por Daniel Diaz Romero | Ago 11, 2023 | UMBRALES29
Las luchas del movimiento estudiantil y la persecución política en democracia
*Por El Resaltador
Juventudes y política emergen desde mundos convulsionados donde urgen cambios. La historia y tradición de lucha de nuestro pueblo, en general, y de la juventud, en particular, son portadoras de una riqueza enorme y una tradición de combatividad que ha logrado definir las páginas no sólo de la historia sino también del presente con miras siempre a un futuro mejor.
Ubicarnos en este presente, con la responsabilidad de defender la continuidad de 40 años de gobiernos constitucionales, nos lleva a reflexionar sobre el rol de la juventud en los procesos de cambio y las tensiones democráticas que de ellas derivan. Una democracia actual que no es la ideal, sino que es consecuencia del modelo neoliberal que se instauró no sólo en nuestro país, sino en toda América Latina desde la década de los ‘70.
Mediante un plan sistemático de aniquilamiento físico, moral y político, la última dictadura se concentró en las juventudes organizadas y movilizadas en proyectos políticos que disputaron poder en la búsqueda de un cambio de raíz en las formas en las que se organizan las condiciones de vida.
En los últimos 40 años que vivimos bajo un Estado democrático, las formas que adquirieron las protestas sociales y las respuestas que elaboran los gobiernos ante éstas han variado. Instrumentos legales, amedrentamiento y represión se ponen en juego en la disputa entre el poder del Estado y los movimientos sociales, por la construcción de herramientas propias para la intervención de la realidad.
Para comprender las causas políticas que atañen a esta dinámica, y que han definido el carácter de las luchas estudiantiles en la historia reciente, también debemos reconocerlas desde y como parte de un legado que es histórico, con procesos de lucha que se continúan unos a otros pese a sus saltos temporales y geográficos. De allí la premisa: “todos los derechos de hoy han sido esas luchas de ayer, y a su vez, las luchas de hoy serán los derechos del mañana”.
Desde nuestra historia podemos mapear cientos de hechos políticos con distintas intensidades que han sido protagonizados por juventudes, pero aquí nos centraremos en aquellos que lograron poner en jaque a los sectores dominantes, y a su vez, por las respuestas que han dado estos últimos, por fuera de los parámetros democráticos que debieran ser propios de las instituciones que ocupan, con el fin de conservar el orden vigente.
Es por ello que nos permitimos pensar: ¿Es la democracia un concepto quieto y estanco? ¿Cómo las luchas y sobre todo las juventudes han construido y disputado las prácticas democráticas en la historia reciente? ¿De qué democracia hablamos cuando se judicializa, persigue y criminaliza a los jóvenes cuando exigen cambios? ¿Sobre qué democracia caminamos y hacia qué democracia vamos?
Las luchas de ayer, los derechos de hoy
A partir de la Reforma Universitaria de 1918, pasando por el Cordobazo y las luchas de los ‘70 que configuraron la experiencia que llevaron a las juventudes en los ‘80 -ya con el retorno constitucional- a pararse en un presente con una perspectiva diferente. Luego fue la resistencia a la Ley de Educación Superior y las reformas mercantilistas que de ella se sucedieron post 2000, hasta las tomas de facultades en 2018 y la siempre vigente exigencia por la gratuidad educativa. Las luchas volvieron a tomar trascendencia en tiempos de pandemia en América Latina.
Las décadas de los ‘60 y los ‘70 fueron un gran hervidero de ideas, proyectos y golpes para la juventud. Con el derrocamiento de Illia y la instauración de la dictadura militar con Onganía a la cabeza, pasando por la noche de los bastones largos y el Cordobazo, se fue creando un clima de rebeldía y efervescencia que invadió a buena parte de la acervo cultural llegando a impregnar procesos de radicalización y politización, tanto dentro como fuera de las universidades.
De esta época surgen experiencias como el “Taller total” y “Libre teatro libre” en la Universidad Nacional de Córdoba. Experiencias interdisciplinarias, pedagógicas y políticas totalmente inéditas en América Latina.
Gobiernos constitucionales y la democracia en puja
Con el llamado a elecciones en 1983 se abrió un nuevo proceso de luchas donde la juventud seguiría incidiendo en una democracia que entendió que no estaba estancada por la presión militar hacia el gobierno ni por la crisis económica. El movimiento estudiantil comenzó a tener nuevamente protagonismo a partir de la sanción de la Ley de Punto Final en 1986. Las movilizaciones y tomas en universidades rechazando esta medida comenzaron a acumular fuerza frente a la política conciliatoria que el gobierno alfonsinista trazaba con la dictadura militar.
Si bien estas acciones no lograron derogar la ley, pusieron en tensión la impunidad institucional ante los crímenes de lesa humanidad, aún en democracia. Al mismo tiempo se logró nuclear a las juventudes para discutir y reconstruir tanto el sentido de memoria como las prácticas democráticas y colectivas a través de la recuperación de espacios de organización asamblearia, dentro y fuera de las universidades, algo que la dictadura militar había intervenido vorazmente.
Hacia 1995, en pleno apogeo del segundo mandato de Menem y frente a la falta de justicia, el surgimiento de H.I.J.O.S -agrupación que reunía a los hijos e hijas de desaparecidxs de la última dictadura- iba a impulsar y dar cierta dinámica también a las protestas universitarias, a la par que construiría nuevas herramientas de visibilización para las luchas.
La Ley de Educación Superior abrió otro periodo de grandes resistencias y cercamientos institucionales a la hora de debatir y tener voz y voto para definir el futuro de la educación. Durante ese proceso, miles de estudiantes se manifestaron en contra de dicha ley por tener un objetivo mercantilista sobre la educación, permitiendo el arancelamiento para tramos de grado y posgrado, vinculaciones entre universidades públicas y empresas privadas, lo que vulneraba la autonomía universitaria y limitaba su co-gobierno. Ante la falta de diálogo, las protestas fueron cada vez más fuertes logrando suspender su tratamiento. Pero finalmente no pudieron frenar su sanción.
Con el llamado a elecciones en 1983 se abrió un nuevo proceso de luchas donde la juventud seguiría incidiendo en una democracia que entendió que no estaba estancada por la presión militar hacia el gobierno ni por la crisis económica.
Es así que en 1996 más de 200 estudiantes fueron brutalmente reprimidos y encarcelados (entre ellxs hijxs de desaparecidxs) en un ex centro clandestino de detención en La Plata, con un despliegue policial contra el movimiento estudiantil pocas veces visto hasta el momento.
En los subsiguientes años, las formas de control y disciplinamiento social por parte del Estado continuaron profundizándose. Mediante detenciones, judicializaciones y criminalización, tanto política como mediática, comenzó a sopesar sobre los movimientos estudiantiles la mirada social que se construía alrededor de sus actos. Estas prácticas de ‘deslegitimación’ se constituyeron socialmente por medio de imágenes peyorativas sobre la política estudiantil que tendieron a invisibilizar sus reclamos y a desarticular las acciones; a la vez que los canales de diálogo hacia el interior de las universidades comenzaban a cerrarse.
Esto se puede evidenciar, poniendo el foco en nuestra provincia, cuando rememoramos las movilizaciones y las tomas del 2005 por mejoras salariales y aumento presupuestario para las universidades nacionales; las ocupaciones en la UNC y en múltiples escuelas medias del 2010 en resistencia a la reforma de la Ley General de Educación de la Provincia de Córdoba (ley 8113), y en la lucha contra de la reforma político-académica de la UNC en el 2016.
Los 28 judicializados
El acumulado de experiencia y organización que fue dejando este derrotero, puso en tensión durante las tomas del 2018 una serie de disputas entre el movimiento estudiantil y las autoridades.
