por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
Movimiento Obrero
El Movimiento Obrero fue el blanco del plan de exterminio de la última dictadura cívico-militar. Aun así, el 27 de abril de 1979 las y los trabajadores organizaron una huelga general.
Por Guido Dreizik (*)
El 72% de los desaparecido/as eran obreros/as, empleados/as o trabajadores en general, esto permite inferir que el objetivo principal del plan de exterminio de la dictadura oligárquico-militar era el Movimiento Obrero.
No descubrimos nada con esto, pero queremos establecer un punto de referencia en esta especie de memoria de los cuarenta años de democracia ininterrumpida desde el punto de vista de los trabajadores.
La dictadura no solo asumió matando y haciendo desaparecer, si no implementando un aceitado mecanismo de destrucción de los derechos que los trabajadores habíamos logrado.
Así, la intervención militar a las organizaciones gremiales, la revisión de las leyes de Asociaciones Profesionales, de Contrato de Trabajo y de Paritarias, la suspensión del derecho de huelga, y el régimen de prescindibilidad a los empleados públicos constituyó una batería de medidas destinada a doblegar a la clase y garantizar la mayor ganancia posible a las patronales.
En principio las respuestas desde los/as trabajadores fue sectorial y desarticulada, no obstante, rápidamente comenzó a percibirse la resistencia del MO que, a través de paros y movilizaciones, fue generando las condiciones para una contraofensiva popular según la caracterización de la etapa que hicieron algunas organizaciones políticas de la época, no tardando en llegar la primera Huelga Nacional el 27 de abril de 1979 después de tres años de dictadura.
La dictadura no solo asumió matando y haciendo desaparecer, si no implementando un aceitado mecanismo de destrucción de los derechos que los trabajadores habíamos logrado.
La medida consolidó el poder del movimiento obrero logrando unificar los conflictos sectoriales y elevando el carácter político de las luchas, emergiendo como referente Saúl Ubaldini.
Con gran esfuerzo militante y sufriendo la encarcelación, desaparición y muerte de compañeros, la unidad fue gestando un nuevo paro nacional. Este fue el 30 de marzo de 1982.
Tres días después los militares deciden invadir Malvinas, iniciando una gesta que, aunque concitó la adhesión popular, ya que es una reivindicación muy arraigada en nuestro pueblo, no resultó sino una nueva frustración.
Más de 150 paros y movilizaciones de distintos sectores del Movimiento Obrero registradas durante los años que duró la dictadura desde 1976 a 1983 (Fuente IDEP-CTA para agenda temática 2008) dan cuenta del profundo rechazo a la dictadura y sus políticas de entrega.
Con este bagaje de experiencias el movimiento obrero aborda la etapa democrática y se apresta a recuperar los derechos perdidos junto a otros sectores políticos de la sociedad.
En los primeros años de la flamante democracia se pudo verificar la disputa entre el MO y los grupos económicos favorecidos por la dictadura que derivaron en trece paros que tuvo que enfrentar el gobierno del doctor Alfonsín.
Los trabajadores teníamos en claro que debíamos elaborar nuestro proyecto político para la Nación y así se convocó al Congreso de la CGT de Corrientes (con participación del CISPREN) de donde surgen los 26 puntos programáticos del Movimiento Obrero siendo el NO pago de la deuda externa el primero de la lista.
Recuperando la iniciativa política se pudo enfrentar el plan de privatizaciones que se difundía en presuntos debates a través de los medios y que concretamente encaraba el flamante ministro alfonsinista Rodolfo Terragno. Este fue Convocado por el presidente Raúl Alfonsín en 1985 para el Congreso Pedagógico y luego fue designado Secretario de Estado en 1987 y como Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación impulsó una política de privatizaciones de las empresas públicas como Austral Líneas Aéreas y otras, con la férrea resistencia del movimiento obrero organizado.
Con este bagaje de experiencias el movimiento obrero aborda la etapa democrática y se apresta a recuperar los derechos perdidos junto a otros sectores políticos de la sociedad.
Con profundos debates internos y con un incipiente desarrollo de un programa nacional, el movimiento obrero se dispuso a cambiar el signo político del gobierno que daba muestras de continuidad, en lo económico, de algunos aspectos de la dictadura manteniendo vigente la ley de entidades financieras con la que se había legalizado la especulación y el robo entre otras cuestiones, aunque llevaba adelante una dura batalla para juzgar a la cúpula militar responsable del genocidio.
La falta de estabilidad fue el signo del cambio de gobierno y Carlos Menem, beneficiado con el voto del movimiento obrero que veía en él la reivindicación histórica de los 10 años felices de nuestro pueblo, no tardó en urdir la más fabulosa traición a la patria.
En nombre del peronismo se dispuso a destruir todo lo construido por el peronismo.
Los sucesivos planes impuestos por el FMI fueron fracasando gracias a la resistencia del movimiento obrero, y luego del Plan Brady se necesitaba un amplio acuerdo que condicionara el crédito internacional a la destrucción del Estado.
Como la sede del Tesoro de los EEUU, el Banco Mundial y el FMI están en Washington el nuevo plan se dio en llamar Consenso de Washington
La administración Menem acató el plan en su totalidad consolidando la entrega y la sumisión.
El gremio de prensa
El Sindicato de prensa que había participado en las luchas por la recuperación de la democracia, que había logrado unificar y recuperar las entidades sindicales de prensa de la provincia intervenidas, que llevó a la FATPREN la visión política de nuestros afiliados y que aportó su presencia en el congreso de la CGT en 1986 siempre entendió que los trabajadores debíamos tener un proyecto desde la clase.
Así, observando con estupor como Menem llevó adelante un plan que la dictadura no había podido alcanzar, la destrucción del Estado y la flexibilización laboral, nos dispusimos a elaborar una estrategia que nos permitiera recuperar la iniciativa política.
La práctica de discutir con los compañeros de toda la provincia a través de los congresos, siempre nos proporcionó una visión bastante amplia de la situación de los trabajadores en general y la de los de prensa en particular.
Nuestro gremio, siempre preocupado por las condiciones de vida de los trabajadores, emanadas de las disposiciones convencionales pero también de las condiciones generales, del medio ambiente en el que vivimos y las circunstancias en las que desarrollamos nuestras tareas, fue delineando un proyecto.
Así, observando con estupor como Menem llevó adelante un plan que la dictadura no había podido alcanzar, la destrucción del Estado y la flexibilización laboral, nos dispusimos a elaborar una estrategia que nos permitiera recuperar la iniciativa política.
Advertimos el flagelo de la flexibilidad laboral y las consecuencias para la salud y la vida de los compañeros y surgieron así propuestas como la de afiliar a aquellos compañeros trabajadores de las comunicaciones, en relación de dependencia o no, dando cuenta de las nuevas formas del trabajo autogestionado y otras.
A la par, vimos la necesidad de confluir nacionalmente con todos los que consideraron al “Consenso de Washington” como la nueva forma de la dominación imperialista a través del FMI.
Esta búsqueda de articulación nacional nos puso en la tarea de construir una representación política de los trabajadores que considere la necesidad de la “autonomía” y la “elección directa de sus representantes”, así fue que fuimos orgullosamente parte de los fundadores de la CTA.
La democracia
Observando la experiencia de la clase trabajadora a lo largo de estos cuarenta años de democracia, debemos concluir que el saldo en términos generales no es del todo positivo ya que no ha sido justamente un proceso virtuoso.
Con un incremento de la pobreza que va del 18% en 1983 al 42% en el 2023, con 4 millones de indigentes y con el 54% de los menores pobres, la desocupación es un verdadero flagelo, la pobreza es la condición de la mayoría de los trabajadores, la flexibilización laboral está aceptada como normal y como si fuera poco el futuro se presenta con la incertidumbre de la falta de un proyecto en clave popular.
A cuarenta años de recuperada la democracia, resulta imprescindible recrear el proyecto de los trabajadores para una Nación para todos, con justicia social.
“Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos” dice Carlos Marx en “El 18 Brumario de Luis Bonaparte” y es interesante considerar este texto a los efectos de pensar cómo continuar nuestro camino.
Lejos estamos de pretender un balance de estos cuarenta años de democracia, pero sí es necesario reflexionar respecto de dónde estamos y hacia dónde vamos.
Buceando en nuestro pasado los trabajadores tal vez podamos encontrar elementos que permitan repensar y abordar los tiempos venideros, y ahí está en un lugar de la historia la Constitución de 1949 que como “…La tradición de todas las generaciones muertas…” nos sigue interpelando.
Debemos instalar en la sociedad valores supremos como son la participación popular en las decisiones importantes, para disputar las cinco rentas básicas como son la petrolera, la minera, la agropecuaria, la ictícola y la financiera, para así intentar desarrollar las industrias estratégicas como la aeroespacial, la ferroviaria, la naval y la científico-técnica.
Reconstruir el Movimiento, Nacional, Popular y Democrático en clave de Liberación resulta necesario, abandonando este estado de atomización en el que estamos sumergidos porque de seguir así la letra del tango “Las cuarenta” se convertiría en mandato y no queremos eso.
