(*) Por María Ana Mandakovic. Periodista. Secretaria General del CISPREN. Secretaria Adjunta de la CTA-A

Transcurridas cuatro décadas ininterrumpidas de vida democrática -hecho de por sí inédito en la historia argentina- caben algunas reflexiones en términos de las expectativas que despertó dejar atrás la dictadura cívico-militar para las organizaciones populares, entre ellas, los sindicatos.

No puedo dejar de recordar que en 1983 centramos nuestra tarea en las prioridades del momento: la denuncia para la condena de las atrocidades cometidas por la dictadura, las libertades recuperadas, el derecho a la libre asociación y la libertad de expresión.

Lo vinculado a las violaciones de derechos humanos cometidas por este régimen criminal es abordado en distintos trabajos de compañeros y compañeras presentes en esta edición especial de “Umbrales”. 

Buscaré centrarme en el papel que le toca a las trabajadoras y trabajadores, sus organizaciones gremiales y el correlato en la construcción de una fuerza política que no sólo repare las consecuencias de la crueldad de siete años del “Proceso”.

Claro está que, a pesar de la profusa construcción de sentido sobre sus objetivos, la dictadura cívico-militar buscó mucho más que combatir con ilegal y feroz represión a las fuerzas revolucionarias que plantearon un proyecto emancipador: la meta fue implantar un nuevo modelo político, económico y social; consumar la restauración liberal conservadora inclinando la balanza hacia ese proyecto de país de minorías, en oposición a una Argentina inclusiva, ni más ni menos el histórico contencioso desde nuestros orígenes como Nación.

 

Utopía

¿Es la democracia una utopía institucionalizada? Más bien prefiero retomar la definición que hizo alguna vez Eduardo Galeano, para trasladar a la democracia la idea de una permanente lucha por consolidar transformaciones hacia un país con equidad en la distribución de sus riquezas, en definitiva, hacia la Justicia Social. 

“Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte corre diez pasos más allá, ¿entonces, para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar”.

La democracia nos impone constantemente la ardua tarea de generar políticas tendientes a frenar el avance de los sectores reaccionarios que, en una puja permanente, buscan consolidar y acrecentar sus privilegios. 

El desafío es reinventarnos permanentemente y sumarnos como organización gremial a la construcción de una fuerza política sólida para enfrentar el proceso de globalización neoliberal y sus consecuencias sobre nuestro pueblo; a fin de cuentas, víctima final del papel asignado a los países periféricos y dependientes por el Consenso de Washington en 1989.

El Estado de derecho que recuperamos en 1983 debe ir mucho más allá de la formalidad de esos principios rectores que, pretenciosamente, indican que nadie puede estar por encima de la ley. Es preciso dotar a la legislación de un contenido social. 

El sistema de leyes, instituciones y normas debe propender a la instauración de garantías de los derechos conquistados por la población y una permanente gestión de otros aún no debidamente consagrados, y no puede estar exento el debate sobre el Poder Judicial, que por estos días vemos como una verdadera corporación cuya constitución se mantuvo inalterable en el tiempo: un cuerpo antidemocrático que se arroga la intervención permanente sobre decisiones políticas y siempre fallando en defensa de los poderes concentrados. 

La democracia, como proyecto de la dignidad humana, se constituye como el gran norte ético a alcanzar. Y no basta con enunciar sus principios, somos todos responsables de afianzarlos diariamente con nuestro trabajo militante.

Si decimos que entre los pilares más importantes del “sistema” están la libertad de expresión y la libre asociación, como organización gremial representativa de las trabajadoras y los trabajadores de prensa no podemos eludir el rol que nos cabe.

También, digo que el gran valor de un sistema democrático, como la paz y los consensos, jamás puede soslayar la existencia del conflicto, inmanente en nuestro pueblo a la luz de las inequidades que persisten y a las numerosas demandas insatisfechas. 

