por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
Si la dictadura fue cívico-militar-eclesial-empresaria, entonces Córdoba fue una de sus capitales y una parte del componente institucional que gobernó en los años de plomo permanece impune e influyente. El militarismo de Pascua del ’87 y la policía amotinada de 2013, la Justicia y las grandes empresas cómplices del terrorismo de Estado, el think tank neoliberal de la Fundación Mediterránea que marcó a fuego con cuadros y políticas tanto a gobiernos dictatoriales neoliberales como democráticos, la mirada complaciente del Episcopado que “dejó hacer” y la clase política garantía de impunidad fueron productos de exportación de la democracia cordobesa pos Luciano Benjamín Menéndez. Pero, muerto el chacal ¿desapareció la rabia?
Por Alexis Oliva (*)
“Estoy seguro que tarde o temprano nos verán a muchos de nosotros desfilando orgullosamente frente al pueblo de nuestra querida patria. Entonces, por fin las sombras tenebrosas del efímero relato serán borradas para siempre por el sol perenne de la historia”, dijo el represor Ernesto Guillermo Barreiro. Lo sorprendente de la frase no fue su contenido ni su enunciador, sino el tiempo y el lugar: 16 de agosto de 2016, en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba, que ese día escuchaba las últimas palabras previas a la sentencia en el juicio por la Megacausa La Perla – La Ribera – D2. El 25 de agosto, Barreiro y otros 27 represores serían condenados a prisión perpetua, otros diez a penas que iban de dos años y seis meses hasta 21 años de cárcel, y cinco absueltos. Entre ellos, el ex general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército en los años del terrorismo de Estado, tendría la doceava condena a perpetua, la penúltima de las trece que se llevaría a la tumba el 27 de febrero de 2018.
El récord de condenas de Menéndez fue una ardua y justa conquista, pero también un factor que dificulta vislumbrar las complicidades civiles, clericales, empresariales y políticas que fueron constitutivas de la dictadura en general y de la dictadura en Córdoba en particular. Detrás del atractivo monstruo, arquetipo del temible militar represor, ha pasado casi desapercibido un entramado de poderes institucionales que permite postular a Córdoba como una de las capitales de aquel regimen cívico-militar. Poderes que quedaron impunes y en gran medida siguen activos.
Iglesia en silencio
Ya en 2010, el juicio por los fusilamientos de 31 presas y presos políticos de la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1) –que tuvo al dictador Jorge Rafael Videla y a Menéndez como principales acusados– develó la complicidad de la cúpula de la Iglesia Católica, con testimonios de numerosas cartas y pedidos dirigidos al Arzobispado de Córdoba por presos y familiares, denunciando esos asesinatos perpetrados en ocho ocasiones con el mismo falso pretexto del “intento de fuga” y clamando por su intervención.
Además, los testigos dieron cuenta del rol activo de los capellanes del Tercer Cuerpo de Ejército, Mc Kinnon y Sabas Gallardo, quienes utilizaban el sacramento de confesión para extraer información y oficiaban de intermediarios de las amenazas de los represores a los prisioneros. Si (Raúl Francisco) Primatesta estuviera vivo, estaría aquí sentado (entre los acusados), no tengo dudas”, dijo entonces el fiscal Carlos Gonella en su alegato. Se refería a quien durante la dictadura fue arzobispo de Córdoba y presidente del Episcopado de la Iglesia Católica entre 1976 y 1982. El mismo Primatesta que en su mensaje de la Nochebuena de 1975 había pronunciado esa “profecía del castigo” y la represión clandestina: “La mano izquierda de Dios es paternal, pero puede ser pesada”, reseñó Horacio Verbitsky en su Historia política de la Iglesia Católica.
Justicia funcional
Las víctimas de esa causa eran presos legales a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y la Justicia Federal de Córdoba, por lo que sus asesinatos sólo pudieron cometerse “con la participación de individuos a cargo del Poder Ejecutivo en forma espuria y con la complicidad de los funcionarios de la Justicia”, señaló el fiscal y luego citó un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “El terrorismo de Estado en Córdoba contó con la complicidad del Poder Judicial, a través del Juzgado Federal N°1, con el juez Adolfo Zamboni Ledesma y el secretario Carlos Otero Álvarez”.
Pero ninguno de los dos estaba sentado en el banquillo de los acusados. Zamboni Ledesma porque había muerto en 1984; Otero Álvarez por otros motivos. El 27 de septiembre de 2007, Luis Miguel Baronetto, ex preso político en la UP1 y esposo de Marta Juana González, asesinada el 11 de octubre del 76 luego de haber tenido a su segundo hijo en cautiverio; Juan Miguel Ceballos, abogado e hijo de Miguel Ángel Ceballos, víctima del mismo fusilamiento, y Rubén Arroyo, histórico abogado de derechos humanos, habían presentado una denuncia contra los funcionarios judiciales cómplices de los secuestros, torturas y fusilamientos incluidos en la causa UP1.
Pero la jueza Cristina Garzón de Lascano decidió instruirla por separado y la tituló Ceballos, Juan Miguel y otros, su solicitud, a pesar de que las causas penales llevan el nombre de los imputados. En este caso, Miguel Ángel Puga, ex titular del Juzgado Federal Nº 2; Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo, ex fiscales; Ricardo Haro y Luis Molina, ex defensores oficiales, y Otero Álvarez, ex secretario penal del Juzgado Federal Nº 1 y por entonces vocal del Tribunal Oral Federal Nº 1 –paradójicamente, uno de los jueces que en 2008 impuso su primera condena a Menéndez–.
Alí y Molina fueron apartados por razones de salud y los demás fueron juzgados recién en 2017. El 7 de noviembre, el Tribunal Oral Federal N° 2 absolvió a Otero Álvarez y Haro y condenó a tres años de prisión en suspenso a Puga y Cornejo. “A pesar de la gravedad de los hechos y la contundencia de la prueba, el tribunal fue extremadamente complaciente con los imputados, para que no tengan que ir a la cárcel a compartir la suerte de los delincuentes”, declaró ese día el denunciante Baronetto.
Empresas cómplices
Los retratos de los siete trabajadores de la fábrica Perkins víctimas del terrorismo de Estado colgaban de los pechos de sus antiguos compañeros de trabajo: Pedro Ventura Flores, Adolfo Ricardo Luján, Víctor Hugo González, José Antonio Apontes, Hugo Alberto García, Guillermo Abel Pucheta y César Jerónimo Córdoba. Ese 15 de octubre de 2013, declaraba en el juicio La Perla Juan Enrique Villa, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Motores Diesel Livianos al momento del golpe de Estado, quien relató que ante la desaparición de Apontes y García, los trabajadores de la fábrica Perkins se atrevieron a hacer una huelga de dos días. Esa medida de fuerza figuraba en un informe de la Policía Federal que el testigo presentó ante el Tribunal.
“Después, la empresa hacía ir dos veces al día al Ejército a la fábrica. Hacían una lista y sacaban a cuatro o cinco compañeros, los hacían dormir en (el campo de concentración de) La Ribera. No les pegaban y los soltaban a los dos días, pero eso los amedrentaba”, denunció Villa. Además, un funcionario de la fábrica “hablaba por teléfono a las casas de los compañeros y decía: ‘Mire que el Tercer Cuerpo ha preguntado por su marido. Trate de decirle que no participe en reuniones’. La patronal jugó un papel muy importante, porque a los domicilios los sacaban de algún lado las fuerzas armadas y ellos tenían vía directa con el Tercer Cuerpo de Ejército. Eso es absoluta complicidad de la empresa con la represión”, manifestó.
Los abogados de H.I.J.O.S. y Familiares sumarían otra revelación al informar que en el Colegio de Escribanos de Córdoba existen actas notariales en las que consta que la empresa IKA-Renault habría entregado listas con las direcciones de sus trabajadores a las autoridades militares. En respuesta a una nota de Menéndez exigiendo a la empresa que “en el término de 72 horas” provea esa información por “requerimientos de seguridad”, la IKA-Renault entregó las listas, pero hizo certificar ante escribano que algunos obreros “no actualizaron” su domicilio o “no asistieron” ese día al trabajo. Así, la prolijidad burocrática de la multinacional automotriz generó una valiosa evidencia. En esa lista figuraban con sus domicilios Hugo Osvaldo López, Carlos Alberto Velázquez, Jorge Oscar Rodríguez, Maximino Sánchez y René Rufino Salamanca –el secretario general del Sindicato de Mecánicos de Córdoba secuestrado el mismo 24 de marzo de 1976–. Todos están desaparecidos.
En otra jornada testimonial, Jorge Luis Argañaraz, ex militante montonero y trabajador sindicalizado de Fiat-Materfer, aseguró que los directivos de la multinacional tuvieron un “papel determinante” en el secuestro y desaparición de obreros y delegados gremiales. El 22 de noviembre de 1976, Argañaraz fue secuestrado y llevado a La Perla, donde fue sometido a torturas e interrogado sobre sus compañeros de militancia sindical y política. Luego de dos días, los represores le exhibieron “álbumes que pertenecían a Fiat, que tenían fotos de compañeros”. “Cuando ingresábamos a la empresa nos sacaban una foto para la credencial y otra para el álbum. Esos álbumes son los que me mostraron en La Perla. La empresa se los había provisto”, explicó el testigo. Además, Argañaraz refirió que desde antes del golpe del 76 habían ingresado a la fábrica agentes de Inteligencia del Ejército que “trabajaban abiertamente con la empresa”. “Fueron 32 o 33 compañeros desaparecidos de la Fiat en Córdoba; y yo tengo 27 nombres. Pero no sólo la Fiat. Hay otros empresarios que tendrían que estar sentados en el banquillo de los acusados”, planteó al finalizar.
Ante cada testimonio, la fiscalía y las querellas solicitaban investigar la complicidad empresarial y el Tribunal derivaba el requerimiento a la Fiscalía de Instrucción. Hasta hoy, sin novedades.
En el plano de la política económica neoliberal de la dictadura, una importante proveedora de ideas y funcionarios –entre ellos Domingo Cavallo– fue la cordobesa Fundación Mediterránea y su Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL). En el discurso inaugural del 6 de julio de 1977, el empresario de la construcción y primer presidente de la entidad Piero Astori dijo: “Hemos vivido años de anarquía y destrucción. Hemos vivido al borde de la guerra civil y el colapso económico. Las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad de la conducción de la Nación para salvaguardar la existencia misma de la patria. El gobierno ha convocado a la ciudadanía a participar en el Proceso de Reorganización Nacional mediante un diálogo constructivo. La decisión de formar la Fundación Mediterránea es nuestra contestación afirmativa a la convocatoria”.
En mayo de 2010, el periodista Guillermo Posada reveló en la revista El Sur que la entidad empresaria “censuró en su website parte del discurso de su fundador, Piero Astori, donde expresa su adhesión política al régimen represor”, eliminando las frases más comprometedoras del párrafo. Desde la publicación de este informe, la Mediterránea y el IERAL cambiaron completamente su presentación corporativa.
