Defender la democracia es fortalecer los medios y combatir la precariedad

* Por Enfant Terrible

La democracia argentina cumple 40 años ininterrumpidos por primera vez. Un aniversario que llega plagado de grandes desafíos frente al crecimiento de expresiones políticas que fomentan la desestabilización y el retroceso en materia de derechos, soberanía, participación política e independencia económica. 

También se cumplen 47 años de aquel aciago 24 de marzo de 1976 y los golpes todavía se sienten en varios frentes de un escenario político donde algunos actores no dudan en socavar los consensos democráticos construidos durante décadas. Aquí es donde las juventudes no somos figura pasiva sino actor central.

El contrato neocolonial del que resulta la deuda externa argentina con el FMI y otros organismos multilaterales de crédito; el alineamiento del Partido Judicial con intereses políticos organizados en pos de la proscripción, persecución e incluso encarcelamiento de líderes populares a nivel nacional -y aun regional- señalan el inequívoco signo reaccionario de esta etapa en nuestra América. En el último lustro asistimos al golpe de Estado propiciado por la OEA y la derecha rabiosa contra Evo Morales en Bolivia; el encarcelamiento del tres veces presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva seguido por el bolsonarismo y la toma del Poder Legislativo en Brasilia; el intento de asesinato contra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez; la honda crisis política en el Perú tras el encarcelamiento del presidente Pedro Castillo.

Argentina enfrenta, en este contexto adverso, un mal endémico que es también la columna vertebral de la reacción, la mentira y la desinformación con que se sabotea nuestra democracia. El sistema de medios de comunicación, monopolizado por un holding empresarial de dudosos y oscuros intereses es, cada día que pasa, una máquina de fabricar fake news y envenenar a la población. El punto de quiebre llegó el pasado 1 de septiembre de 2022, con el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández.

La avanzada de operaciones mediáticas masivas y titulares fabricados ad hoc para el lawfare y la “mafia judicial”, los golpes blandos -y no tan blandos-, continúan y toman fuerzas ante el retorno de gobiernos progresistas en la región. Los grupos económicos concentrados alimentan a las expresiones de extrema derecha con el objetivo de disolver en el aire los pactos democráticos que tanto nos han costado conquistar. 

 

La convulsión y las juventudes asfixiadas

El recuerdo de las palabras del doctor Alfonsín que arengó ante una Plaza que «con la democracia se come, se vive y se educa», es indisociable de una reflexión que hacemos como juventud argentina: para que exista democracia tiene que haber justicia social. Tiene que haber pan, trabajo, techo, educación, justicia y derechos. 

Tras la pandemia de COVID-19, nuestro país enfrenta un cuadro inflacionario crónico de más del 100% interanual, que contrasta con el superávit comercial que ha beneficiado a los grandes sectores agroexportadores tras el inicio de la guerra en Ucrania, a principios del 2022. Este fabuloso dividendo en dólares, sin embargo, no impacta en el bolsillo de los trabajadores, de la juventud y de los más relegados de la sociedad. La total ausencia de políticas redistributivas ha fomentado la concentración de la riqueza, en menos manos cada vez, y la fuga de capitales. 

Se festejan los buenos números de la Argentina, mientras entre las capas populares ha crecido la pobreza, la precarización laboral, la pulverización del salario con la inflación y así también, el descontento y el descrédito en la política alcanza cada vez más a toda la sociedad.

 

 

Las juventudes no dejamos de preguntarnos entonces ¿qué posibilidad de proyectar una vida digna tenemos en este contexto? ¿Es acaso la precariedad todo el horizonte que nuestro país tiene para ofrecer? ¿En este aniversario, son la democracia y el buen vivir una contradicción? ¿Será posible acceder a una vivienda propia, o aún más a corto plazo, podremos seguir garantizando un alquiler todos los meses? ¿Podemos iniciar una carrera universitaria y/o fortalecer nuestra formación profesional con calidad? ¿Tener dos o más trabajos es garantía de estabilidad socioeconómica? ¿Están garantizados nuestros derechos en esta encrucijada? La respuesta a muchas de estas preguntas es un rotundo “no”. 

