Si la dictadura fue cívico-militar-eclesial-empresaria, entonces Córdoba fue una de sus capitales y una parte del componente institucional que gobernó en los años de plomo permanece impune e influyente. El militarismo de Pascua del ’87 y la policía amotinada de 2013, la Justicia y las grandes empresas cómplices del terrorismo de Estado, el think tank neoliberal de la Fundación Mediterránea que marcó a fuego con cuadros y políticas tanto a gobiernos dictatoriales neoliberales como democráticos, la mirada complaciente del Episcopado que “dejó hacer” y la clase política garantía de impunidad fueron productos de exportación de la democracia cordobesa pos Luciano Benjamín Menéndez. Pero, muerto el chacal ¿desapareció la rabia?

Por Alexis Oliva (*) 

“Estoy seguro que tarde o temprano nos verán a muchos de nosotros desfilando orgullosamente frente al pueblo de nuestra querida patria. Entonces, por fin las sombras tenebrosas del efímero relato serán borradas para siempre por el sol perenne de la historia”, dijo el represor Ernesto Guillermo Barreiro. Lo sorprendente de la frase no fue su contenido ni su enunciador, sino el tiempo y el lugar: 16 de agosto de 2016, en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba, que ese día escuchaba las últimas palabras previas a la sentencia en el juicio por la Megacausa La Perla – La Ribera – D2. El 25 de agosto, Barreiro y otros 27 represores serían condenados a prisión perpetua, otros diez a penas que iban de dos años y seis meses hasta 21 años de cárcel, y cinco absueltos. Entre ellos, el ex general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército en los años del terrorismo de Estado, tendría la doceava condena a perpetua, la penúltima de las trece que se llevaría a la tumba el 27 de febrero de 2018.

El récord de condenas de Menéndez fue una ardua y justa conquista, pero también un factor que dificulta vislumbrar las complicidades civiles, clericales, empresariales y políticas que fueron constitutivas de la dictadura en general y de la dictadura en Córdoba en particular. Detrás del atractivo monstruo, arquetipo del temible militar represor, ha pasado casi desapercibido un entramado de poderes institucionales que permite postular a Córdoba como una de las capitales de aquel regimen cívico-militar. Poderes que quedaron impunes y en gran medida siguen activos.

Iglesia en silencio

Ya en 2010, el juicio por los fusilamientos de 31 presas y presos políticos de la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1) –que tuvo al dictador Jorge Rafael Videla y a Menéndez como principales acusados– develó la complicidad de la cúpula de la Iglesia Católica, con testimonios de numerosas cartas y pedidos dirigidos al Arzobispado de Córdoba por presos y familiares, denunciando esos asesinatos perpetrados en ocho ocasiones con el mismo falso pretexto del “intento de fuga” y clamando por su intervención.

Además, los testigos dieron cuenta del rol activo de los capellanes del Tercer Cuerpo de Ejército, Mc Kinnon y Sabas Gallardo, quienes utilizaban el sacramento de confesión para extraer información y oficiaban de intermediarios de las amenazas de los represores a los prisioneros. Si (Raúl Francisco) Primatesta estuviera vivo, estaría aquí sentado (entre los acusados), no tengo dudas”, dijo entonces el fiscal Carlos Gonella en su alegato. Se refería a quien durante la dictadura fue arzobispo de Córdoba y presidente del Episcopado de la Iglesia Católica entre 1976 y 1982. El mismo Primatesta que en su mensaje de la Nochebuena de 1975 había pronunciado esa “profecía del castigo” y la represión clandestina: “La mano izquierda de Dios es paternal, pero puede ser pesada”, reseñó Horacio Verbitsky en su Historia política de la Iglesia Católica.

Justicia funcional

Las víctimas de esa causa eran presos legales a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y la Justicia Federal de Córdoba, por lo que sus asesinatos sólo pudieron cometerse “con la participación de individuos a cargo del Poder Ejecutivo en forma espuria y con la complicidad de los funcionarios de la Justicia”, señaló el fiscal y luego citó un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “El terrorismo de Estado en Córdoba contó con la complicidad del Poder Judicial, a través del Juzgado Federal N°1, con el juez Adolfo Zamboni Ledesma y el secretario Carlos Otero Álvarez”.