Políticos garantes
El Poder Judicial también fue reticente a investigar las complicidades políticas develadas en las causas de lesa humanidad. En el juicio de la UP1 quedó al descubierto cómo el dirigente radical Oscar Aguad, siendo ministro de Asuntos Institucionales del gobernador Ramón Mestre, acalló las denuncias del expolicía y víctima del terrorismo de Estado Luis Urquiza contra el represor policial Carlos Yanicelli, quien en 1997 había sido promovido al rango de comisario mayor y a la jefatura de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba.
Al atestiguar, Urquiza relató que Aguad lo hizo llevar a su despacho por el grupo de élite de la policía y le advirtió: “Mire Urquiza, la cosa es sencilla: o usted hace un perfil bajo o yo no le puedo garantizar la seguridad”. El ex policía y estudiante de Psicología, que había sido secuestrado, baleado y torturado por sus camaradas en el Departamento de Informaciones D2, le reprochó que “a tantos años de la democracia los represores todavía estuvieran ocupando cargos”. “No puedo hacer una sangría en la policía porque se me va a levantar la Guardia de Infantería. Yo mismo estoy amenazado de muerte”, le dijo Aguad. “El tono era demasiado claro: tenía que callarme la boca o podía pasar cualquier cosa”, concluyó el testigo. “En virtud de la gravedad de las declaraciones del señor Urquiza, esta querella va a solicitar la presencia del doctor Oscar Aguad, para aclarar estas situaciones”, pidió la abogada del Servicio de Paz y Justicia María Elba Martínez. Las demás querellas apoyaron el pedido, pero el Tribunal lo rechazó.
La huella de los policías del D2 asomó también en el asesinato del exsenador Regino Maders, el crimen político más grave de la historia reciente de Córdoba, cometido el 6 de septiembre de 1991, por el que 14 años después sólo fue condenado el ex policía Hugo Síntora, quien también revistaba en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Cabildo. Durante el juicio celebrado en 2005, mientras declaraba José Cafferata Nores –ministro de Gobierno de Eduardo César Angeloz en el momento del crimen–, la abogada Martínez –querellante junto a Teresa Maders– le preguntó: “¿Por qué, como ministro de Gobierno, si de usted dependía la estructura policial, pudo mantenerse a personas de esa época que habían sido procesadas ya en el año ‘87 por la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Córdoba?”. El testigo respondió: “Hubo una política de progresiva desafectación de las filas policiales a quienes habían tenido vinculación con casos de violaciones a los derechos humanos o con otro tipo de delitos. Esta política se fue ejecutando a lo largo del tiempo (…) Yo recuerdo que en mi gestión pasaron a retiro. Pueden haber quedado otros”.
No solo quedaron, sino que fueron utilizados por el poder político para desarticular las protestas de sindicatos y movimientos de trabajadores desocupados frente a las políticas neoliberales de los años 90. Ya en marzo de 1998, en una edición de esta revista dedicada a La impunidad, el lado oscuro del poder en la Argentina, señalábamos: “Siguen porque en una coyuntura de crisis socioeconómica y conflictividad social como la que vivimos, resultan funcionales al poder político”. Y citábamos la declaración del gobernador Mestre en una rueda de prensa del 31 de mayo de 1997, donde defendía al jefe policial aludiendo a una supuesta infiltración de los desocupados del noroeste cordobés, en el reciente corte de la ruta nacional 38 en Cruz del Eje: “Yanicelli fue quien organizó la tarea que nos permitió detectar la participación de esos sectores políticos en los conflictos y por eso es el centro de las denuncias”. Un explícito reconocimiento de que la policía efectuaba un espionaje ideológico de las manifestaciones gremiales y sociales.
La herencia de plomo
A pesar de Mestre y Aguad, Yanicelli fue pasado a retiro. Más de una década después, fue condenado en 2010 junto a otros represores policiales a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. “En Córdoba, los policías que habían cometido las peores violaciones a los derechos humanos fueron mantenidos y ascendidos por los gobiernos radicales de Eduardo César Angeloz y Ramón Mestre. Y el gobernador José Manuel de la Sota, en la puerta del D2 y a 28 años del golpe militar, embistió contra las Madres de Plaza de Mayo porque ‘tienen que pensar si realmente cuidaron como correspondía a los chicos desaparecidos’”, escribía el periodista Mariano Saravia en el prólogo de su libro La sombra azul.
Con esos avales políticos –extendidos durante las gestiones de Juan Schiaretti–, en las cuatro décadas de democracia ha persistido una herencia dictatorial en la Policía de Córdoba, que las reformas en su plan de estudio y protocolos para el uso de la fuerza no logran esmerilar. Una cultura puesta en acto en la represión a la protesta –desocupados de Cruz del Eje y sindicato de Luz y Fuerza contra la ley de “Nuevo Estado” en el 2000, trabajadores estatales contra la reforma previsional en 2008 y 2012, municipales contra el ajuste en 2020 y militantes ambientales en el acampe contra la autovía de montaña en 2022, por citar algunos episodios–, en las tropelías de la banda fantasma –robo del botín del asalto al Banco Nación de Laguna Larga, asesinato impune del palomero Rafael Muriel, las amenazas y el intento de contratar un preso para matar al fiscal Carlos Matheu, etcétera– y en el gatillo fácil –que en los últimos años cobró la vida de Fernando Pellico, Franco Amaya, José Ávila, Blas Correas y Joaquín Paredes, entre otros–.
Otra definición poco democrática de De la Sota fue pronunciada en el contexto del motín de febrero de 2005 en la cárcel de barrio San Martín, que su policía resolvió de la peor forma con el saldo de ocho muertos: cinco presos, dos empleados penitenciarios y un policía. Además, los internos que intentaron fugarse en un camión fueron trasladados a la ex cárcel de Encausados por el Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) de la Policía y sometidos a torturas. Ante los micrófonos de Cadena 3, el gobernador dijo que los condenados a cadena perpetua sólo podían salir del penal “con los pies para adelante, cuando Dios se los lleve de este mundo” y que los derechos humanos eran “sólo para la gente honesta”.
La reacción corporativa es otro peligroso componente de la huella dictatorial en la fuerza policial. Una muestra fue la cadena causal de iniquidades ocurrida entre septiembre y diciembre de 2013, con el narco-escándalo policial, los presuntos suicidios de los uniformados Juan Alós y Damaris Roldán y las renuncias del ministro de Seguridad y el jefe de Policía. Los eslabones finales fueron el acuartelamiento policial y los saqueos que se cobraron dos víctimas locales y precipitaron un nuevo recambio en el ministerio y la jefatura, además de exportarse a otras 14 provincias y causar un total de 18 muertes en el país. “Sólo un irresponsable podría no darse cuenta de que todo estaba por explotar y cuatro días después el gobernador De la Sota estaba a bordo de un avión rumbo a Colombia cuando los policías decidieron demostrar hasta qué punto conformaban un ejército y en qué medida, si nadie los mandaba, habían aprendido a autogobernarse”, planteó el periodista Dante Leguizamón en un artículo titulado La Policía es algo más que una inmensa estepa azul.
Así quedó trágicamente claro que más que un reclamo laboral, el acuartelamiento fue una demostración de poder e impunidad frente a la investigación judicial de los vínculos policía-narcotráfico.
El dejá vu y las cuentas pendientes
El que amenazaba con volver a desfilar algo sabe de amotinamientos de fuerzas de seguridad exportados desde Córdoba al país. En abril de 1987, Ernesto Barreiro se negó a declarar por sus crímenes de lesa humanidad ante la Cámara Federal de Córdoba, se acuarteló en el Regimiento 14 de Infantería Aerotransportada de La Calera y desencadenó el alzamiento carapintada contra el gobierno de Raúl Alfonsín, que estalló en Campo de Mayo con el liderazgo de Aldo Rico. “En Córdoba fui yo el iniciador”, admitió el represor en otra audiencia de la Megacausa La Perla.
La masiva movilización popular salvó al país de otro golpe de Estado, pero la sedición carapintada parió las leyes de impunidad, seguidas de los “pacificadores” indultos menemistas. Su anulación entre 2003 y 2005 permitió retomar el proceso de juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado, Barreiro incluido luego de su captura en Estados Unidos. Sin embargo, el empuje de las políticas de memoria, verdad y justicia durante el kirchnerismo se revertirían con el gobierno de Mauricio Macri y la coalición PRO-UCR. Como símbolo, la escena soñada por Barreiro: la presencia de Rico, sus camaradas carapintadas y los represores del “Operativo Independencia” en el desfile del 9 de Julio de 2016 en el Bicentenario de la Independencia.
A 40 años de recuperada la democracia, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia corre en Córdoba y el país contra el “punto final biológico” y –al menos la militancia por los derechos humanos y la ciudadanía movilizada– brega por convertir en realidad el “Nunca Más violencia institucional” expresado en la reciente sentencia contra los policías que mataron a Blas Correas. En eso estamos.
(*) Periodista, docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UNC)
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
Desde 1983 el retiro de los cuerpos militares a los cuarteles dejó en pie la puja entre el reclamo de verdad y justicia y el partido militar, como expresión de un espectro político que promovía la impunidad y el olvido.
Por Miguel Apontes (*)
Con igual relevancia, los derechos humanos se transformaron en la gran bandera de la lucha y resistencia contra la dictadura y significaron, al no poder esconderla ni ahogarla en el aislamiento a pesar del dispositivo represivo y comunicacional a su servicio, la primera derrota política de la Junta Militar.
En 1977 irrumpió Jimmy Carter impulsando la ofensiva diplomática de Estados Unidos, que situó los derechos humanos entre sus prioridades de política exterior y supuso una suerte de concepción ética (desde ya política) institucionalizada, que se mantuvo aún después, con el neoconservadurismo encabezado por Ronald Reagan. Todo en pleno desarrollo de la Guerra Fría.
Los derechos humanos irrumpen en el discurso
¿Desde cuándo los derechos humanos pasaron a ser una idea presente en la lucha política contra la dictadura argentina? Era 1976 y, en el afán de acceder a información a través de medios internacionales que escuchaba por radio onda corta, y sintonizada a la madrugada, recibía noticias sobre denuncias de las atrocidades que se cometían en el mundo.
Las noticias se centraban más bien en países como Cuba, la Unión Soviética, Europa Oriental, alguna nación africana donde se libraban luchas revolucionarias y los regímenes dictatoriales latinoamericanos, en ese orden.
A cuenta gotas pude informarme, entre los años 1976 a 1980, sobre cómo repercutía en el exterior lo que estaba pasando en el país, en un marco donde las referencias a Argentina no predominaban y provenían de emisoras con origen en países centrales como Holanda, Francia o Estados Unidos. Muchos más espacios tenían los reportes sobre Chile, ya que varias radios que sintonizaba -y que después supe que eran financiadas por la Unión Soviética- focalizaban sus denuncias en la dictadura de Pinochet.
La administración de Carter, lejos de limitar su accionar frente a la retirada de Vietnam, el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 y la Revolución Islamista en Irán, llevó adelante una ofensiva global con la bandera de los derechos humanos. Una inteligente forma de construcción de sentido, implementada por el país que llevó adelante las mayores intervenciones en Latinoamérica y guerras en todo el mundo.