(*) Trabajador de prensa, ex secretario general del Cispren
Tango Las cuarenta de Francisco Garrido
Con el pucho de la vida
Apretado entre los labios
La mirada turbia y fría
Y un poco lento el andar
Dobló la esquina del barrio
Curda ya de recuerdos
Como volcando un veneno
Esto se le oyó cantar
Vieja calle de mi barrio
Donde he dado el primer paso
Vuelvo a ti doblado el mazo
En difícil barajar
Con una daga en el pecho
Con mi sueño hecho pedazos
Que se rompió en un abrazo
Que le diera la verdad
Aprendí todo lo bueno
Aprendí todo lo malo
Sé del beso que se compra
Sé del beso que se da
Del amigo que es amigo
Siempre y cuando le convenga
Y sé que con mucha plata
Uno vale mucho más
Aprendí que en esta vida
Hay que llorar si otros lloran
Y si la murga se ríe
Uno se debe reír
No pensar ni equivocado ¿para qué?
Si igual se vive
Y además corres el riesgo
Que te bauticen gil
La vez que quise ser bueno
En la cara se me rieron
Cuando grité una injusticia
La fuerza me hizo callar
La esperanza fue mi amante
El desengaño mi amigo
Cada carta tiene contra
Y cada contra se da.
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
40 AÑOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA EN ARGENTINA
De la primavera democrática y los medios libres a la desinformación y los discursos de odio. Pasaron cuarenta años de turbulencias, retrocesos y avances en materia de comunicación popular con grandes desafíos en el horizonte cercano. Aperturas, clausuras y la necesidad de nuevos consensos sociales aparecen como nuevos retos en un mundo diverso tras la irrupción de la infodemia global.
Por María Soledad Segura (*)
Entre 1983 y 1985, en los años de la llamada “Primavera Democrática”, se recuperaba el gobierno constitucional y se iban democratizando instituciones públicas, organizaciones y relaciones sociales. Se disfrutaba de la recobrada libertad de expresión después de siete años de censura, persecución y silenciamiento. También, se desarrollaba la experimentación artística, hubo apertura en el lenguaje público, se extendió una moda más relajada y diversa y se multiplicaron los medios de comunicación. Eran tiempos de lo under, lo alternativo, y de las radios libres y comunitarias.
Esto fue posible por el boom de la tecnología de radio de frecuencia modulada (FM). Luego se popularizaron también la TV por cable y satelital. La televisión y radio digitales, después.
Desde los años 80 y en las décadas siguientes, Argentina se destacó en América Latina por sus políticas de ampliación del derecho a comunicar al eliminar la figura de desacato, despenalizar las calumnias e injurias y sancionar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre otras.
Cuarenta años después, con el enorme desarrollo de las plataformas digitales de redes sociales y de streaming que masificaron exponencialmente las posibilidades de expresión, en la comunicación pública pululan desinformaciones, narrativas anti-científicas como las terraplanistas y anti-vacunas, discursos discriminatorios y violentos, y negacionismos. Frente a esto, en este aniversario de la democracia nos enfrentamos a preguntas sobre cómo moderar el debate público y reaparecen propuestas de regulaciones para limitar la libertad de expresión, como los proyectos de penalización de discursos de odio y negacionistas, y las prácticas de cancelación.
¿Qué sucedió en estas cuatro décadas para que se produzca este cambio? ¿En qué medida estamos frente a un retroceso en materia de conquistas democráticas? ¿Qué estrategias alternativas -entre la judicialización y la permisión- tenemos para superar estos problemas de la comunicación pública?
Para ello, nos centramos en la experiencia de los organismos de derechos humanos y las organizaciones feministas, dos movimientos sociales paradigmáticos en Argentina por su persistencia histórica, sus logros de incidencia en políticas públicas y consensos sociales, y su prestigio nacional e internacional.
Las aperturas
Desde la recuperación del gobierno constitucional en 1983 y hasta 2015, aproximadamente, la sociedad organizada empujó para ampliar las fronteras de la libertad de expresión en diversas condiciones tecnológicas y políticas. Para lograrlo, gremios de trabajadores de la prensa y la comunicación, cooperativas, asociaciones civiles, comunidades de pueblos originarios, organizaciones no gubernamentales (ONGs), entre otras, desarrollaron dos tipos de estrategias simultáneas.
Por un lado, desplegaron prácticas autogestivas, como las radios y televisoras comunitarias, alternativas y populares, que iniciaron sus emisiones a mediados de los años 80 con el avance de las FMs, y de los 90 con el de la TV por cable, multiplicándose especialmente entre 2008 y 2015 con las políticas de legalización y fomento que las promovieron.
También las redes comunitarias de Internet comenzaron en los años 2000 y se incrementaron a partir de 2020 durante el avance de la pandemia de COVID-19.
Por otro lado, periodistas, sindicatos y movimientos sociales que lucharon en Argentina por la libertad de expresión buscaron también incidir en políticas públicas y, a pesar de las deudas pendientes, en varios casos lo lograron.
En 1993 se derogó la figura de desacato del Código Penal, también se despenalizaron en 2009 las calumnias e injurias (aunque quedó la sanción civil) en los dos casos, por intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante demandas presentadas por reconocidos periodistas de investigación.
En el mismo año 2009 se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que sustituyó a la Ley de Radiodifusión dictada por Jorge Rafael Videla en 1980, impulsada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática y que cambió el paradigma mercantilista histórico de las regulaciones de comunicación del país por un modelo basado en el derecho humano a comunicar. La Ley Audiovisual fue, además, acompañada por múltiples políticas públicas que complementaron su implementación. Estos tres avances fueron y son reconocidos internacionalmente como modelos de ampliación del derecho a la comunicación.
Por otro lado, periodistas, sindicatos y movimientos sociales que lucharon en Argentina por la libertad de expresión buscaron también incidir en políticas públicas y, a pesar de las deudas pendientes, en varios casos lo lograron.
Estas reformas estuvieron basadas en el convencimiento de que las mayores amenazas a la comunicación pública democrática eran los gobiernos y las grandes empresas mediáticas que censuraban o inducían a la censura. Por eso, se suponía que, ante el silenciamiento al que obligaban o empujaban los poderosos, más debate público sería mejor y que de ese modo se fortalecería la democracia. Por lo tanto, se creía que a los problemas de la comunicación pública se los superaba con más participación y más expresión, porque la discusión pública se autorregulaba virtuosamente.
El debate sobre las clausuras
Al mismo tiempo que se daba ese proceso, las disputas sobre la memoria acerca del pasado reciente atravesaron también distintos momentos. Las luchas por Memoria, Verdad y Justicia se articularon siempre con la libertad de expresión. Inicialmente, durante la dictadura, los militares y sus cómplices negaron lo que hacían. La frase de Videla: “Los desaparecidos no están, son una entelequia”, es paradigmática de esa época.
Con la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad luego de la anulación de las leyes de impunidad en 2003, simpatizantes de los perpetradores se organizaron intentando emular a los organismos de derechos humanos, según apunta Feierstein. Sobre todo desde 2015, cuando por primera vez en la historia argentina una alianza de partidos de derecha accedió al gobierno tras ganar las elecciones; y desde 2017 cuando desapareció Santiago Maldonado -y luego apareció o se lo hizo aparecer- se multiplicaron los dirigentes políticos, personajes mediáticos e influencers que relativizaron lo sucedido. “No son 30.000”, es el caballito de batalla de esta embestida que, como observó Martín Fresneda en las Jornadas sobre Negacionismo organizadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en marzo, no cuestiona la existencia de víctimas, sino que apunta a atacar la credibilidad del acuerdo social alcanzado, así como la legitimidad de los organismos que lo impulsaron. No faltan tampoco quienes hacen apología del delito: “Que vuelvan los milicos”.
Frente a eso, activistas fundamentalistas y neoconservadores, como los llaman los investigadores cordobeses Juan Marco Vaggione y José Manuel Morán Faúndes, embistieron con discursos odiantes en muchos países latinoamericanos. Desarrollaron, por ejemplo, un plan sistemático para instalar la idea de la existencia de una “ideología de género” desde principios de los años 2000, apunta Alejandra Domínguez, integrante cordobesa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
Simultáneamente, durante la reapertura democrática la lucha de las mujeres y disidencias por sus derechos también cobró impulso. El primer Encuentro Nacional de Mujeres se hizo en 1986. La deuda en materia de derechos civiles, políticos y sociales era muy amplia. Los debates que se dieron desde entonces, en estas cuatro décadas se transformaron en progresivos triunfos: la incorporación del divorcio vincular y el restablecimiento de la patria potestad compartida en el Código Civil en los 80; la instauración del cupo femenino en la representación política en el Código Nacional Electoral en los 90; y las más recientes políticas de Educación Sexual Integral, de protección contra las violencias contra las mujeres, de legalización del aborto, de la unión civil, de la identidad de género y del cupo laboral travesti trans, entre otras.
Frente a eso, activistas fundamentalistas y neoconservadores, como los llaman los investigadores cordobeses Juan Marco Vaggione y José Manuel Morán Faúndes, embistieron con discursos odiantes en muchos países latinoamericanos. Desarrollaron, por ejemplo, un plan sistemático para instalar la idea de la existencia de una “ideología de género” desde principios de los años 2000, apunta Alejandra Domínguez, integrante cordobesa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
En Argentina, los ataques se intensificaron especialmente a partir de 2018, cuando se votó por primera vez en el Congreso de la Nación un proyecto de Ley de Interrupción Legal del Embarazo. Los grupos anti-derechos también se organizaron e hicieron campaña imitando los modos organizativos y tácticos del feminismo: “Nos empezaron a copiar”, cuenta Mabel Gabarra, también integrante de la Campaña.