La visibilización de las tensiones en el seno de nuestra sociedad deben reivindicarse, son parte esencial de un sistema democrático a la hora de la puja permanente entre quienes buscan acentuar sus posiciones de poder detrás de la  limitación de derechos de las mayorías.

 

La democracia argentina, idas y vueltas

Interrumpida, desmontada y vuelta a armar muchas veces desde hace más de cien años cuando la ley Sáenz Peña diera de baja la ficción de república oligárquica, la democracia argentina, frente a la imposibilidad de lograr legitimidad en elecciones manipuladas, tuvo en los golpes de Estado y las dictaduras militares el mecanismo de sustento de un esquema de poder que siempre pretendió dejar al pueblo, en su concepto más político, fuera del sistema de decisiones, donde las corporaciones y ciertas embajadas extranjeras tomaron la voz de mando. 

La irrupción de los movimientos populares y su derrotero, a la par del desarrollo nacional durante la etapa desarrollista, cierran un ciclo en 1976 cuando la dictadura sanguinaria clavó sus colmillos sobre el conjunto de la sociedad y, especialmente, sobre el movimiento obrero organizado. Distintas notas e informes a lo largo de esta edición de «Umbrales” abordan este costado histórico y su extensión actual.

La disputa concreta que dio el primer peronismo a mediados del siglo pasado dejó sus huellas; no es casual la muletilla de las fuerzas políticas de derecha: “Llevamos setenta años de decadencia en Argentina».

Si la recuperación democrática significó el fin del sistema de muerte y saqueo a cara descubierta, lo cierto es que desde 1983 los derechos implantados por la larga lucha popular que el golpe militar de 1976 vino a desmontar, no se han recuperado. 

El retorno de la democracia significó a la vez un avance en términos de consolidación de derechos políticos, en oposición a un modelo de capitalismo esclavizante. Pero en términos de la política, la democracia está en deuda con la participación de los sectores populares y la construcción de poder para disputar el influjo hegemónico y concentrado. 

En esa línea, es necesario que los trabajadores y trabajadoras de prensa analicemos el papel que jugamos a través de nuestras organizaciones. Que reflexionemos sobre qué se ha perdido con el golpe de Estado de 1976, qué se ha ganado con la recuperación de la democracia, como así también hacia dónde debe dirigirse el movimiento obrero. 

 

La irrupción de los movimientos populares y su derrotero, a la par del desarrollo nacional durante la etapa desarrollista, cierran un ciclo en 1976 cuando la dictadura sanguinaria clavó sus colmillos sobre el conjunto de la sociedad y, especialmente, sobre el movimiento obrero organizado. Distintas notas e informes a lo largo de esta edición de «Umbrales” abordan este costado histórico y su extensión actual.

 

Es necesario pensar en términos estratégicos, no sólo el modelo de país que deseamos, sino también el modelo de mundo en el que queremos vivir. El capitalismo es un sistema que supone la dominación y explotación, por lo que no se puede hablar de un capitalismo humanizado. 

Los trabajadores debemos tener pleno poder sobre nuestro territorio y sus bienes naturales, renovables y no renovables, para lograr la soberanía popular. Sin embargo, la crisis económica sigue siendo una crisis del capital y los trabajadores suelen ser los convidados de piedra en la disputa de los poderes que lo manejan. 

Por eso, debemos trabajar en la construcción de un poder popular que dispute los intereses en juego. Es esencial profundizar la participación, el empoderamiento y sentar posiciones en contra de la explotación. 

Tenemos que repensar la democracia y analizar en qué medida sirve a los sectores nacionales y populares. Si no se afrontan las deudas pendientes, seguirán construyéndose ficciones y no avanzaremos hacia una sociedad más justa e igualitaria. El actual ciclo electoral es una muestra cabal de la ficción presente en el debate público.

 

El rol de los comunicadores

Las mismas tensiones de intereses entre el capital y el trabajo que marcaron a fuego el siglo XX se sostienen hoy. A falta de golpes militares, se producen golpes de mercado, un nuevo método de irrupción en la discusión política para avanzar sobre nuestros derechos. La resistencia, desde un espacio nacional y popular, es en la calle, nuestro lugar natural. 