Pero ninguno de los dos estaba sentado en el banquillo de los acusados. Zamboni Ledesma porque había muerto en 1984; Otero Álvarez por otros motivos. El 27 de septiembre de 2007, Luis Miguel Baronetto, ex preso político en la UP1 y esposo de Marta Juana González, asesinada el 11 de octubre del 76 luego de haber tenido a su segundo hijo en cautiverio; Juan Miguel Ceballos, abogado e hijo de Miguel Ángel Ceballos, víctima del mismo fusilamiento, y Rubén Arroyo, histórico abogado de derechos humanos, habían presentado una denuncia contra los funcionarios judiciales cómplices de los secuestros, torturas y fusilamientos incluidos en la causa UP1.

Pero la jueza Cristina Garzón de Lascano decidió instruirla por separado y la tituló Ceballos, Juan Miguel y otros, su solicitud, a pesar de que las causas penales llevan el nombre de los imputados. En este caso, Miguel Ángel Puga, ex titular del Juzgado Federal Nº 2; Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo, ex fiscales; Ricardo Haro y Luis Molina, ex defensores oficiales, y Otero Álvarez, ex secretario penal del Juzgado Federal Nº 1 y por entonces vocal del Tribunal Oral Federal Nº 1 –paradójicamente, uno de los jueces que en 2008 impuso su primera condena a Menéndez–.

Alí y Molina fueron apartados por razones de salud y los demás fueron juzgados recién en 2017. El 7 de noviembre, el Tribunal Oral Federal N° 2 absolvió a Otero Álvarez y Haro y condenó a tres años de prisión en suspenso a Puga y Cornejo. “A pesar de la gravedad de los hechos y la contundencia de la prueba, el tribunal fue extremadamente complaciente con los imputados, para que no tengan que ir a la cárcel a compartir la suerte de los delincuentes”, declaró ese día el denunciante Baronetto.

Empresas cómplices

Los retratos de los siete trabajadores de la fábrica Perkins víctimas del terrorismo de Estado colgaban de los pechos de sus antiguos compañeros de trabajo: Pedro Ventura Flores, Adolfo Ricardo Luján, Víctor Hugo González, José Antonio Apontes, Hugo Alberto García, Guillermo Abel Pucheta y César Jerónimo Córdoba. Ese 15 de octubre de 2013, declaraba en el juicio La Perla Juan Enrique Villa, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Motores Diesel Livianos al momento del golpe de Estado, quien relató que ante la desaparición de Apontes y García, los trabajadores de la fábrica Perkins se atrevieron a hacer una huelga de dos días. Esa medida de fuerza figuraba en un informe de la Policía Federal que el testigo presentó ante el Tribunal.

“Después, la empresa hacía ir dos veces al día al Ejército a la fábrica. Hacían una lista y sacaban a cuatro o cinco compañeros, los hacían dormir en (el campo de concentración de) La Ribera. No les pegaban y los soltaban a los dos días, pero eso los amedrentaba”, denunció Villa. Además, un funcionario de la fábrica “hablaba por teléfono a las casas de los compañeros y decía: ‘Mire que el Tercer Cuerpo ha preguntado por su marido. Trate de decirle que no participe en reuniones’. La patronal jugó un papel muy importante, porque a los domicilios los sacaban de algún lado las fuerzas armadas y ellos tenían vía directa con el Tercer Cuerpo de Ejército. Eso es absoluta complicidad de la empresa con la represión”, manifestó.