Ante los ataques, se comenzaron a desarrollar prácticas de cancelación en ámbitos culturales, mediáticos y artísticos que, sin asumir el debate, limitan las posibilidades de acceso al conocimiento, a la cultura y a la historia, como marcó en 2020 el especialista catalán en derecho a la comunicación, Joan Barata.
Al mismo tiempo en Argentina se multiplican, sobre todo desde 2021 cuando atentaron contra la Vicepresidenta de la Nación, los proyectos de leyes y políticas estatales tendientes a limitar la libertad de expresión con la penalización de los negacionismos y de los discursos de odio. Todavía no se concretaron, pero cada vez son más los sectores políticos y sociales que consideran la aplicación de límites como una necesidad y una opción de salida frente a los problemas de la conversación pública.
Esto no es casual. La expansión de las posibilidades de manifestación pública, sobre todo a partir de los medios técnicos ofrecidos por el avance de la digitalización, la conectividad y las plataformas digitales de redes sociales, no mejoró el debate público como se esperaba. Las implicancias de la difusión reticular de desinformación y discursos odiantes, por el contrario, acrecientan la percepción de una amenaza para la democracia, incluso para la vida de las personas.
La censura y la inducción al silenciamiento ya no la ejercen sólo las élites políticas o mediáticas poderosas, sino también esa “multitud” que de maneras no siempre anónimas acosan, hostigan y violentan en redes sociales, como observó en 2020 el sociólogo argentino Silvio Waisbord.
Sin embargo, es necesario preguntarse si la judicialización de los discursos negacionistas y de odio es necesaria, útil, eficaz, estratégica y segura para cuidar el debate público. En mi opinión, no sería útil porque los discursos negacionistas no dejan de producirse ni de circular por estar penalizados.
Ante los ataques, se comenzaron a desarrollar prácticas de cancelación en ámbitos culturales, mediáticos y artísticos que, sin asumir el debate, limitan las posibilidades de acceso al conocimiento, a la cultura y a la historia, como marcó en 2020 el especialista catalán en derecho a la comunicación, Joan Barata.
Tampoco sería muy eficaz porque nuestro sistema judicial funciona lento y está muy cuestionado. Ni siquiera sería estratégica, porque la judicialización de estos discursos de odio les da mayor visibilidad y alcance del que ya tenían y, lo que es peor, les permite a sus autores y autoras victimizarse y mostrarse como objetos de persecución. Menos aún sería segura porque un instrumento legal poco preciso permitiría que sea utilizado también para penalizar otro tipo de expresiones que no les gusten a ciertas personas.
Tampoco serían tan necesarias porque en nuestro sistema legal ya está penalizada la incitación a la violencia, que es la característica definitoria de los discursos de odio según el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se aplica en Argentina. También tenemos una norma antidiscriminatoria y está penalizada la apología del delito.
Además, las leyes de Ética Pública, por un lado, y de Servicios de Comunicación Audiovisual y Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres tienen artículos relativos a las responsabilidades específicas de funcionarios/as/es estatales, medios y comunicadores/as.
Por otra parte, todas estas iniciativas jurídicas apuntan a la producción de expresiones negacionistas. En cambio, lo más preocupante es la adhesión a estos discursos. ¿Por qué, después de las enormes conquistas por las que nuestro país es modelo en el mundo en materia de Memoria, Verdad y Justicia, hay quienes escuchan y leen en los medios, siguen en redes sociales y hasta votan a negacionistas? ¿Por qué después de los inmensos avances en políticas de género y diversidad sexual por las que Argentina también es pionera en la región e, incluso, en gran parte del mundo, quienes atacan y desprecian a mujeres y disidencias llegan a tener altos niveles de rating y votos suficientes para ocupar cargos públicos?
En muchos de esos casos pareciera manifestarse, no tanto un cuestionamiento claro a los acuerdos colectivos sobre lo que nos pasó ni tampoco una impugnación directa a la ampliación de derechos; sino más bien una desilusión con las promesas incumplidas de esa democracia con la que nos habían asegurado que se comía, se curaba y se educaba. Entre las razones de quienes adhieren a estos discursos negacionistas y violentos, parece haber mucho de miedo, incertidumbre sobre el futuro, desilusión, desconfianza, desesperanza, desesperación. La judicialización de los negacionismos y los discursos de odio no podría resolver esto. Por eso, penalizar sería también el reconocimiento de un fracaso. El derecho penal se usa cuando la sociedad y la política se quedaron sin otros recursos.
La renovación de los consensos
¿Qué hacer si no se inician acciones penales? Entre las políticas estatales, hay también regulaciones y acciones que no cancelan ni clausuran, sino que abren, multiplican, fomentan y fortalecen de manera estructural los espacios y voces más debilitadas.
Eso es lo que buscaban la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las políticas relacionadas que se implementaron entonces. También este espíritu está presente en la Ley contra las violencias de género. Es la línea de proyectos y propuestas que impulsan algunos/as/es legisladores/as a nivel nacional e internacional para regular las plataformas audiovisuales y de redes sociales, entre otras iniciativas.
Además, en Argentina y América Latina tenemos amplia experiencia en luchar de manera organizada contra múltiples tipos de violencias. Por eso, ante las manifestaciones violentas de nuestro tiempo, conviene recuperar y revisar lo que hacen desde hace décadas las organizaciones de sujetos que históricamente fueron hostigados y que, aun así, consiguieron importantes logros y reconocimiento, como los organismos de derechos humanos y las organizaciones feministas.
Estos movimientos sociales supieron, en primer lugar, no dejarse correr y no meterse en la cancha de barro que definen los atacantes. No aceptan jugar con las reglas comunicacionales y políticas de violencia, mentiras e injusticia que los otros proponen. Esto es central, porque quienes producen discursos violentos no sólo agreden a ciertos grupos sociales, sino que también buscan cambiar las reglas de la comunicación pública, correr los bordes. Cuando las mujeres, las disidencias, los/as/es militantes de derechos humanos no aceptan entrar en su juego, de ese modo se cuidan a sí mismos y también nos cuidan a todos/as/es porque custodian nuestro debate público y nuestra democracia.
En tanto, los organismos de derechos humanos dieron la disputa por reemplazar la noción de “guerra interna” por la de “terrorismo de Estado”, y por instalar como símbolo el número de “30000 desaparecidos”.
Así, convencen a incrédulos/as/es, indecisos/as/es, dubitativos/as/es y a quienes piensan distinto, enseñan a quienes no saben, explican a quienes no comprenden, muestran y demuestran a quienes no quieren ver. Lo hacen con promoción de derechos, sensibilización, arte, campañas de comunicación, movilización en las calles, educación formal en escuelas y universidades, educación no formal en barrios, organizaciones, clubes y cuanto espacio sea posible; en articulación con el Estado y las políticas públicas cuando hay oportunidad. Sin ingenuidades, con perseverancia, con constancia y con sabiduría.
Además, impulsan nuevas reglas de juego de la comunicación pública y de la democracia tanto hacia adentro del propio colectivo como hacia afuera, hacia el conjunto de la sociedad. Esos nuevos consensos se vinculan con el modo en que, como sociedad, acordamos que se define lo verdadero, lo justo y la forma de tratarnos, los modos respetuosos de dirigirse a cada grupo social.
El debate público es esencial para instalar nuevas cuestiones públicas en la consideración social y política. Por eso, las organizaciones sociales proponen e impulsan cambios en las formas de nombrar, redefinen las maneras de clasificar, construyen sentidos y argumentos, y producen información sobre diversas cuestiones de la vida en común. Así, la periodista Josefina Rodríguez, de Ni Una Menos, rememora la lucha por impulsar que llamen “femicidio” a lo que antes en las redacciones se describía como “crímenes pasionales”.
Martín Apaz, quien participó en Córdoba de la Multisectorial por la Democratización del Matrimonio Civil, recuerda los debates que se dieron sobre cómo nombrar la demanda: si “matrimonio para todos y todas”, “homosexual” o “para personas del mismo sexo”, hasta que llegaron a la definición de “matrimonio igualitario”.
Estos movimientos sociales proponen un horizonte de ampliación de derechos, mayor justicia y un trato más amoroso y cuidadoso. Si ahí se juegan en gran medida las razones por las que hay quienes adhieren a los discursos violentos y negacionistas, esta construcción contribuye a reducir estas adhesiones.
En tanto, los organismos de derechos humanos dieron la disputa por reemplazar la noción de “guerra interna” por la de “terrorismo de Estado”, y por instalar como símbolo el número de “30000 desaparecidos”.
Así, los conceptos, valores y significados alternativos que producen y difunden desestabilizan los predominantes. Fomentan la construcción de nuevos consensos al redefinir los límites de lo que es socialmente aceptable y no sobre el reconocimiento, categorización y caracterización de los problemas sociales.
También amplían las formas respetuosas de expresión sobre diversos sectores sociales para evitar discursos acosadores y discriminatorios en general. Trabajan en la construcción de una subjetividad más cuidadosa, respetuosa y atenta con los/as/es demás, lo que en 2011 la filósofa estadounidense Martha Nussbaum llamó “emociones democráticas”.
Por su parte, en las apariciones públicas de integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, decidieron apostar al diálogo racional, dando información, sin golpes bajos como los que usan quienes las atacan, “porque si no, somos iguales a ellos”, afirma Domínguez.
Proponen modos de trato no violento, en oposición a quienes cuestionan por hipócrita a la corrección política y al uso cuidadoso del lenguaje y de las maneras. Así, Pía Ceballos, de Mujeres Trans Argentina (MTA), sostiene que, a diferencia de cómo ellas crecieron y fueron tratadas, buscan “volver a poner en valor la palabra y establecer acuerdos que no pueden reproducir violencia” y vincularse “desde el afecto, la ternura, para cuidar las formas y los modos” tanto hacia adentro del colectivo como hacia afuera.
