estado en 1987 y como Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación impulsó una política de privatizaciones de las empresas públicas como Austral Líneas Aéreas y otras, con la férrea resistencia del movimiento obrero organizado.
Con este bagaje de experiencias el movimiento obrero aborda la etapa democrática y se apresta a recuperar los derechos perdidos junto a otros sectores políticos de la sociedad.
Con profundos debates internos y con un incipiente desarrollo de un programa nacional, el movimiento obrero se dispuso a cambiar el signo político del gobierno que daba muestras de continuidad, en lo económico, de algunos aspectos de la dictadura manteniendo vigente la ley de entidades financieras con la que se había legalizado la especulación y el robo entre otras cuestiones, aunque llevaba adelante una dura batalla para juzgar a la cúpula militar responsable del genocidio.
La falta de estabilidad fue el signo del cambio de gobierno y Carlos Menem, beneficiado con el voto del movimiento obrero que veía en él la reivindicación histórica de los 10 años felices de nuestro pueblo, no tardó en urdir la más fabulosa traición a la patria.
En nombre del peronismo se dispuso a destruir todo lo construido por el peronismo.
Los sucesivos planes impuestos por el FMI fueron fracasando gracias a la resistencia del movimiento obrero, y luego del Plan Brady se necesitaba un amplio acuerdo que condicionara el crédito internacional a la destrucción del Estado.
Como la sede del Tesoro de los EEUU, el Banco Mundial y el FMI están en Washington el nuevo plan se dio en llamar Consenso de Washington
La administración Menem acató el plan en su totalidad consolidando la entrega y la sumisión.
El gremio de prensa
El Sindicato de prensa que había participado en las luchas por la recuperación de la democracia, que había logrado unificar y recuperar las entidades sindicales de prensa de la provincia intervenidas, que llevó a la FATPREN la visión política de nuestros afiliados y que aportó su presencia en el congreso de la CGT en 1986 siempre entendió que los trabajadores debíamos tener un proyecto desde la clase.
Así, observando con estupor como Menem llevó adelante un plan que la dictadura no había podido alcanzar, la destrucción del Estado y la flexibilización laboral, nos dispusimos a elaborar una estrategia que nos permitiera recuperar la iniciativa política.
La práctica de discutir con los compañeros de toda la provincia a través de los congresos, siempre nos proporcionó una visión bastante amplia de la situación de los trabajadores en general y la de los de prensa en particular.
Nuestro gremio, siempre preocupado por las condiciones de vida de los trabajadores, emanadas de las disposiciones convencionales pero también de las condiciones generales, del medio ambiente en el que vivimos y las circunstancias en las que desarrollamos nuestras tareas, fue delineando un proyecto.
Así, observando con estupor como Menem llevó adelante un plan que la dictadura no había podido alcanzar, la destrucción del Estado y la flexibilización laboral, nos dispusimos a elaborar una estrategia que nos permitiera recuperar la iniciativa política.
Advertimos el flagelo de la flexibilidad laboral y las consecuencias para la salud y la vida de los compañeros y surgieron así propuestas como la de afiliar a aquellos compañeros trabajadores de las comunicaciones, en relación de dependencia o no, dando cuenta de las nuevas formas del trabajo autogestionado y otras.
A la par, vimos la necesidad de confluir nacionalmente con todos los que consideraron al “Consenso de Washington” como la nueva forma de la dominación imperialista a través del FMI.
Esta búsqueda de articulación nacional nos puso en la tarea de construir una representación política de los trabajadores que considere la necesidad de la “autonomía” y la “elección directa de sus representantes”, así fue que fuimos orgullosamente parte de los fundadores de la CTA.
La democracia
Observando la experiencia de la clase trabajadora a lo largo de estos cuarenta años de democracia, debemos concluir que el saldo en términos generales no es del todo positivo ya que no ha sido justamente un proceso virtuoso.