Así y todo, en términos de la política doméstica, la política exterior de las potencias occidentales embanderada en los derechos humanos fue muy útil para la condena de la dictadura. Claro que se ciñó al señalamiento de los ejecutores y dejó bajo el velo de la impunidad a autores intelectuales y cómplices civiles.
La ejemplaridad de los organismos
El papel que jugaron los grupos de derechos humanos merece todo el reconocimiento. Junto con organismos preexistentes como la APDH, la Liga Argentina por los DD.HH. o el Movimiento Ecuménico, fueron los familiares de las víctimas y las organizaciones que constituyeron, quienes desarrollaron esa militancia increíble -aún en situaciones extremas- que llevó a la primera derrota política de la Junta Militar.
Con los vaivenes conocidos, el derrotero no fue lineal. Pero sí constante y perseverante el reclamo de verdad y justicia. Pasaron el juicio a las juntas, las leyes de punto final y obediencia debida, los indultos, los juicios por la verdad… hasta llegar por fin a la nulidad de las normas que impedían el juzgamiento.
Los largos procesos y las condenas que sobrevinieron contra los genocidas, actuaron como una verdadera devolución de dignidad a las víctimas, a sus familias, al pueblo todo y motivo de orgullo ante el mundo.
La demanda de “juicio y castigo a los culpables”, sin duda respondió a la emergencia del momento, a la necesidad de denunciar y castigar el oprobio. No eran momentos de avanzar sobre las motivaciones político ideológicas del golpe.
No obstante, de a poco, se fue incorporando el reclamo hacia la complicidad civil. Y si bien algunos procesos se llevaron adelante, no alcanzaron la repercusión que merecían: los que elaboraron el programa del “Proceso” sortearon a la Justicia y la condena social hacia ellos tampoco se dio.
El móvil del crimen
“… han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina”, expresó Rodolfo Walsh en uno de los párrafos de la Carta Abierta a la Junta Militar, escrita al cumplirse un año del golpe.
Los militares argentinos no fueron más que “sicarios”, ejecutores de la matanza. Los autores intelectuales, los cuadros técnicos y políticos que estuvieron detrás de semejante empresa, salieron indemnes del desprestigio que se supo ganar la dictadura cívico militar. Sus ideas y su proyecto de país están vigentes. Y durante estos 40 años una y otra vez regresan promoviendo la dependencia, la concentración extrema de la riqueza, la economía primarizada, la desigualdad social sin límites.
El debate inconcluso
El historiador italiano Enzo Traverso indaga sobre el Holocausto para describir ese proceso de construcción de la memoria colectiva y sostiene que “la memoria de las víctimas” reemplazó a “la memoria de las luchas”.
No fue voluntario, las acciones de los organismos obedecieron a una urgencia, a la posibilidad cierta de salvar vidas en tiempos de extrema opresión. Para revertirlo fue importante recuperar la pertenencia política de cada víctima, su identidad como sujetos activos. Se pudo decir abiertamente que pertenecían a tal o cual organización, que los secundarios de La Plata estaban organizados en la UES, por ejemplo.
La organización de los familiares de los desaparecidos y presos políticos se realizó en medio de una tragedia, del terror y la muerte. Y esa organización remite a tradiciones del pueblo argentino, a la vocación de unirse en pos de objetivos que es una marca de nuestra sociedad.
La discusión sigue en curso y, simplificando, al margen de cualquier crítica a los métodos de las organizaciones revolucionarias, las razones políticas que llevaron al golpe militar de 1976 fue más allá de una respuesta represiva a esa juventud militante que propuso una disrupción y, en definitiva, planteó una nación fundada en otros paradigmas.
El proyecto de la dictadura cívico militar fue, a todas luces, impulsar la transformación radical de la estructura económica y social de la Argentina. A través del terrorismo de Estado se consolidaron nuevas relaciones de dominación.
La política de impunidad de los ’90 tuvo el efecto secundario de desactivar al partido militar como garrote amenazante sobre el sistema de partidos. Pero aquellas relaciones de poder que sumieron a la población en la incertidumbre de la pobreza diaria se estratificaron a través de las herramientas que inauguraron los dictadores: la deuda externa, los sistemas judiciales, instituciones globales controladas por los países centrales.
Hoy es preciso sostener los derechos humanos como política de Estado frente al negacionismo de la derecha ultramontana. No es menor exhibir las atrocidades cometidas, en el marco de un acuerdo democrático para que tanto horror no se repita.
El debate no se clausuró ni mucho menos. Los autores intelectuales de semejante tragedia, y el modelo de país que sostuvieron, aún siguen vigentes.
(*) Periodista, secretario Adjunto del Cispren. Editor en el medio cooperativo La Nueva Mañana.
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
El próximo semestre llega a juicio la segunda causa por apropiación de bebés durante la Dictadura en Córdoba. Se trata de la sustracción de la nieta 107 y el secuestro y tormentos de su madre María de las Mercedes Moreno.
Por Katy García (*)
Hace 47 años que Abuelas de Plaza de Mayo encaró la búsqueda de 500 niñas y niños, hijxs de desaparecidos que estaban con sus padres y fueron robados o nacieron en cautiverio. Este trabajo ha logrado devolver su identidad a 132 víctimas, evidenciando que el robo de bebés y la ocultación de identidad, como las detenciones ilegales, la aplicación de tormentos, los saqueos y las desapariciones fueron prácticas sistemáticas implementadas por la última dictadura cívico-militar eclesiástica.
Entre las víctimas de esa trama siniestra de la represión ilegal en Córdoba se encuentra María de las Mercedes Moreno y su hija, separadas al nacer en 1978 en la Maternidad Provincial.
«Yo sabía que estaba viva», dijo Moreno en 2012 en Buenos Aires, cuando Abuelas dio a conocer la noticia de la restitución de su hija, conocida como la nieta 107.
En su momento se difundió el nombre de la nieta como NN Moreno, ya que la joven pidió resguardar su nombre de pila tras conocer su identidad, luego de intervenir voluntariamente en proceso de extracción de sangre para cotejar con las muestras del Banco de Datos del organismo que encabeza Estela de Carlotto.
Ahora, una década después, sentarán en el banquillo de acusados de los tribunales a solo cuatro de la veintena de integrantes del mecanismo macabro de robo de identidades que le robó la hija a Mercedes en 1978. El resto ya falleció. El tiempo no cura nada a menos que exista justicia.
El debate podría comenzar pasada la mitad del c orriente año, estima el auxiliar fiscal de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Facundo Trotta. Se trata del segundo juicio oral y público en Córdoba, tras el realizado por la apropiación del nieto Sonia Torres, titular de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba.
“Para Abuelas es importante que comience este juicio que investiga la sustracción, y supresión de la identidad de la nieta 107, cuya mamá es una sobreviviente que se acercó a Abuelas”, explicó Sonia.
La nieta 107 es hija de María de las Mercedes Moreno y de Carlos Héctor Oviedo, y nació en la Maternidad Provincial el 11 de octubre de 1978. Se trata de un caso único donde se restituyó la identidad a una nieta cuya madre aún está viva.
La abogada de Abuelas y querellante en la causa, María Teresa Sánchez conoce bien un proceso judicial que suma voluminosas carpetas y sostiene ante Umbrales que está “absolutamente comprobada la participación de los jueces, las relaciones entre los imputados y los distintos personajes que, incluso, fueron parte el desarrollo de la investigación. Todo eso se podrá apreciar con absoluta claridad en el juicio oral y público, que ojalá sea pronto porque ya han muerto la mayoría de los imputados”.
Secuestro, tormentos y parto
María de las Mercedes Moreno, embarazada de siete meses, fue secuestrada de su casa en barrio Los Paraísos en septiembre de 1978 por una patota que formaba parte de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Córdoba (D2). Se le imputaba ser ‘correo’ de los presos políticos de la Cárcel de San Martín.
Encapuchada y trasladada al centro clandestino de detención (CCD-D2), que funcionaba en el edificio de Mariano Moreno y Caseros, fue torturada por Mirta Graciela ‘la cuca’ Antón y Calixto Luis Flores a dos meses de parir. La Cuca -apócope de ‘cucaracha’ por su condición despreciable aún para sus compañeros de patota, como contó la periodista Ana Mariani en la biografía que escribió sobre su torturadora- fue la primera mujer condenada por delitos de lesa humanidad en el país.
Días después de su secuestro, Moreno presentó complicaciones y fue llevada a la Maternidad Provincial donde estuvo internada hasta el 11 de octubre cuando nació su hija por parto normal. Nunca pudo verla. Al día siguiente envíaron a María de las Mercedes nuevamente al centro clandestino donde permaneció hasta el 28 de noviembre. Trasladada a la cárcel de mujeres el “Buen Pastor”, prisión que mantenía una fachada legal pero formaba parte de un circuito clandestino, la joven madre terminó depositada junto a las llamadas “presas especiales”, presas políticas, que estaban en el lugar.
El rol del Buen Pastor fue fundamental en el ocultamiento de datos como quedó probado en el juicio por el robo del nieto de Sonia Torres, hijo de Silvina Parodi y Daniel Orozco.
Actores judiciales
La niña nació a las 32 semanas de gestación. De inmediato pasó a la Sala de Neonatología de la Maternidad Provincial donde permaneció dos meses hasta que superó un problema respiratorio por su condición de prematura. El director del centro de salud, Francisco Sánchez Cressi (fallecido), sabía que la niña era hija de María de las Mercedes Moreno y de Carlos Oviedo. No obstante, recurrió al Juzgado de Menores de 1° Nominación a cargo de Jorge Horacio Pueyrredón (también fallecido), quien ordenó el traslado de la beba a la Casa Cuna y dio intervención a la Asesora de Menores Ana María Rigutto de Oliva Otero.
Cuando la madre recuperó la libertad el 6 de abril de 1979, siete meses después de dar a luz, lo primero que hizo fue ir a la Casa Cuna para tomar contacto con su hija. Pero el personal no le permitió el ingreso. Lo mismo le había sucedido a su hermana, que visitó algunas veces a la beba hasta que unas monjas no identificadas le dijeron que ahí “no podían entrar subversivas” y le impidieron todo contacto con la menor.
María de las Mercedes fue a la oficina del juez Pueyrredón para que la autorice ver a su hija. Pero el juez de Menores y la asesora Rigutto de Oliva Otero ordenaron estudios socio ambientales y luego le negaron a la madre conocer a su hija argumentando que los resultados no fueron favorables para la familia, por su condición humilde. Por ser pobres.
Cinco meses después una asistente social de la Casa Cuna, Dorila Caligaris, obtiene la guardia provisoria de NN, junto con su marido Osvaldo Róger Agüero. El dictamen para obtener la guarda lo emitió la asesora Rigutto de Oliva Otero.
Casi al cumplirse un año de vida de la beba, el 27 de septiembre de 1979, el juez Pueyrredón dictaminó que el matrimonio Caligaris – Agüero tenía la guarda definitiva y los habilitó para retirarla de la Casa Cuna, permitiendo el robo de la menor de su familia original y violando todos los requisitos que establecía la Ley de Adopción vigente en ese momento.
A las dos semanas el matrimonio se presentó al Registro Civil y la inscribieron con el nombre de María Soledad Moreno, obviando exprofeso su verdadera filiación. El acta trucha fue agregada al expediente judicial. (Acta n°4050 -Tomo 6-serie D-Año 1979).
