Las luchas del movimiento estudiantil y la persecución política en democracia
*Por El Resaltador
Juventudes y política emergen desde mundos convulsionados donde urgen cambios. La historia y tradición de lucha de nuestro pueblo, en general, y de la juventud, en particular, son portadoras de una riqueza enorme y una tradición de combatividad que ha logrado definir las páginas no sólo de la historia sino también del presente con miras siempre a un futuro mejor.
Ubicarnos en este presente, con la responsabilidad de defender la continuidad de 40 años de gobiernos constitucionales, nos lleva a reflexionar sobre el rol de la juventud en los procesos de cambio y las tensiones democráticas que de ellas derivan. Una democracia actual que no es la ideal, sino que es consecuencia del modelo neoliberal que se instauró no sólo en nuestro país, sino en toda América Latina desde la década de los ‘70.
Mediante un plan sistemático de aniquilamiento físico, moral y político, la última dictadura se concentró en las juventudes organizadas y movilizadas en proyectos políticos que disputaron poder en la búsqueda de un cambio de raíz en las formas en las que se organizan las condiciones de vida.
En los últimos 40 años que vivimos bajo un Estado democrático, las formas que adquirieron las protestas sociales y las respuestas que elaboran los gobiernos ante éstas han variado. Instrumentos legales, amedrentamiento y represión se ponen en juego en la disputa entre el poder del Estado y los movimientos sociales, por la construcción de herramientas propias para la intervención de la realidad.
Para comprender las causas políticas que atañen a esta dinámica, y que han definido el carácter de las luchas estudiantiles en la historia reciente, también debemos reconocerlas desde y como parte de un legado que es histórico, con procesos de lucha que se continúan unos a otros pese a sus saltos temporales y geográficos. De allí la premisa: “todos los derechos de hoy han sido esas luchas de ayer, y a su vez, las luchas de hoy serán los derechos del mañana”.
Desde nuestra historia podemos mapear cientos de hechos políticos con distintas intensidades que han sido protagonizados por juventudes, pero aquí nos centraremos en aquellos que lograron poner en jaque a los sectores dominantes, y a su vez, por las respuestas que han dado estos últimos, por fuera de los parámetros democráticos que debieran ser propios de las instituciones que ocupan, con el fin de conservar el orden vigente.
Es por ello que nos permitimos pensar: ¿Es la democracia un concepto quieto y estanco? ¿Cómo las luchas y sobre todo las juventudes han construido y disputado las prácticas democráticas en la historia reciente? ¿De qué democracia hablamos cuando se judicializa, persigue y criminaliza a los jóvenes cuando exigen cambios? ¿Sobre qué democracia caminamos y hacia qué democracia vamos?
Las luchas de ayer, los derechos de hoy
A partir de la Reforma Universitaria de 1918, pasando por el Cordobazo y las luchas de los ‘70 que configuraron la experiencia que llevaron a las juventudes en los ‘80 -ya con el retorno constitucional- a pararse en un presente con una perspectiva diferente. Luego fue la resistencia a la Ley de Educación Superior y las reformas mercantilistas que de ella se sucedieron post 2000, hasta las tomas de facultades en 2018 y la siempre vigente exigencia por la gratuidad educativa. Las luchas volvieron a tomar trascendencia en tiempos de pandemia en América Latina.
Las décadas de los ‘60 y los ‘70 fueron un gran hervidero de ideas, proyectos y golpes para la juventud. Con el derrocamiento de Illia y la instauración de la dictadura militar con Onganía a la cabeza, pasando por la noche de los bastones largos y el Cordobazo, se fue creando un clima de rebeldía y efervescencia que invadió a buena parte de la acervo cultural llegando a impregnar procesos de radicalización y politización, tanto dentro como fuera de las universidades.
De esta época surgen experiencias como el “Taller total” y “Libre teatro libre” en la Universidad Nacional de Córdoba. Experiencias interdisciplinarias, pedagógicas y políticas totalmente inéditas en América Latina.
Gobiernos constitucionales y la democracia en puja
Con el llamado a elecciones en 1983 se abrió un nuevo proceso de luchas donde la juventud seguiría incidiendo en una democracia que entendió que no estaba estancada por la presión militar hacia el gobierno ni por la crisis económica. El movimiento estudiantil comenzó a tener nuevamente protagonismo a partir de la sanción de la Ley de Punto Final en 1986. Las movilizaciones y tomas en universidades rechazando esta medida comenzaron a acumular fuerza frente a la política conciliatoria que el gobierno alfonsinista trazaba con la dictadura militar.