El riesgo de cierre inminente de las universidades por falta de presupuesto y reivindicaciones históricas que llevaban años sin ser resueltas fueron conformando un movimiento asambleario entre facultades. El cual fue constituyendose como un interlocutor válido dentro del conflicto, desbordando los propios canales institucionales de la UNC. Pero las disputas entre el movimiento estudiantil y las autoridades desembocaron en un conjunto de negociaciones frustradas y sin vocación de diálogo por parte de la propia gestión universitaria, la misma que abre la causa penal donde se procede a la judicialización de 27 estudiantes y una docente.
Por medio de este procedimiento, el discurso jurídico individualiza a algunxs estudiantes -al señalarlxs con nombre y apellido- y, en un mismo movimiento, invisibiliza a los colectivos que estas personas integraban -de los cuales eran voceras-, al igual que oculta el proceso social que precedió a la ocupación del pabellón.
El procesamiento judicial tuvo graves implicancias para el movimiento estudiantil y la sociedad en su conjunto, pues apuntaba al debilitamiento de las tramas colectivas, por un lado; y suponía efectos de disciplinamiento por otro, dirigidos a los colectivos movilizados.
A todo esto hace referencia lo evidencia Marcos Javier Luna en las conclusiones de su tesis de posgrado: “Los perímetros de la democracia universitaria” del 2021; el disciplinamiento puede ser comprendido como una de las prácticas institucionales por las cuales se procura pacificar la acción directa, dentro de ese proceso político permanente que es la delimitación de la democracia universitaria. Dicho de otro modo, la intervención represiva y judicial es parte del repertorio de prácticas de estabilización de los perímetros de lo político; esto es, de los límites considerados legítimos en determinadas coordenadas sociohistóricas, del cogobierno universitario”.
Mismo accionar, distintas latitudes
De las 90 dependencias educativas tomadas en el 2018, solo 2 sufrieron procesos de judicialización. En la Universidad Nacional de Río Negro se repitió una postal que según el relato de estudiantes y docentes, “no se veía desde los tiempos de la dictadura”:
“Más allá de que repudiamos la existencia e intervención de cualquier fuerza de seguridad, somos conscientes del carácter militar de la GNA (Gendarmería Nacional Argentina), el rol que ocupa y sus antecedentes, por lo que remarcamos y denunciamos públicamente esta constante provocación que no se ha detenido desde el 10 de diciembre del 2018. Esta persecución ejercida por la justicia federal hacia la Asamblea respondió a una política de Estado que va sentando precedentes gravísimos para todxs los que estamos en la calle luchando por derribar este sistema de opresión”.
En ningún caso se buscó la negociación o el diálogo por parte de las autoridades para destrabar el conflicto. La única respuesta que les ofreció el Estado fue la persecución política y la represión para desarticular la organización y desvalorizar las demandas.
Latinoamérica con un reclamo común
Como lo apuntamos al inicio, la proyección latinoamericana con una marcada visión de género tuvo preponderancia en las luchas de los movimientos estudiantiles en la última década, por eso es que convocamos a referentas de Chile y Paraguay para conocer cómo se esgrimieron territorialmente esos reclamos.
Este mapeo del papel de las juventudes como motor de los movimientos estudiantiles no pretende ser una conclusión acabada del proceso y de la realidad histórica del presente en el que estamos inmersxs. Sí lo entendemos como un ejercicio de discusión y debate que, a quienes conformamos El Resaltador (en su mayoría jóvenes de entre 25 y 30 años), nos lleva a desandar conceptos que tenemos arraigados, en miras de problematizar en qué realidad nos toca intervenir como comunicadores.
Con la historización de los conflictos mencionados y las respuestas que ha dado el Estado a lo largo de los últimos 40 años (réplicas frente a los procesos de movilización y reclamo estudiantil que han derivado en criminalización, represión y judicialización) pretendemos invitar (nos/les) a reflexionar sobre cuál es el piso democrático que queremos pisar y hacia dónde queremos ir para seguir construyendo. Cuáles son nuestros “nunca más”, los que como sociedad no estamos dispuestos a negociar hoy y tampoco en el futuro. Es allí donde entendemos que se encuentran muchas de las claves para asumir los desafíos y condiciones que marcan el momento histórico que nos atraviesa y en el que nos seguimos proponiendo actuar.
El Estado argentino ha elaborado diferentes respuestas frente a los procesos de movilización y reclamo estudiantil que han derivado en la criminalización y judicialización de los organismos políticos universitarios en las universidades nacionales. Una ha sido la negación de los reclamos estudiantiles, sin ofrecer soluciones concretas a las problemáticas planteadas. Los estudiantes han denunciado que las autoridades universitarias y gubernamentales no han querido dialogar con ellos o no han respondido a sus demandas, lo que ha generado un clima de tensión y desconfianza.
En ciertos casos, el Estado ha respondido a las protestas estudiantiles con la judicialización de los líderes y activistas estudiantiles. E, esto implicó la apertura de causas judiciales por delitos como «daño a la propiedad», «atentado contra la autoridad» o «instigación a la violencia», por ejemplo. entre otros.
En otros casos el Estado ha respondido a las protestas estudiantiles con la aprobación de leyes restrictivas que limitan el derecho a la protesta social. Estas leyes suelen establecer penas más duras para quienes participan en protestas, a la vez que limitan el derecho a la libertad de expresión y de asociación, lo que dificulta el ejercicio pleno del derecho a la protesta social y a la defensa de los derechos estudiantiles.
En todos estos los casos el Estado ha respondido a las luchas estudiantiles con la criminalización y la represión y estas respuestas a los reclamos sociales ha generado tensiones y conflictos en la sociedad cuestionando los parámetros democráticos de la sociedad en su conjunto.
por Daniel Diaz Romero | Ago 11, 2023 | UMBRALES, UMBRALES29
Defender la democracia es fortalecer los medios y combatir la precariedad
* Por Enfant Terrible
La democracia argentina cumple 40 años ininterrumpidos por primera vez. Un aniversario que llega plagado de grandes desafíos frente al crecimiento de expresiones políticas que fomentan la desestabilización y el retroceso en materia de derechos, soberanía, participación política e independencia económica.
También se cumplen 47 años de aquel aciago 24 de marzo de 1976 y los golpes todavía se sienten en varios frentes de un escenario político donde algunos actores no dudan en socavar los consensos democráticos construidos durante décadas. Aquí es donde las juventudes no somos figura pasiva sino actor central.
El contrato neocolonial del que resulta la deuda externa argentina con el FMI y otros organismos multilaterales de crédito; el alineamiento del Partido Judicial con intereses políticos organizados en pos de la proscripción, persecución e incluso encarcelamiento de líderes populares a nivel nacional -y aun regional- señalan el inequívoco signo reaccionario de esta etapa en nuestra América. En el último lustro asistimos al golpe de Estado propiciado por la OEA y la derecha rabiosa contra Evo Morales en Bolivia; el encarcelamiento del tres veces presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva seguido por el bolsonarismo y la toma del Poder Legislativo en Brasilia; el intento de asesinato contra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez; la honda crisis política en el Perú tras el encarcelamiento del presidente Pedro Castillo.
Argentina enfrenta, en este contexto adverso, un mal endémico que es también la columna vertebral de la reacción, la mentira y la desinformación con que se sabotea nuestra democracia. El sistema de medios de comunicación, monopolizado por un holding empresarial de dudosos y oscuros intereses es, cada día que pasa, una máquina de fabricar fake news y envenenar a la población. El punto de quiebre llegó el pasado 1 de septiembre de 2022, con el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández.
La avanzada de operaciones mediáticas masivas y titulares fabricados ad hoc para el lawfare y la “mafia judicial”, los golpes blandos -y no tan blandos-, continúan y toman fuerzas ante el retorno de gobiernos progresistas en la región. Los grupos económicos concentrados alimentan a las expresiones de extrema derecha con el objetivo de disolver en el aire los pactos democráticos que tanto nos han costado conquistar.
La convulsión y las juventudes asfixiadas
El recuerdo de las palabras del doctor Alfonsín que arengó ante una Plaza que «con la democracia se come, se vive y se educa», es indisociable de una reflexión que hacemos como juventud argentina: para que exista democracia tiene que haber justicia social. Tiene que haber pan, trabajo, techo, educación, justicia y derechos.