Con un incremento de la pobreza que va del 18% en 1983 al 42% en el 2023, con 4 millones de indigentes y con el 54% de los menores pobres, la desocupación es un verdadero flagelo, la pobreza es la condición de la mayoría de los trabajadores, la flexibilización laboral está aceptada como normal y como si fuera poco el futuro se presenta con la incertidumbre de la falta de un proyecto en clave popular.
A cuarenta años de recuperada la democracia, resulta imprescindible recrear el proyecto de los trabajadores para una Nación para todos, con justicia social.
“Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos” dice Carlos Marx en “El 18 Brumario de Luis Bonaparte” y es interesante considerar este texto a los efectos de pensar cómo continuar nuestro camino.
Lejos estamos de pretender un balance de estos cuarenta años de democracia, pero sí es necesario reflexionar respecto de dónde estamos y hacia dónde vamos.
Buceando en nuestro pasado los trabajadores tal vez podamos encontrar elementos que permitan repensar y abordar los tiempos venideros, y ahí está en un lugar de la historia la Constitución de 1949 que como “…La tradición de todas las generaciones muertas…” nos sigue interpelando.
Debemos instalar en la sociedad valores supremos como son la participación popular en las decisiones importantes, para disputar las cinco rentas básicas como son la petrolera, la minera, la agropecuaria, la ictícola y la financiera, para así intentar desarrollar las industrias estratégicas como la aeroespacial, la ferroviaria, la naval y la científico-técnica.
Reconstruir el Movimiento, Nacional, Popular y Democrático en clave de Liberación resulta necesario, abandonando este estado de atomización en el que estamos sumergidos porque de seguir así la letra del tango “Las cuarenta” se convertiría en mandato y no queremos eso.
(*) Trabajador de prensa, ex secretario general del Cispren
Tango Las cuarenta de Francisco Garrido
Con el pucho de la vida
Apretado entre los labios
La mirada turbia y fría
Y un poco lento el andar
Dobló la esquina del barrio
Curda ya de recuerdos
Como volcando un veneno
Esto se le oyó cantar
Vieja calle de mi barrio
Donde he dado el primer paso
Vuelvo a ti doblado el mazo
En difícil barajar
Con una daga en el pecho
Con mi sueño hecho pedazos
Que se rompió en un abrazo
Que le diera la verdad
Aprendí todo lo bueno
Aprendí todo lo malo
Sé del beso que se compra
Sé del beso que se da
Del amigo que es amigo
Siempre y cuando le convenga
Y sé que con mucha plata
Uno vale mucho más
Aprendí que en esta vida
Hay que llorar si otros lloran
Y si la murga se ríe
Uno se debe reír
No pensar ni equivocado ¿para qué?
Si igual se vive
Y además corres el riesgo
Que te bauticen gil
La vez que quise ser bueno
En la cara se me rieron
Cuando grité una injusticia
La fuerza me hizo callar
La esperanza fue mi amante
El desengaño mi amigo
Cada carta tiene contra
Y cada contra se da.
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
40 AÑOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA EN ARGENTINA
De la primavera democrática y los medios libres a la desinformación y los discursos de odio. Pasaron cuarenta años de turbulencias, retrocesos y avances en materia de comunicación popular con grandes desafíos en el horizonte cercano. Aperturas, clausuras y la necesidad de nuevos consensos sociales aparecen como nuevos retos en un mundo diverso tras la irrupción de la infodemia global.
Por María Soledad Segura (*)
Entre 1983 y 1985, en los años de la llamada “Primavera Democrática”, se recuperaba el gobierno constitucional y se iban democratizando instituciones públicas, organizaciones y relaciones sociales. Se disfrutaba de la recobrada libertad de expresión después de siete años de censura, persecución y silenciamiento. También, se desarrollaba la experimentación artística, hubo apertura en el lenguaje público, se extendió una moda más relajada y diversa y se multiplicaron los medios de comunicación. Eran tiempos de lo under, lo alternativo, y de las radios libres y comunitarias.