Por su parte, en las apariciones públicas de integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, decidieron apostar al diálogo racional, dando información, sin golpes bajos como los que usan quienes las atacan, “porque si no, somos iguales a ellos”, afirma Domínguez.
Buscan también que ese cambio sociocultural y político se sostenga a mediano y largo plazo. Por eso se proponen abrir posibilidades para quienes vengan después. En ese sentido, MTA acompaña a niñes y adolescentes trans: “Las grandes ya no vamos a recuperar nuestras niñeces, pero sí podemos hablar de otras familias diversas, dice Ceballos. En la misma línea, Analía Kalinec, de Historias Desobedientes.
Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia, dice que una de las primeras demandas del colectivo fue que les permitieran declarar contra sus progenitores “pensando en abrir la cancha y allanar el camino para que cualquiera que venga no se encuentre con estos mandatos -que también están en el orden jurídico- que censuran la posibilidad de que uno pueda no honrar a su padre y a su madre”. Buscan, lenta pero persistentemente, “horadar la piedra”, como dice Rodríguez de Ni Una Menos.
Estos movimientos sociales proponen un horizonte de ampliación de derechos, mayor justicia y un trato más amoroso y cuidadoso. Si ahí se juegan en gran medida las razones por las que hay quienes adhieren a los discursos violentos y negacionistas, esta construcción contribuye a reducir estas adhesiones.
La conversación pública en Argentina, crucial para discutir y consensuar en qué tipo de sociedad queremos vivir, ha demostrado ser tan pasional como vigorosa. Se enfrenta ahora a ataques arteros y hay quienes pretenden defenderla con el brazo represivo del derecho penal. Ojalá prime redoblar la apuesta por la construcción social, cultural y política que los organismos de derechos humanos y las organizaciones feministas, entre tantas otras nos enseñaron.
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
Si la dictadura fue cívico-militar-eclesial-empresaria, entonces Córdoba fue una de sus capitales y una parte del componente institucional que gobernó en los años de plomo permanece impune e influyente. El militarismo de Pascua del ’87 y la policía amotinada de 2013, la Justicia y las grandes empresas cómplices del terrorismo de Estado, el think tank neoliberal de la Fundación Mediterránea que marcó a fuego con cuadros y políticas tanto a gobiernos dictatoriales neoliberales como democráticos, la mirada complaciente del Episcopado que “dejó hacer” y la clase política garantía de impunidad fueron productos de exportación de la democracia cordobesa pos Luciano Benjamín Menéndez. Pero, muerto el chacal ¿desapareció la rabia?
Por Alexis Oliva (*)
“Estoy seguro que tarde o temprano nos verán a muchos de nosotros desfilando orgullosamente frente al pueblo de nuestra querida patria. Entonces, por fin las sombras tenebrosas del efímero relato serán borradas para siempre por el sol perenne de la historia”, dijo el represor Ernesto Guillermo Barreiro. Lo sorprendente de la frase no fue su contenido ni su enunciador, sino el tiempo y el lugar: 16 de agosto de 2016, en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba, que ese día escuchaba las últimas palabras previas a la sentencia en el juicio por la Megacausa La Perla – La Ribera – D2. El 25 de agosto, Barreiro y otros 27 represores serían condenados a prisión perpetua, otros diez a penas que iban de dos años y seis meses hasta 21 años de cárcel, y cinco absueltos. Entre ellos, el ex general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército en los años del terrorismo de Estado, tendría la doceava condena a perpetua, la penúltima de las trece que se llevaría a la tumba el 27 de febrero de 2018.
El récord de condenas de Menéndez fue una ardua y justa conquista, pero también un factor que dificulta vislumbrar las complicidades civiles, clericales, empresariales y políticas que fueron constitutivas de la dictadura en general y de la dictadura en Córdoba en particular. Detrás del atractivo monstruo, arquetipo del temible militar represor, ha pasado casi desapercibido un entramado de poderes institucionales que permite postular a Córdoba como una de las capitales de aquel regimen cívico-militar. Poderes que quedaron impunes y en gran medida siguen activos.
Iglesia en silencio
Ya en 2010, el juicio por los fusilamientos de 31 presas y presos políticos de la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1) –que tuvo al dictador Jorge Rafael Videla y a Menéndez como principales acusados– develó la complicidad de la cúpula de la Iglesia Católica, con testimonios de numerosas cartas y pedidos dirigidos al Arzobispado de Córdoba por presos y familiares, denunciando esos asesinatos perpetrados en ocho ocasiones con el mismo falso pretexto del “intento de fuga” y clamando por su intervención.
Además, los testigos dieron cuenta del rol activo de los capellanes del Tercer Cuerpo de Ejército, Mc Kinnon y Sabas Gallardo, quienes utilizaban el sacramento de confesión para extraer información y oficiaban de intermediarios de las amenazas de los represores a los prisioneros. Si (Raúl Francisco) Primatesta estuviera vivo, estaría aquí sentado (entre los acusados), no tengo dudas”, dijo entonces el fiscal Carlos Gonella en su alegato. Se refería a quien durante la dictadura fue arzobispo de Córdoba y presidente del Episcopado de la Iglesia Católica entre 1976 y 1982. El mismo Primatesta que en su mensaje de la Nochebuena de 1975 había pronunciado esa “profecía del castigo” y la represión clandestina: “La mano izquierda de Dios es paternal, pero puede ser pesada”, reseñó Horacio Verbitsky en su Historia política de la Iglesia Católica.
Justicia funcional
Las víctimas de esa causa eran presos legales a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y la Justicia Federal de Córdoba, por lo que sus asesinatos sólo pudieron cometerse “con la participación de individuos a cargo del Poder Ejecutivo en forma espuria y con la complicidad de los funcionarios de la Justicia”, señaló el fiscal y luego citó un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “El terrorismo de Estado en Córdoba contó con la complicidad del Poder Judicial, a través del Juzgado Federal N°1, con el juez Adolfo Zamboni Ledesma y el secretario Carlos Otero Álvarez”.
Pero ninguno de los dos estaba sentado en el banquillo de los acusados. Zamboni Ledesma porque había muerto en 1984; Otero Álvarez por otros motivos. El 27 de septiembre de 2007, Luis Miguel Baronetto, ex preso político en la UP1 y esposo de Marta Juana González, asesinada el 11 de octubre del 76 luego de haber tenido a su segundo hijo en cautiverio; Juan Miguel Ceballos, abogado e hijo de Miguel Ángel Ceballos, víctima del mismo fusilamiento, y Rubén Arroyo, histórico abogado de derechos humanos, habían presentado una denuncia contra los funcionarios judiciales cómplices de los secuestros, torturas y fusilamientos incluidos en la causa UP1.
Pero la jueza Cristina Garzón de Lascano decidió instruirla por separado y la tituló Ceballos, Juan Miguel y otros, su solicitud, a pesar de que las causas penales llevan el nombre de los imputados. En este caso, Miguel Ángel Puga, ex titular del Juzgado Federal Nº 2; Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo, ex fiscales; Ricardo Haro y Luis Molina, ex defensores oficiales, y Otero Álvarez, ex secretario penal del Juzgado Federal Nº 1 y por entonces vocal del Tribunal Oral Federal Nº 1 –paradójicamente, uno de los jueces que en 2008 impuso su primera condena a Menéndez–.
Alí y Molina fueron apartados por razones de salud y los demás fueron juzgados recién en 2017. El 7 de noviembre, el Tribunal Oral Federal N° 2 absolvió a Otero Álvarez y Haro y condenó a tres años de prisión en suspenso a Puga y Cornejo. “A pesar de la gravedad de los hechos y la contundencia de la prueba, el tribunal fue extremadamente complaciente con los imputados, para que no tengan que ir a la cárcel a compartir la suerte de los delincuentes”, declaró ese día el denunciante Baronetto.
Empresas cómplices
Los retratos de los siete trabajadores de la fábrica Perkins víctimas del terrorismo de Estado colgaban de los pechos de sus antiguos compañeros de trabajo: Pedro Ventura Flores, Adolfo Ricardo Luján, Víctor Hugo González, José Antonio Apontes, Hugo Alberto García, Guillermo Abel Pucheta y César Jerónimo Córdoba. Ese 15 de octubre de 2013, declaraba en el juicio La Perla Juan Enrique Villa, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Motores Diesel Livianos al momento del golpe de Estado, quien relató que ante la desaparición de Apontes y García, los trabajadores de la fábrica Perkins se atrevieron a hacer una huelga de dos días. Esa medida de fuerza figuraba en un informe de la Policía Federal que el testigo presentó ante el Tribunal.
“Después, la empresa hacía ir dos veces al día al Ejército a la fábrica. Hacían una lista y sacaban a cuatro o cinco compañeros, los hacían dormir en (el campo de concentración de) La Ribera. No les pegaban y los soltaban a los dos días, pero eso los amedrentaba”, denunció Villa. Además, un funcionario de la fábrica “hablaba por teléfono a las casas de los compañeros y decía: ‘Mire que el Tercer Cuerpo ha preguntado por su marido. Trate de decirle que no participe en reuniones’. La patronal jugó un papel muy importante, porque a los domicilios los sacaban de algún lado las fuerzas armadas y ellos tenían vía directa con el Tercer Cuerpo de Ejército. Eso es absoluta complicidad de la empresa con la represión”, manifestó.