Si bien estas acciones no lograron derogar la ley, pusieron en tensión la impunidad institucional ante los crímenes de lesa humanidad, aún en democracia. Al mismo tiempo se logró nuclear a las juventudes para discutir y reconstruir tanto el sentido de memoria como las prácticas democráticas y colectivas a través de la recuperación de espacios de organización asamblearia, dentro y fuera de las universidades, algo que la dictadura militar había intervenido vorazmente.
Hacia 1995, en pleno apogeo del segundo mandato de Menem y frente a la falta de justicia, el surgimiento de H.I.J.O.S -agrupación que reunía a los hijos e hijas de desaparecidxs de la última dictadura- iba a impulsar y dar cierta dinámica también a las protestas universitarias, a la par que construiría nuevas herramientas de visibilización para las luchas.
La Ley de Educación Superior abrió otro periodo de grandes resistencias y cercamientos institucionales a la hora de debatir y tener voz y voto para definir el futuro de la educación. Durante ese proceso, miles de estudiantes se manifestaron en contra de dicha ley por tener un objetivo mercantilista sobre la educación, permitiendo el arancelamiento para tramos de grado y posgrado, vinculaciones entre universidades públicas y empresas privadas, lo que vulneraba la autonomía universitaria y limitaba su co-gobierno. Ante la falta de diálogo, las protestas fueron cada vez más fuertes logrando suspender su tratamiento. Pero finalmente no pudieron frenar su sanción.
Con el llamado a elecciones en 1983 se abrió un nuevo proceso de luchas donde la juventud seguiría incidiendo en una democracia que entendió que no estaba estancada por la presión militar hacia el gobierno ni por la crisis económica.
Es así que en 1996 más de 200 estudiantes fueron brutalmente reprimidos y encarcelados (entre ellxs hijxs de desaparecidxs) en un ex centro clandestino de detención en La Plata, con un despliegue policial contra el movimiento estudiantil pocas veces visto hasta el momento.
En los subsiguientes años, las formas de control y disciplinamiento social por parte del Estado continuaron profundizándose. Mediante detenciones, judicializaciones y criminalización, tanto política como mediática, comenzó a sopesar sobre los movimientos estudiantiles la mirada social que se construía alrededor de sus actos. Estas prácticas de ‘deslegitimación’ se constituyeron socialmente por medio de imágenes peyorativas sobre la política estudiantil que tendieron a invisibilizar sus reclamos y a desarticular las acciones; a la vez que los canales de diálogo hacia el interior de las universidades comenzaban a cerrarse.
Esto se puede evidenciar, poniendo el foco en nuestra provincia, cuando rememoramos las movilizaciones y las tomas del 2005 por mejoras salariales y aumento presupuestario para las universidades nacionales; las ocupaciones en la UNC y en múltiples escuelas medias del 2010 en resistencia a la reforma de la Ley General de Educación de la Provincia de Córdoba (ley 8113), y en la lucha contra de la reforma político-académica de la UNC en el 2016.
Los 28 judicializados
El acumulado de experiencia y organización que fue dejando este derrotero, puso en tensión durante las tomas del 2018 una serie de disputas entre el movimiento estudiantil y las autoridades.
El riesgo de cierre inminente de las universidades por falta de presupuesto y reivindicaciones históricas que llevaban años sin ser resueltas fueron conformando un movimiento asambleario entre facultades. El cual fue constituyendose como un interlocutor válido dentro del conflicto, desbordando los propios canales institucionales de la UNC. Pero las disputas entre el movimiento estudiantil y las autoridades desembocaron en un conjunto de negociaciones frustradas y sin vocación de diálogo por parte de la propia gestión universitaria, la misma que abre la causa penal donde se procede a la judicialización de 27 estudiantes y una docente.
Por medio de este procedimiento, el discurso jurídico individualiza a algunxs estudiantes -al señalarlxs con nombre y apellido- y, en un mismo movimiento, invisibiliza a los colectivos que estas personas integraban -de los cuales eran voceras-, al igual que oculta el proceso social que precedió a la ocupación del pabellón.
El procesamiento judicial tuvo graves implicancias para el movimiento estudiantil y la sociedad en su conjunto, pues apuntaba al debilitamiento de las tramas colectivas, por un lado; y suponía efectos de disciplinamiento por otro, dirigidos a los colectivos movilizados.