Esto fue posible por el boom de la tecnología de radio de frecuencia modulada (FM). Luego se popularizaron también la TV por cable y satelital. La televisión y radio digitales, después.
Desde los años 80 y en las décadas siguientes, Argentina se destacó en América Latina por sus políticas de ampliación del derecho a comunicar al eliminar la figura de desacato, despenalizar las calumnias e injurias y sancionar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre otras.
Cuarenta años después, con el enorme desarrollo de las plataformas digitales de redes sociales y de streaming que masificaron exponencialmente las posibilidades de expresión, en la comunicación pública pululan desinformaciones, narrativas anti-científicas como las terraplanistas y anti-vacunas, discursos discriminatorios y violentos, y negacionismos. Frente a esto, en este aniversario de la democracia nos enfrentamos a preguntas sobre cómo moderar el debate público y reaparecen propuestas de regulaciones para limitar la libertad de expresión, como los proyectos de penalización de discursos de odio y negacionistas, y las prácticas de cancelación.
¿Qué sucedió en estas cuatro décadas para que se produzca este cambio? ¿En qué medida estamos frente a un retroceso en materia de conquistas democráticas? ¿Qué estrategias alternativas -entre la judicialización y la permisión- tenemos para superar estos problemas de la comunicación pública?
Para ello, nos centramos en la experiencia de los organismos de derechos humanos y las organizaciones feministas, dos movimientos sociales paradigmáticos en Argentina por su persistencia histórica, sus logros de incidencia en políticas públicas y consensos sociales, y su prestigio nacional e internacional.
Las aperturas
Desde la recuperación del gobierno constitucional en 1983 y hasta 2015, aproximadamente, la sociedad organizada empujó para ampliar las fronteras de la libertad de expresión en diversas condiciones tecnológicas y políticas. Para lograrlo, gremios de trabajadores de la prensa y la comunicación, cooperativas, asociaciones civiles, comunidades de pueblos originarios, organizaciones no gubernamentales (ONGs), entre otras, desarrollaron dos tipos de estrategias simultáneas.
Por un lado, desplegaron prácticas autogestivas, como las radios y televisoras comunitarias, alternativas y populares, que iniciaron sus emisiones a mediados de los años 80 con el avance de las FMs, y de los 90 con el de la TV por cable, multiplicándose especialmente entre 2008 y 2015 con las políticas de legalización y fomento que las promovieron.
También las redes comunitarias de Internet comenzaron en los años 2000 y se incrementaron a partir de 2020 durante el avance de la pandemia de COVID-19.
Por otro lado, periodistas, sindicatos y movimientos sociales que lucharon en Argentina por la libertad de expresión buscaron también incidir en políticas públicas y, a pesar de las deudas pendientes, en varios casos lo lograron.
En 1993 se derogó la figura de desacato del Código Penal, también se despenalizaron en 2009 las calumnias e injurias (aunque quedó la sanción civil) en los dos casos, por intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante demandas presentadas por reconocidos periodistas de investigación.
En el mismo año 2009 se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que sustituyó a la Ley de Radiodifusión dictada por Jorge Rafael Videla en 1980, impulsada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática y que cambió el paradigma mercantilista histórico de las regulaciones de comunicación del país por un modelo basado en el derecho humano a comunicar. La Ley Audiovisual fue, además, acompañada por múltiples políticas públicas que complementaron su implementación. Estos tres avances fueron y son reconocidos internacionalmente como modelos de ampliación del derecho a la comunicación.
Por otro lado, periodistas, sindicatos y movimientos sociales que lucharon en Argentina por la libertad de expresión buscaron también incidir en políticas públicas y, a pesar de las deudas pendientes, en varios casos lo lograron.