Los abogados de H.I.J.O.S. y Familiares sumarían otra revelación al informar que en el Colegio de Escribanos de Córdoba existen actas notariales en las que consta que la empresa IKA-Renault habría entregado listas con las direcciones de sus trabajadores a las autoridades militares. En respuesta a una nota de Menéndez exigiendo a la empresa que “en el término de 72 horas” provea esa información por “requerimientos de seguridad”, la IKA-Renault entregó las listas, pero hizo certificar ante escribano que algunos obreros “no actualizaron” su domicilio o “no asistieron” ese día al trabajo. Así, la prolijidad burocrática de la multinacional automotriz generó una valiosa evidencia. En esa lista figuraban con sus domicilios Hugo Osvaldo López, Carlos Alberto Velázquez, Jorge Oscar Rodríguez, Maximino Sánchez y René Rufino Salamanca –el secretario general del Sindicato de Mecánicos de Córdoba secuestrado el mismo 24 de marzo de 1976–. Todos están desaparecidos.
En otra jornada testimonial, Jorge Luis Argañaraz, ex militante montonero y trabajador sindicalizado de Fiat-Materfer, aseguró que los directivos de la multinacional tuvieron un “papel determinante” en el secuestro y desaparición de obreros y delegados gremiales. El 22 de noviembre de 1976, Argañaraz fue secuestrado y llevado a La Perla, donde fue sometido a torturas e interrogado sobre sus compañeros de militancia sindical y política. Luego de dos días, los represores le exhibieron “álbumes que pertenecían a Fiat, que tenían fotos de compañeros”. “Cuando ingresábamos a la empresa nos sacaban una foto para la credencial y otra para el álbum. Esos álbumes son los que me mostraron en La Perla. La empresa se los había provisto”, explicó el testigo. Además, Argañaraz refirió que desde antes del golpe del 76 habían ingresado a la fábrica agentes de Inteligencia del Ejército que “trabajaban abiertamente con la empresa”. “Fueron 32 o 33 compañeros desaparecidos de la Fiat en Córdoba; y yo tengo 27 nombres. Pero no sólo la Fiat. Hay otros empresarios que tendrían que estar sentados en el banquillo de los acusados”, planteó al finalizar.
Ante cada testimonio, la fiscalía y las querellas solicitaban investigar la complicidad empresarial y el Tribunal derivaba el requerimiento a la Fiscalía de Instrucción. Hasta hoy, sin novedades.
En el plano de la política económica neoliberal de la dictadura, una importante proveedora de ideas y funcionarios –entre ellos Domingo Cavallo– fue la cordobesa Fundación Mediterránea y su Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL). En el discurso inaugural del 6 de julio de 1977, el empresario de la construcción y primer presidente de la entidad Piero Astori dijo: “Hemos vivido años de anarquía y destrucción. Hemos vivido al borde de la guerra civil y el colapso económico. Las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad de la conducción de la Nación para salvaguardar la existencia misma de la patria. El gobierno ha convocado a la ciudadanía a participar en el Proceso de Reorganización Nacional mediante un diálogo constructivo. La decisión de formar la Fundación Mediterránea es nuestra contestación afirmativa a la convocatoria”.
En mayo de 2010, el periodista Guillermo Posada reveló en la revista El Sur que la entidad empresaria “censuró en su website parte del discurso de su fundador, Piero Astori, donde expresa su adhesión política al régimen represor”, eliminando las frases más comprometedoras del párrafo. Desde la publicación de este informe, la Mediterránea y el IERAL cambiaron completamente su presentación corporativa.
Políticos garantes
El Poder Judicial también fue reticente a investigar las complicidades políticas develadas en las causas de lesa humanidad. En el juicio de la UP1 quedó al descubierto cómo el dirigente radical Oscar Aguad, siendo ministro de Asuntos Institucionales del gobernador Ramón Mestre, acalló las denuncias del expolicía y víctima del terrorismo de Estado Luis Urquiza contra el represor policial Carlos Yanicelli, quien en 1997 había sido promovido al rango de comisario mayor y a la jefatura de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba.
Al atestiguar, Urquiza relató que Aguad lo hizo llevar a su despacho por el grupo de élite de la policía y le advirtió: “Mire Urquiza, la cosa es sencilla: o usted hace un perfil bajo o yo no le puedo garantizar la seguridad”. El ex policía y estudiante de Psicología, que había sido secuestrado, baleado y torturado por sus camaradas en el Departamento de Informaciones D2, le reprochó que “a tantos años de la democracia los represores todavía estuvieran ocupando cargos”. “No puedo hacer una sangría en la policía porque se me va a levantar la Guardia de Infantería. Yo mismo estoy amenazado de muerte”, le dijo Aguad. “El tono era demasiado claro: tenía que callarme la boca o podía pasar cualquier cosa”, concluyó el testigo. “En virtud de la gravedad de las declaraciones del señor Urquiza, esta querella va a solicitar la presencia del doctor Oscar Aguad, para aclarar estas situaciones”, pidió la abogada del Servicio de Paz y Justicia María Elba Martínez. Las demás querellas apoyaron el pedido, pero el Tribunal lo rechazó.
La huella de los policías del D2 asomó también en el asesinato del exsenador Regino Maders, el crimen político más grave de la historia reciente de Córdoba, cometido el 6 de septiembre de 1991, por el que 14 años después sólo fue condenado el ex policía Hugo Síntora, quien también revistaba en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Cabildo. Durante el juicio celebrado en 2005, mientras declaraba José Cafferata Nores –ministro de Gobierno de Eduardo César Angeloz en el momento del crimen–, la abogada Martínez –querellante junto a Teresa Maders– le preguntó: “¿Por qué, como ministro de Gobierno, si de usted dependía la estructura policial, pudo mantenerse a personas de esa época que habían sido procesadas ya en el año ‘87 por la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Córdoba?”. El testigo respondió: “Hubo una política de progresiva desafectación de las filas policiales a quienes habían tenido vinculación con casos de violaciones a los derechos humanos o con otro tipo de delitos. Esta política se fue ejecutando a lo largo del tiempo (…) Yo recuerdo que en mi gestión pasaron a retiro. Pueden haber quedado otros”.
No solo quedaron, sino que fueron utilizados por el poder político para desarticular las protestas de sindicatos y movimientos de trabajadores desocupados frente a las políticas neoliberales de los años 90. Ya en marzo de 1998, en una edición de esta revista dedicada a La impunidad, el lado oscuro del poder en la Argentina, señalábamos: “Siguen porque en una coyuntura de crisis socioeconómica y conflictividad social como la que vivimos, resultan funcionales al poder político”. Y citábamos la declaración del gobernador Mestre en una rueda de prensa del 31 de mayo de 1997, donde defendía al jefe policial aludiendo a una supuesta infiltración de los desocupados del noroeste cordobés, en el reciente corte de la ruta nacional 38 en Cruz del Eje: “Yanicelli fue quien organizó la tarea que nos permitió detectar la participación de esos sectores políticos en los conflictos y por eso es el centro de las denuncias”. Un explícito reconocimiento de que la policía efectuaba un espionaje ideológico de las manifestaciones gremiales y sociales.
La herencia de plomo
A pesar de Mestre y Aguad, Yanicelli fue pasado a retiro. Más de una década después, fue condenado en 2010 junto a otros represores policiales a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. “En Córdoba, los policías que habían cometido las peores violaciones a los derechos humanos fueron mantenidos y ascendidos por los gobiernos radicales de Eduardo César Angeloz y Ramón Mestre. Y el gobernador José Manuel de la Sota, en la puerta del D2 y a 28 años del golpe militar, embistió contra las Madres de Plaza de Mayo porque ‘tienen que pensar si realmente cuidaron como correspondía a los chicos desaparecidos’”, escribía el periodista Mariano Saravia en el prólogo de su libro La sombra azul.
Con esos avales políticos –extendidos durante las gestiones de Juan Schiaretti–, en las cuatro décadas de democracia ha persistido una herencia dictatorial en la Policía de Córdoba, que las reformas en su plan de estudio y protocolos para el uso de la fuerza no logran esmerilar. Una cultura puesta en acto en la represión a la protesta –desocupados de Cruz del Eje y sindicato de Luz y Fuerza contra la ley de “Nuevo Estado” en el 2000, trabajadores estatales contra la reforma previsional en 2008 y 2012, municipales contra el ajuste en 2020 y militantes ambientales en el acampe contra la autovía de montaña en 2022, por citar algunos episodios–, en las tropelías de la banda fantasma –robo del botín del asalto al Banco Nación de Laguna Larga, asesinato impune del palomero Rafael Muriel, las amenazas y el intento de contratar un preso para matar al fiscal Carlos Matheu, etcétera– y en el gatillo fácil –que en los últimos años cobró la vida de Fernando Pellico, Franco Amaya, José Ávila, Blas Correas y Joaquín Paredes, entre otros–.
Otra definición poco democrática de De la Sota fue pronunciada en el contexto del motín de febrero de 2005 en la cárcel de barrio San Martín, que su policía resolvió de la peor forma con el saldo de ocho muertos: cinco presos, dos empleados penitenciarios y un policía. Además, los internos que intentaron fugarse en un camión fueron trasladados a la ex cárcel de Encausados por el Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) de la Policía y sometidos a torturas. Ante los micrófonos de Cadena 3, el gobernador dijo que los condenados a cadena perpetua sólo podían salir del penal “con los pies para adelante, cuando Dios se los lleve de este mundo” y que los derechos humanos eran “sólo para la gente honesta”.
