por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
Umbrales tomó la experiencia de un trabajador y militante político que atravesó las cuatro décadas de restitución democrática para abordar conjuntamente su vida laboral a caballo de los planes económicos y giros financieros de los gobiernos post dictatoriales.
Por Javier De Pascuale (*)
“¿Alguna vez te dijeron que sos pobre? ¿Vos te has sentido o te sentís ahora en la pobreza?”, fue la pregunta que le disparé a José a bocajarro, sin avisar, como un traidor.
Con 64 años y ubicado a la distancia por organismos de medición de la economía como uno de los habitantes de Argentina por debajo de la línea de la pobreza, José abrió muy grandes sus ojos y se apuró a decir un enorme No, mientras su boca acompasaba el movimiento. Y lo repitió muchas veces: “No, para nada. No soy eso. Yo camino mucho y veo mucha gente que está mal. Para nada. Capaz lo sea para INDEC. Pero no”. En su cabeza, habitada por el peronismo desde que tenía 15 años, él es un trabajador. Una persona dignificada por el trabajo y por definición misma, quien trabaja no es pobre.
E pur si muove. Sí, destruyeron tanto el trabajo que hicieron sinónimos de dos antónimos, en la Argentina y si me apurás, en todo el mundo de hoy gobernado por el mercado. Lo hicieron piano piano, lentamente, cocinado como la rana en el agua caliente para que no salte, desarticulando uno a uno los hilos que sostenían el Estado de Bienestar y desarmando la madeja de derechos y seguridades que construyeron gobiernos populares -y de otros que quisieron serlo- durante décadas. La vida de José es precisamente eso, una crónica de la muerte del trabajo tal como se entendía.
Arrancó laburando en una localidad del norte provincial, donde se asentaban los talleres ferroviarios más grandes de esta zona del país, cuando comenzaban todos, a los 17 años en 1975. Fue aprendiz de contaduría y administración -porque se llevaba bien con los números- en Patamia Construcción, la más poderosa casa de materiales de construcción de la ciudad de entonces. La firma fundada por don Roque Patamia en los años 40 acompañó ladrillo a ladrillo el crecimiento de la ciudad en las gloriosas tres décadas que se extendieron entre 1945 y el Rodrigazo.
Allí logró su primer recibo de sueldo y empezó a soñar con un futuro de gran ciudad, universidad y quién sabe qué cosas más. “El otro día fui a ANSES a averiguar cuántos años me faltaban de aportes para sacar la jubilación ¿y sabés qué descubrí? Que todo ese tiempo me hicieron descuentos jubilatorios, aun cuando no tenía los 18 años. Como me depositaron aportes en los trabajos que tuve después, en Córdoba, cuando era pendejo y cambiaba mucho de laburo porque me aburría o buscaba otra cosa”.
Es que José agarró algo de peronismo, pienso. Y se lo digo. Y nos ponemos a charlar sobre los últimos 40 o 50 años de historia nacional, que es la historia de la destrucción de las bases que hicieron de este país alguna vez un oasis de justicia social, trabajo y progreso, en un mundo tan diferente…
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La Argentina es uno de los pocos países del mundo que muestra un «crecimiento secular» de la pobreza, es decir sistémico y tendencialmente constante durante casi 50 años. Si en 1974 el porcentaje de la población que recibía menos de 60 dólares mensuales per cápita alcanzaba al 3 por ciento de la población, hoy esa cifra supera el 40 por ciento de la población, resultado de un alza casi consuetudinaria. (JDP)
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“¿Fue culpa nuestra o vino de afuera?” La pregunta resuena en toda la casa que José ocupa en barrio Parque Capital, pegada al arroyo de La Cañada que a esa altura no tiene nombre. Una casa que fue terreno, comprado con una parte de la indemnización que el Estado argentino reconoció a su familia por el secuestro y la desaparición de su hermano mayor. Sobre ese lote él puso una prefabricada de madera y chapa, primer techo propio después de pagar alquileres durante la mitad de su vida.