En ese marco, debemos pensar cuáles son las deudas que persisten en términos de democracia y cómo las abordamos. Para el movimiento obrero la unidad es crucial: conformar un poder popular que dispute con el capital y con una burguesía que, en general, tiene una actitud lacaya con las potencias hegemónicas. 

Entonces, para una verdadera democracia, debemos pensar estrategias que incluyan la soberanía popular, la defensa de nuestros bienes naturales y territorios, en contrapartida al avance del sistema actual de plataformas y vigilancia. 

En este contexto vale preguntarnos: ¿Cuál es el papel de las y los comunicadores y trabajadores de prensa en una sociedad donde el 40% de la población, que vive hacinada en el 30% de los hogares, está bajo la línea de la pobreza? Universo éste que además incluye al 54% del total de las y los jóvenes como parte de la Argentina pobre.  

La democracia debe ser pensada, de aquí en más, en términos de deudas pendientes y de visibilización de las desigualdades y problemas actuales porque es importante resignificar lo que representa, sobre todo para dejar de intervenir la realidad con las reglas del poder que nos llevaron a la desesperante situación actual. 

Con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009 se plasmaron varios ejes sustanciales del debate comunicacional que se venía dando en la sociedad, pero sucesivas medidas cautelares o recursos de amparo impidieron su plena aplicación. ¿Faltó decisión política? ¿Derivó en un enfrentamiento difícil de sostener frente a los grandes poderes? 

 

Entonces, para una verdadera democracia, debemos pensar estrategias que incluyan la soberanía popular, la defensa de nuestros bienes naturales y territorios, en contrapartida al avance del sistema actual de plataformas y vigilancia. 

 

Lo cierto es que Mauricio Macri, a poco de asumir en 2015, modificó por decreto la Ley de Medios afectando artículos que frenaban la concentración, todo a medida de las grandes empresas periodísticas y de los medios concentrados, incluyendo prórrogas de licencias y ampliación de otras.

Esta ley fue una herramienta importante, aun con sus limitaciones y si bien hoy pocos la recuerdan, también es cierto que la dirigencia política eludió y elude dar un debate sobre las comunicaciones para garantizar el derecho humano a la información: enfrentar a factores de poder sigue sin aparecer entre las prioridades.

Es preciso discutir una nueva Ley de Medios, incorporar las nuevas formas que impuso la tecnología en el ejercicio de nuestro oficio, contemplar de manera explícita el papel de los trabajadores y las trabajadoras autogestionados, hoy transformados en esperanza para alcanzar por fin una pluralidad de voces.

 

Otro modelo

El desarrollo de una democracia plena y justa se torna dificultoso en el panorama actual, pero es necesario para alcanzar la participación de todos los sectores que anhelan edificar un mundo más justo y equitativo. Es fundamental identificar quiénes producen la riqueza para ejercer pleno poder sobre los bienes naturales. Pero también, quiénes son los que buscan apropiarse de esa renta permanentemente. 

La democracia a la que aspiramos debe estar orientada hacia la unidad para la disputa y el empoderamiento de los trabajadores y de los sectores populares. 

Las y los comunicadores y trabajadores de prensa tenemos mucho por hacer en esta tarea porque la información es fundamental en la lucha por una democracia real y para la construcción de una opinión pública crítica y consciente, haciendo periodismo real, investigando y aportando datos relevantes en lugar de ser simples circuladores de información, meros operadores. 

Esa es nuestra tarea esencial: contribuir al desarrollo de una nueva sociedad en un mundo más justo y equitativo, poniendo límites a los poderes concentrados que continúan saqueando la democracia y vaciándola de contenido social. En definitiva, en nuestro horizonte está consolidar una democracia basada en el anhelado bienestar de nuestro pueblo.

 

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?