El activismo por los bienes comunes
En el transcurso de la democracia, la provincia de Córdoba ha sido el escenario de distintos modos de activismo en problemáticas ambientales. ¿Cuáles son los cambios y los límites de las resistencias cordobesas que buscan la preservación de los bienes comunes?
Por Lea Ross (*)
Fines de la década de los ‘90. El lento atardecer de la plaza San Martín, en el centro de la ciudad de Córdoba, agudiza más los pitidos de los silbatos y los gritos de “sucia” y “ladrona”. La señora que recibe esos insultos es ayudada a meterse en el interior de un Peugeot blanco por sus guardaespaldas. Dentro del vehículo, va rumbo a la calle Rosario de Santa Fe. Una cámara de televisión pregunta a los manifestantes el porqué del escrache: “Porque la naturaleza en Córdoba está de duelo. Porque nos vino a visitar María Julia Alsogaray”, responde el biólogo Raúl Montenegro y titular de la ONG FUNAM.
La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano del presidente Carlos Menem, que luego sería condenada por corrupción, estuvo en el Cabildo Histórico para presentar un taller de formación ambiental para periodistas. El repudio a su presencia respondía a la cuestionada administración y sospechas de malversación de fondos públicos. “Vino para organizar un show que muestre lo bella, perfecta y pulcra que es su gestión”, sentenciaron les manifestantes ante la prensa.
“Por centímetros, casi le queda como collar una corona fúnebre que le habían lanzado”, rememora Montenegro sobre aquella actividad organizada en 1997. Cuando le pregunto si recuerda la fecha exacta, revisa los archivos de FUNAM y remarca otro hecho más antiguo: “En Córdoba, se hizo la primera manifestación anti-nuclear de Argentina. Fue el 28 de agosto de 1987. Marcharon 1.200 personas, entre adultos, niñas y niños, desde la sede de EPEC hasta la Legislatura”.
Así, durante los años ochenta y noventa, las fundaciones tuvieron el papel estelar para exponer las problemáticas ambientales más visibles de la provincia, como fueron los incendios o la interminable putrefacción del dique San Roque.
“En Córdoba, se hizo la primera manifestación anti-nuclear de Argentina. Fue el 28 de agosto de 1987. Marcharon 1.200 personas, entre adultos, niñas y niños, desde la sede de EPEC hasta la Legislatura”
Eso no quita la existencia de otros casos minúsculos. La bióloga Diana Raab rememora cuando participaba en un Centro Vecinal, al norte de la capital cordobesa, para frenar la instalación de un boliche por los riesgos de contaminación sonora: “En ese entonces, uno podía repudiar la tala de un árbol en la vereda. Pero eso no quería decir que existiera una conciencia sobre las deforestaciones”. En la actualidad, la bióloga ya no vive en la capital sino en las Sierras Chicas, participando en asambleas contra canteras y loteos que impactan sobre la cobertura vegetal y las cuencas hídricas.
Preámbulo del cambio de milenio
En 1996, no hay dudas que la llegada de la soja transgénica marcó un punto nodal en la historia de las luchas ambientales, aunque las generaciones actuales poco conocen de un hecho previo: en la zona sur del Valle de Punilla, una resistencia vecinal logró frenar en 1998 la construcción de un dique en Cuesta Blanca, pensada y planificada por los gobiernos radicales de Eduardo Angeloz y Ramón Mestre.
Las protestas se iniciaron a partir del aporte de especialistas -que también eran habitantes de las comunas punillenses- sobre los riesgos que implicaba el proyecto para los cauces del Río San Antonio. “Yo prometí que si no se hacía el dique, dejaba de fumar. Y dejé de fumar. También por eso fue positivo para mí”, rememora Juan Carlos Ferrero que en ese entonces aportaba sus conocimientos sobre cuestiones hidráulicas y de geoquímica. A partir de ese logro, se creó la Asociación De Amigos del Río San Antonio (ADARSA).
Dos décadas después, ADARSA acumuló otros triunfos, como el freno a la construcción de countries de la conocida desarrollista GAMA S.A, y el impulso al primer juicio penal contra una máxima autoridad ambiental de la provincia por haber habilitado esas inversiones, violando la Ley Provincial de Bosques.
Transgénesis geográfico
Con la expansión de los cultivos modificados genéticamente y la creciente demanda de la aplicación de agroquímicos se desencadenaron distintas protestas comunales contra las fumigaciones, cuyo punto de fuga fue el barrio Ituzaingó Anexo, en la zona sur de la capital cordobesa. El interés que generó el caso, a escala global, no se limitó sólo por los testimonios desgarradores del grupo Madres, sino que además quebró la concepción sobre la problemática que reducía las víctimas a campesinxs, peones rurales o cualquiera que habitara en el campo rural. En lugar de eso, las Madres y sus familiares eran habitantes de una de las principales ciudades del país.