La pila de años se le nota en el cuero y en la zapán de hectolitros de chamuyo político, pero en ningún otro lado. Desborda de energía y en su cabeza es un pendejo. En el repaso del velorio social del trabajo, va contando que se conchavó en una cooperativa de obras y servicios públicos que supo llevar gas natural y cloacas a varios barrios en Córdoba. No sé si fue esa empresa social la que hacía las redes de gas, la infraestructura para barrios tradicionales pero postergados, como Bella Vista, Olivos o Güemes y otros que surgían como hongos en lo que hasta ayer eran yuyales, pero algo de eso contó. En ese momento pensé en las familias jóvenes de ahora, que no tienen otra que construir arriba de la casa de los viejos y en cómo a medida que moría el siglo se fueron con él los sueños de progreso que lo marcaron.
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Hacia los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín, el Banco Hipotecario Nacional (BHN) era el tercer banco más grande del país y manejaba uno de cada seis préstamos de todo el sistema. Sin embargo, su gestión era escandalosamente ineficiente: los préstamos eran para los amigos del Gobierno, eran por cifras millonarias y además no se pagaban. En 1987 dos de cada tres créditos estaban en mora. La dolarización práctica de la economía nacional durante la década siguiente, al estabilizar la inflación y las tasas, sí alentó el crédito hipotecario privado, que recuperó plazos de devolución en 20 años y el crédito hipotecario llegó a expresar casi 4 puntos del Producto Interno Bruto. De hecho, los bancos más orientados a los créditos para vivienda fueron los últimos en caer, en la crisis de 2001 y 2002. Pero por supuesto, la crisis barrió con el crédito para vivienda y habrá que esperar al período 2005/07 para llegar a ver su renacer. Duró poco nuevamente: se lo llevó puesto la crisis internacional de 2008. Habrá que esperar al año 2014, cuando en su segundo mandato, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzó el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (ProCreAr), que fue masivo y llegó a expresar medio punto del PIB. El gobierno de Mauricio Macri inventó los UVA, que duplicaron el otorgamiento de créditos de los bancos privados a las familias pero que con el disparo inflacionario de los dos últimos años de aquella gestión, se convirtieron en un grave problema social, hasta hoy sin solución definitiva. (JDP)
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Y de la charla de los dos aparece el año horrible de 1989. Para esa altura José ya se mudó a Córdoba, empezó y dejó Ciencias Económicas (“mi viejo quería que fuera contador, yo no”), laburó en comercios, en una tienda distribuidora de electrodomésticos (ollas Marmicoc, planchas Wemir), en una venta de neumáticos en Alta Córdoba, como no docente en la administración del Clínicas y hasta vivió de la artesanía, yendo de feria en feria con el oficio de cestería en caña que su viejo le enseñara.
Fueron años de juventud, de los 18 a los 30, en los que el trabajo no sólo venía con un aviso, un concurso, un registro, un recibo, un sindicato y un convenio, sino en que el laburo era primo hermano de la libertad: vos te movías con él, buscando lo que te gustaba.
“Mirá, yo vivía en los monoblocs de Santa Isabel y a la salida del turno de la IKA Renault, era ensordecedor el ruido de motos. Cortaban la mano de ida de la avenida para que los doce mil que trabajaban ahí pudieran salir más o menos en orden”. Ahora era yo quien hablaba y José agregaba: “cada obrero tenía su moto, su auto y construía su casita”. Era el logos moviéndose entre él y yo, estábamos en la Academia griega dia-logando sobre qué pasó con el país, con su economía y su política, para que el mundo se diera vuelta como una mesa patas arriba. “Pensar que lo que vino después para nosotros era inaceptable. Y se presentó como inevitable”. Sí, José, así de duro fue.
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La dictadura militar derivó en el tránsito de una sociedad industrial a otra basada en la valorización financiera del capital. La reestructuración económica puesta en marcha en esos años y que buscó ser profundizada luego, tuvo un indudable impacto sobre los sectores productivos que sostenían el funcionamiento de la sustitución de importaciones. Se armó un esquema para destruir a la industria nacional: reforma financiera, arancelaria, endeudamiento externo y apertura comercial. El modelo sustitutivo sobre el que se había estructurado durante las décadas anteriores el comportamiento de la economía argentina fue atacado desde sus cimientos. Desde allí y hasta el inicio del siglo XXI (y luego en algunos años reforzado), no fue la vinculación entre la producción industrial y el Estado el núcleo central del proceso económico, sino la especulación financiera y la salida de capitales al exterior vinculadas a otro tipo de Estado. La industria nacional siempre existe, porque brota naturalmente del funcionamiento económico local y regional, pero tiene desde entonces un destino marginal (JDP).