La información que arroja precisiones sobre la vulnerabilidad de nuestro sector poblacional en el mundo laboral es abundante. Por ejemplo, según el INDEC, la pobreza en el primer semestre de 2022 alcanzó a un 36,5% de la población, o sea, a 16,8 millones de personas. En el caso de las juventudes, la cifra alcanza al 46,3% de la población de entre 15 a 29 años, casi la mitad. Alrededor de las cifras están la informalidad, la precarización y el desempleo.

A su vez, cabe destacar que la vulnerabilidad empeora no sólo por cuestiones de clase y edad, sino también por matices de género (mujeres y disidencias sexuales), raciales y por procedencia (migrantes o pueblos originarios) según la caracterización arrojada por el Mapa Nacional de la Discriminación publicado por el INDEC en mayo de 2022.

Pero esto no es primicia de hoy sino más bien se trata de un fenómeno sostenido durante años. Incluso antes de apelar a la pandemia del COVID-19 para enlazarlo como argumento de la crisis, los datos y las fechas nos trasladan más atrás. Por ejemplo, en 2018 -año en que Macri contrajo la deuda con el Fondo Monetario- el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) publicó un informe donde describió a “la Argentina como el país con mayor desempleo juvenil del Cono Sur”.

Otra investigación, realizada por Gonzalo Assusa del Instituto de Humanidades dependiente de CONICETUNC, detalla que “en 2014 un 49% de jóvenes de 15 a 18 años vieron vulnerados al menos alguno de sus derechos”. “En 2019 -un año después del informe citado- ese porcentaje alcanzó al 87%. Es decir que incrementaron un 38% los y las jóvenes que sufrieron algún tipo de violación del derecho a la educación, acceso al empleo, a la salud y a sus derechos laborales”, explica el trabajo de Assusa.

Vale destacar cómo se dispara la vulneración de derechos de las juventudes a mediados de la segunda década del siglo XXI en nuestro país, porque aquí es cuando también, por ejemplo, asistimos a un recorte histórico de los ministerios de Ciencia y Tecnología, Cultura, Energía, Agroindustria, Salud, Turismo, Ambiente, Trabajo y Modernización, degradados a secretarías. 

Fue en este período también cuando comenzó a profundizarse la política represiva (incluso el registro de una desaparición forzada de un joven: Santiago Maldonado), la presencia de Gendarmería Nacional en las calles y la puesta en agenda de la discusión por la baja de edad de imputabilidad. Ajuste por un lado, represión por el otro, con las juventudes cada vez más vulneradas.

Un capítulo aparte merece la rebelión educativa contra el recorte presupuestario de la educación pública, la ciencia y la tecnología que generó la reacción de los sectores estudiantiles y forjó la paralización de 57 universidades y la toma 60 edificios públicos en todo el país, en algunas de las cuales incluso hemos participado como estudiantes, militantes y periodistas. Pero, ¿por qué un capítulo aparte? Porque en Córdoba la toma del Pabellón Argentina terminó con el procesamiento de 27 estudiantes, como reacción del oficialismo universitario, un episodio antidemocrático que buscó sentar precedente contra la organización estudiantil, contra nuestros métodos de lucha y contra nuestra tradición militante. 

La criminalización de la protesta no sólo alcanzó al movimiento de estudiantes organizades, sino que se extendió a más sectores como les trabajadores de la economía popular, les trabajadores de la salud y de la educación.

Somos jóvenes, no boludes. El actual contexto de convulsión antidemocrática no es sólo fruto de la incapacidad política coyuntural de desarrollar estrategias redistributivas. Se trata de una escalada coordinada que aprovecha el empobrecimiento sostenido de las juventudes para instalar un sentido común reaccionario y antipolítico. Mientras tanto, no nos dejan ni estudiar, ni trabajar, ni protestar. 