Robo de identidad
En diciembre de 1980 los apropiadores abrieron un nuevo expediente para inscribirla esta vez como hija biológica propia. Para ello contaron con la complicidad del asesor letrado de menores Carlos Sem Rodriguez, que patrocinó dicha inscripción, y un certificado falso donde el médico Vicente Antonio Spitale afirmaba haber asistido al parto de Doris Caligaris. Dos testigos también falsos apoyaron dicho trámite, una de las cuales, Adela María González, está entre los imputados que serán juzgados este año. El otro testigo –Jorge Agustín Vivanco– falleció impune, como tantos otros protagonistas de esta historia.
El trámite se gestionó en el Juzgado Provincial de 25 Nominación Civil y Comercial, a cargo del juez Alberto Rafael Bonadero, quien ordenó inscribir a la beba, ya con un año y medio, bajo el nombre de Mercedes María Luz Agüero, anotándola con el apellido de su apropiador pero respetando la fecha original de nacimiento. Bonadero tuvo un rol clave en toda la trama porque es quién habilita el cambio de identidad a través de la inscripción apócrifa para que se pierda el rastro de la menor apropiada.
La celeridad del trámite judicial llegó al punto que en una semana estableció la investigación, se diligenció el certificado del Registro Civil, emitido el 23 de diciembre de 1980.
La abogada Sánchez mostró a Umbrales la certificación de un llamado telefónico que hacen desde el Buen Pastor al juzgado de Pueyrredón donde informaban que María de las Mercedes tenía cuatro hijos y que se los cuidaba una hermana porque estaba en prisión. Es decir que estos funcionarios estaban al tanto del estado de indefensión de la madre.
“Una de las personas encargadas de realizar esa tarea es nada más y nada menos que la apropiadora (Doris Caligari), que con posterioridad solicitó la guarda de la bebé y terminó inscribiéndola con el apellido de su marido”, explica la letrada.
Las marcas de la impunidad
El expediente desnuda el desempeño discrecional del personal jerárquico administrativo de la Ex Casa Cuna, de la Maternidad Provincial y de cuatro funcionarios del Poder Judicial de Córdoba: un Juez de Menores, un Asesor de Menores, un Juez del fuero Civil y Comercial de 1° Instancia y un Asesor Letrado.
En los pliegues y repliegues de las instituciones del Estado permanecieron intactas las huellas, así se reunió la información que demuestra el círculo de la complicidad. La niña no fue registrada por el área de servicio social de la Maternidad provincial, ni por la Casa Cuna. Tampoco en el Buen Pastor. La entregaron en guarda violando requisitos básicos establecidos por la ley, afirmó la abogada Patricia Chalup.
Sobre este proceso evidentemente irregular, el fiscal Trotta sostiene que “hubo una complicidad del poder judicial porque las personas que realizaron estos actos tenían conocimiento de que la niña estaba en la Casa Cuna. Además, el médico le comunicó al juzgado que los padres estaban detenidos. Sin duda hubo un aprovechamiento utilizando los circuitos oficiales y una falta de control mínimo del juez”.
En 2001, María de las Mercedes denunció el caso ante la Fiscalía Federal N°3, a cargo de Graciela López de Filoniuk, sin obtener respuesta alguna. Diez años después se comunicó con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) donde le tomaron testimonio, realizaron la denuncia y tramitaron los análisis de ADN. Los resultados del Banco Nacional de datos genéticos, revelaron ante el juez Alejandro Sánchez Freytes que María de las Mercedes es la madre de la niña robada. En 2013, el mismo juzgado que convocó a la joven para que se hiciera los estudios genéticos, comenzó otro periplo de procesamientos y sobreseimientos que aportaron al retraso de la elevación a juicio.
La abogada Chalup lamenta las demoras de la investigación y elevación a juicio “por los continuos planteos de las defensas y el retardo en el dictado de las resoluciones. Este juicio tendría que haberse realizado hace cinco años. Ahora, de la veintena de acusados -civiles y militares – solo quedan vivos cuatro y así se impone la impunidad sobre la aplicación de justicia”.
(*) Periodista, editora de Prensared.
Vivos y muertos
De una veintena de imputados solo 4 llegan vivos al juicio: Mirta Graciela Antón, Adela María González, Carlos Sem Rodríguez y Ana María Rigutto de Oliva Otero.
Fueron separados del proceso judicial por enfermedades: Herminio Antón y Hugo Lorenzo Chilo.
En tanto, fallecieron impunes en esta causa: Luciano Benjamín Menéndez, los apropiadores Osvaldo Roger Agüero Dona y Laura Dorila Caligaris, el juez Alberto Rafael Bonadero, Vicente Spitale, Calixto Flores, Roberto Villagra, Francisco Sánchez Cressi, Jorge Pueyrredón, /// Rodolfo Funes Campis, Néstor Mulqui, Jorge González Navarro, Jorge Eduardo Gorleri, Carlos Alberto Lucena y Néstor Vivanco.
Cumplimos la promesa que les hicimos a nuestros hijos
Por Sonia Torres (*)
Hemos conseguido junto a los organismos de derechos humanos y el pueblo argentino 40 años de democracia ininterrumpida. Desde Abuelas siempre trabajamos desde el amor a nuestros hijos y nietos que buscamos en estas cuatro décadas. Es la primera vez en la historia de nuestro país que tenemos un periodo tan largo de democracia por eso tenemos un compromiso todos los argentinos de cuidarla, sostenerla, y defenderla por nosotros y las generaciones futuras.
Nos parece fundamental que se avance con los juicios de lesa humanidad ya que en estos últimos años hubo un retroceso por diferentes causas y a eso se le sumó la pandemia. Para las Abuelas es importante que comience el juicio que investiga la sustracción y la supresión de la identidad de la nieta 107, cuya mamá es una sobreviviente que se acercó a Abuelas por el trabajo que realizamos.
Seguimos buscando cumplir la promesa que les hicimos a nuestros hijos de buscar a los nietos que faltan porque no se puede vivir con la identidad cambiada. Y son muchos aún los jóvenes que nos faltan. Por eso le pedimos a la sociedad cordobesa que nos ayude con la búsqueda.
(*) Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba.
Las políticas de memoria, verdad y justicia
Por Carlos Gonella (*)
Nuestra experiencia en el juzgamiento de delitos contra la humanidad es un ejemplo en el mundo y ha sido ponderada, no solo en otros países y organismos supranacionales de DD.HH., sino en foros jurídicos, políticos y académicos internacionales. Esta forma de resolución del conflicto, única en el mundo, goza del mayor prestigio y calidad institucional, porque son tribunales civiles -no militares- integrados por jueces y juezas, designados de acuerdo a los procedimientos constitucionales, quienes se encargan de juzgar a los responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983.
El punto de arranque de la experiencia argentina se sitúa en 1985, año en que comenzamos a transitar un camino que tuvo varios obstáculos según las políticas que los distintos gobiernos desarrollaron para afrontar los crímenes del período dictatorial, desde la recuperación de la democracia en diciembre de 1983.
En el inicio de este proceso el expresidente Raúl R. Alfonsín tomó la decisión política de juzgar a los comandantes sucesivos de las tres fuerzas militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) durante la dictadura. En 1985 se llevó a cabo el llamado “Juicio a las Juntas” que juzgó y condenó a Videla, Massera, Viola, Agosti y Lambruschini; y se absolvió a Graffignia, Lami Dozo, Anaya y Galtieri. Ante el intento de avanzar en el procesamiento de los cuadros intermedios y las bases, ocurrieron en 1987 los sucesos de Semana Santa que amenazaron la estabilidad democrática. Los episodios comenzaron en Córdoba, protagonizados por Ernesto Guillermo Barreiro, excapitán del Ejército, condenado a prisión perpetua en la mega-causa La Perla por considerarlo responsable de los grupos de tareas que operaban en el campo de concentración, por donde pasaron 2.000 personas, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas.
Luego sobrevinieron las leyes de Punto Final en 1986 y Obediencia Debida en 1987, que trajeron aparejada la impunidad de miles de militares responsables de graves crímenes. A partir de esos años, cesó la posibilidad de llevarlos a juicio.
En 1989 y 1990, el entonces presidente Carlos S. Menem, coronó la impunidad por medio de una serie de indultos que dejaron sin efecto las condenas contra los comandantes e impidieron el juzgamiento de los responsables civiles y militares de los delitos de Semana Santa en 1987 y de la Tablada en 1989. Tales decisiones generaron profundas consecuencias políticas, sociales y psicológicas, especialmente, para las víctimas de la dictadura y sus familiares.
Mientras tanto, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, que habían iniciado sus rondas semanales alrededor de la pirámide de Mayo en 1977, continuaron reclamando en paz por la aparición de sus hijos e hijas, nietos y nietas, y por el juzgamiento de sus responsables. En 1996 irrumpe la organización H.I.J.O.S. (hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el perdón), interpelando al gobierno y a la sociedad, a través de los escraches frente a los domicilios de los represores, para reclamar la aparición de sus padres/madres y el fin de la impunidad.
En 1999 la Madre de Plaza de Mayo, Carmen Aguiar de Lapacó, se presentó ante la Comisión Interamericana de DD.HH. para reclamar contra el Estado Argentino por la desaparición de su hija en 1977, fundándose en el derecho a la verdad. Así, se llegó a una solución amistosa para establecer la verdad sobre su caso pero sin consecuencias para los responsables, ya que lo impedían las leyes del perdón. Eso dio lugar a los llamados “Juicios por la verdad” que se desarrollaron en La Plata y Córdoba entre 2000 y 2001.
En 2003, cambió el paradigma de las políticas públicas para el abordaje de los crímenes del terrorismo de Estado de 1976-1983. Apenas asumió Néstor C. Kirchner como presidente de la Nación y luego de recibir a los Organismos de Derechos Humanos le ordenó al jefe del Ejército descolgar los cuadros de Videla y Bignone de las instalaciones del Colegio Militar. Ese hecho simbólico caracterizó el comienzo de una política de memoria, verdad y justicia que llega hasta nuestros días.
Kirchner acogió el reclamo de los organismos y lo transformó en una política pública caracterizada por acciones dirigidas a remover los obstáculos que impedían el juzgamiento de todos los responsables, y a facilitar el desarrollo de los juicios que comenzarían de manera inminente. Tras remover los obstáculos, el Poder Ejecutivo creó en el ámbito del Ministerio de Justicia equipos interdisciplinarios de acompañamiento a las víctimas y protección de testigos. El Ministerio Público Fiscal, a partir de la gestión del ex Procurador General de la Nación, Esteban Justo Righi, creó en 2008 la Procuraduría contra los Delitos de Lesa Humanidad, que desarrolló la política contra los crímenes de la dictadura y sus responsables.
Hasta la fecha, se han dictado 295 sentencias condenatorias, de las cuales 47 abordaron delitos contra la integridad sexual como parte del plan sistemático de persecución; hay 1117 represores condenados y 482 procesados a la espera de ser juzgados.