La reacción corporativa es otro peligroso componente de la huella dictatorial en la fuerza policial. Una muestra fue la cadena causal de iniquidades ocurrida entre septiembre y diciembre de 2013, con el narco-escándalo policial, los presuntos suicidios de los uniformados Juan Alós y Damaris Roldán y las renuncias del ministro de Seguridad y el jefe de Policía. Los eslabones finales fueron el acuartelamiento policial y los saqueos que se cobraron dos víctimas locales y precipitaron un nuevo recambio en el ministerio y la jefatura, además de exportarse a otras 14 provincias y causar un total de 18 muertes en el país. “Sólo un irresponsable podría no darse cuenta de que todo estaba por explotar y cuatro días después el gobernador De la Sota estaba a bordo de un avión rumbo a Colombia cuando los policías decidieron demostrar hasta qué punto conformaban un ejército y en qué medida, si nadie los mandaba, habían aprendido a autogobernarse”, planteó el periodista Dante Leguizamón en un artículo titulado La Policía es algo más que una inmensa estepa azul.
Así quedó trágicamente claro que más que un reclamo laboral, el acuartelamiento fue una demostración de poder e impunidad frente a la investigación judicial de los vínculos policía-narcotráfico.
El dejá vu y las cuentas pendientes
El que amenazaba con volver a desfilar algo sabe de amotinamientos de fuerzas de seguridad exportados desde Córdoba al país. En abril de 1987, Ernesto Barreiro se negó a declarar por sus crímenes de lesa humanidad ante la Cámara Federal de Córdoba, se acuarteló en el Regimiento 14 de Infantería Aerotransportada de La Calera y desencadenó el alzamiento carapintada contra el gobierno de Raúl Alfonsín, que estalló en Campo de Mayo con el liderazgo de Aldo Rico. “En Córdoba fui yo el iniciador”, admitió el represor en otra audiencia de la Megacausa La Perla.
La masiva movilización popular salvó al país de otro golpe de Estado, pero la sedición carapintada parió las leyes de impunidad, seguidas de los “pacificadores” indultos menemistas. Su anulación entre 2003 y 2005 permitió retomar el proceso de juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado, Barreiro incluido luego de su captura en Estados Unidos. Sin embargo, el empuje de las políticas de memoria, verdad y justicia durante el kirchnerismo se revertirían con el gobierno de Mauricio Macri y la coalición PRO-UCR. Como símbolo, la escena soñada por Barreiro: la presencia de Rico, sus camaradas carapintadas y los represores del “Operativo Independencia” en el desfile del 9 de Julio de 2016 en el Bicentenario de la Independencia.
A 40 años de recuperada la democracia, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia corre en Córdoba y el país contra el “punto final biológico” y –al menos la militancia por los derechos humanos y la ciudadanía movilizada– brega por convertir en realidad el “Nunca Más violencia institucional” expresado en la reciente sentencia contra los policías que mataron a Blas Correas. En eso estamos.
(*) Periodista, docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UNC)
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
Desde 1983 el retiro de los cuerpos militares a los cuarteles dejó en pie la puja entre el reclamo de verdad y justicia y el partido militar, como expresión de un espectro político que promovía la impunidad y el olvido.
Por Miguel Apontes (*)
Con igual relevancia, los derechos humanos se transformaron en la gran bandera de la lucha y resistencia contra la dictadura y significaron, al no poder esconderla ni ahogarla en el aislamiento a pesar del dispositivo represivo y comunicacional a su servicio, la primera derrota política de la Junta Militar.
En 1977 irrumpió Jimmy Carter impulsando la ofensiva diplomática de Estados Unidos, que situó los derechos humanos entre sus prioridades de política exterior y supuso una suerte de concepción ética (desde ya política) institucionalizada, que se mantuvo aún después, con el neoconservadurismo encabezado por Ronald Reagan. Todo en pleno desarrollo de la Guerra Fría.
Los derechos humanos irrumpen en el discurso
¿Desde cuándo los derechos humanos pasaron a ser una idea presente en la lucha política contra la dictadura argentina? Era 1976 y, en el afán de acceder a información a través de medios internacionales que escuchaba por radio onda corta, y sintonizada a la madrugada, recibía noticias sobre denuncias de las atrocidades que se cometían en el mundo.
Las noticias se centraban más bien en países como Cuba, la Unión Soviética, Europa Oriental, alguna nación africana donde se libraban luchas revolucionarias y los regímenes dictatoriales latinoamericanos, en ese orden.
A cuenta gotas pude informarme, entre los años 1976 a 1980, sobre cómo repercutía en el exterior lo que estaba pasando en el país, en un marco donde las referencias a Argentina no predominaban y provenían de emisoras con origen en países centrales como Holanda, Francia o Estados Unidos. Muchos más espacios tenían los reportes sobre Chile, ya que varias radios que sintonizaba -y que después supe que eran financiadas por la Unión Soviética- focalizaban sus denuncias en la dictadura de Pinochet.
La administración de Carter, lejos de limitar su accionar frente a la retirada de Vietnam, el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 y la Revolución Islamista en Irán, llevó adelante una ofensiva global con la bandera de los derechos humanos. Una inteligente forma de construcción de sentido, implementada por el país que llevó adelante las mayores intervenciones en Latinoamérica y guerras en todo el mundo.
Así y todo, en términos de la política doméstica, la política exterior de las potencias occidentales embanderada en los derechos humanos fue muy útil para la condena de la dictadura. Claro que se ciñó al señalamiento de los ejecutores y dejó bajo el velo de la impunidad a autores intelectuales y cómplices civiles.
La ejemplaridad de los organismos
El papel que jugaron los grupos de derechos humanos merece todo el reconocimiento. Junto con organismos preexistentes como la APDH, la Liga Argentina por los DD.HH. o el Movimiento Ecuménico, fueron los familiares de las víctimas y las organizaciones que constituyeron, quienes desarrollaron esa militancia increíble -aún en situaciones extremas- que llevó a la primera derrota política de la Junta Militar.
Con los vaivenes conocidos, el derrotero no fue lineal. Pero sí constante y perseverante el reclamo de verdad y justicia. Pasaron el juicio a las juntas, las leyes de punto final y obediencia debida, los indultos, los juicios por la verdad… hasta llegar por fin a la nulidad de las normas que impedían el juzgamiento.
Los largos procesos y las condenas que sobrevinieron contra los genocidas, actuaron como una verdadera devolución de dignidad a las víctimas, a sus familias, al pueblo todo y motivo de orgullo ante el mundo.
La demanda de “juicio y castigo a los culpables”, sin duda respondió a la emergencia del momento, a la necesidad de denunciar y castigar el oprobio. No eran momentos de avanzar sobre las motivaciones político ideológicas del golpe.
No obstante, de a poco, se fue incorporando el reclamo hacia la complicidad civil. Y si bien algunos procesos se llevaron adelante, no alcanzaron la repercusión que merecían: los que elaboraron el programa del “Proceso” sortearon a la Justicia y la condena social hacia ellos tampoco se dio.
El móvil del crimen
“… han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina”, expresó Rodolfo Walsh en uno de los párrafos de la Carta Abierta a la Junta Militar, escrita al cumplirse un año del golpe.
Los militares argentinos no fueron más que “sicarios”, ejecutores de la matanza. Los autores intelectuales, los cuadros técnicos y políticos que estuvieron detrás de semejante empresa, salieron indemnes del desprestigio que se supo ganar la dictadura cívico militar. Sus ideas y su proyecto de país están vigentes. Y durante estos 40 años una y otra vez regresan promoviendo la dependencia, la concentración extrema de la riqueza, la economía primarizada, la desigualdad social sin límites.
El debate inconcluso
El historiador italiano Enzo Traverso indaga sobre el Holocausto para describir ese proceso de construcción de la memoria colectiva y sostiene que “la memoria de las víctimas” reemplazó a “la memoria de las luchas”.
No fue voluntario, las acciones de los organismos obedecieron a una urgencia, a la posibilidad cierta de salvar vidas en tiempos de extrema opresión. Para revertirlo fue importante recuperar la pertenencia política de cada víctima, su identidad como sujetos activos. Se pudo decir abiertamente que pertenecían a tal o cual organización, que los secundarios de La Plata estaban organizados en la UES, por ejemplo.
La organización de los familiares de los desaparecidos y presos políticos se realizó en medio de una tragedia, del terror y la muerte. Y esa organización remite a tradiciones del pueblo argentino, a la vocación de unirse en pos de objetivos que es una marca de nuestra sociedad.
La discusión sigue en curso y, simplificando, al margen de cualquier crítica a los métodos de las organizaciones revolucionarias, las razones políticas que llevaron al golpe militar de 1976 fue más allá de una respuesta represiva a esa juventud militante que propuso una disrupción y, en definitiva, planteó una nación fundada en otros paradigmas.
El proyecto de la dictadura cívico militar fue, a todas luces, impulsar la transformación radical de la estructura económica y social de la Argentina. A través del terrorismo de Estado se consolidaron nuevas relaciones de dominación.
La política de impunidad de los ’90 tuvo el efecto secundario de desactivar al partido militar como garrote amenazante sobre el sistema de partidos. Pero aquellas relaciones de poder que sumieron a la población en la incertidumbre de la pobreza diaria se estratificaron a través de las herramientas que inauguraron los dictadores: la deuda externa, los sistemas judiciales, instituciones globales controladas por los países centrales.