A todo esto hace referencia lo evidencia Marcos Javier Luna en las conclusiones de su tesis de posgrado: “Los perímetros de la democracia universitaria” del 2021; el disciplinamiento puede ser comprendido como una de las prácticas institucionales por las cuales se procura pacificar la acción directa, dentro de ese proceso político permanente que es la delimitación de la democracia universitaria. Dicho de otro modo, la intervención represiva y judicial es parte del repertorio de prácticas de estabilización de los perímetros de lo político; esto es, de los límites considerados legítimos en determinadas coordenadas sociohistóricas, del cogobierno universitario”.
Mismo accionar, distintas latitudes
De las 90 dependencias educativas tomadas en el 2018, solo 2 sufrieron procesos de judicialización. En la Universidad Nacional de Río Negro se repitió una postal que según el relato de estudiantes y docentes, “no se veía desde los tiempos de la dictadura”:
“Más allá de que repudiamos la existencia e intervención de cualquier fuerza de seguridad, somos conscientes del carácter militar de la GNA (Gendarmería Nacional Argentina), el rol que ocupa y sus antecedentes, por lo que remarcamos y denunciamos públicamente esta constante provocación que no se ha detenido desde el 10 de diciembre del 2018. Esta persecución ejercida por la justicia federal hacia la Asamblea respondió a una política de Estado que va sentando precedentes gravísimos para todxs los que estamos en la calle luchando por derribar este sistema de opresión”.
En ningún caso se buscó la negociación o el diálogo por parte de las autoridades para destrabar el conflicto. La única respuesta que les ofreció el Estado fue la persecución política y la represión para desarticular la organización y desvalorizar las demandas.
Latinoamérica con un reclamo común
Como lo apuntamos al inicio, la proyección latinoamericana con una marcada visión de género tuvo preponderancia en las luchas de los movimientos estudiantiles en la última década, por eso es que convocamos a referentas de Chile y Paraguay para conocer cómo se esgrimieron territorialmente esos reclamos.
Este mapeo del papel de las juventudes como motor de los movimientos estudiantiles no pretende ser una conclusión acabada del proceso y de la realidad histórica del presente en el que estamos inmersxs. Sí lo entendemos como un ejercicio de discusión y debate que, a quienes conformamos El Resaltador (en su mayoría jóvenes de entre 25 y 30 años), nos lleva a desandar conceptos que tenemos arraigados, en miras de problematizar en qué realidad nos toca intervenir como comunicadores.
Con la historización de los conflictos mencionados y las respuestas que ha dado el Estado a lo largo de los últimos 40 años (réplicas frente a los procesos de movilización y reclamo estudiantil que han derivado en criminalización, represión y judicialización) pretendemos invitar (nos/les) a reflexionar sobre cuál es el piso democrático que queremos pisar y hacia dónde queremos ir para seguir construyendo. Cuáles son nuestros “nunca más”, los que como sociedad no estamos dispuestos a negociar hoy y tampoco en el futuro. Es allí donde entendemos que se encuentran muchas de las claves para asumir los desafíos y condiciones que marcan el momento histórico que nos atraviesa y en el que nos seguimos proponiendo actuar.
El Estado argentino ha elaborado diferentes respuestas frente a los procesos de movilización y reclamo estudiantil que han derivado en la criminalización y judicialización de los organismos políticos universitarios en las universidades nacionales. Una ha sido la negación de los reclamos estudiantiles, sin ofrecer soluciones concretas a las problemáticas planteadas. Los estudiantes han denunciado que las autoridades universitarias y gubernamentales no han querido dialogar con ellos o no han respondido a sus demandas, lo que ha generado un clima de tensión y desconfianza.
En ciertos casos, el Estado ha respondido a las protestas estudiantiles con la judicialización de los líderes y activistas estudiantiles. E, esto implicó la apertura de causas judiciales por delitos como «daño a la propiedad», «atentado contra la autoridad» o «instigación a la violencia», por ejemplo. entre otros.
En otros casos el Estado ha respondido a las protestas estudiantiles con la aprobación de leyes restrictivas que limitan el derecho a la protesta social. Estas leyes suelen establecer penas más duras para quienes participan en protestas, a la vez que limitan el derecho a la libertad de expresión y de asociación, lo que dificulta el ejercicio pleno del derecho a la protesta social y a la defensa de los derechos estudiantiles.
En todos estos los casos el Estado ha respondido a las luchas estudiantiles con la criminalización y la represión y estas respuestas a los reclamos sociales ha generado tensiones y conflictos en la sociedad cuestionando los parámetros democráticos de la sociedad en su conjunto.