En este marco, la Justicia Federal tiene una gran deuda pendiente: llevar a juicio a los civiles cómplices de la dictadura, entre los cuales hay empresarios, ex magistrados, propietarios de medios de comunicación, profesionales de la salud que participaron de la apropiación de bebés, y dignatarios de la Iglesia Católica que prestaron una colaboración sin la cual nunca se habría podido llevar a cabo un plan sistemático que se cobró decenas de miles de víctimas, y 500 bebés apropiados.
(*) Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba. Representante del Ministerio Público Fiscal en los juicios de lesa humanidad.
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
Umbrales tomó la experiencia de un trabajador y militante político que atravesó las cuatro décadas de restitución democrática para abordar conjuntamente su vida laboral a caballo de los planes económicos y giros financieros de los gobiernos post dictatoriales.
Por Javier De Pascuale (*)
“¿Alguna vez te dijeron que sos pobre? ¿Vos te has sentido o te sentís ahora en la pobreza?”, fue la pregunta que le disparé a José a bocajarro, sin avisar, como un traidor.
Con 64 años y ubicado a la distancia por organismos de medición de la economía como uno de los habitantes de Argentina por debajo de la línea de la pobreza, José abrió muy grandes sus ojos y se apuró a decir un enorme No, mientras su boca acompasaba el movimiento. Y lo repitió muchas veces: “No, para nada. No soy eso. Yo camino mucho y veo mucha gente que está mal. Para nada. Capaz lo sea para INDEC. Pero no”. En su cabeza, habitada por el peronismo desde que tenía 15 años, él es un trabajador. Una persona dignificada por el trabajo y por definición misma, quien trabaja no es pobre.
E pur si muove. Sí, destruyeron tanto el trabajo que hicieron sinónimos de dos antónimos, en la Argentina y si me apurás, en todo el mundo de hoy gobernado por el mercado. Lo hicieron piano piano, lentamente, cocinado como la rana en el agua caliente para que no salte, desarticulando uno a uno los hilos que sostenían el Estado de Bienestar y desarmando la madeja de derechos y seguridades que construyeron gobiernos populares -y de otros que quisieron serlo- durante décadas. La vida de José es precisamente eso, una crónica de la muerte del trabajo tal como se entendía.
Arrancó laburando en una localidad del norte provincial, donde se asentaban los talleres ferroviarios más grandes de esta zona del país, cuando comenzaban todos, a los 17 años en 1975. Fue aprendiz de contaduría y administración -porque se llevaba bien con los números- en Patamia Construcción, la más poderosa casa de materiales de construcción de la ciudad de entonces. La firma fundada por don Roque Patamia en los años 40 acompañó ladrillo a ladrillo el crecimiento de la ciudad en las gloriosas tres décadas que se extendieron entre 1945 y el Rodrigazo.
Allí logró su primer recibo de sueldo y empezó a soñar con un futuro de gran ciudad, universidad y quién sabe qué cosas más. “El otro día fui a ANSES a averiguar cuántos años me faltaban de aportes para sacar la jubilación ¿y sabés qué descubrí? Que todo ese tiempo me hicieron descuentos jubilatorios, aun cuando no tenía los 18 años. Como me depositaron aportes en los trabajos que tuve después, en Córdoba, cuando era pendejo y cambiaba mucho de laburo porque me aburría o buscaba otra cosa”.
Es que José agarró algo de peronismo, pienso. Y se lo digo. Y nos ponemos a charlar sobre los últimos 40 o 50 años de historia nacional, que es la historia de la destrucción de las bases que hicieron de este país alguna vez un oasis de justicia social, trabajo y progreso, en un mundo tan diferente…
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La Argentina es uno de los pocos países del mundo que muestra un «crecimiento secular» de la pobreza, es decir sistémico y tendencialmente constante durante casi 50 años. Si en 1974 el porcentaje de la población que recibía menos de 60 dólares mensuales per cápita alcanzaba al 3 por ciento de la población, hoy esa cifra supera el 40 por ciento de la población, resultado de un alza casi consuetudinaria. (JDP)
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“¿Fue culpa nuestra o vino de afuera?” La pregunta resuena en toda la casa que José ocupa en barrio Parque Capital, pegada al arroyo de La Cañada que a esa altura no tiene nombre. Una casa que fue terreno, comprado con una parte de la indemnización que el Estado argentino reconoció a su familia por el secuestro y la desaparición de su hermano mayor. Sobre ese lote él puso una prefabricada de madera y chapa, primer techo propio después de pagar alquileres durante la mitad de su vida.
La pila de años se le nota en el cuero y en la zapán de hectolitros de chamuyo político, pero en ningún otro lado. Desborda de energía y en su cabeza es un pendejo. En el repaso del velorio social del trabajo, va contando que se conchavó en una cooperativa de obras y servicios públicos que supo llevar gas natural y cloacas a varios barrios en Córdoba. No sé si fue esa empresa social la que hacía las redes de gas, la infraestructura para barrios tradicionales pero postergados, como Bella Vista, Olivos o Güemes y otros que surgían como hongos en lo que hasta ayer eran yuyales, pero algo de eso contó. En ese momento pensé en las familias jóvenes de ahora, que no tienen otra que construir arriba de la casa de los viejos y en cómo a medida que moría el siglo se fueron con él los sueños de progreso que lo marcaron.
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Hacia los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín, el Banco Hipotecario Nacional (BHN) era el tercer banco más grande del país y manejaba uno de cada seis préstamos de todo el sistema. Sin embargo, su gestión era escandalosamente ineficiente: los préstamos eran para los amigos del Gobierno, eran por cifras millonarias y además no se pagaban. En 1987 dos de cada tres créditos estaban en mora. La dolarización práctica de la economía nacional durante la década siguiente, al estabilizar la inflación y las tasas, sí alentó el crédito hipotecario privado, que recuperó plazos de devolución en 20 años y el crédito hipotecario llegó a expresar casi 4 puntos del Producto Interno Bruto. De hecho, los bancos más orientados a los créditos para vivienda fueron los últimos en caer, en la crisis de 2001 y 2002. Pero por supuesto, la crisis barrió con el crédito para vivienda y habrá que esperar al período 2005/07 para llegar a ver su renacer. Duró poco nuevamente: se lo llevó puesto la crisis internacional de 2008. Habrá que esperar al año 2014, cuando en su segundo mandato, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzó el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (ProCreAr), que fue masivo y llegó a expresar medio punto del PIB. El gobierno de Mauricio Macri inventó los UVA, que duplicaron el otorgamiento de créditos de los bancos privados a las familias pero que con el disparo inflacionario de los dos últimos años de aquella gestión, se convirtieron en un grave problema social, hasta hoy sin solución definitiva. (JDP)
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Y de la charla de los dos aparece el año horrible de 1989. Para esa altura José ya se mudó a Córdoba, empezó y dejó Ciencias Económicas (“mi viejo quería que fuera contador, yo no”), laburó en comercios, en una tienda distribuidora de electrodomésticos (ollas Marmicoc, planchas Wemir), en una venta de neumáticos en Alta Córdoba, como no docente en la administración del Clínicas y hasta vivió de la artesanía, yendo de feria en feria con el oficio de cestería en caña que su viejo le enseñara.
Fueron años de juventud, de los 18 a los 30, en los que el trabajo no sólo venía con un aviso, un concurso, un registro, un recibo, un sindicato y un convenio, sino en que el laburo era primo hermano de la libertad: vos te movías con él, buscando lo que te gustaba.
“Mirá, yo vivía en los monoblocs de Santa Isabel y a la salida del turno de la IKA Renault, era ensordecedor el ruido de motos. Cortaban la mano de ida de la avenida para que los doce mil que trabajaban ahí pudieran salir más o menos en orden”. Ahora era yo quien hablaba y José agregaba: “cada obrero tenía su moto, su auto y construía su casita”. Era el logos moviéndose entre él y yo, estábamos en la Academia griega dia-logando sobre qué pasó con el país, con su economía y su política, para que el mundo se diera vuelta como una mesa patas arriba. “Pensar que lo que vino después para nosotros era inaceptable. Y se presentó como inevitable”. Sí, José, así de duro fue.
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La dictadura militar derivó en el tránsito de una sociedad industrial a otra basada en la valorización financiera del capital. La reestructuración económica puesta en marcha en esos años y que buscó ser profundizada luego, tuvo un indudable impacto sobre los sectores productivos que sostenían el funcionamiento de la sustitución de importaciones. Se armó un esquema para destruir a la industria nacional: reforma financiera, arancelaria, endeudamiento externo y apertura comercial. El modelo sustitutivo sobre el que se había estructurado durante las décadas anteriores el comportamiento de la economía argentina fue atacado desde sus cimientos. Desde allí y hasta el inicio del siglo XXI (y luego en algunos años reforzado), no fue la vinculación entre la producción industrial y el Estado el núcleo central del proceso económico, sino la especulación financiera y la salida de capitales al exterior vinculadas a otro tipo de Estado. La industria nacional siempre existe, porque brota naturalmente del funcionamiento económico local y regional, pero tiene desde entonces un destino marginal (JDP).
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“Yo entré a la Universidad en esos años, con examen de ingreso y en la facultad en 1980, 1981, empezamos a hablar del dólar, por la tablita de Martínez de Hoz, la plata dulce y la crisis, que lo disparó del Ministerio y lo reemplazó Lorenzo Sigaut. Ahí, sobre el fin de la Dictadura, se empezó a hablar de la deuda externa y del FMI. Todo eso no estaba antes”.
No, no estaba porque no había deuda. Después no dejó de haberla. En 40 años de democracia tuvimos deuda externa permanente en torno de un tercio del PBI, que se disparó con Mauricio Macri pero que ningún gobierno eliminó y que sólo uno bajó, el de Néstor Kirchner. Pero subrayamos lo anterior: tampoco la eliminó. Ni sacó al país del FMI, ni del CIADI, ni denunció ninguno de los 50 tratados de protección de inversiones que firmó Domingo Cavallo en los años 1990 y que son la dependencia, ya que otorgan estatuto diplomático a las empresas extranjeras y sus inversiones. “Nada más antidemocrático que un tratado, algo que no puede ser modificado y que rige para siempre”, es la frase que se escucha en la charla.
Bueno, no lo hizo Kirchner pero tampoco ningún otro. “No olvidemos que el primer ministro de Economía de Alfonsín, Bernardo Grinspun, echó a patadas a los enviados del Fondo Monetario, a inicios de 1985. A las dos semanas fue reemplazado en el cargo”, recuerda José.
La deuda externa y los tratados internacionales fueron a partir de los años 80 la bota con que las largas piernas del capital internacional nos mantuvieron aplastados y de rodillas. El actual gobierno nacional heredó de Macri una deuda que, con relación al Producto Interno Bruto, es exactamente el doble de la que tuvieron todos los gobiernos desde 1983. Imaginate el margen de maniobra que tiene.
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La otra bota que frenó nuestro desarrollo no viene de afuera, es bien argentina: el empresariado nacional, desde hace 140 años rentista, parasitario, amante de todo lo extranjero, descreído de todo lo nacional. Salvo honrosas excepciones, una verdadera maldición. “Nuestro drama de los últimos 40 años fue creer que saldríamos de las crisis metiendo a esa gente en el Ministerio de Economía”. No recuerdo si lo dijo José o lo dije yo, pero la frase ahora me suena bastante acertada.