Estas reformas estuvieron basadas en el convencimiento de que las mayores amenazas a la comunicación pública democrática eran los gobiernos y las grandes empresas mediáticas que censuraban o inducían a la censura. Por eso, se suponía que, ante el silenciamiento al que obligaban o empujaban los poderosos, más debate público sería mejor y que de ese modo se fortalecería la democracia. Por lo tanto, se creía que a los problemas de la comunicación pública se los superaba con más participación y más expresión, porque la discusión pública se autorregulaba virtuosamente.
El debate sobre las clausuras
Al mismo tiempo que se daba ese proceso, las disputas sobre la memoria acerca del pasado reciente atravesaron también distintos momentos. Las luchas por Memoria, Verdad y Justicia se articularon siempre con la libertad de expresión. Inicialmente, durante la dictadura, los militares y sus cómplices negaron lo que hacían. La frase de Videla: “Los desaparecidos no están, son una entelequia”, es paradigmática de esa época.
Con la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad luego de la anulación de las leyes de impunidad en 2003, simpatizantes de los perpetradores se organizaron intentando emular a los organismos de derechos humanos, según apunta Feierstein. Sobre todo desde 2015, cuando por primera vez en la historia argentina una alianza de partidos de derecha accedió al gobierno tras ganar las elecciones; y desde 2017 cuando desapareció Santiago Maldonado -y luego apareció o se lo hizo aparecer- se multiplicaron los dirigentes políticos, personajes mediáticos e influencers que relativizaron lo sucedido. “No son 30.000”, es el caballito de batalla de esta embestida que, como observó Martín Fresneda en las Jornadas sobre Negacionismo organizadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en marzo, no cuestiona la existencia de víctimas, sino que apunta a atacar la credibilidad del acuerdo social alcanzado, así como la legitimidad de los organismos que lo impulsaron. No faltan tampoco quienes hacen apología del delito: “Que vuelvan los milicos”.
Frente a eso, activistas fundamentalistas y neoconservadores, como los llaman los investigadores cordobeses Juan Marco Vaggione y José Manuel Morán Faúndes, embistieron con discursos odiantes en muchos países latinoamericanos. Desarrollaron, por ejemplo, un plan sistemático para instalar la idea de la existencia de una “ideología de género” desde principios de los años 2000, apunta Alejandra Domínguez, integrante cordobesa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
Simultáneamente, durante la reapertura democrática la lucha de las mujeres y disidencias por sus derechos también cobró impulso. El primer Encuentro Nacional de Mujeres se hizo en 1986. La deuda en materia de derechos civiles, políticos y sociales era muy amplia. Los debates que se dieron desde entonces, en estas cuatro décadas se transformaron en progresivos triunfos: la incorporación del divorcio vincular y el restablecimiento de la patria potestad compartida en el Código Civil en los 80; la instauración del cupo femenino en la representación política en el Código Nacional Electoral en los 90; y las más recientes políticas de Educación Sexual Integral, de protección contra las violencias contra las mujeres, de legalización del aborto, de la unión civil, de la identidad de género y del cupo laboral travesti trans, entre otras.
Frente a eso, activistas fundamentalistas y neoconservadores, como los llaman los investigadores cordobeses Juan Marco Vaggione y José Manuel Morán Faúndes, embistieron con discursos odiantes en muchos países latinoamericanos. Desarrollaron, por ejemplo, un plan sistemático para instalar la idea de la existencia de una “ideología de género” desde principios de los años 2000, apunta Alejandra Domínguez, integrante cordobesa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
En Argentina, los ataques se intensificaron especialmente a partir de 2018, cuando se votó por primera vez en el Congreso de la Nación un proyecto de Ley de Interrupción Legal del Embarazo. Los grupos anti-derechos también se organizaron e hicieron campaña imitando los modos organizativos y tácticos del feminismo: “Nos empezaron a copiar”, cuenta Mabel Gabarra, también integrante de la Campaña.