Hoy es preciso sostener los derechos humanos como política de Estado frente al negacionismo de la derecha ultramontana. No es menor exhibir las atrocidades cometidas, en el marco de un acuerdo democrático para que tanto horror no se repita.
El debate no se clausuró ni mucho menos. Los autores intelectuales de semejante tragedia, y el modelo de país que sostuvieron, aún siguen vigentes.
(*) Periodista, secretario Adjunto del Cispren. Editor en el medio cooperativo La Nueva Mañana.
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
El próximo semestre llega a juicio la segunda causa por apropiación de bebés durante la Dictadura en Córdoba. Se trata de la sustracción de la nieta 107 y el secuestro y tormentos de su madre María de las Mercedes Moreno.
Por Katy García (*)
Hace 47 años que Abuelas de Plaza de Mayo encaró la búsqueda de 500 niñas y niños, hijxs de desaparecidos que estaban con sus padres y fueron robados o nacieron en cautiverio. Este trabajo ha logrado devolver su identidad a 132 víctimas, evidenciando que el robo de bebés y la ocultación de identidad, como las detenciones ilegales, la aplicación de tormentos, los saqueos y las desapariciones fueron prácticas sistemáticas implementadas por la última dictadura cívico-militar eclesiástica.
Entre las víctimas de esa trama siniestra de la represión ilegal en Córdoba se encuentra María de las Mercedes Moreno y su hija, separadas al nacer en 1978 en la Maternidad Provincial.
«Yo sabía que estaba viva», dijo Moreno en 2012 en Buenos Aires, cuando Abuelas dio a conocer la noticia de la restitución de su hija, conocida como la nieta 107.
En su momento se difundió el nombre de la nieta como NN Moreno, ya que la joven pidió resguardar su nombre de pila tras conocer su identidad, luego de intervenir voluntariamente en proceso de extracción de sangre para cotejar con las muestras del Banco de Datos del organismo que encabeza Estela de Carlotto.
Ahora, una década después, sentarán en el banquillo de acusados de los tribunales a solo cuatro de la veintena de integrantes del mecanismo macabro de robo de identidades que le robó la hija a Mercedes en 1978. El resto ya falleció. El tiempo no cura nada a menos que exista justicia.
El debate podría comenzar pasada la mitad del c orriente año, estima el auxiliar fiscal de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Facundo Trotta. Se trata del segundo juicio oral y público en Córdoba, tras el realizado por la apropiación del nieto Sonia Torres, titular de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba.
“Para Abuelas es importante que comience este juicio que investiga la sustracción, y supresión de la identidad de la nieta 107, cuya mamá es una sobreviviente que se acercó a Abuelas”, explicó Sonia.
La nieta 107 es hija de María de las Mercedes Moreno y de Carlos Héctor Oviedo, y nació en la Maternidad Provincial el 11 de octubre de 1978. Se trata de un caso único donde se restituyó la identidad a una nieta cuya madre aún está viva.
La abogada de Abuelas y querellante en la causa, María Teresa Sánchez conoce bien un proceso judicial que suma voluminosas carpetas y sostiene ante Umbrales que está “absolutamente comprobada la participación de los jueces, las relaciones entre los imputados y los distintos personajes que, incluso, fueron parte el desarrollo de la investigación. Todo eso se podrá apreciar con absoluta claridad en el juicio oral y público, que ojalá sea pronto porque ya han muerto la mayoría de los imputados”.
Secuestro, tormentos y parto
María de las Mercedes Moreno, embarazada de siete meses, fue secuestrada de su casa en barrio Los Paraísos en septiembre de 1978 por una patota que formaba parte de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Córdoba (D2). Se le imputaba ser ‘correo’ de los presos políticos de la Cárcel de San Martín.
Encapuchada y trasladada al centro clandestino de detención (CCD-D2), que funcionaba en el edificio de Mariano Moreno y Caseros, fue torturada por Mirta Graciela ‘la cuca’ Antón y Calixto Luis Flores a dos meses de parir. La Cuca -apócope de ‘cucaracha’ por su condición despreciable aún para sus compañeros de patota, como contó la periodista Ana Mariani en la biografía que escribió sobre su torturadora- fue la primera mujer condenada por delitos de lesa humanidad en el país.
Días después de su secuestro, Moreno presentó complicaciones y fue llevada a la Maternidad Provincial donde estuvo internada hasta el 11 de octubre cuando nació su hija por parto normal. Nunca pudo verla. Al día siguiente envíaron a María de las Mercedes nuevamente al centro clandestino donde permaneció hasta el 28 de noviembre. Trasladada a la cárcel de mujeres el “Buen Pastor”, prisión que mantenía una fachada legal pero formaba parte de un circuito clandestino, la joven madre terminó depositada junto a las llamadas “presas especiales”, presas políticas, que estaban en el lugar.
El rol del Buen Pastor fue fundamental en el ocultamiento de datos como quedó probado en el juicio por el robo del nieto de Sonia Torres, hijo de Silvina Parodi y Daniel Orozco.
Actores judiciales
La niña nació a las 32 semanas de gestación. De inmediato pasó a la Sala de Neonatología de la Maternidad Provincial donde permaneció dos meses hasta que superó un problema respiratorio por su condición de prematura. El director del centro de salud, Francisco Sánchez Cressi (fallecido), sabía que la niña era hija de María de las Mercedes Moreno y de Carlos Oviedo. No obstante, recurrió al Juzgado de Menores de 1° Nominación a cargo de Jorge Horacio Pueyrredón (también fallecido), quien ordenó el traslado de la beba a la Casa Cuna y dio intervención a la Asesora de Menores Ana María Rigutto de Oliva Otero.
Cuando la madre recuperó la libertad el 6 de abril de 1979, siete meses después de dar a luz, lo primero que hizo fue ir a la Casa Cuna para tomar contacto con su hija. Pero el personal no le permitió el ingreso. Lo mismo le había sucedido a su hermana, que visitó algunas veces a la beba hasta que unas monjas no identificadas le dijeron que ahí “no podían entrar subversivas” y le impidieron todo contacto con la menor.
María de las Mercedes fue a la oficina del juez Pueyrredón para que la autorice ver a su hija. Pero el juez de Menores y la asesora Rigutto de Oliva Otero ordenaron estudios socio ambientales y luego le negaron a la madre conocer a su hija argumentando que los resultados no fueron favorables para la familia, por su condición humilde. Por ser pobres.
Cinco meses después una asistente social de la Casa Cuna, Dorila Caligaris, obtiene la guardia provisoria de NN, junto con su marido Osvaldo Róger Agüero. El dictamen para obtener la guarda lo emitió la asesora Rigutto de Oliva Otero.
Casi al cumplirse un año de vida de la beba, el 27 de septiembre de 1979, el juez Pueyrredón dictaminó que el matrimonio Caligaris – Agüero tenía la guarda definitiva y los habilitó para retirarla de la Casa Cuna, permitiendo el robo de la menor de su familia original y violando todos los requisitos que establecía la Ley de Adopción vigente en ese momento.
A las dos semanas el matrimonio se presentó al Registro Civil y la inscribieron con el nombre de María Soledad Moreno, obviando exprofeso su verdadera filiación. El acta trucha fue agregada al expediente judicial. (Acta n°4050 -Tomo 6-serie D-Año 1979).
Robo de identidad
En diciembre de 1980 los apropiadores abrieron un nuevo expediente para inscribirla esta vez como hija biológica propia. Para ello contaron con la complicidad del asesor letrado de menores Carlos Sem Rodriguez, que patrocinó dicha inscripción, y un certificado falso donde el médico Vicente Antonio Spitale afirmaba haber asistido al parto de Doris Caligaris. Dos testigos también falsos apoyaron dicho trámite, una de las cuales, Adela María González, está entre los imputados que serán juzgados este año. El otro testigo –Jorge Agustín Vivanco– falleció impune, como tantos otros protagonistas de esta historia.
El trámite se gestionó en el Juzgado Provincial de 25 Nominación Civil y Comercial, a cargo del juez Alberto Rafael Bonadero, quien ordenó inscribir a la beba, ya con un año y medio, bajo el nombre de Mercedes María Luz Agüero, anotándola con el apellido de su apropiador pero respetando la fecha original de nacimiento. Bonadero tuvo un rol clave en toda la trama porque es quién habilita el cambio de identidad a través de la inscripción apócrifa para que se pierda el rastro de la menor apropiada.
La celeridad del trámite judicial llegó al punto que en una semana estableció la investigación, se diligenció el certificado del Registro Civil, emitido el 23 de diciembre de 1980.
La abogada Sánchez mostró a Umbrales la certificación de un llamado telefónico que hacen desde el Buen Pastor al juzgado de Pueyrredón donde informaban que María de las Mercedes tenía cuatro hijos y que se los cuidaba una hermana porque estaba en prisión. Es decir que estos funcionarios estaban al tanto del estado de indefensión de la madre.
“Una de las personas encargadas de realizar esa tarea es nada más y nada menos que la apropiadora (Doris Caligari), que con posterioridad solicitó la guarda de la bebé y terminó inscribiéndola con el apellido de su marido”, explica la letrada.
Las marcas de la impunidad
El expediente desnuda el desempeño discrecional del personal jerárquico administrativo de la Ex Casa Cuna, de la Maternidad Provincial y de cuatro funcionarios del Poder Judicial de Córdoba: un Juez de Menores, un Asesor de Menores, un Juez del fuero Civil y Comercial de 1° Instancia y un Asesor Letrado.