Es que el orden neoliberal vive en crisis y de la crisis. Y esto le viene como anillo al dedo al empresario que no emprende, al que cuando gana fuga lo que ganó, o lo guarda en una caja de seguridad, o lo convierte en departamentos para renta, pero nunca, nunca jamás, lo reinvierte en la producción. La balanza de pagos, que refleja el flujo de capital entre el país y el extranjero, ha dado históricamente saldo negativo en nuestro país y esto es una característica muy argenta, en relación con cualquier otro país: toda la riqueza que generamos se va afuera cada año, de modo que cada año la economía se desangra y volvemos a cero.
Todo a pesar de la inmensa riqueza que se genera. No sólo porque tenemos bienes naturales de excepción, sino porque nuestro pueblo trabaja y mucho. Nuestra economía está 21 o 22, según el año, en el ranking de las más grandes del mundo. Más aun, en 1983 el PIB per cápita argentino estaba en 3.900 dólares y hoy se encuentra en 12.400 dólares (llegamos a tener más de 14 mil en 2014). Somos de los primeros productores mundiales no sólo de granos, sino también de productos industriales o tecnológicos y el país integra los selectos clubes globales de territorios donde se fabrican no sólo autos o camiones, sino satélites o reactores nucleares. Siempre es bueno recordarlo, porque hay mucha antipatria en el discurso cotidiano.
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“La economía no era lo que fue después. No había visto un dólar en mi vida, pero no me importaba, no hacía falta. No había conflicto con los importados porque no se importaba tanto, creo. Había como un cierre de fronteras, medio que vivíamos con lo nuestro”. José describe el país de antes y, sin quererlo, parafrasea al maestro Aldo Ferrer.
Bueno, nuestro hasta que dejó de serlo, porque en el ‘89 se derrumbó más de un muro, el mundo decretó el fin de la historia y nació la verdadera pandemia de las últimas tres décadas y poco más: el orden neoliberal. Una suerte de estado de emergencia permanente, donde todo lo que era, fue, y todo lo que fuimos, desapareció.
La Argentina fue uno de los laboratorios donde se probó ese nefasto experimento social de escala planetaria. Bajo el gobierno de los terraplanistas de la economía ortodoxa, a partir de aquel annus horribilis, en muy poco tiempo vimos convertirse a escuelas en shoppings, a talleres ferroviarios en baldíos, a barrios industriales en páramos. Fue tan grande el cambio y tan rápido, que nos costó años quitarnos la sorpresa de la cara y también, perdón pero hay que decirlo, la cara de boludos. Es que teníamos trenes desde 1857, “¿Cómo podía ser que no corrieran más? –se queja José– ¡Desapareció el pueblo!”
No fue lo único que se esfumó. En cada corazón industrial de la Argentina que rompiendo cadenas supimos construir, la película se decoloró al blanco y negro y pasamos a ser el escenario de The Walking Dead.
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En 1983 la desocupación alcanzaba al 3,9 por ciento de la población económicamente activa, la tasa más baja de los últimos 32 años. En el caso del trabajo no registrado, las cifras de los primeros años de la democracia también fueron bajas. En 1985 (primer año con estadísticas), el porcentaje de trabajadores en esta condición era del 25 por ciento en el Gran Buenos Aires. Alfonsín dejó el gobierno en julio de 1989, en medio de una crisis de hiperinflación. Por esos días, la desocupación alcanzó el 8,1 por ciento y el trabajo en negro rondaba el 32 por ciento.
Ya con Carlos Menem en la presidencia, la Argentina llegó por primera vez a los dos dígitos en su tasa de desocupación. El pico se alcanzó en mayo de 1995, cuando la tasa de desempleo se ubicó en 18,4 por ciento. (chequeado.com)
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De repente, desborda de entusiasmo: “Hay una incrustación cultural en nuestras cabezas de lo que era nuestro país cuando lo gobernábamos. Es un fenómeno que se destaca en la región y en el mundo. Y es un orgullo. La mejor democracia que hemos tenido fue con Perón, porque era el gobierno del pueblo. Acceso directo a la participación popular efectiva”.
José es directo, claro, argentino hasta la médula, habla en castellano y no en neolenguas de emprendedores. No emprende, ni compite con otros. Trabaja y lo hace junto al resto, contradiciendo con su práctica el modelo de barbijo social, de rompedura de ligámenes sociales que trajo la pandemia neoliberal. Y lo hace acá, subrayando la palabra con un índice mágico, que destroza en un solo movimiento el modelo desterritorializado que nos quieren vender, el de la economía líquida y toda esa pelotudez.
El relato de su vida revaloriza la potencia esencialmente revolucionaria del trabajo, su multiplicidad prismática y su potencia histórica. El trabajo como un rito antiguo que borra el desencantamiento, la resignación posmoderna, la ausencia de autoconciencia. El trabajo como píldora que cura el aturdimiento social y la dietética de los deseos que propone el régimen pandémico, con sus relaciones sociales de baja intensidad.
Sí, José es intenso. Habla y su pensamiento deambula por las archiconocidas estrellas de la constelación peronista. Peronismo como idea de trabajo, de justicia, de sociedad, comunidad organizada en torno al laburo, la producción, la razón, el amor, la familia, el territorio. Ideas simples que postulan otras más complejas, como soberanía, independencia, justicia.
Conceptos fundamentales de la aventura histórica argentina hoy puestos en duda por la aplicación maníaca de un modelo más que extranjero, extraño, que congela la historia nacional para convertirla en fisiología. Que nos machaca permanentemente que es parte de la naturaleza fisiológica de la Argentina tener inflación, pobreza, desigualdad, desempleo.
Será que nuestra anatomía lleva todas esas marcas, las de las crisis y las de la felicidad. “Las crisis no nos privaron de ser felices”, dice José y pone fin a la entrevista. Y yo me voy con la sensación de haber compartido una historia, una verdad, con un trabajador, uno que predica con su propia existencia, con su conciencia, su cuerpo y su acción cotidiana la finitud, los límites de ese mundialismo neoliberal que nos tapó de estiércol hace más de 30 años.
(*) Periodista, secretario de Acción Social del CISPREN, presidente de la Mutual de Prensa, integrante de la Cooperativa Comercio y Justicia.
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
La disputa de la renta y los modos de producción ponen en evidencia la relación entre el trabajo, los trabajadores y la renta. En este camino, miramos lo que sucede en nuestra Patria Grande, en el país y luego ajustaremos el microscopio para enfocar algunas regiones. La riqueza es una torta que se distribuye según quien la elabore.
Por Javier Lucero (*)
Vamos a seguir la ruta del dinero. De ese dinero que se genera en las sociedades producto de su economía y en donde la mayor cantidad de cuerpos que se ponen en juego son de los trabajadores y trabajadoras.
Números y cifras en la base de datos del Banco Mundial, los últimos son de 2021, nos permitirán hacer algunas comparaciones sobre la participación del ingreso por parte de la población.
En Argentina, el 20 por ciento mejor remunerado se queda con el 47,4 por ciento del total de los ingresos que se generaron ese año en el país.
Ese mismo porcentaje de habitantes de mayores ingresos en Chile, absorbe el 51,6 por ciento del total de la renta del país trasandino.
En Brasil, el porcentaje sube al 57 y queda en manos del 20 por ciento más rico.
El último quintil, el 20 por ciento de menores ingresos en la Argentina sólo accede al 5 por ciento de la riqueza generada. En Chile, ese mismo segmento sólo posee el 5,5 por ciento de la riqueza total y en Brasil el grupo más pobre percibe el 3,3 por ciento del total de la renta.
No deberíamos pasar por alto, antes de seguir el detalle de los números, que son las mismas personas que las leyes constitucionales de los respectivos países declaran con los mismos derechos, pero que a la hora del reparto las distancias son escandalosas. La ley pone en la misma línea a todos los habitantes de sus pueblos, pero eso no sucede. Es evidencia de la distancia que resta recorrer para una sociedad más justa. O, si se quisiera acentuar el tono, es evidencia de la hipocresía de un sistema que no da para más.
En Argentina, el 20 por ciento mejor remunerado se queda con el 47,4 por ciento del total de los ingresos que se generaron ese año en el país.
En el segundo quintil con ingresos que le siguen a los más ricos, los números de distribución se equiparan entre los tres países que tomamos y cuyas referencias anuales (2021) coinciden. Algo parecido muestra el tercer quintil.
El cuarto grupo de la escala es el que se lleva una porción mayor dentro de la distribución total. Este 20 por ciento es el peldaño que está inmediatamente encima del peor remunerado y en la Argentina se queda con el 22,7 por ciento de la riqueza. Aunque parece una tajada interesante, es la mitad de lo que se llevan los más ricos.
En Chile y en Brasil pasa algo parecido. Son porciones mucho más grandes que las de los más pobres, pero también mucho menores que las de los más ricos. El cuarto quintil en Chile tiene acceso al 19,9 por ciento de la riqueza y en Brasil al 19,6.
Un índice sobre la mesa
Corrado Gini, un científico italiano especializado en estadísticas, creó a comienzos del siglo pasado varios índices. Uno de ellos pretendía observar la distribución del ingreso global de una nación entre sus habitantes.
En el último tramo del siglo pasado, varios países de Latinoamérica comenzaron a usar el Coeficiente Gini para realizar estas mediciones. Este coeficiente mide la distribución de la riqueza en una escala de 0 a 1 donde cero es la distribución ideal de la riqueza y 1 es la mayor desigualdad. El índice Gini, en tanto, mide entre 0 y 100 y es el utilizado por el grupo de investigación de desarrollo del Banco Mundial.
En 2021 el índice Gini daba 41 para Argentina, 44,9 para Chile y 52,9 para Brasil. Para tomar otra referencia, Suecia tenía un índice de 28,9.
En el trío tomado de la Patria Grande, la mayor desigualdad la exhibe Brasil, le sigue Chile y se ve un poco mejor distribuida la renta en Argentina. La referencia Sueca muestra que hay un horizonte posible. En general, los demás países de Latinoamérica con información disponible en ese período no logran perforar el número 40.
Los distintos parámetros estadísticos tomados, desde aquel invento del sociólogo y estadístico Gini hasta la fragmentación por quintiles o deciles según los ingresos, resultan convergentes a la hora de mostrar la realidad del reparto. Estos números nos generan unos resultados para poner sobre la mesa, pero es necesario indagar sobre las patas de esa mesa. La estructura o el modelo que sustenta dicha realidad.
Producción y distribución
El docente e investigador Mario Soria, de la facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se propuso verificar aquella máxima de Marx que indica que el modo de producción determina el modo de distribución.
“Quise ver si aquella tesis del año 1800 planteada en Inglaterra por Marx se verifica en la Argentina de las últimas décadas. En este país, la política económica muestra algunos vaivenes en sus modelos de producción y pasa de un predominio de la explotación de recursos naturales a otorgarle un mayor lugar a la industria. Podríamos hablar de esas dos vertientes”, dice.
Haciendo un recorte de 2015 a 2020, donde se produjeron políticas distintivas con respecto a las que se venían implementando previamente, se observa que en diciembre de 2015 había 56.268 empleadores en la industria manufacturera del país y cinco años después 49.144, según datos de la Afip.