Ante los ataques, se comenzaron a desarrollar prácticas de cancelación en ámbitos culturales, mediáticos y artísticos que, sin asumir el debate, limitan las posibilidades de acceso al conocimiento, a la cultura y a la historia, como marcó en 2020 el especialista catalán en derecho a la comunicación, Joan Barata.
Al mismo tiempo en Argentina se multiplican, sobre todo desde 2021 cuando atentaron contra la Vicepresidenta de la Nación, los proyectos de leyes y políticas estatales tendientes a limitar la libertad de expresión con la penalización de los negacionismos y de los discursos de odio. Todavía no se concretaron, pero cada vez son más los sectores políticos y sociales que consideran la aplicación de límites como una necesidad y una opción de salida frente a los problemas de la conversación pública.
Esto no es casual. La expansión de las posibilidades de manifestación pública, sobre todo a partir de los medios técnicos ofrecidos por el avance de la digitalización, la conectividad y las plataformas digitales de redes sociales, no mejoró el debate público como se esperaba. Las implicancias de la difusión reticular de desinformación y discursos odiantes, por el contrario, acrecientan la percepción de una amenaza para la democracia, incluso para la vida de las personas.
La censura y la inducción al silenciamiento ya no la ejercen sólo las élites políticas o mediáticas poderosas, sino también esa “multitud” que de maneras no siempre anónimas acosan, hostigan y violentan en redes sociales, como observó en 2020 el sociólogo argentino Silvio Waisbord.
Sin embargo, es necesario preguntarse si la judicialización de los discursos negacionistas y de odio es necesaria, útil, eficaz, estratégica y segura para cuidar el debate público. En mi opinión, no sería útil porque los discursos negacionistas no dejan de producirse ni de circular por estar penalizados.
Ante los ataques, se comenzaron a desarrollar prácticas de cancelación en ámbitos culturales, mediáticos y artísticos que, sin asumir el debate, limitan las posibilidades de acceso al conocimiento, a la cultura y a la historia, como marcó en 2020 el especialista catalán en derecho a la comunicación, Joan Barata.
Tampoco sería muy eficaz porque nuestro sistema judicial funciona lento y está muy cuestionado. Ni siquiera sería estratégica, porque la judicialización de estos discursos de odio les da mayor visibilidad y alcance del que ya tenían y, lo que es peor, les permite a sus autores y autoras victimizarse y mostrarse como objetos de persecución. Menos aún sería segura porque un instrumento legal poco preciso permitiría que sea utilizado también para penalizar otro tipo de expresiones que no les gusten a ciertas personas.
Tampoco serían tan necesarias porque en nuestro sistema legal ya está penalizada la incitación a la violencia, que es la característica definitoria de los discursos de odio según el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se aplica en Argentina. También tenemos una norma antidiscriminatoria y está penalizada la apología del delito.
Además, las leyes de Ética Pública, por un lado, y de Servicios de Comunicación Audiovisual y Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres tienen artículos relativos a las responsabilidades específicas de funcionarios/as/es estatales, medios y comunicadores/as.
Por otra parte, todas estas iniciativas jurídicas apuntan a la producción de expresiones negacionistas. En cambio, lo más preocupante es la adhesión a estos discursos. ¿Por qué, después de las enormes conquistas por las que nuestro país es modelo en el mundo en materia de Memoria, Verdad y Justicia, hay quienes escuchan y leen en los medios, siguen en redes sociales y hasta votan a negacionistas? ¿Por qué después de los inmensos avances en políticas de género y diversidad sexual por las que Argentina también es pionera en la región e, incluso, en gran parte del mundo, quienes atacan y desprecian a mujeres y disidencias llegan a tener altos niveles de rating y votos suficientes para ocupar cargos públicos?