Los abogados de H.I.J.O.S. y Familiares sumarían otra revelación al informar que en el Colegio de Escribanos de Córdoba existen actas notariales en las que consta que la empresa IKA-Renault habría entregado listas con las direcciones de sus trabajadores a las autoridades militares. En respuesta a una nota de Menéndez exigiendo a la empresa que “en el término de 72 horas” provea esa información por “requerimientos de seguridad”, la IKA-Renault entregó las listas, pero hizo certificar ante escribano que algunos obreros “no actualizaron” su domicilio o “no asistieron” ese día al trabajo. Así, la prolijidad burocrática de la multinacional automotriz generó una valiosa evidencia. En esa lista figuraban con sus domicilios Hugo Osvaldo López, Carlos Alberto Velázquez, Jorge Oscar Rodríguez, Maximino Sánchez y René Rufino Salamanca –el secretario general del Sindicato de Mecánicos de Córdoba secuestrado el mismo 24 de marzo de 1976–. Todos están desaparecidos.

En otra jornada testimonial, Jorge Luis Argañaraz, ex militante montonero y trabajador sindicalizado de Fiat-Materfer, aseguró que los directivos de la multinacional tuvieron un “papel determinante” en el secuestro y desaparición de obreros y delegados gremiales. El 22 de noviembre de 1976, Argañaraz fue secuestrado y llevado a La Perla, donde fue sometido a torturas e interrogado sobre sus compañeros de militancia sindical y política. Luego de dos días, los represores le exhibieron “álbumes que pertenecían a Fiat, que tenían fotos de compañeros”. “Cuando ingresábamos a la empresa nos sacaban una foto para la credencial y otra para el álbum. Esos álbumes son los que me mostraron en La Perla. La empresa se los había provisto”, explicó el testigo. Además, Argañaraz refirió que desde antes del golpe del 76 habían ingresado a la fábrica agentes de Inteligencia del Ejército que “trabajaban abiertamente con la empresa”. “Fueron 32 o 33 compañeros desaparecidos de la Fiat en Córdoba; y yo tengo 27 nombres. Pero no sólo la Fiat. Hay otros empresarios que tendrían que estar sentados en el banquillo de los acusados”, planteó al finalizar.

Ante cada testimonio, la fiscalía y las querellas solicitaban investigar la complicidad empresarial y el Tribunal derivaba el requerimiento a la Fiscalía de Instrucción. Hasta hoy, sin novedades.

En el plano de la política económica neoliberal de la dictadura, una importante proveedora de ideas y funcionarios –entre ellos Domingo Cavallo– fue la cordobesa Fundación Mediterránea y su Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL). En el discurso inaugural del 6 de julio de 1977, el empresario de la construcción y primer presidente de la entidad Piero Astori dijo: “Hemos vivido años de anarquía y destrucción. Hemos vivido al borde de la guerra civil y el colapso económico. Las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad de la conducción de la Nación para salvaguardar la existencia misma de la patria. El gobierno ha convocado a la ciudadanía a participar en el Proceso de Reorganización Nacional mediante un diálogo constructivo. La decisión de formar la Fundación Mediterránea es nuestra contestación afirmativa a la convocatoria”.

En mayo de 2010, el periodista Guillermo Posada reveló en la revista El Sur que la entidad empresaria “censuró en su website parte del discurso de su fundador, Piero Astori, donde expresa su adhesión política al régimen represor”, eliminando las frases más comprometedoras del párrafo. Desde la publicación de este informe, la Mediterránea y el IERAL cambiaron completamente su presentación corporativa.

Políticos garantes

El Poder Judicial también fue reticente a investigar las complicidades políticas develadas en las causas de lesa humanidad. En el juicio de la UP1 quedó al descubierto cómo el dirigente radical Oscar Aguad, siendo ministro de Asuntos Institucionales del gobernador Ramón Mestre, acalló las denuncias del expolicía y víctima del terrorismo de Estado Luis Urquiza contra el represor policial Carlos Yanicelli, quien en 1997 había sido promovido al rango de comisario mayor y a la jefatura de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba.