Tras la pandemia de COVID-19, nuestro país enfrenta un cuadro inflacionario crónico de más del 100% interanual, que contrasta con el superávit comercial que ha beneficiado a los grandes sectores agroexportadores tras el inicio de la guerra en Ucrania, a principios del 2022. Este fabuloso dividendo en dólares, sin embargo, no impacta en el bolsillo de los trabajadores, de la juventud y de los más relegados de la sociedad. La total ausencia de políticas redistributivas ha fomentado la concentración de la riqueza, en menos manos cada vez, y la fuga de capitales.
Se festejan los buenos números de la Argentina, mientras entre las capas populares ha crecido la pobreza, la precarización laboral, la pulverización del salario con la inflación y así también, el descontento y el descrédito en la política alcanza cada vez más a toda la sociedad.
Las juventudes no dejamos de preguntarnos entonces ¿qué posibilidad de proyectar una vida digna tenemos en este contexto? ¿Es acaso la precariedad todo el horizonte que nuestro país tiene para ofrecer? ¿En este aniversario, son la democracia y el buen vivir una contradicción? ¿Será posible acceder a una vivienda propia, o aún más a corto plazo, podremos seguir garantizando un alquiler todos los meses? ¿Podemos iniciar una carrera universitaria y/o fortalecer nuestra formación profesional con calidad? ¿Tener dos o más trabajos es garantía de estabilidad socioeconómica? ¿Están garantizados nuestros derechos en esta encrucijada? La respuesta a muchas de estas preguntas es un rotundo “no”.
La información que arroja precisiones sobre la vulnerabilidad de nuestro sector poblacional en el mundo laboral es abundante. Por ejemplo, según el INDEC, la pobreza en el primer semestre de 2022 alcanzó a un 36,5% de la población, o sea, a 16,8 millones de personas. En el caso de las juventudes, la cifra alcanza al 46,3% de la población de entre 15 a 29 años, casi la mitad. Alrededor de las cifras están la informalidad, la precarización y el desempleo.
A su vez, cabe destacar que la vulnerabilidad empeora no sólo por cuestiones de clase y edad, sino también por matices de género (mujeres y disidencias sexuales), raciales y por procedencia (migrantes o pueblos originarios) según la caracterización arrojada por el Mapa Nacional de la Discriminación publicado por el INDEC en mayo de 2022.
Pero esto no es primicia de hoy sino más bien se trata de un fenómeno sostenido durante años. Incluso antes de apelar a la pandemia del COVID-19 para enlazarlo como argumento de la crisis, los datos y las fechas nos trasladan más atrás. Por ejemplo, en 2018 -año en que Macri contrajo la deuda con el Fondo Monetario- el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) publicó un informe donde describió a “la Argentina como el país con mayor desempleo juvenil del Cono Sur”.
Otra investigación, realizada por Gonzalo Assusa del Instituto de Humanidades dependiente de CONICET–UNC, detalla que “en 2014 un 49% de jóvenes de 15 a 18 años vieron vulnerados al menos alguno de sus derechos”. “En 2019 -un año después del informe citado- ese porcentaje alcanzó al 87%. Es decir que incrementaron un 38% los y las jóvenes que sufrieron algún tipo de violación del derecho a la educación, acceso al empleo, a la salud y a sus derechos laborales”, explica el trabajo de Assusa.
Vale destacar cómo se dispara la vulneración de derechos de las juventudes a mediados de la segunda década del siglo XXI en nuestro país, porque aquí es cuando también, por ejemplo, asistimos a un recorte histórico de los ministerios de Ciencia y Tecnología, Cultura, Energía, Agroindustria, Salud, Turismo, Ambiente, Trabajo y Modernización, degradados a secretarías.
Fue en este período también cuando comenzó a profundizarse la política represiva (incluso el registro de una desaparición forzada de un joven: Santiago Maldonado), la presencia de Gendarmería Nacional en las calles y la puesta en agenda de la discusión por la baja de edad de imputabilidad. Ajuste por un lado, represión por el otro, con las juventudes cada vez más vulneradas.
Un capítulo aparte merece la rebelión educativa contra el recorte presupuestario de la educación pública, la ciencia y la tecnología que generó la reacción de los sectores estudiantiles y forjó la paralización de 57 universidades y la toma 60 edificios públicos en todo el país, en algunas de las cuales incluso hemos participado como estudiantes, militantes y periodistas. Pero, ¿por qué un capítulo aparte? Porque en Córdoba la toma del Pabellón Argentina terminó con el procesamiento de 27 estudiantes, como reacción del oficialismo universitario, un episodio antidemocrático que buscó sentar precedente contra la organización estudiantil, contra nuestros métodos de lucha y contra nuestra tradición militante.
La criminalización de la protesta no sólo alcanzó al movimiento de estudiantes organizades, sino que se extendió a más sectores como les trabajadores de la economía popular, les trabajadores de la salud y de la educación.
Somos jóvenes, no boludes. El actual contexto de convulsión antidemocrática no es sólo fruto de la incapacidad política coyuntural de desarrollar estrategias redistributivas. Se trata de una escalada coordinada que aprovecha el empobrecimiento sostenido de las juventudes para instalar un sentido común reaccionario y antipolítico. Mientras tanto, no nos dejan ni estudiar, ni trabajar, ni protestar.
Para peor, a las demandas del mercado laboral, inmobiliario, educativo, incluso alimentario y de consumo, los medios hegemónicos de comunicación abonan la estrategia de la extranjerización imponiendo un imaginario de éxito en los países desarrollados, alimentando el desarraigo y la desesperanza. De esta manera, jóvenes con títulos universitarios, salidos de las aulas públicas, construyen una perspectiva de “éxito” como mano de obra barata en el extranjero: una remasterización de la fuga de cerebros.
La comunicación en disputa, la democracia en juego
Les jóvenes de Enfant Terrible creemos que lo que fundamenta el retroceso político que vive nuestro país, en el 40° aniversario de democracia ininterrumpida, responde a la dependencia económica por contrato neocolonial vía deuda y, por lo tanto, la lesión a nuestra soberanía política. Asimismo, la degradación de la legitimidad en el sistema judicial a partir de jueces puestos “a dedo” y la concentración de medios de comunicación, en detrimento de la pluralidad de voces. Sobre esto último nos detenemos.
En 2009, durante el debate de la Ley de Medios sancionada ese año, se desarrolló una disputa que puso en el centro de la escena al sistema democrático: a la discusión sobre qué democracia queríamos y cómo debía ser construida. Que la idea revolucionaria de descentralizar, redistribuir la pauta oficial, promover y fomentar la pluralidad de voces a través de los medios de comunicación era un acto de demagogia populista se instaló con fuerza desde los medios hegemónicos y nos convertimos en el país de la grieta. A pesar del fuerte apoyo popular y del respaldo del Poder Legislativo, en 2015 el expresidente Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia para dejar sin efecto los puntos centrales de la norma.
El expresidente cumplió con su promesa al Círculo Rojo. Desactivó la ley que pretendía afectar al monopolio de telecomunicaciones más grande de Argentina, que sólo en 2016 recibió más de $519 millones de Publicidad Oficial (PPOO).
En la actualidad, esta configuración del sistema de medios en Argentina no ha cambiado. La Ley de Medios no ha vuelto a tener vigencia con el gobierno del Frente de Todos (FdT) y el Grupo Clarín continúa siendo el principal holding de comunicaciones, no sólo por poseer empresas en todos los rubros comunicacionales sino también, por ser el principal destinatario de la Pauta Pública. Ahora bien, las alianzas del monopolio dirigido por Magnetto alcanzan no sólo a otros sectores empresariales o políticos, sino también al mismo Poder Judicial, nada menos que a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En 2020, en el marco de la pandemia global que puso en evidencia -tal vez como nunca antes- la importancia de la conectividad y la comunicación a distancia, el Gobierno Nacional decretó a los servicios de telecomunicaciones como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” y por lo tanto las tarifas de telefonía celular, televisión por cable e internet debían estar reguladas por el Estado (y no por las propias empresas). Pero al año siguiente, la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a la medida cautelar presentada por Clarín para quedar exento del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia).