Para peor, a las demandas del mercado laboral, inmobiliario, educativo, incluso alimentario y de consumo, los medios hegemónicos de comunicación abonan la estrategia de la extranjerización imponiendo un imaginario de éxito en los países desarrollados, alimentando el desarraigo y la desesperanza. De esta manera, jóvenes con títulos universitarios, salidos de las aulas públicas, construyen una perspectiva de “éxito” como mano de obra barata en el extranjero: una remasterización de la fuga de cerebros.

 

La comunicación en disputa, la democracia en juego

Les jóvenes de Enfant Terrible creemos que lo que fundamenta el retroceso político que vive nuestro país, en el 40° aniversario de democracia ininterrumpida, responde a la dependencia económica por contrato neocolonial vía deuda y, por lo tanto, la lesión a nuestra soberanía política. Asimismo, la degradación de la legitimidad en el sistema judicial a partir de jueces puestos “a dedo” y la concentración de medios de comunicación, en detrimento de la pluralidad de voces. Sobre esto último nos detenemos. 

En 2009, durante el debate de la Ley de Medios sancionada ese año, se desarrolló una disputa que puso en el centro de la escena al sistema democrático: a la discusión sobre qué democracia queríamos y cómo debía ser construida. Que la idea revolucionaria de descentralizar, redistribuir la pauta oficial, promover y fomentar la pluralidad de voces a través de los medios de comunicación era un acto de demagogia populista se instaló con fuerza desde los medios hegemónicos y nos convertimos en el país de la grieta. A pesar del fuerte apoyo popular y del respaldo del Poder Legislativo, en 2015 el expresidente Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia para dejar sin efecto los puntos centrales de la norma. 

El expresidente cumplió con su promesa al Círculo Rojo. Desactivó la ley que pretendía afectar al monopolio de telecomunicaciones más grande de Argentina, que sólo en 2016 recibió más de $519 millones de Publicidad Oficial (PPOO).

En la actualidad, esta configuración del sistema de medios en Argentina no ha cambiado. La Ley de Medios no ha vuelto a tener vigencia con el gobierno del Frente de Todos (FdT) y el Grupo Clarín continúa siendo el principal holding de comunicaciones, no sólo por poseer empresas en todos los rubros comunicacionales sino también,  por ser el principal destinatario de la Pauta Pública. Ahora bien, las alianzas del monopolio dirigido por Magnetto alcanzan no sólo a otros sectores empresariales o políticos, sino también al mismo Poder Judicial, nada menos que a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

En 2020, en el marco de la pandemia global que puso en evidencia -tal vez como nunca antes- la importancia de la conectividad y la comunicación a distancia, el Gobierno Nacional decretó a los servicios de telecomunicaciones como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” y por lo tanto las tarifas de telefonía celular, televisión por cable e internet debían estar reguladas por el Estado (y no por las propias empresas). Pero al año siguiente, la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a la medida cautelar presentada por Clarín para quedar exento del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia).

El cruce de beneficios es clave, ya que una premisa fundamental para la democracia es comprender la comunicación como un derecho, pero en Argentina vemos cómo el mismo poder que debería garantizar su vigencia se encarga de vulnerarlo, al transformarlo en una cuestión mercantil. 

 

La pelea por y desde nuestros medios

Les compañeres que hacemos Enfant Terrible desde hace un lustro señalamos con claridad el nexo existente entre la degradación democrática y la concentración de medios en un mismo grupo empresario. Por eso nos hemos dado a la tarea de construir una nueva forma de hacer periodismo y comunicación, no solamente desde la práctica sino también desde la discusión teórica y política. Contamos con orgullo que somos parte fundadora de una Red de Medios Digitales (RMD) que, no por casualidad, tomó notoriedad y peso a nivel nacional en los últimos tres años. Un espacio que en el actual contexto de ajuste, deuda y vulneración de derechos ha logrado agrupar a casi medio centenar de medios nativos digitales con base en la autogestión. Este sector, que ni siquiera está contemplado en la enterrada Ley de Medios, ingresa en el ecosistema mediático como un actor clave en la disputa por la llamada batalla comunicacional y cultural.