En muchos de esos casos pareciera manifestarse, no tanto un cuestionamiento claro a los acuerdos colectivos sobre lo que nos pasó ni tampoco una impugnación directa a la ampliación de derechos; sino más bien una desilusión con las promesas incumplidas de esa democracia con la que nos habían asegurado que se comía, se curaba y se educaba. Entre las razones de quienes adhieren a estos discursos negacionistas y violentos, parece haber mucho de miedo, incertidumbre sobre el futuro, desilusión, desconfianza, desesperanza, desesperación. La judicialización de los negacionismos y los discursos de odio no podría resolver esto. Por eso, penalizar sería también el reconocimiento de un fracaso. El derecho penal se usa cuando la sociedad y la política se quedaron sin otros recursos.
La renovación de los consensos
¿Qué hacer si no se inician acciones penales? Entre las políticas estatales, hay también regulaciones y acciones que no cancelan ni clausuran, sino que abren, multiplican, fomentan y fortalecen de manera estructural los espacios y voces más debilitadas.
Eso es lo que buscaban la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las políticas relacionadas que se implementaron entonces. También este espíritu está presente en la Ley contra las violencias de género. Es la línea de proyectos y propuestas que impulsan algunos/as/es legisladores/as a nivel nacional e internacional para regular las plataformas audiovisuales y de redes sociales, entre otras iniciativas.
Además, en Argentina y América Latina tenemos amplia experiencia en luchar de manera organizada contra múltiples tipos de violencias. Por eso, ante las manifestaciones violentas de nuestro tiempo, conviene recuperar y revisar lo que hacen desde hace décadas las organizaciones de sujetos que históricamente fueron hostigados y que, aun así, consiguieron importantes logros y reconocimiento, como los organismos de derechos humanos y las organizaciones feministas.
Estos movimientos sociales supieron, en primer lugar, no dejarse correr y no meterse en la cancha de barro que definen los atacantes. No aceptan jugar con las reglas comunicacionales y políticas de violencia, mentiras e injusticia que los otros proponen. Esto es central, porque quienes producen discursos violentos no sólo agreden a ciertos grupos sociales, sino que también buscan cambiar las reglas de la comunicación pública, correr los bordes. Cuando las mujeres, las disidencias, los/as/es militantes de derechos humanos no aceptan entrar en su juego, de ese modo se cuidan a sí mismos y también nos cuidan a todos/as/es porque custodian nuestro debate público y nuestra democracia.
En tanto, los organismos de derechos humanos dieron la disputa por reemplazar la noción de “guerra interna” por la de “terrorismo de Estado”, y por instalar como símbolo el número de “30000 desaparecidos”.
Así, convencen a incrédulos/as/es, indecisos/as/es, dubitativos/as/es y a quienes piensan distinto, enseñan a quienes no saben, explican a quienes no comprenden, muestran y demuestran a quienes no quieren ver. Lo hacen con promoción de derechos, sensibilización, arte, campañas de comunicación, movilización en las calles, educación formal en escuelas y universidades, educación no formal en barrios, organizaciones, clubes y cuanto espacio sea posible; en articulación con el Estado y las políticas públicas cuando hay oportunidad. Sin ingenuidades, con perseverancia, con constancia y con sabiduría.
Además, impulsan nuevas reglas de juego de la comunicación pública y de la democracia tanto hacia adentro del propio colectivo como hacia afuera, hacia el conjunto de la sociedad. Esos nuevos consensos se vinculan con el modo en que, como sociedad, acordamos que se define lo verdadero, lo justo y la forma de tratarnos, los modos respetuosos de dirigirse a cada grupo social.
El debate público es esencial para instalar nuevas cuestiones públicas en la consideración social y política. Por eso, las organizaciones sociales proponen e impulsan cambios en las formas de nombrar, redefinen las maneras de clasificar, construyen sentidos y argumentos, y producen información sobre diversas cuestiones de la vida en común. Así, la periodista Josefina Rodríguez, de Ni Una Menos, rememora la lucha por impulsar que llamen “femicidio” a lo que antes en las redacciones se describía como “crímenes pasionales”.