El cruce de beneficios es clave, ya que una premisa fundamental para la democracia es comprender la comunicación como un derecho, pero en Argentina vemos cómo el mismo poder que debería garantizar su vigencia se encarga de vulnerarlo, al transformarlo en una cuestión mercantil.
La pelea por y desde nuestros medios
Les compañeres que hacemos Enfant Terrible desde hace un lustro señalamos con claridad el nexo existente entre la degradación democrática y la concentración de medios en un mismo grupo empresario. Por eso nos hemos dado a la tarea de construir una nueva forma de hacer periodismo y comunicación, no solamente desde la práctica sino también desde la discusión teórica y política. Contamos con orgullo que somos parte fundadora de una Red de Medios Digitales (RMD) que, no por casualidad, tomó notoriedad y peso a nivel nacional en los últimos tres años. Un espacio que en el actual contexto de ajuste, deuda y vulneración de derechos ha logrado agrupar a casi medio centenar de medios nativos digitales con base en la autogestión. Este sector, que ni siquiera está contemplado en la enterrada Ley de Medios, ingresa en el ecosistema mediático como un actor clave en la disputa por la llamada batalla comunicacional y cultural.
En 2019, a raíz de los despidos por cierres masivos de medios durante el gobierno de Mauricio Macri, el personal de esos espacios de trabajo se muda a la digitalidad. A finales de ese gobierno, en 2019, nace la primera Red en Argentina que hoy reúne a más de 60 de medios digitales provenientes de las distintas regiones del país.
La propuesta de la RMD como entidad gremial es unir y fortalecer el sector con notable crecimiento en términos de espacios colectivos, pero también de demanda como servicio. En este sentido, las personas que entendieron su actividad como fuente de trabajo genuino -aunque en condiciones de pluriempleo, precariedad, falta de presupuesto y herramientas- sostienen una premisa fundamental: la democratización de la información.
A poco más de dos años de su conformación, la RMD presentó dos censos donde participaron entre 48 y 52 medios en cada ocasión, respectivamente. Con relación a la identidad de género, cabe destacar que el 42% de las trabajadoras son mujeres y el 11% identidades LGBTQ+, imprimiendo carácter transfeminista en la transmisión de la información. Además, quienes conforman la red se corresponden con una población joven que en su mayoría oscila entre los 25 y 35 años. Esto vale la pena resaltar teniendo en cuenta lo mencionado respecto a los sectores más vulnerados.
A su vez, los principales temas que tienen cobertura en los medios de la RMD refieren al ambiente, al género y diversidades, al mundo de los videojuegos, de los derechos humanos y sus coberturas judiciales, a las agendas culturales, políticas y sociales de los territorios, a las comunidades originarias y comunidades rurales, al extractivismo, a la violencia institucional y a los casos de gatillo fácil y la trata de personas.
Como actor, la RMD y los medios en particular que la conforman, buscan insertarse desde una lógica territorial y no de masividad, tanto en relación a la articulación con agentes locales para la construcción de la información, como para el fortalecimiento del sector. En este sentido ingresan tanto las organizaciones sociales, asambleas y colectivos, como también sindicatos y cooperativas. De hecho, ante la ausencia de formalidad, el cooperativismo y el asociativismo se consolidan como herramientas claves para la disputa de recursos y por lo tanto, de derechos laborales. Tal ha sido la fortaleza en la organización de la RMD que en articulación con otros sectores de la comunicación, el año pasado se sumó a la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios (CMCC).
El combo de elementos que hacen a la RMD consolida un frente de batalla clave. Por ejemplo, más arriba hacíamos referencia a la pauta oficial y a los beneficios económicos de los grupos mediáticos como Clarín. En este sentido, la red busca la democratización de la pauta pública para que esos recursos puedan ser redistribuidos al conjunto de quienes sostienen y de hecho, hacen crecer los medios. Por ejemplo, según la misma CMCC, “la web de un medio cooperativo necesita 34 años de pauta para recibir lo que se lleva Clarín.com en un mes”.
El espíritu de la organización en red de los medios autogestivos y cooperativos apunta a la regularización y el fortalecimiento de una actividad que hoy tienen en sus manos una gran cantidad de juventudes, mujeres y disidencias, que si bien son pobres, apuntan a un nuevo modelo de comunicación contrario al imperante. Lejos de la concentración en pocas manos, la democratización de la comunicación tiene que ver con la pluralidad de voces, de medios, de agendas y de públicos.
Fuentes:
El INADI presenta el nuevo Mapa Nacional de la Discriminación
Jóvenes: la odisea de conseguir trabajo genuino en Argentina
La Argentina es el país con mayor desempleo juvenil del Cono Sur
Jóvenes, vulnerados e invisibilizados. Desigualdad y juventud de la Argentina en los últimos 15 años
por Daniel Diaz Romero | Ago 11, 2023 | UMBRALES29
Muchas capacidades. Trabajadores de prensa con discapacidad
* Por Marquiños Chávez Vijarra
«Un relato de agradecimiento a las pilas de mi radio, al bastón verde, al dispositivo Prócer, al talkback y al NVDA».
Desde hace seis temporadas, radio La Quinta Pata emite Alta Frecuencia, la propuesta institucional e informativa en el aire de San Vicente, una emisión de comunicación que responde al FOMECA.
Mi participación en Alta Frecuencia se relaciona con tareas de locución y producción. Para llegar a las 9 de la mañana salgo de casa a las 7:45 ya que debo tomar dos colectivos. En la vereda rumbo a la parada debo poner en práctica las técnicas de orientación y movilidad, buscar la línea de edificación, seguir las pistas ambientales. Si encuentro personas esperando el transporte público, inicio el abordaje social, pido que me avisen si el que viene es el número de colectivo que espero.
Si en cambio en la parada estoy solo, atiendo el sonido del tránsito lo más que puedo y confío en que el conductor/a al ver a una persona con bastón se detendrá y me avisará qué número de línea es, situación que ocurre bastante seguido por suerte.
Sucede a veces que estoy solo en las paradas y el colectivo no frena: la ansiedad, la frustración y la posibilidad de tomarme un taxi se hacen presentes entonces. Estratégicamente voy a una parada donde casi siempre hay gente y el abordaje social fluye de manera rutinaria. Les pasajeres y el chofer de la línea 73 ya me conocen. Esto ocurre entre las 8:10 y 8:20 en la parada de la UTN. Mi destino es Agustín Garzón y Diego de Torres, cruce de calles con semáforo. No es esa la parada pero el conductor gentilmente me permite bajar allí. Nuevamente vereda y bastón rumbo a la radio.
Ya estamos en el estudio de nuestra emisora: la operadora técnica se ubica frente a la consola y la computadora, generalmente está sonando el informativo FARCO. Ingreso al sector de locución preparo mi silla, micrófono, auriculares, mate y Prócer (dispositivo de lectura auditiva que convierte texto impreso y/o digital en audio. La imagen también se puede adquirir por medio de una fotografía con la cámara incorporada en el dispositivo). Luego vuelvo donde está mi compañera y allí coordinamos entrevistas, audios y la música que sonará. Me brinda tranquilidad hacer esta parte de producción con tiempo, no me gusta llegar sobre la hora.
En el momento de salir al aire estoy atento a la presentación grabada, a la cortina musical habitual, además la operadora mediante el talkback de los auriculares me anticipa cuando es mi turno (Google Talkback es un servicio de accesibilidad para el sistema operativo Android que ayuda a los usuarios ciegos y con problemas de visión a interactuar con sus dispositivos)
Por lo general, somos dos personas en la locución y una en la técnica, mi compañera en presentaciones trabaja con la computadora del estudio y lee el guión y las gacetillas en voz alta cuando estamos preparando el matutino. Le doy mi punto de vista y le comparto las informaciones que yo preparé.