Al atestiguar, Urquiza relató que Aguad lo hizo llevar a su despacho por el grupo de élite de la policía y le advirtió: “Mire Urquiza, la cosa es sencilla: o usted hace un perfil bajo o yo no le puedo garantizar la seguridad”. El ex policía y estudiante de Psicología, que había sido secuestrado, baleado y torturado por sus camaradas en el Departamento de Informaciones D2, le reprochó que “a tantos años de la democracia los represores todavía estuvieran ocupando cargos”. “No puedo hacer una sangría en la policía porque se me va a levantar la Guardia de Infantería. Yo mismo estoy amenazado de muerte”, le dijo Aguad. “El tono era demasiado claro: tenía que callarme la boca o podía pasar cualquier cosa”, concluyó el testigo. “En virtud de la gravedad de las declaraciones del señor Urquiza, esta querella va a solicitar la presencia del doctor Oscar Aguad, para aclarar estas situaciones”, pidió la abogada del Servicio de Paz y Justicia María Elba Martínez. Las demás querellas apoyaron el pedido, pero el Tribunal lo rechazó.

La huella de los policías del D2 asomó también en el asesinato del exsenador Regino Maders, el crimen político más grave de la historia reciente de Córdoba, cometido el 6 de septiembre de 1991, por el que 14 años después sólo fue condenado el ex policía Hugo Síntora, quien también revistaba en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Cabildo. Durante el juicio celebrado en 2005, mientras declaraba José Cafferata Nores –ministro de Gobierno de Eduardo César Angeloz en el momento del crimen–, la abogada Martínez –querellante junto a Teresa Maders– le preguntó: “¿Por qué, como ministro de Gobierno, si de usted dependía la estructura policial, pudo mantenerse a personas de esa época que habían sido procesadas ya en el año ‘87 por la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Córdoba?”. El testigo respondió: “Hubo una política de progresiva desafectación de las filas policiales a quienes habían tenido vinculación con casos de violaciones a los derechos humanos o con otro tipo de delitos. Esta política se fue ejecutando a lo largo del tiempo (…) Yo recuerdo que en mi gestión pasaron a retiro. Pueden haber quedado otros”.

No solo quedaron, sino que fueron utilizados por el poder político para desarticular las protestas de sindicatos y movimientos de trabajadores desocupados frente a las políticas neoliberales de los años 90. Ya en marzo de 1998, en una edición de esta revista dedicada a La impunidad, el lado oscuro del poder en la Argentina, señalábamos: “Siguen porque en una coyuntura de crisis socioeconómica y conflictividad social como la que vivimos, resultan funcionales al poder político”. Y citábamos la declaración del gobernador Mestre en una rueda de prensa del 31 de mayo de 1997, donde defendía al jefe policial aludiendo a una supuesta infiltración de los desocupados del noroeste cordobés, en el reciente corte de la ruta nacional 38 en Cruz del Eje: “Yanicelli fue quien organizó la tarea que nos permitió detectar la participación de esos sectores políticos en los conflictos y por eso es el centro de las denuncias”. Un explícito reconocimiento de que la policía efectuaba un espionaje ideológico de las manifestaciones gremiales y sociales.

La herencia de plomo

A pesar de Mestre y Aguad, Yanicelli fue pasado a retiro. Más de una década después, fue condenado en 2010 junto a otros represores policiales a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. “En Córdoba, los policías que habían cometido las peores violaciones a los derechos humanos fueron mantenidos y ascendidos por los gobiernos radicales de Eduardo César Angeloz y Ramón Mestre. Y el gobernador José Manuel de la Sota, en la puerta del D2 y a 28 años del golpe militar, embistió contra las Madres de Plaza de Mayo porque ‘tienen que pensar si realmente cuidaron como correspondía a los chicos desaparecidos’”, escribía el periodista Mariano Saravia en el prólogo de su libro La sombra azul.

Con esos avales políticos –extendidos durante las gestiones de Juan Schiaretti–, en las cuatro décadas de democracia ha persistido una herencia dictatorial en la Policía de Córdoba, que las reformas en su plan de estudio y protocolos para el uso de la fuerza no logran esmerilar. Una cultura puesta en acto en la represión a la protesta –desocupados de Cruz del Eje y sindicato de Luz y Fuerza contra la ley de “Nuevo Estado” en el 2000, trabajadores estatales contra la reforma previsional en 2008 y 2012, municipales contra el ajuste en 2020 y militantes ambientales en el acampe contra la autovía de montaña en 2022, por citar algunos episodios–, en las tropelías de la banda fantasma –robo del botín del asalto al Banco Nación de Laguna Larga, asesinato impune del palomero Rafael Muriel, las amenazas y el intento de contratar un preso para matar al fiscal Carlos Matheu, etcétera– y en el gatillo fácil –que en los últimos años cobró la vida de Fernando Pellico, Franco Amaya, José Ávila, Blas Correas y Joaquín Paredes, entre otros–.