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“Yo entré a la Universidad en esos años, con examen de ingreso y en la facultad en 1980, 1981, empezamos a hablar del dólar, por la tablita de Martínez de Hoz, la plata dulce y la crisis, que lo disparó del Ministerio y lo reemplazó Lorenzo Sigaut. Ahí, sobre el fin de la Dictadura, se empezó a hablar de la deuda externa y del FMI. Todo eso no estaba antes”.
No, no estaba porque no había deuda. Después no dejó de haberla. En 40 años de democracia tuvimos deuda externa permanente en torno de un tercio del PBI, que se disparó con Mauricio Macri pero que ningún gobierno eliminó y que sólo uno bajó, el de Néstor Kirchner. Pero subrayamos lo anterior: tampoco la eliminó. Ni sacó al país del FMI, ni del CIADI, ni denunció ninguno de los 50 tratados de protección de inversiones que firmó Domingo Cavallo en los años 1990 y que son la dependencia, ya que otorgan estatuto diplomático a las empresas extranjeras y sus inversiones. “Nada más antidemocrático que un tratado, algo que no puede ser modificado y que rige para siempre”, es la frase que se escucha en la charla.
Bueno, no lo hizo Kirchner pero tampoco ningún otro. “No olvidemos que el primer ministro de Economía de Alfonsín, Bernardo Grinspun, echó a patadas a los enviados del Fondo Monetario, a inicios de 1985. A las dos semanas fue reemplazado en el cargo”, recuerda José.
La deuda externa y los tratados internacionales fueron a partir de los años 80 la bota con que las largas piernas del capital internacional nos mantuvieron aplastados y de rodillas. El actual gobierno nacional heredó de Macri una deuda que, con relación al Producto Interno Bruto, es exactamente el doble de la que tuvieron todos los gobiernos desde 1983. Imaginate el margen de maniobra que tiene.
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La otra bota que frenó nuestro desarrollo no viene de afuera, es bien argentina: el empresariado nacional, desde hace 140 años rentista, parasitario, amante de todo lo extranjero, descreído de todo lo nacional. Salvo honrosas excepciones, una verdadera maldición. “Nuestro drama de los últimos 40 años fue creer que saldríamos de las crisis metiendo a esa gente en el Ministerio de Economía”. No recuerdo si lo dijo José o lo dije yo, pero la frase ahora me suena bastante acertada.
Es que el orden neoliberal vive en crisis y de la crisis. Y esto le viene como anillo al dedo al empresario que no emprende, al que cuando gana fuga lo que ganó, o lo guarda en una caja de seguridad, o lo convierte en departamentos para renta, pero nunca, nunca jamás, lo reinvierte en la producción. La balanza de pagos, que refleja el flujo de capital entre el país y el extranjero, ha dado históricamente saldo negativo en nuestro país y esto es una característica muy argenta, en relación con cualquier otro país: toda la riqueza que generamos se va afuera cada año, de modo que cada año la economía se desangra y volvemos a cero.
Todo a pesar de la inmensa riqueza que se genera. No sólo porque tenemos bienes naturales de excepción, sino porque nuestro pueblo trabaja y mucho. Nuestra economía está 21 o 22, según el año, en el ranking de las más grandes del mundo. Más aun, en 1983 el PIB per cápita argentino estaba en 3.900 dólares y hoy se encuentra en 12.400 dólares (llegamos a tener más de 14 mil en 2014). Somos de los primeros productores mundiales no sólo de granos, sino también de productos industriales o tecnológicos y el país integra los selectos clubes globales de territorios donde se fabrican no sólo autos o camiones, sino satélites o reactores nucleares. Siempre es bueno recordarlo, porque hay mucha antipatria en el discurso cotidiano.
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“La economía no era lo que fue después. No había visto un dólar en mi vida, pero no me importaba, no hacía falta. No había conflicto con los importados porque no se importaba tanto, creo. Había como un cierre de fronteras, medio que vivíamos con lo nuestro”. José describe el país de antes y, sin quererlo, parafrasea al maestro Aldo Ferrer.