Desde la comunicación comunitaria se entrelazan experiencias y participaciones con organizaciones, asociaciones y territorios socioculturales como el centro cultural Graciela Carena, el Espacio de la Memoria Campo la Ribera y el encuentro de FARCO Córdoba en la ciudad de Deán Funes; por citar algunos ejemplos. Asistir a cada una de estas actividades, me brinda material de cobertura para desarrollarlo en el programa. La crónica radial, mixturada con audios editados por la operación técnica más sonidos y grabaciones tomadas en vivo, es una de las mejores facetas en el arte de la comunicación. Este trabajo siempre es colaborativo, mi tarea: la presentación y narración de la vivencia y mi acceso a la lectura, a la información y a la comunicación se basan en escuchar y memorizar; mis compañeres elogian esta cualidad. Yo les contesto que el secreto está en prenderle una velita todas las mañanas.
Mi historia
Entre los años 1984 y 1990 realicé mis estudios primarios en las escuelas del barrio San Vicente, medianamente cercanas a mi casa familiar al límite de los barrios Acosta, Colonia Lola y Primero de Mayo. Mucho tiempo después tomé conciencia que formé parte de las primeras promociones escolares en el retorno a la democracia.
El año 1989 dejaba inconclusas las promesas de que con la democracia se comía, se curaba y se educaba. Mientras tanto, en quinto grado de la escuela empezaban mis asistencias oftalmológicas. En el Centro de Ojos de la Clínica Romagosa me recetaron lentes por miopía y astigmatismo y pasé a ser un “cuatro ojos” más.
Al secundario lo hice en el Instituto Renault, en barrio Santa Isabel. Allí, durante seis años conviví con el lema “el mejor técnico dentro del mejor hombre”… pero no cumplí con la consigna y durante los 4 cuatro años finales de la década del ‘90, esa que tanto amamos odiar, cursé Comunicación Social. Allí tampoco cumplí con las consignas mientras participaba en unas de las tantas corrientes contraculturales de la juventud de entonces: feria de fanzines, recitales de bandas emergentes, actividades de la escena alternativa organizada de manera colectiva-solidaria por jóvenes de la “pankitud” y demás tribus urbanas.
Baja visión
El cambio de siglo llegó con múltiples estudios específicos que definieron el diagnóstico de una retinopatía: Distrofia de Conos y Bastones.
Esta nueva realidad comenzó a marcar un camino en mi vida: tener otras opiniones sobre el diagnóstico, ser usuario del centro de rehabilitación visual Susana Crespo del colegio Helen Keller y tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Mi déficit visual diagnosticado, sin posibilidad de curación, se categoriza como discapacidad visual. El carácter progresivo de mi enfermedad llevó a que en el año 2014 comenzara a ser usuario del bastón verde, símbolo de identidad e independencia de las personas con baja visión.
El camino de la radio
En los primeros años del siglo XXI emergió la frecuencia 88.7 FM Radio Revés, una emisora alternativa joven y contracultural en la Escuelita de Ciencias de la Información. Asistimos a una convocatoria de programas en el 2003 junto a compañeros de viejas y recientes andanzas. Allí me topé de lleno con el oficio radiofónico familiarizándome con palabras como transmisor, consola, auriculares, aire, frecuencia, acople, producción, guión-pauta.
Creo que en el equipo de trabajo de Radio Revés de aquellos años nuestra propuesta era la única que seguía llevando cassettes y compact disc. La digitalización del sonido ya estaba avanzada pero nosotros tardamos varias emisiones para subirnos a la onda. Un momento importante para nosotros fue la charla-taller que brindaron Claudia Korol y Sergio Tagle, dos referentes de la comunicación que motivaban e incentivaban la autogestión de la emisora.
Otra de mis aventuras radiales fue la recibida que me brindaron Matías Aguirre y Débora Quinteros en el programa “Festival de Culturas”, que se emitió por la FM 106.1 folclórica de Villa Carlos Paz “Todas Las Voces Radio” del 2016 al 2019.
En el tramo final del 2019 empecé a participar en Radio Comunitaria La Quinta Pata formando parte del equipo de trabajo del proyecto de Accesibilidad “Voces Autóctonas” correspondiente a las líneas de financiamiento de ENACOM/FOMECA. Este consiste en la producción de contenido sonoro/audiovisual con perspectiva de discapacidad. Se están realizando radioteatros y producciones audiovisuales con Lengua de Señas Argentina (LSA), subtitulado y audio-descripción. A su vez, integro la asamblea de la radio y trabajo en la producción periodística de la emisora.
Por otro lado, en la actualidad soy estudiante del Centro de Recursos Educativos para personas con discapacidad Julián Vaquero, capacitándome en tecnologías de la información y la comunicación desde la inclusión y accesibilidad.
Pandemia mediante
El 20 de marzo de 2020 el Presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia de COVID-19. Palabras como distopía, ucronías, streaming, plataformas, zoom, meet, conectividad, virtualidad, internet como servicio público, otra normalidad, vacunas y antivacunas, pasaron a formar parte de nuestro cotidiano para trabajar; también espacios de formación y capacitación virtuales. Por todo esto participé en una charla-ponencia convocadas por organizaciones del activismo disca, y del seminario: “Perspectivas y estrategias de intervención en el campo de la discapacidad”, de la FCC.
Estos empujes colectivos de autoreconocimiento coincidieron con el lanzamiento del RETRAPREN, el registro provincial de trabajadoras y trabajadores de prensa lanzado por el CISPREN en plena pandemia; herramienta necesaria que vino a legitimar el trabajo comunitario, social, cultural, político y educativo que se vienen desarrollando desde hace tiempo y en diferentes territorios por muches compañeres.
Finalmente
Un enorme agradecimiento al CISPREN por invitarme a esta aventura colectiva, a todes les compañeres del equipo de esta Revista Umbrales, a todes mi compañeres de La Quinta Pata y de FARCO. Mi reconocimiento y admiración a las organizaciones del activismo disca. Esta crónica fue posible gracias al apoyo técnico, logístico y amoroso de Alefran y Gastón Ezequiel.
* Periodista
>> Aclaraciones:
NVDA: (Non Visual Desktop Access) es un lector de pantalla libre y gratuito desarrollado por NV Access que permite a las personas ciegas y con discapacidad visual usar ordenadores. Para ello lee el texto que se muestra en pantalla mediante una voz sintética. Se puede controlar lo que NVDA lee moviendo el cursor al área relevante que contiene el texto, tanto poniendo el ratón encima como usando las flechas del teclado. También puede convertir el texto en braille si el usuario del ordenador posee un dispositivo llamado «pantalla braille». BASTÓN VERDE: Bastones para personas con discapacidad visual. ¿Para qué sirve el bastón que usan las personas con discapacidad visual? El bastón es un instrumento de orientación y movilidad para las personas con discapacidad visual. Les permite detectar y esquivar obstáculos. También sirve como un elemento de identificación para que las demás personas puedan darse cuenta de la presencia de una persona con discapacidad visual. ¿Para qué sirve darse cuenta de que hay una persona con discapacidad visual? Para que puedas ofrecerle los apoyos o ayudas que necesite. Para que elimines obstáculos a su paso. ¿Qué tipos de bastones hay?
¿Quiénes usan el bastón blanco?
Las personas ciegas.
¿Quiénes usan el bastón verde?
Las personas con baja visión.
¿Quiénes usan el bastón rojo y blanco?
Las personas con sordo-ceguera.
¿Qué características deben tener los bastones?
Deben tener el mismo peso, largo, mango, posibilidad de plegarse y anilla fluorescente que los bastones blancos utilizados por las personas ciegas.
por Daniel Diaz Romero | Ago 11, 2023 | UMBRALES29
El Poder Judicial constituye una corporación inamovible que opera con métodos aristocráticos. Omite pagar impuesto a las ganancias, con base a falacias evidentes, a pesar de los altos sueldos que cobran y se encuentra cada vez más lejos del acceso y entendimiento de la ciudadanía. En sus más altas instancias, el llamado ‘lawfare’ impone una lógica mafiosa que desprestigia su funcionamiento. Remover la actual Corte Suprema y avanzar en la reforma hoy trabada en el Congreso Nacional es tarea urgente para recuperar la credibilidad social indispensable para que los jueces puedan ejercer con legitimidad la tarea de decidir sobre la libertad, el honor y los bienes de los ciudadanos.
Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe (*)
En estos 40 años, luego de haberse encarado en la década del 80 el juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron en el proceso militar de facto y de juzgarse a las cúpulas de las fuerzas armadas, se dieron retrocesos graves con las leyes de “obediencia debida” y “punto final”, normas consentidas en su vigencia por el Poder Judicial.
Seguidamente el Poder Ejecutivo dictó el indulto que favorecía a los responsables de graves delitos de lesa humanidad.
Al integrar la Cámara Federal de Córdoba, a fines de 1989, declaré la inconstitucionalidad de oficio de dichos indultos. Pero luego, dado que la mayoría de los otros magistrados del país convalidaron judicialmente los indultos, renuncié al cargo de Juez, por entender que la impunidad que se consagraba hería gravemente la conciencia moral de la justicia, ya que grandes criminales de lesa humanidad quedaban libres e impunes.
Vale destacar que posteriormente hubo un nuevo avance en la materia y se logró efectuar juicios necesarios en materia de memoria, verdad y justicia.
No obstante, de manera agazapada, el Poder Judicial se prestó a retrocesos en el tema, como fue el fallo dictado por la CSJN, al determinar el cómputo de dos días prisión por cada día de detención de delincuentes de crímenes de lesa humanidad. Tuvo que salir el pueblo a protestar masivamente para que se retrocediera en el criterio.
Partido Judicial, una lógica mafiosa
Con el tiempo, salió a la luz la lógica mafiosa existente, sobre la que opera el llamado “Partido Judicial”. Con un funcionamiento basado en un maridaje entre importantes intereses económicos-financieros, grandes medios monopólicos y/u oligopólicos de comunicación, cierto poder político cómplice y algunos sectores claves del poder judicial, este partido tomó como ciertas las “posverdades” para dar sustento mediático al “lawfare” (guerra judicial, en inglés). Es una batalla asimétrica donde las partes intervinientes, en acuerdos mafiosos, tienen prácticamente la suma del poder real ya que suman el poder económico y político, los grandes medios de difusión y el control sobre sectores claves de mucha importancia en los tribunales.
Todo ello operó y opera en beneficio de grandes intereses, contrarios a lo que es justo de acuerdo a la ley y al bien común de las personas y de nuestro pueblo en general.
Nuestro Poder Judicial se construyó como poder vitalicio y contramayoritario. Una vez designado, el juez o la jueza no dependen de las mayorías para el cumplimiento de su mandato, sino que lo ejerce de manera ininterrumpida hasta el final de su vida laboral. En algunos casos más allá inclusive. A esto se suma que está integrado por mecanismos aristocráticos, dado que sólo los/as egresados/as de las Facultades de Derecho tienen el acceso total a ocupar la magistratura.
En general, poco avanzó la participación de la ciudadanía en la dinámica de su funcionamiento. Repárese la tardía implementación de los juicios por jurados contemplados en la Constitución Nacional desde 1853, (a la fecha solo 10 provincias aprobaron una ley que regula este tipo de juicios) o la falta de integración en los Consejos de la Magistratura, para la designación de jueces o juezas de otras personas con perspectivas que no sean propias sólo de abogados.
En este marco, el tercer poder del Estado ha funcionado, y funciona en muchos aspectos, con lógicas monárquicas, por ende, con ciertos privilegios injustos e indebidos en Democracia.
Modos monárquicos
Hablamos de modos monárquicos ya que en las monarquías los jueces representaban al rey y por ende no eran iguales a los que recibían la administración de justicia. Diferencia el ejercicio de la magistratura en democracia donde el juez o jueza son ciudadanos iguales al resto, son pares de los hombres y mujeres sometidos a su jurisdicción y competencia sobre sus bienes, honor y libertad, sólo que en papeles diferentes.
Entre los privilegios propios de modos monárquicos podemos señalar que, en general, en nuestro país las y los jueces no pagan el impuesto a las ganancias. Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó la Acordada N° 20 en 1996 donde, con invocación de sus poderes implícitos “para salvaguardar la independencia judicial”, decidió declarar que no cabía aplicar “el artículo 1° de la ley 24.631”, que obliga a pagar este impuesto a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
Esta resolución arbitraria quedó en evidencia,dada la postura inamovible de la Corte, dos décadas después, cuando en 2016 la ley 27.346 estableció que deben pagar el impuesto a las ganancias los magistrados y funcionarios designados a partir del año 2017. Lo inconsistente del razonamiento que usaron los cortesanos se patentiza en que si al pagar el impuesto se afecta la independencia de los jueces, cabe preguntarse por qué deberían pagarlo los jueces designados después de 2017 que si lo hacen. ¿Acaso no son independientes? De esta forma, actualmente, se suma otra discriminación ya que hay jueces o juezas que por igual tarea cobran distintos sueldos porque unos pagan el impuesto y otros no. En U.S.A. todos los jueces y las juezas pagan impuesto a las ganancias y no por ello nadie se cuestiona la independencia de dicha magistratura.
Esta situación se hace extensiva a las y los jubilados judiciales ya que la Corte, en el caso “Gutierrez, Oscar”, determinó que tampoco paguen Ganancias los jubilados ¿Por qué, si ya no ejercen la magistratura y no hay independencia funcional que cuidar? Este criterio se generalizó para todos los y las jubilados/as del Poder Judicial, tanto nacionales como provinciales sin necesidad de un juicio especial para cada caso. Mientras, los demás jubilados deben hacer un juicio particular, aunque haya una jurisprudencia en contra ya asentada y firme para dichos casos. En esto último, también el Estado abusa porque litiga injustamente sin costas en materia previsional, apelando cada caso y estirando años para alcanzar sentencia, razón por la cual cualquier jubilado o jubilada no judicial, si bien hubiera ganado el juicio, debe pagar sus gastos y los honorarios de su abogado.
Otro beneficio corporativo de los jueces consiste en gozar desde el primer día de trabajo de 41 días de vacaciones pagas o ferias al año, todo el mes de enero más 10 días en julio. ¿Se justifican tantas vacaciones? ¿No cabría utilizar la llamada feria de invierno de diez días para realizar tareas internas y poner al día el trabajo de los tribunales?
No es menor, en el perfil monárquico judicial la colonización de los sentidos del lenguaje, al encontrarse los máximos órganos judiciales en “Palacios de Tribunales”, en tanto las máximas instancias del Poder Judicial reciben la denominación de “Cortes” en diversas provincias.
En esa línea, el servicio de justicia se presenta ante sus destinatarios -en ocasiones- como una organización hermética y sólo entendible para especializados, ya que esa manera de administrar justicia se convierte también en un modo de ejercer el poder, con lógica de subordinación para quienes no tienen el dominio del lenguaje específico y evidencia un perfil de Justicia monárquica y no democrática. Contrariamente, los actos del Poder Judicial deben poder ser comprendidos. Es uno de los presupuestos esenciales del derecho humano a la información que tienen las personas y los pueblos.
«El servicio de justicia se presenta ante sus destinatarios -en ocasiones- como una organización hermética y sólo entendible para especializados, ya que esa manera de administrar justicia se convierte también en un modo de ejercer el poder»
En términos de lenguaje específico reparemos que, como parte de la lógica cortesana aristocrática, a los abogados se les dice “letrados” como sinónimo de “hombres de leyes”, concepto que proviene del medioevo. Pero también ser “letrado” significa “estar alfabetizado”, por lo que ese término polisémico de “letrado”, en este momento, podría ser tomado como discriminatorio por exclusión respecto de muchas personas alfabetizadas o sea letradas, pero que no son abogados.