En la otra columna en donde impacta la industria, en la generación de empleo, se aprecia que en 2015 había 1.263.000 trabajadores en este rubro de la economía mientras que en 2020 había 1.108.000, de acuerdo con la misma fuente.
“Esto muestra que la forma en que producís determina cómo distribuís. La producción es la que crea el valor. Si en esa producción hay poca participación de la mano de obra, ya sea por la alta automatización o por la propiedad monopólica del recurso, también será escasa la distribución”, señala el docente.
Si se toma un tramo histórico de una mayor cantidad de años, la elocuencia de la tesis es mayor.
De 2004 a 2013 el crecimiento de la industria manufacturera es muy marcado, luego la curva se ameseta dos años y, finalmente, decrece de modo abrupto desde 2015.
Simultáneamente, la curva del desempleo va en el sentido contrario: baja cuando se expande la industria y empieza a subir cuando la producción manufacturera y el agregado de valor se viene a pique.
Estos modos de producción diferenciados se traducen en una distribución de la renta igualmente distinta.
Durante el momento de mayor generación de empleo, los trabajadores se quedaron con el 54 por ciento de la renta pero con el modelo de primarización de la generación de riqueza, en 2015, aquel porcentaje bajó al 45 por ciento.
En 2019, en el sector de las manufacturas, la remuneración del asalariado representaba el 39,5 por ciento y el excedente de explotación bruto, lo más parecido a ganancias del capital, el 39,7. El resto de la producción de riqueza para completar el ciento por ciento de la torta estaba en manos de cuentapropistas, según los datos del Indec tomados en el trabajo realizado por el profesor Soria.
“Esto muestra que la forma en que producís determina cómo distribuís. La producción es la que crea el valor. Si en esa producción hay poca participación de la mano de obra, ya sea por la alta automatización o por la propiedad monopólica del recurso, también será escasa la distribución”
En el sector de la agricultura y de la ganadería, el asalariado obtuvo el 16 por ciento del total de la riqueza en la que puso su sangre, mientras que el propietario se quedó con el 75 por ciento del excedente de explotación bruto.
Esta distribución que se expone sobre cómo se distribuyeron los excedentes en 2019 reafirman la incidencia del modo de producción.
Aunque, al cabo del gobierno que dejó el poder en 2019 hubo un episodio que condicionó el futuro: la toma de deuda con el FMI.
Los años de pandemia que provocaron un parate en todo el planeta haciendo caer el PBI a niveles comparables con el crac del 29 y los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional para chupar rápidamente la riqueza que genera el país, han incidido para que la curva no muestre variantes tras el cambio de gobierno.
Aumentando la lupa hacia regiones de nuestro país tomamos los aportes de “Macroeconomía y trabajo en la Argentina siglo XXI”, de Jorge Hernández, docente también de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC.
Se compara la creación de puestos de trabajo en Bahía Blanca, Río Cuarto y Neuquén – Plottier en los períodos pre convertibilidad y post convertibilidad.
Para esta comparación se conceptualiza un trabajo de mejor calidad y un trabajo secundario de menor formalidad. El primero se caracteriza por estar registrado, con aportes provisionales, vacaciones y sin finalización con fecha fija. El trabajo secundario es al que le falta alguno de esos atributos.
Hernández dice que un modelo neoliberal minimiza las reglas de protección del trabajo, facilita el acceso a espacios de negocios controlados por el Estado, como salud y educación, restringe la capacidad de fiscalización de los Estados y elimina las restricciones para la apropiación y uso privado de recursos naturales.
Durante el período 1995 y 2002, en Bahía Blanca, la creación del empleo primario o de mejor calidad era inexistente, en Río Cuarto fue del 0,8 por ciento y en Neuquén – Plottier del 43 por ciento.
En el tramo que va desde 2003 a 2010 la ecuación cambia sustancialmente.
En Bahía Blanca el empleo primario creado fue del 75 por ciento, en Río Cuarto del 63 por ciento y también aumentó en Neuquén – Plottier llegando al 86,7 por ciento.
El restante porcentaje correspondió a la creación de un empleo secundario, es decir, de menor calidad con respecto al primero, como se definió previamente.
Hernández dice que un modelo neoliberal minimiza las reglas de protección del trabajo, facilita el acceso a espacios de negocios controlados por el Estado, como salud y educación, restringe la capacidad de fiscalización de los Estados y elimina las restricciones para la apropiación y uso privado de recursos naturales.
Como contrapartida, un modelo progresista en su concepción del modo de producción amplía la protección del trabajo, fortalece y mejora la provisión de servicios salario indirecto (educación y salud), promueve funciones de producción más ajustadas a los recursos disponibles, mejora la capacidad de fiscalización de los Estados y protege la apropiación y uso privado de recursos naturales con fines predatorios.
Los esquemas presentados permiten hacer una trazabilidad de la renta en uno y en otro estado de situación. Dependerá de las voluntades de la clase trabajadora la elección de algunos de estos escenarios, o de otros, que puedan devolver la dignidad perdida a tantos sectores de la sociedad.
(*) Periodista. Secretario General del Cispren, Seccional Río Cuarto
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por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
De la pretensión de neutralidad al compromiso y la responsabilidad social en la construcción de los conocimientos científicos.
En estos últimos 40 años, la enorme transformación que ha experimentado la ciencia a partir de sus vínculos con las organizaciones y los movimientos sociales da cuenta de un contexto de creciente conflictividad derivada de diversas problemáticas interconectadas. El desafío es transitar el camino que parte de un cientificismo aséptico hacia una ciencia digna.
Por Victoria E. Mendizábal (*)
Desde los tiempos de Galileo, en los que el científico era un artesano que fabricaba sus propios instrumentos para realizar experimentos y obtener evidencias que le permitieran describir la realidad, hoy llegamos a una suerte de científico emprendedor que debe situarse en una lógica de competencia por los recursos y los espacios.
Esta nueva manera de encarar la investigación científica entra en conflicto con la visión tradicional de la ciencia que presupone el carácter autónomo del conocimiento científico. Es decir, una mirada de la ciencia, esencialista, neutral y exenta de responsabilidades por las posibles consecuencias problemáticas de los resultados de la investigación.
«Yo he escrito un libro sobre Mecánica del Universo y eso es todo. Lo que se haga o no se haga con eso, no me interesa», asegura el Galileo de la obra de Bertolt Bretch (Vida de Galileo, 1939) y reafirma la idea de que es posible interpretar a cualquier innovación o procedimiento tecnológico como una mera aplicación de conocimientos científicos, cuyo desarrollo tiene en la eficacia y en la eficiencia sus únicos valores.
En este nuevo modo de organización de la producción de conocimientos que encuentra su punto más representativo en el Proyecto Manhattan, se fortalece la idea de que con mucho dinero, un horizonte claro, científicos brillantes y liderazgo adecuado podía conseguirse casi cualquier objetivo que un gobierno considerara importante. Así, se refuerza una especie de optimismo incondicional hacia el progreso científico como sinónimo de bienestar social, especialmente en Estados Unidos que -aún hoy- produce la inmensa mayoría del conocimiento científico global.
Sin embargo, al mismo tiempo, este cambio también despierta una actitud crecientemente crítica y cautelosa hacia la ciencia y la tecnología que comienza a extenderse, sobre todo a partir de los años sesenta, como consecuencia de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Un logro científico más que controvertido que parece despertar las conciencias de algunos de los científicos e intelectuales más influyentes de la época.
Inclusive, es interesante destacar que el propio Brecht elabora una nueva versión de su obra Vida de Galileo, a partir de observar el impacto de las bombas. Y pone en boca de Galileo una seria advertencia sobre los usos de la investigación científica:
«Si los científicos, intimidados por los poderosos egoístas, se contentan con acumular Ciencia por la Ciencia misma, se la mutilará, y vuestras nuevas máquinas significarán solo nuevos sufrimientos. Quizás descubráis con el tiempo todo lo que haya que descubrir, pero vuestro progreso será solo un alejamiento progresivo de la Humanidad. El abismo entre vosotros y ella puede ser un día tan grande que vuestros gritos de júbilo por alguna nueva conquista sean respondidos por un griterío de espanto universal…». Vida de Galileo, Bertolt Brecht (1945-1947).
Desde los tiempos de Galileo, en los que el científico era un artesano que fabricaba sus propios instrumentos para realizar experimentos y obtener evidencias que le permitieran describir la realidad, hoy llegamos a una suerte de científico emprendedor que debe situarse en una lógica de competencia por los recursos y los espacios.
En los años siguientes, esta creciente preocupación por parte de algunas élites intelectuales también se vio reflejada en diferentes movimientos sociales que empezaron a considerar a la ciencia y la tecnología como objetos de escrutinio público y debate político. Alimentados por catástrofes relacionadas con la tecnología, tales como accidentes nucleares, envenenamientos farmacéuticos o derramamientos de petróleo, se fueron desarrollando activos movimientos sociales críticos con el industrialismo y el estado tecnocrático.
Asimismo, el desarrollo del movimiento ecologista y las protestas públicas contra el uso civil y militar de la energía nuclear fueron elementos importantes de esa reacción desde finales de los años sesenta y comienzos de los setenta. Coincidiendo con estas respuestas intelectuales, sociales y políticas, también se produjeron cambios afines en algunas disciplinas académicas tradicionales como la sociología, la historia y la filosofía de la ciencia y de la tecnología. Unos cambios sobre los que la obra de autores como Thomas Kuhn tuvo una enorme influencia.
De manera más o menos independiente, sociólogos, historiadores y filósofos se alejaron de los estudios internalistas y comenzaron a hacer interpretaciones más contextualistas, con un factor común: la crítica a las nociones tradicionales de ‘objetividad’ dentro del conocimiento científico y tecnológico. No se trataba de negar por completo la ‘realidad’ de la naturaleza o de los artefactos, se pretendía insistir sobre el hecho de que nuestra comprensión de la naturaleza y la creación de tecnología eran procesos socialmente mediados. Así, proponen una ‘ciencia de la ciencia’, es decir, el estudio de los factores de naturaleza social, política o económica que modulan el cambio científico-tecnológico, como así también lo que concierne a las repercusiones éticas, ambientales o culturales de ese cambio.
Pasos hacia una democratización del conocimiento científico
En nuestra región, esta corriente adquiere tintes locales de la mano de científicos y pensadores como Oscar Varsavsky, Jorge Sábato, Amílcar Herrera, Rolando García y Manuel Sadovsky, quienes durante los años que transcurrieron entre el primer gobierno de Perón y el golpe de estado cívico-militar de 1976 se propusieron reflexionar acerca de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. ¿Cómo construir una ciencia y una tecnología al servicio del desarrollo social en un país periférico como Argentina? ¿Qué lugar ocupa la universidad pública en este proceso? ¿Cuál es el papel de los científicos?
En su obra “Ciencia, política y cientificismo” (1969), Varsavsky introduce una de las ideas más influyentes y representativas de este movimiento y es la necesidad de cuestionar los modos de producción científica. Así se convierte en un crítico feroz de la postura cientificista que, según sus propias palabras, define como “un investigador que se ha adaptado al mercado científico, que renuncia a preocuparse por el significado social de su actividad, desvinculándola de los problemas políticos”.