Bueno, nuestro hasta que dejó de serlo, porque en el ‘89 se derrumbó más de un muro, el mundo decretó el fin de la historia y nació la verdadera pandemia de las últimas tres décadas y poco más: el orden neoliberal. Una suerte de estado de emergencia permanente, donde todo lo que era, fue, y todo lo que fuimos, desapareció.
La Argentina fue uno de los laboratorios donde se probó ese nefasto experimento social de escala planetaria. Bajo el gobierno de los terraplanistas de la economía ortodoxa, a partir de aquel annus horribilis, en muy poco tiempo vimos convertirse a escuelas en shoppings, a talleres ferroviarios en baldíos, a barrios industriales en páramos. Fue tan grande el cambio y tan rápido, que nos costó años quitarnos la sorpresa de la cara y también, perdón pero hay que decirlo, la cara de boludos. Es que teníamos trenes desde 1857, “¿Cómo podía ser que no corrieran más? –se queja José– ¡Desapareció el pueblo!”
No fue lo único que se esfumó. En cada corazón industrial de la Argentina que rompiendo cadenas supimos construir, la película se decoloró al blanco y negro y pasamos a ser el escenario de The Walking Dead.
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En 1983 la desocupación alcanzaba al 3,9 por ciento de la población económicamente activa, la tasa más baja de los últimos 32 años. En el caso del trabajo no registrado, las cifras de los primeros años de la democracia también fueron bajas. En 1985 (primer año con estadísticas), el porcentaje de trabajadores en esta condición era del 25 por ciento en el Gran Buenos Aires. Alfonsín dejó el gobierno en julio de 1989, en medio de una crisis de hiperinflación. Por esos días, la desocupación alcanzó el 8,1 por ciento y el trabajo en negro rondaba el 32 por ciento.
Ya con Carlos Menem en la presidencia, la Argentina llegó por primera vez a los dos dígitos en su tasa de desocupación. El pico se alcanzó en mayo de 1995, cuando la tasa de desempleo se ubicó en 18,4 por ciento. (chequeado.com)
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De repente, desborda de entusiasmo: “Hay una incrustación cultural en nuestras cabezas de lo que era nuestro país cuando lo gobernábamos. Es un fenómeno que se destaca en la región y en el mundo. Y es un orgullo. La mejor democracia que hemos tenido fue con Perón, porque era el gobierno del pueblo. Acceso directo a la participación popular efectiva”.
José es directo, claro, argentino hasta la médula, habla en castellano y no en neolenguas de emprendedores. No emprende, ni compite con otros. Trabaja y lo hace junto al resto, contradiciendo con su práctica el modelo de barbijo social, de rompedura de ligámenes sociales que trajo la pandemia neoliberal. Y lo hace acá, subrayando la palabra con un índice mágico, que destroza en un solo movimiento el modelo desterritorializado que nos quieren vender, el de la economía líquida y toda esa pelotudez.
El relato de su vida revaloriza la potencia esencialmente revolucionaria del trabajo, su multiplicidad prismática y su potencia histórica. El trabajo como un rito antiguo que borra el desencantamiento, la resignación posmoderna, la ausencia de autoconciencia. El trabajo como píldora que cura el aturdimiento social y la dietética de los deseos que propone el régimen pandémico, con sus relaciones sociales de baja intensidad.
Sí, José es intenso. Habla y su pensamiento deambula por las archiconocidas estrellas de la constelación peronista. Peronismo como idea de trabajo, de justicia, de sociedad, comunidad organizada en torno al laburo, la producción, la razón, el amor, la familia, el territorio. Ideas simples que postulan otras más complejas, como soberanía, independencia, justicia.
Conceptos fundamentales de la aventura histórica argentina hoy puestos en duda por la aplicación maníaca de un modelo más que extranjero, extraño, que congela la historia nacional para convertirla en fisiología. Que nos machaca permanentemente que es parte de la naturaleza fisiológica de la Argentina tener inflación, pobreza, desigualdad, desempleo.
Será que nuestra anatomía lleva todas esas marcas, las de las crisis y las de la felicidad. “Las crisis no nos privaron de ser felices”, dice José y pone fin a la entrevista. Y yo me voy con la sensación de haber compartido una historia, una verdad, con un trabajador, uno que predica con su propia existencia, con su conciencia, su cuerpo y su acción cotidiana la finitud, los límites de ese mundialismo neoliberal que nos tapó de estiércol hace más de 30 años.