Reformar la Corte Suprema
El proceso democrático que comenzó en 1983 no logró torcer en lo sustancial muchos de los defectos de la arquitectura institucional y la dinámica del Poder Judicial.
Con la reforma de la Constitución en 1994, se agregó que las y los jueces debían jubilarse al cumplir 75 años. Sin embargo, muchos miembros se opusieron a dicho criterio, lo resistieron e iin cumplieron, como los integrantes de la CSJN Carlos Fayt y Elena Highton de Nolasco.
Aún más, dicha reforma de la constitucional creó el Consejo de la Magistratura para el nombramientos y remoción de los jueces y juezas, pero aún hoy el organismo, muy costoso económicamente en su funcionamiento, no ha conseguido en su tarea la legitimidad operativa necesaria en la tarea asignada. En muchos casos, es un estorbo para conformar un Poder Judicial en tiempos adecuados, que esté técnica y humanamente apto para las necesidades de justicia existentes en la sociedad actual.
Frente a todo este panorama, resulta fundamental avanzar en el juicio político a los miembros de la CSJN. El tribunal debe ser removido por múltiples actitudes de cada uno de sus cuatro miembros actuales, contrarias al accionar debido del Poder Judicial, debido a que los cuatro jueces tienen la última voz del derecho en temas básicos, sin plazos para resolver y, en muchos casos, resuelven sin dar fundamento, en base al artículo 280 del Código Procesal.
Como resultado, es urgente ampliar su conformación de acuerdo al proyecto de ley ya con media sanción del Senado, que busca conformar un tribunal de quince miembros, garantizar la presencia igualitaria de la mujer (ahora no existe en el tribunal ninguna mujer, luego de la renuncia de Elena Highton de Nolasco) y posibilitar mayor actuación concreta de los ministros en las decisiones, para evitar la gran cantidad de delegación de funciones que existe.
Baste referir que la Corte resuelve 17.000 casos al año, con un promedio aproximado de 80 casos diarios. Hay más de 200 personas que proyectan las sentencias que, en definitiva, en muchísimos juicios son los que en los hechos deciden y esto torna imposible que los jueces sepan lo que firman en cada fallo.
Lamentablemente, si bien hay muchos jueces y juezas que merecen el máximo respeto en su tarea, este período democrático no logró superar integralmente un Poder Judicial que ha operado, en muchas situaciones, como impiadoso con los débiles y genuflexo con los poderosos.
(*) Abogado constitucionalista, ex-juez Federal de Córdoba y periodista columnista de opinión
por Daniel Diaz Romero | Ago 11, 2023 | UMBRALES29
Por una agenda de trabajo digno
La estructura del mundo del trabajo deja a la mitad de las y los trabajadores fuera del concierto de derechos laborales que debía garantizar la legislación vigente. La incapacidad de realizar un control efectivo del fraude de las provincias y la identidad de clase de la generalidad del fuero laboral conspiran contra un alcance de justicia frente a un modelo social injusto. Argentina está lejos de los estándares de acceso a sentencias laborales que muestran países de la región.
Por César Arese (*)
Todo derecho de fondo necesita de sistemas administrativos de control y judicial para convertirlo realmente en efectivo, sea de manera espontánea o en caso de ser desconocido o controvertido. Los Derechos Humanos Laborales (DHL) reconocidos en normas de derechos fundamentales son de naturaleza robusta y extendida. Los instrumentos de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en particular de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), operan en el plano interno desde derechos humanos generales y derechos humanos especialmente reconocidos a los trabajadores. De hecho, la Constitución Argentina (CN) ha incorporado un grupo de trece declaraciones y tratados internacionales como parte de su propio texto (art. 75 inc. 22). Nótese que incorporaciones como la Convención sobre los Derecho de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas o la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, contienen reglas que aluden a la condición laboral de esos individuos.
En época próxima, la OIT aprobó el Convenio 190 sobre violencia y acoso en el mudo del trabajo que recibió una rápida ratificación por Argentina (2021) y ha sido aprehendido por los operadores del derecho de manera muy firme. En 2022, la OIT amplió su Declaración de Principios y Derechos Fundamentales agregando a la libertad sindical, la abolición del trabajo forzoso y el trabajo infantil, la igualdad de trabajo o no discriminación, un entorno seguro y saludable.
De manera sistemática, el Derecho del Trabajo posee un régimen de normas con base esencial en el Régimen de Contrato de Trabajo Nro. 20744 necesitado de recuperación de sus instituciones cercenadas y derogadas en 1976 y actualización conforme, entre otros temas, por el crecimiento de la igualdad y dignidad de género y las transformaciones de las relaciones de trabajo por impacto de las tecnologías de la comunicación y de la información. También conforman el aparato jurídico laboral los convenios colectivos de trabajo y los estatutos profesionales, entre ellos el viejo y sabio Estatuto del Periodista Profesional Ley 12908 que tanto protege a los comunicadores sociales.
Ruptura estructural
Ese aparato normativo irradia sólo en parte al mundo del trabajo. La estructura laboral de Argentina muestra fisuras enormes. Cuatro de cada diez personas que trabajan en Argentina tienen un empleo informal. Se trata del 43 por ciento de la población ocupada. La cifra representa a cerca de 5,5 millones de personas en esta situación, que afecta especialmente a jóvenes, mujeres y migrantes. Desde julio de 2020 al 24 de junio 2022, las personas inscriptas en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) ascienden a 3.457.6692, sobre 13,9 millones de personas económicamente activas y 12,9 millones ocupados. De estos 9,4 millones son asalariados, pero 3,5 millones (37,4 %) no tienen descuento jubilatorio, es decir, padecen informalidad laboral. Inclusive, los sujetos representativos del ámbito de la economía popular observan que existe otro conglomerado no inscripto en aquel registro oficial, que duplicaría la cantidad de personas comprendidas. Un 64,2% de los trabajadores de la economía popular tiene entre 18 y 35 años, es decir, son jóvenes.
Frente a un universo de informalidad casi equivalente a la formalidad, hablar de fraude y simulación parece una obviedad. El conjunto segregado de la formalidad es esencialmente un submundo donde el desconocimiento de reglas, el fraude o la simulación reinan cómodamente. Si bien los derechos humanos laborales protegen a todos igualmente a formales o informales y el sector de la economía popular ha obtenido su reconocimiento como sujeto y posee órganos de negociación colectiva, la realidad se encarga de partir en dos, prácticamente, la vigencia real de derechos.
Piernas ágiles y firmes
Pero todo sistema de normas, por más robusto o corpachón que sea, necesita de reglas y procedimientos que garanticen su efectividad concreta. Cuerpo gigante, pero con piernas que lleven ágilmente a los más vulnerables.
Pues bien, en esos planos, se advierte que la llamada Policía del Trabajo posee un Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS) creado en 2004 por ley 25877 cuya eficacia es por lo menos, relativa. Son las jurisdicciones provinciales las que cargan con el peso de verificar el cumplimiento efectivo de las normas legales y convencionales de trabajo, entre ellas, la registración y el combate contra el fraude y el trabajo en negro. Cada provincia decide el nivel de presión, extensión y cantidad de personal que destina a esa tarea. Es cierto que el trabajo clandestino, total o parcial, no es un fenómeno único. Es un masivo desconocimiento de derechos laborales y, al mismo tiempo, derechos humanos laborales, pero también un reflejo de la trasgresión impositiva y la existencia de transacciones en negro de múltiple naturaleza.
En 2017, la Ley 27348 prometió que en tres meses se elaboraría un anteproyecto de ley de protección y prevención laboral destinado a garantizar condiciones y medio ambiente de trabajo. ¡¡¡ Nunca ocurrió!!! Se tienen aprobados los convenios 155 sobre seguridad y salud y 187 de OIT sobre marco promocional de salud y seguridad, hoy instrumentos que constituyen principios y derechos fundamentales y no se aplican, sino débilmente, porque continúa en vigencia la normativa de la Ley de Riesgos de Trabajo de 1995 que deriva a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo el control y mejoramiento de condiciones de trabajo.