Sin embargo, coincidiendo con la muerte de Varsavsky en 1976, y el inicio de una de las etapas más oscuras de nuestra historia, estas ideas parecen perder fuerza y presencia, aunque permanecen latentes en los intelectuales y científicos que deben exiliarse y en la impronta que pudieron dejar en las instituciones y en los estudiantes que pasaron por sus aulas. Así, con la vuelta a la democracia comienza otra etapa en la que, coincidiendo con una mayor participación y demanda social, la ciencia comienza a democratizarse y sus vínculos con distintos actores clave y movimientos sociales emergentes, poco a poco se van estrechando.
A partir de 1983 empieza a motorizarse un proceso de acercamiento entre la ciencia y la sociedad, especialmente vinculado a la defensa de los derechos humanos. Por un lado, distintas organizaciones de la sociedad comienzan a acercarse en la búsqueda de respuestas a diversos problemas sociales, pero también algunos científicos empiezan a sensibilizarse frente a las demandas sociales y a cuestionar algunas de sus prácticas científicas.
Este fenómeno se ve claramente plasmado, por ejemplo, en la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de sus nietos y nietas apropiados y su derecho a la identidad. La historia de Abuelas, no solamente contribuyó a perfeccionar los métodos estadísticos que permiten calcular el índice de abuelidad, es decir, la probabilidad de que se establezca un lazo biológico con los abuelos en ausencia de comparación con el material genético de los padres. También demuestra cómo el compromiso social de algunos científicos, como el genetista Víctor Penchazadeh, permitió acercar a las Abuelas métodos que ya se aplicaban en otros campos para encarar el desenmascaramiento de los crímenes de la dictadura.
Así se convierte en un crítico feroz de la postura cientificista que, según sus propias palabras, define como “un investigador que se ha adaptado al mercado científico, que renuncia a preocuparse por el significado social de su actividad, desvinculándola de los problemas políticos”.
En otra línea, el acercamiento entre ciencia y sociedad también se ve reflejado en las políticas de restitución de los restos mortales de pueblos originarios, acompañada por diversas agrupaciones de estudiantes de antropología que empiezan a cuestionar sus propias prácticas científicas. ¿Cómo es posible seguir validando que los restos mortales de personas capturadas y asesinadas durante la denominada Campaña al desierto continúen exhibiéndose en las vitrinas de los principales museos de nuestro país como si se tratara de piezas y reliquias científicas?
A partir del primer reclamo indígena que realiza el Centro Indio Mapuche Tehuelche de Chubut cuando pide la devolución de los restos del Cacique Inacayal en 1988 se inicia un lento proceso de debate público que se ve plasmado en la reforma constitucional de 1994. En ella se introduce un “gesto” significativo al reconocer la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”, lo que promovió – a su vez- una nueva legislación. A fines de 2001, el Congreso estableció que “los restos mortales de los aborígenes, cualquiera fuera su característica étnica, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas, deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen”.
Así, por ejemplo, comienza un movimiento dentro del Museo de Ciencias Naturales de La Plata y en el ámbito de los estudiantes de antropología de la Universidad Nacional de La Plata que propone que el museo se adelante a los reclamos, retornando los “trofeos de guerra”, empezando por revisar el inventario de la institución. Nace así el colectivo GUIAS, “una organización autoconvocada de la Facultad de Ciencias Naturales y el Museo de la Universidad de La Plata cuyo objetivo fundamental es atender los reclamos realizados por los Pueblos Originarios de no exhibición y restitución a sus comunidades de todos los restos humanos que forman parte de colecciones arqueológicas”.
Desde el planteo demagógico de la entonces Secretaria de Ambiente de la Nación, María Julia Alsogaray, que en 1993 proponía limpiar el Riachuelo en sólo 1000 días, hasta el desarrollo del Plan Integral de Saneamiento Ambiental establecido en la mencionada sentencia de la CSJN en 2008, la problemática en torno a la Cuenca Matanza-Riachuelo se ha consagrado como el mayor ícono de la contaminación de la República Argentina.
También la reforma constitucional de 1994 introduce en su art. 43 la legitimidad de terceros (Defensor del Pueblo y ONGs) para interponer acciones legales en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente. De esta manera consagra la figura de amparo colectivo que será clave en el fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en la Causa Mendoza. La posibilidad de ampliar el amparo individual (o clásico) a los “terceros” para el caso de los derechos colectivos y difusos se convierte en un instrumento clave en la lucha por los derechos de tercera generación como el derecho a un ambiente saludable. A partir de esta modificación, la problemática deja de ser vista como una violación a los derechos individuales de los afectados y comienza a verse como una vulneración a los derechos colectivos en donde pueden intervenir terceros para interponer acciones legales que velan por el interés público en lo relativo a las normas que protegen el ambiente.
Desde el planteo demagógico de la entonces Secretaria de Ambiente de la Nación, María Julia Alsogaray, que en 1993 proponía limpiar el Riachuelo en sólo 1000 días, hasta el desarrollo del Plan Integral de Saneamiento Ambiental establecido en la mencionada sentencia de la CSJN en 2008, la problemática en torno a la Cuenca Matanza-Riachuelo se ha consagrado como el mayor ícono de la contaminación de la República Argentina.
Al mismo tiempo, la Causa Mendoza se ha convertido en el puntapié inicial en la relación dialéctica que se ha establecido entre el Estado y la sociedad civil en la problemática ambiental.
Hoy sabemos que a partir de la movilización de diversos actores sociales, a través de diversas acciones de participación (desde protestas, hasta tareas educativas y de concientización de la opinión pública), se ha logrado que un conjunto de instituciones reconozcan y hagan esfuerzos por garantizar el ejercicio de los derechos relativos al ambiente consagrados en la Constitución Nacional.
La Ciencia Digna encuentra su alquimia social en la provincia de Córdoba
Si hay un caso emblemático que pone de manifiesto la enorme transformación que ha experimentado la ciencia y sus vínculos con la salud y el ambiente en la escena local, es la historia del científico Andrés Carrasco y sus estudios sobre los efectos del glifosato en embriones de anfibios. En 2009, Carrasco desafía los cánones establecidos por el circuito de validación de las revistas científicas, dando a conocer los resultados de sus experimentos a la prensa, antes de ser sometidos al estricto sistema de revisión por pares.
Como si se tratase de una suerte de continuidad en el camino iniciado por referentes como Varsavsky con sus críticas al “cientificismo”, Carrasco parece encarnar estas ideas en sus acciones. Así, pasa de ser un científico vinculado a los modos hegemónicos de producción científica para convertirse en un referente social. Un proceso que no es solo un fenómeno local que en Argentina ha recibido la denominación de ciencia digna, sino que forma parte de un giro radical en las relaciones entre ciencia y sociedad que, actualmente, se expresa en un movimiento a nivel global.
El llamado caso Carrasco da cuenta de cómo este fenómeno se ha visto materializado en la provincia de Córdoba, tanto en las luchas de las madres del barrio Ituzaingó, como en el logro histórico de los vecinos de Malvinas Argentinas al expulsar a la multinacional Monsanto. Y, más recientemente, en el caso de la lucha iniciada por un grupo de mujeres del barrio San Antonio, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, contra la empresa Porta Hermanos.
Como parte de este cambio de rumbo en la construcción de una suerte de partenariado entre el mundo científico y el de las organizaciones y movimientos sociales, tanto la sanción de la Ley de Bosques como el control de su implementación también encuentran en la provincia de Córdoba una confluencia clave.
Mediante acciones de protesta pacífica, la participación en instancias de consulta y reclamos ante el poder judicial y la difusión de información científica clave, tanto pueblos originarios, asambleas ambientalistas, organizaciones campesinas como pequeños productores, entre otros, contribuyeron -de manera decisiva- a visibilizar en la esfera pública el impacto concreto y cotidiano de la deforestación y degradación de los bosques. De hecho, estas movilizaciones masivas fueron las que, por ejemplo, lograron que el oficialismo del gobernador Schiaretti diera marcha atrás en la pretendida modificación de la Ley de Bosques nativos en Córdoba a finales de 2016. Una modificación que pretendía reducir aún más las áreas boscosas de las que sólo queda un 2,8 % en buen estado de conservación en la provincia.
Visión sistémica y ciudadanía planetaria
A lo largo de estas líneas, hemos intentado dar cuenta de la enorme transformación que ha experimentado la ciencia, especialmente a partir de sus (crecientes) vínculos con las organizaciones y los movimientos sociales, en un contexto de creciente conflictividad derivada de diversas problemáticas interconectadas y de carácter global. Hoy nos encontramos en un escenario crítico en cuanto al abastecimiento energético, el acceso a la seguridad y soberanía alimentaria; la creciente desigualdad social y las migraciones masivas, cuestiones que siguen profundizándose.
La búsqueda ilusoria de un crecimiento económico ilimitado, impulsado por combustibles fósiles, ha tenido como resultado la deforestación, erosión del suelo, escasez de agua y extinciones masivas de especies. Sus consecuencias más dramáticas han sido las evidentes manifestaciones del cambio climático que amenazan la existencia de la vida humana tal como la conocemos en nuestro planeta.
Pese a las serias advertencias que, desde muy diversas fuentes científicas, vienen alertando acerca de estos fenómenos y de la necesidad de tomar medidas urgentes, la inacción de los gobiernos parece seguir siendo la norma. Algo que en los últimos años ha generado -como contrapartida- el auge de diversos movimientos sociales a escala planetaria cuyo objetivo es influir sobre los gobiernos del mundo y las políticas ambientales globales, mediante acciones de resistencia no violenta.
«La ciencia no es neutral ni objetiva. La ciencia siempre tiene ideología y un sentido político. La ciencia puede aportar a la liberación o al sometimiento. La ciencia puede ser aliada de las corporaciones o estar al servicio del pueblo”
Así, por ejemplo, movimientos como Extinction Rebellion (en español Rebelión contra la Extinción, o Rebelión o Extinción, también abreviado como XR), iniciado en Londres en 2018, se extiende hoy en más 80 países, realizando acciones de desobediencia civil que han producido detenciones e incluso puedan traducirse en condenas efectivas.
Tal es el caso de activistas climáticos liderados por científicos y científicas comprometidos con la visibilización de la problemática, que en abril de 2022 protestaron arrojando pintura roja a las puertas del Parlamento español en Madrid y ahora enfrentan una causa por delitos de daños y desórdenes públicos.
«La ciencia no es neutral ni objetiva. La ciencia siempre tiene ideología y un sentido político. La ciencia puede aportar a la liberación o al sometimiento. La ciencia puede ser aliada de las corporaciones o estar al servicio del pueblo”.
Son algunas de las definiciones de la Declaración Latinoamericana por una Ciencia Digna, un espacio creado en honor a Andrés Carrasco que reúne a medio centenar de científicos de cinco países, críticos al modelo transgénico y al extractivismo.
Frente a lo urgente de la emergencia ambiental, quizás haya llegado la hora de sumar el movimiento de Ciencia Digna a los modos de producción del conocimiento, y un paso más: el paso masivo a la acción.
* Bióloga y comunicadora científica