Mientras se expandía la consigna “Paren de Fumigar” en distintos pueblos, la modalidad asamblearia fue la apropiada para varios sectores en lucha, como arraigue de las congregaciones vecinales ante la debacle económica de la Convertibilidad.
La asamblea enlazaba las inquietudes locales con ciertos análisis globales, conllevando la expansión de conceptos académicos como “extractivismo”.
“El año 2012 no solo es recordado por la condena contra un productor sojero y un aero- aplicador por la dispersión de agrotóxicos en el emblemático barrio capitalino, sino también, por el inicio de la resistencia en la localidad de Malvinas Argentinas contra los intentos de Monsanto de instalar una mega-fábrica”
La búsqueda de asesoramiento técnico en organizaciones con experiencia previa -como FUNAM, ADARSA o el Foro Ambiental Córdoba- fueron recurrentes. Pero también lo fue el impulso de personas técnicas para organizarse a partir de conflictos latentes, como la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
El año 2012 no solo es recordado por la condena contra un productor sojero y un aeroaplicador por la dispersión de agrotóxicos en el emblemático barrio capitalino, sino también por el inicio de la resistencia en la localidad de Malvinas Argentinas contra los intentos de Monsanto de instalar una mega-fábrica. Fue el conflicto ambiental cordobés que más atrajo la atención del resto del mundo. Las vecinas de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida fueron quienes dieron el primer paso. Aunque varios reducen al conflicto sólo a quienes se mantuvieron en el bloqueo o acampe en la entrada del predio de la multinacional, allí participaron una amalgama de personas en lucha, de distintos ámbitos y experiencias.
Generación 20-20
El bloqueo contra Monsanto fue, quizás, la premonición de lo que se comenzaría a gestar con fuerza a partir de 2020: la figura de la Asamblea Ciudadana marcaría el pulso central de las luchas con la aparición de organizaciones sin arraigue barrial o “no territorial”, conformadas principalmente por jóvenes, proclives al manejo de las nuevas tecnologías, sobre todo a partir de la cuarentena contra el COVID-19.
De la mano de las redes sociales, se elevó el protagonismo de agrupaciones juveniles; algunas más interesadas en dialogar con autoridades públicas y otras en privilegiar la denuncia de choque con arraigo artístico o mediante el “medioactivismo”.
Pero para la provincia de Córdoba, 2020 fue también un año clave por padecer los peores incendios forestales de los últimos cuarenta años. La incineración de 300 mil hectáreas libró un fuerte voluntarismo en la sociedad cordobesa dispuesta a sofocar las llamaradas. Una parte de ella se canalizó en el ejercicio de brigadas forestales, que a veces pone en jaque el protagonismo de los bomberos, que anteponen la preservación de la propiedad privada por sobre el monte.
En todos los casos, son la “Generación 20-20”, que convive con la pre-existencia de organizaciones ambientales, en su mayoría asamblearias y con décadas de experiencia.
La excepción y la regla
Los gobernadores pejotistas José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti cada vez que presentaron un proyecto en la Legislatura, por más impopular que haya sido, siempre lograron su aprobación, sea por mayoría automática o por lograr acuerdos con algunos sectores de la oposición.
Así ocurrió, aun con los repudios callejeros y sus respuestas represivas, con la re-concesión del agua potable en la capital en 2006, con las distintas reformas jubilatorias y con la nueva ley de educación en 2010. Sin embargo, hubo un único caso donde el Poder Ejecutivo provincial no logró su cometido. Fue el 28 de diciembre de 2016.
Decenas de comunidades provenientes de lugares recónditos de la provincia, al canto del “Somos el monte que marcha”, pusieron su pie en las calles céntricas para evitar que en la última sesión legislativa del año se aprobara la reforma de la Ley Provincial de Bosques que flexibilizaba las restricciones para los desmontes. El objetivo desde abajo fue cumplido. Hasta ahora, el Estado provincial no ha logrado cambiar la normativa.
La clave del éxito sería la inédita coordinación de distintas comunidades del interior provincial, provenientes de geografías con realidades disímiles, cuya armonía se obtuvo por fuera del control de la gran ciudad capital, que no siempre dimensiona esa biodiversidad.
Así, la excepción se convierte en regla. La acumulación de las memorias de luchas implica capacidad desafiante para que esa heterogeneidad no sea el límite, sino que se convierta en impulso para que, en lo resistido, brote una efectiva praxis. Todo sea para una provincia cuyos bosques nativos en buen estado de conservación sólo cubren el 2% de sus suelos.
(*) Periodista.