En los pliegues y repliegues de las instituciones del Estado permanecieron intactas las huellas, así se reunió la información que demuestra el círculo de la complicidad. La niña no fue registrada por el área de servicio social de la Maternidad provincial, ni por la Casa Cuna. Tampoco en el Buen Pastor. La entregaron en guarda violando requisitos básicos establecidos por la ley, afirmó la abogada Patricia Chalup.
Sobre este proceso evidentemente irregular, el fiscal Trotta sostiene que “hubo una complicidad del poder judicial porque las personas que realizaron estos actos tenían conocimiento de que la niña estaba en la Casa Cuna. Además, el médico le comunicó al juzgado que los padres estaban detenidos. Sin duda hubo un aprovechamiento utilizando los circuitos oficiales y una falta de control mínimo del juez”.
En 2001, María de las Mercedes denunció el caso ante la Fiscalía Federal N°3, a cargo de Graciela López de Filoniuk, sin obtener respuesta alguna. Diez años después se comunicó con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) donde le tomaron testimonio, realizaron la denuncia y tramitaron los análisis de ADN. Los resultados del Banco Nacional de datos genéticos, revelaron ante el juez Alejandro Sánchez Freytes que María de las Mercedes es la madre de la niña robada. En 2013, el mismo juzgado que convocó a la joven para que se hiciera los estudios genéticos, comenzó otro periplo de procesamientos y sobreseimientos que aportaron al retraso de la elevación a juicio.
La abogada Chalup lamenta las demoras de la investigación y elevación a juicio “por los continuos planteos de las defensas y el retardo en el dictado de las resoluciones. Este juicio tendría que haberse realizado hace cinco años. Ahora, de la veintena de acusados -civiles y militares – solo quedan vivos cuatro y así se impone la impunidad sobre la aplicación de justicia”.
(*) Periodista, editora de Prensared.
Vivos y muertos
De una veintena de imputados solo 4 llegan vivos al juicio: Mirta Graciela Antón, Adela María González, Carlos Sem Rodríguez y Ana María Rigutto de Oliva Otero.
Fueron separados del proceso judicial por enfermedades: Herminio Antón y Hugo Lorenzo Chilo.
En tanto, fallecieron impunes en esta causa: Luciano Benjamín Menéndez, los apropiadores Osvaldo Roger Agüero Dona y Laura Dorila Caligaris, el juez Alberto Rafael Bonadero, Vicente Spitale, Calixto Flores, Roberto Villagra, Francisco Sánchez Cressi, Jorge Pueyrredón, /// Rodolfo Funes Campis, Néstor Mulqui, Jorge González Navarro, Jorge Eduardo Gorleri, Carlos Alberto Lucena y Néstor Vivanco.
Cumplimos la promesa que les hicimos a nuestros hijos
Por Sonia Torres (*)
Hemos conseguido junto a los organismos de derechos humanos y el pueblo argentino 40 años de democracia ininterrumpida. Desde Abuelas siempre trabajamos desde el amor a nuestros hijos y nietos que buscamos en estas cuatro décadas. Es la primera vez en la historia de nuestro país que tenemos un periodo tan largo de democracia por eso tenemos un compromiso todos los argentinos de cuidarla, sostenerla, y defenderla por nosotros y las generaciones futuras.
Nos parece fundamental que se avance con los juicios de lesa humanidad ya que en estos últimos años hubo un retroceso por diferentes causas y a eso se le sumó la pandemia. Para las Abuelas es importante que comience el juicio que investiga la sustracción y la supresión de la identidad de la nieta 107, cuya mamá es una sobreviviente que se acercó a Abuelas por el trabajo que realizamos.
Seguimos buscando cumplir la promesa que les hicimos a nuestros hijos de buscar a los nietos que faltan porque no se puede vivir con la identidad cambiada. Y son muchos aún los jóvenes que nos faltan. Por eso le pedimos a la sociedad cordobesa que nos ayude con la búsqueda.
(*) Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba.
Las políticas de memoria, verdad y justicia
Por Carlos Gonella (*)
Nuestra experiencia en el juzgamiento de delitos contra la humanidad es un ejemplo en el mundo y ha sido ponderada, no solo en otros países y organismos supranacionales de DD.HH., sino en foros jurídicos, políticos y académicos internacionales. Esta forma de resolución del conflicto, única en el mundo, goza del mayor prestigio y calidad institucional, porque son tribunales civiles -no militares- integrados por jueces y juezas, designados de acuerdo a los procedimientos constitucionales, quienes se encargan de juzgar a los responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983.
El punto de arranque de la experiencia argentina se sitúa en 1985, año en que comenzamos a transitar un camino que tuvo varios obstáculos según las políticas que los distintos gobiernos desarrollaron para afrontar los crímenes del período dictatorial, desde la recuperación de la democracia en diciembre de 1983.
En el inicio de este proceso el expresidente Raúl R. Alfonsín tomó la decisión política de juzgar a los comandantes sucesivos de las tres fuerzas militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) durante la dictadura. En 1985 se llevó a cabo el llamado “Juicio a las Juntas” que juzgó y condenó a Videla, Massera, Viola, Agosti y Lambruschini; y se absolvió a Graffignia, Lami Dozo, Anaya y Galtieri. Ante el intento de avanzar en el procesamiento de los cuadros intermedios y las bases, ocurrieron en 1987 los sucesos de Semana Santa que amenazaron la estabilidad democrática. Los episodios comenzaron en Córdoba, protagonizados por Ernesto Guillermo Barreiro, excapitán del Ejército, condenado a prisión perpetua en la mega-causa La Perla por considerarlo responsable de los grupos de tareas que operaban en el campo de concentración, por donde pasaron 2.000 personas, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas.
Luego sobrevinieron las leyes de Punto Final en 1986 y Obediencia Debida en 1987, que trajeron aparejada la impunidad de miles de militares responsables de graves crímenes. A partir de esos años, cesó la posibilidad de llevarlos a juicio.
En 1989 y 1990, el entonces presidente Carlos S. Menem, coronó la impunidad por medio de una serie de indultos que dejaron sin efecto las condenas contra los comandantes e impidieron el juzgamiento de los responsables civiles y militares de los delitos de Semana Santa en 1987 y de la Tablada en 1989. Tales decisiones generaron profundas consecuencias políticas, sociales y psicológicas, especialmente, para las víctimas de la dictadura y sus familiares.
Mientras tanto, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, que habían iniciado sus rondas semanales alrededor de la pirámide de Mayo en 1977, continuaron reclamando en paz por la aparición de sus hijos e hijas, nietos y nietas, y por el juzgamiento de sus responsables. En 1996 irrumpe la organización H.I.J.O.S. (hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el perdón), interpelando al gobierno y a la sociedad, a través de los escraches frente a los domicilios de los represores, para reclamar la aparición de sus padres/madres y el fin de la impunidad.
En 1999 la Madre de Plaza de Mayo, Carmen Aguiar de Lapacó, se presentó ante la Comisión Interamericana de DD.HH. para reclamar contra el Estado Argentino por la desaparición de su hija en 1977, fundándose en el derecho a la verdad. Así, se llegó a una solución amistosa para establecer la verdad sobre su caso pero sin consecuencias para los responsables, ya que lo impedían las leyes del perdón. Eso dio lugar a los llamados “Juicios por la verdad” que se desarrollaron en La Plata y Córdoba entre 2000 y 2001.
En 2003, cambió el paradigma de las políticas públicas para el abordaje de los crímenes del terrorismo de Estado de 1976-1983. Apenas asumió Néstor C. Kirchner como presidente de la Nación y luego de recibir a los Organismos de Derechos Humanos le ordenó al jefe del Ejército descolgar los cuadros de Videla y Bignone de las instalaciones del Colegio Militar. Ese hecho simbólico caracterizó el comienzo de una política de memoria, verdad y justicia que llega hasta nuestros días.
Kirchner acogió el reclamo de los organismos y lo transformó en una política pública caracterizada por acciones dirigidas a remover los obstáculos que impedían el juzgamiento de todos los responsables, y a facilitar el desarrollo de los juicios que comenzarían de manera inminente. Tras remover los obstáculos, el Poder Ejecutivo creó en el ámbito del Ministerio de Justicia equipos interdisciplinarios de acompañamiento a las víctimas y protección de testigos. El Ministerio Público Fiscal, a partir de la gestión del ex Procurador General de la Nación, Esteban Justo Righi, creó en 2008 la Procuraduría contra los Delitos de Lesa Humanidad, que desarrolló la política contra los crímenes de la dictadura y sus responsables.
Hasta la fecha, se han dictado 295 sentencias condenatorias, de las cuales 47 abordaron delitos contra la integridad sexual como parte del plan sistemático de persecución; hay 1117 represores condenados y 482 procesados a la espera de ser juzgados.
En este marco, la Justicia Federal tiene una gran deuda pendiente: llevar a juicio a los civiles cómplices de la dictadura, entre los cuales hay empresarios, ex magistrados, propietarios de medios de comunicación, profesionales de la salud que participaron de la apropiación de bebés, y dignatarios de la Iglesia Católica que prestaron una colaboración sin la cual nunca se habría podido llevar a cabo un plan sistemático que se cobró decenas de miles de víctimas, y 500 bebés apropiados.
(*) Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba. Representante del Ministerio Público Fiscal en los juicios de lesa humanidad.