Martín Apaz, quien participó en Córdoba de la Multisectorial por la Democratización del Matrimonio Civil, recuerda los debates que se dieron sobre cómo nombrar la demanda: si “matrimonio para todos y todas”, “homosexual” o “para personas del mismo sexo”, hasta que llegaron a la definición de “matrimonio igualitario”.
Estos movimientos sociales proponen un horizonte de ampliación de derechos, mayor justicia y un trato más amoroso y cuidadoso. Si ahí se juegan en gran medida las razones por las que hay quienes adhieren a los discursos violentos y negacionistas, esta construcción contribuye a reducir estas adhesiones.
En tanto, los organismos de derechos humanos dieron la disputa por reemplazar la noción de “guerra interna” por la de “terrorismo de Estado”, y por instalar como símbolo el número de “30000 desaparecidos”.
Así, los conceptos, valores y significados alternativos que producen y difunden desestabilizan los predominantes. Fomentan la construcción de nuevos consensos al redefinir los límites de lo que es socialmente aceptable y no sobre el reconocimiento, categorización y caracterización de los problemas sociales.
También amplían las formas respetuosas de expresión sobre diversos sectores sociales para evitar discursos acosadores y discriminatorios en general. Trabajan en la construcción de una subjetividad más cuidadosa, respetuosa y atenta con los/as/es demás, lo que en 2011 la filósofa estadounidense Martha Nussbaum llamó “emociones democráticas”.
Por su parte, en las apariciones públicas de integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, decidieron apostar al diálogo racional, dando información, sin golpes bajos como los que usan quienes las atacan, “porque si no, somos iguales a ellos”, afirma Domínguez.
Proponen modos de trato no violento, en oposición a quienes cuestionan por hipócrita a la corrección política y al uso cuidadoso del lenguaje y de las maneras. Así, Pía Ceballos, de Mujeres Trans Argentina (MTA), sostiene que, a diferencia de cómo ellas crecieron y fueron tratadas, buscan “volver a poner en valor la palabra y establecer acuerdos que no pueden reproducir violencia” y vincularse “desde el afecto, la ternura, para cuidar las formas y los modos” tanto hacia adentro del colectivo como hacia afuera.
Por su parte, en las apariciones públicas de integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, decidieron apostar al diálogo racional, dando información, sin golpes bajos como los que usan quienes las atacan, “porque si no, somos iguales a ellos”, afirma Domínguez.
Buscan también que ese cambio sociocultural y político se sostenga a mediano y largo plazo. Por eso se proponen abrir posibilidades para quienes vengan después. En ese sentido, MTA acompaña a niñes y adolescentes trans: “Las grandes ya no vamos a recuperar nuestras niñeces, pero sí podemos hablar de otras familias diversas, dice Ceballos. En la misma línea, Analía Kalinec, de Historias Desobedientes.
Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia, dice que una de las primeras demandas del colectivo fue que les permitieran declarar contra sus progenitores “pensando en abrir la cancha y allanar el camino para que cualquiera que venga no se encuentre con estos mandatos -que también están en el orden jurídico- que censuran la posibilidad de que uno pueda no honrar a su padre y a su madre”. Buscan, lenta pero persistentemente, “horadar la piedra”, como dice Rodríguez de Ni Una Menos.
Estos movimientos sociales proponen un horizonte de ampliación de derechos, mayor justicia y un trato más amoroso y cuidadoso. Si ahí se juegan en gran medida las razones por las que hay quienes adhieren a los discursos violentos y negacionistas, esta construcción contribuye a reducir estas adhesiones.
La conversación pública en Argentina, crucial para discutir y consensuar en qué tipo de sociedad queremos vivir, ha demostrado ser tan pasional como vigorosa. Se enfrenta ahora a ataques arteros y hay quienes pretenden defenderla con el brazo represivo del derecho penal. Ojalá prime redoblar la apuesta por la construcción social, cultural y política que los organismos de derechos humanos y las organizaciones feministas, entre tantas otras nos enseñaron.