En 2019, a raíz de los despidos por cierres masivos de medios durante el gobierno de Mauricio Macri, el personal de esos espacios de trabajo se muda a la digitalidad. A finales de ese gobierno, en 2019, nace la primera Red en Argentina que hoy reúne a más de 60 de medios digitales provenientes de las distintas regiones del país.

La propuesta de la RMD como entidad gremial es unir y fortalecer el sector con  notable crecimiento en términos de espacios colectivos, pero también de demanda como servicio. En este sentido, las personas que entendieron su actividad como fuente de trabajo genuino -aunque en condiciones de pluriempleo, precariedad, falta de presupuesto y herramientas- sostienen una premisa fundamental: la democratización de la información.

A poco más de dos años de su conformación, la RMD presentó dos censos donde participaron entre 48 y 52 medios en cada ocasión, respectivamente. Con relación a la identidad de género, cabe destacar que el 42% de las trabajadoras son mujeres y el 11% identidades LGBTQ+, imprimiendo carácter transfeminista en la transmisión de la información. Además, quienes conforman la red se corresponden con una población joven que en su mayoría oscila entre los 25 y 35 años. Esto vale la pena resaltar teniendo en cuenta lo mencionado respecto a los sectores más vulnerados.

A su vez, los principales temas que tienen cobertura en los medios de la RMD refieren al ambiente, al género y diversidades, al mundo de los videojuegos, de los derechos humanos y sus coberturas judiciales, a las agendas culturales, políticas y sociales de los territorios, a las comunidades originarias y comunidades rurales, al extractivismo, a la violencia institucional y a los casos de gatillo fácil y la trata de personas.

Como actor, la RMD y los medios en particular que la conforman, buscan insertarse desde una lógica territorial y no de masividad, tanto en relación a la articulación con agentes locales para la construcción de la información, como para el fortalecimiento del sector. En este sentido ingresan tanto las organizaciones sociales, asambleas y colectivos, como también sindicatos y cooperativas. De hecho, ante la ausencia de formalidad, el cooperativismo y el asociativismo se consolidan como herramientas claves para la disputa de recursos y por lo tanto, de derechos laborales. Tal ha sido la fortaleza en la organización de la RMD que en articulación con otros sectores de la comunicación, el año pasado se sumó a la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios (CMCC).

El combo de elementos que hacen a la RMD consolida un frente de batalla clave. Por ejemplo, más arriba hacíamos referencia a la pauta oficial y  a los beneficios económicos de los grupos mediáticos como Clarín. En este sentido, la red busca la democratización de la pauta pública para que esos recursos puedan ser redistribuidos al conjunto de quienes sostienen y de hecho, hacen crecer los medios. Por ejemplo, según la misma CMCC, “la web de un medio cooperativo necesita 34 años de pauta para recibir lo que se lleva Clarín.com en un mes”.

El espíritu de la organización en red de los medios autogestivos y cooperativos apunta a la regularización y el fortalecimiento de una actividad que hoy tienen en sus manos una gran cantidad de juventudes, mujeres y disidencias, que si bien son pobres, apuntan a un nuevo modelo de comunicación contrario al imperante. Lejos de la concentración en pocas manos, la democratización de la comunicación tiene que ver con la pluralidad de voces, de medios, de agendas y de públicos. 

Fuentes:
El INADI presenta el nuevo Mapa Nacional de la Discriminación
Jóvenes: la odisea de conseguir trabajo genuino en Argentina
La Argentina es el país con mayor desempleo juvenil del Cono Sur
Jóvenes, vulnerados e invisibilizados. Desigualdad y juventud de la Argentina en los últimos 15 años