Otra definición poco democrática de De la Sota fue pronunciada en el contexto del motín de febrero de 2005 en la cárcel de barrio San Martín, que su policía resolvió de la peor forma con el saldo de ocho muertos: cinco presos, dos empleados penitenciarios y un policía. Además, los internos que intentaron fugarse en un camión fueron trasladados a la ex cárcel de Encausados por el Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) de la Policía y sometidos a torturas. Ante los micrófonos de Cadena 3, el gobernador dijo que los condenados a cadena perpetua sólo podían salir del penal “con los pies para adelante, cuando Dios se los lleve de este mundo” y que los derechos humanos eran “sólo para la gente honesta”.

La reacción corporativa es otro peligroso componente de la huella dictatorial en la fuerza policial. Una muestra fue la cadena causal de iniquidades ocurrida entre septiembre y diciembre de 2013, con el narco-escándalo policial, los presuntos suicidios de los uniformados Juan Alós y Damaris Roldán y las renuncias del ministro de Seguridad y el jefe de Policía. Los eslabones finales fueron el acuartelamiento policial y los saqueos que se cobraron dos víctimas locales y precipitaron un nuevo recambio en el ministerio y la jefatura, además de exportarse a otras 14 provincias y causar un total de 18 muertes en el país. “Sólo un irresponsable podría no darse cuenta de que todo estaba por explotar y cuatro días después el gobernador De la Sota estaba a bordo de un avión rumbo a Colombia cuando los policías decidieron demostrar hasta qué punto conformaban un ejército y en qué medida, si nadie los mandaba, habían aprendido a autogobernarse”, planteó el periodista Dante Leguizamón en un artículo titulado La Policía es algo más que una inmensa estepa azul.

Así quedó trágicamente claro que más que un reclamo laboral, el acuartelamiento fue una demostración de poder e impunidad frente a la investigación judicial de los vínculos policía-narcotráfico.

El dejá vu y las cuentas pendientes

El que amenazaba con volver a desfilar algo sabe de amotinamientos de fuerzas de seguridad exportados desde Córdoba al país. En abril de 1987, Ernesto Barreiro se negó a declarar por sus crímenes de lesa humanidad ante la Cámara Federal de Córdoba, se acuarteló en el Regimiento 14 de Infantería Aerotransportada de La Calera y desencadenó el alzamiento carapintada contra el gobierno de Raúl Alfonsín, que estalló en Campo de Mayo con el liderazgo de Aldo Rico. “En Córdoba fui yo el iniciador”, admitió el represor en otra audiencia de la Megacausa La Perla.

La masiva movilización popular salvó al país de otro golpe de Estado, pero la sedición carapintada parió las leyes de impunidad, seguidas de los “pacificadores” indultos menemistas. Su anulación entre 2003 y 2005 permitió retomar el proceso de juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado, Barreiro incluido luego de su captura en Estados Unidos. Sin embargo, el empuje de las políticas de memoria, verdad y justicia durante el kirchnerismo se revertirían con el gobierno de Mauricio Macri y la coalición PRO-UCR. Como símbolo, la escena soñada por Barreiro: la presencia de Rico, sus camaradas carapintadas y los represores del “Operativo Independencia” en el desfile del 9 de Julio de 2016 en el Bicentenario de la Independencia.

A 40 años de recuperada la democracia, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia corre en Córdoba y el país contra el “punto final biológico” y –al menos la militancia por los derechos humanos y la ciudadanía movilizada– brega por convertir en realidad el “Nunca Más violencia institucional” expresado en la reciente sentencia contra los policías que mataron a Blas Correas. En eso estamos.

 

(*) Periodista, docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UNC)