Un acceso a tutela judicial efectiva
Por otro lado, el sistema procesal judicial se demuestra igualmente ineficaces. Es complejo realizar un diagnóstico preciso de alcance general, aunque existen aproximaciones al respecto. Argentina posee 25 jurisdicciones laborales, 23 provinciales, la de CABA que sigue siendo nacional y la federal, con otros tantos procedimientos y estructuras. Es difícil establecer una media nacional de demora en los procesos judiciales, en primer lugar, por esa dispersión, pero también por la propia resistencia de los órganos jurisdiccionales a mostrar sus tiempos, y a la vez, revelar la mora.
En materia de litigios de trabajo, todo minuto que pasa en un proceso judicial, significa debilitar a la parte más débil de la relación, el trabajador. Pues bien, esa es la primera y más evidente deuda. En Uruguay, Brasil y Chile, los procesos judiciales de trabajo en primera instancia no duran más de ocho meses. En Argentina se tienen en esa etapa y en la provincia de Córdoba procesos de cinco a siete años, sin tomar en cuenta los derivados al Procedimiento Declarativo Abreviado en vías de implementación y reservado para casos de menor complejidad y riesgos del trabajo
En los debates públicos sobre el Poder Judicial, no se hace eje, ni se repara casi, en los criterios, el funcionamiento y la eficacia de la Justicia del Trabajo. Pero piénsese que es un sistema al que acuden trabajadores para dirimir sus conflictos, generalmente derivados, precisamente, del incumplimiento de normas de trabajo. En lo relativo a sus criterios de protección del Derecho del Trabajo, su fin esencial, y la conformación de sus cuadros de jueces y funcionarios, no es posible tampoco conformar un estándar general. De todos modos, claramente dependen en buena parte de la vida política. Los consejos de la magistratura que designan los jueces, poseen mayor o menor acercamiento y nunca son indiferentes a lo que ocurre en el plano político. Es así. Son órganos muy sensibles…
De tal forma, si bien hay principios de forma inamovibles porque son asertos constitucionales, como aquello de que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de la ley en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, las intensidades de protección al momento de interpretar y aplicar el derecho son muy variables. El acceso a la justicia a nivel de magistratura está reservado para profesionales del derecho con diversidad de formación, pero en muchos casos, derivada de la llamada “carrera judicial”, son estudios jurídicos o entidades académicas donde lo que está en juego son relaciones de poder político. No es una rareza, porque existen ejemplos, pero los abogados de trabajadores y de sindicatos no suelen ser precisamente mayoritarios en la magistratura. Se prefieren perfiles prudentes, de clase media o alta, formados académicamente sin roce con el barro de la realidad, habilitados por una familia acomodada y/o un cargo en el propio poder judicial y, sin agotar, gozando del toque político final que da el poder establecido y no los poderes reales del mundo del trabajo como son los sindicatos.
El acceso a la justicia a nivel de magistratura está reservado para profesionales del derecho con diversidad de formación, pero en muchos casos, derivada de la llamada “carrera judicial”, son estudios jurídicos o entidades académicas donde lo que está en juego son relaciones de poder político.
El resultado es que, en términos generales, la judicatura del trabajo es conservadora, ajustada a formalismos, protectora, aunque sin exagerar, respetuosa de verticalismos en las decisiones, mediatizada con la realidad del mundo del trabajo que conoce a través de libros, sentencias, testigos y peritos y, por supuesto, en algunos casos, sin notarse vocación de sacrificio por lo público.
¿Cómo cambiarlo? Trabajo arduo en lo académico, profesional, gremial y político. La creación de grupos profesionales afines a los intereses de los trabajadores como es el caso del Círculo de Abogadas y Abogadas Laboralistas, es un paso.
Justicia social efectiva
La construcción de una sociedad y un derecho del trabajo subordinado y de la economía popular, inclusiva y respetuosa del trabajo decente, tal como lo plantea OIT en la Recomendación Nro. 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal de 2015, no depende de los instrumentos jurídicos tanto como de un marco integrado de políticas. Según ese instrumento, se despliegan en nada menos que en veinte concretos pero difíciles propósitos, donde se comprometen políticas macroeconómicas, comerciales, industriales, tributarias, empresariales, institucionales de trabajo, migración, educación, etc.
El debate sobre más o menos, calidad y objetivos de los planes de subsistencia, empleo o de ayuda al sostenimiento de la economía popular como se advierte en la Argentina, es necesaria para asegurar la asistencia alimentaria y ocupacional, pero no otorga respuestas completas, profundas y estructurales. Se depende en cambio de un acuerdo nacional extendido en cuánto a base de consenso y tiempo de desarrollo.
Se podría agregar, la restitución de las instituciones esenciales de la Ley de Contrato de Trabajo derogadas o cercenadas por la dictadura militar. Pero al menos es necesario pensar en un diálogo y acuerdo nacional para montar un sistema nacional articulado férreamente con las provincias de verificación de cumplimiento de normas autónomas y estatales de Derecho del Trabajo, de todo tipo de materias, contrato de trabajo, condiciones y medio ambiente y seguridad social. Al mismo tiempo, un sistema articulado de Justicia del Trabajo que garantice un acceso a tutela judicial efectiva laboral conforme parámetros de los arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y las disposiciones procesales de los propios instrumentos relativos a derechos humanos laborales como el Convenio 190 sobre violencia y acoso en las relaciones de trabajo.
En fin, ¿por qué no pensar en una Agenda de Trabajo Digno y Justicia Social a desarrollar con medidas políticas y normativas concretas dirigidas a comprender el universo informal en la protección del trabajo, eliminar todas las formas de trabajo infantil, lograr condiciones de trabajo satisfactorias y exentas de accidentes y enfermedades, reducir la jornada de 48 horas a 40, fortalecer salarios mínimos, reforzar la estabilidad, lograr un mundo del trabajo libre de violencia y el acoso, fomentar y garantizar la negociación colectiva, etc.? Desafíos a concretar después de 40 años de democracia.
(*) Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Director de Derechos Humanos Laborales-Derecho Internacional del Trabajo, Doctor en Derechos y Cs. Soc. y postdoctorado en Universidad Nacional de Córdoba.
por Daniel Diaz Romero | Ago 11, 2023 | UMBRALES29
A los estudiantes de este oficio:
Las radios, los diarios y los informativos televisivos dicen al unísono que cuando llueve, hace mal tiempo. Grave error. Si llueve el campo se alegra. ¡Todo vuelve a ser como al principio! Beben agua pura los suelos, las raíces de los árboles que desde la ciudad los redactores no alcanzan a ver. Encerrados todos los días y sus noches en una sala de redacción, no pueden asistir a la celebración de los ciclos eternos de la naturaleza.
La ciudad siempre está lejos del campo, cuya tierra le acerca todos los días sus alimentos que alegran sus verdulerías, sus almacenes y mercados. La ciudad y el campo tienen el mismo cielo. La ciudad ve un cielo chiquito; el campo ve un cielo grande, lleno de luz.
No debe hablarse del tiempo, sino decir el clima, que son dos cosas distintas, si bien en la esencialidad de las cosas están unidas secretamente. Todo es uno. El clima es la lluvia, el frío, el calor, la pedrea y los vientos. En cuanto al tiempo todavía nadie sabe lo que es. Es un problema filosófico, científico y religioso. Cada uno tiene el derecho a pensar como quiera, según su leal saber y entender. Es como el tema del alma, una materia que llevamos a marzo, desde hace miles de años. Se exige respeto para este tema.
𝗥𝗲𝗳𝗹𝗲𝘅𝗶𝗼́𝗻: 𝗘𝗹 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗲𝗯𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗰𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲; 𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗼, 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗿 𝗹𝗮 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗮𝗱. “𝗟𝗮 𝗩𝗲𝗿𝗱𝗮𝗱 𝗼𝘀 𝗵𝗮𝗿𝗮́ 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗲𝘀”.́ Así 𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲. (Francisco Colombo)