(*) Periodista, secretario de Acción Social del CISPREN, presidente de la Mutual de Prensa, integrante de la Cooperativa Comercio y Justicia.
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
La disputa de la renta y los modos de producción ponen en evidencia la relación entre el trabajo, los trabajadores y la renta. En este camino, miramos lo que sucede en nuestra Patria Grande, en el país y luego ajustaremos el microscopio para enfocar algunas regiones. La riqueza es una torta que se distribuye según quien la elabore.
Por Javier Lucero (*)
Vamos a seguir la ruta del dinero. De ese dinero que se genera en las sociedades producto de su economía y en donde la mayor cantidad de cuerpos que se ponen en juego son de los trabajadores y trabajadoras.
Números y cifras en la base de datos del Banco Mundial, los últimos son de 2021, nos permitirán hacer algunas comparaciones sobre la participación del ingreso por parte de la población.
En Argentina, el 20 por ciento mejor remunerado se queda con el 47,4 por ciento del total de los ingresos que se generaron ese año en el país.
Ese mismo porcentaje de habitantes de mayores ingresos en Chile, absorbe el 51,6 por ciento del total de la renta del país trasandino.
En Brasil, el porcentaje sube al 57 y queda en manos del 20 por ciento más rico.
El último quintil, el 20 por ciento de menores ingresos en la Argentina sólo accede al 5 por ciento de la riqueza generada. En Chile, ese mismo segmento sólo posee el 5,5 por ciento de la riqueza total y en Brasil el grupo más pobre percibe el 3,3 por ciento del total de la renta.
No deberíamos pasar por alto, antes de seguir el detalle de los números, que son las mismas personas que las leyes constitucionales de los respectivos países declaran con los mismos derechos, pero que a la hora del reparto las distancias son escandalosas. La ley pone en la misma línea a todos los habitantes de sus pueblos, pero eso no sucede. Es evidencia de la distancia que resta recorrer para una sociedad más justa. O, si se quisiera acentuar el tono, es evidencia de la hipocresía de un sistema que no da para más.
En Argentina, el 20 por ciento mejor remunerado se queda con el 47,4 por ciento del total de los ingresos que se generaron ese año en el país.
En el segundo quintil con ingresos que le siguen a los más ricos, los números de distribución se equiparan entre los tres países que tomamos y cuyas referencias anuales (2021) coinciden. Algo parecido muestra el tercer quintil.
El cuarto grupo de la escala es el que se lleva una porción mayor dentro de la distribución total. Este 20 por ciento es el peldaño que está inmediatamente encima del peor remunerado y en la Argentina se queda con el 22,7 por ciento de la riqueza. Aunque parece una tajada interesante, es la mitad de lo que se llevan los más ricos.
En Chile y en Brasil pasa algo parecido. Son porciones mucho más grandes que las de los más pobres, pero también mucho menores que las de los más ricos. El cuarto quintil en Chile tiene acceso al 19,9 por ciento de la riqueza y en Brasil al 19,6.
Un índice sobre la mesa
Corrado Gini, un científico italiano especializado en estadísticas, creó a comienzos del siglo pasado varios índices. Uno de ellos pretendía observar la distribución del ingreso global de una nación entre sus habitantes.
En el último tramo del siglo pasado, varios países de Latinoamérica comenzaron a usar el Coeficiente Gini para realizar estas mediciones. Este coeficiente mide la distribución de la riqueza en una escala de 0 a 1 donde cero es la distribución ideal de la riqueza y 1 es la mayor desigualdad. El índice Gini, en tanto, mide entre 0 y 100 y es el utilizado por el grupo de investigación de desarrollo del Banco Mundial.
En 2021 el índice Gini daba 41 para Argentina, 44,9 para Chile y 52,9 para Brasil. Para tomar otra referencia, Suecia tenía un índice de 28,9.
En el trío tomado de la Patria Grande, la mayor desigualdad la exhibe Brasil, le sigue Chile y se ve un poco mejor distribuida la renta en Argentina. La referencia Sueca muestra que hay un horizonte posible. En general, los demás países de Latinoamérica con información disponible en ese período no logran perforar el número 40.
Los distintos parámetros estadísticos tomados, desde aquel invento del sociólogo y estadístico Gini hasta la fragmentación por quintiles o deciles según los ingresos, resultan convergentes a la hora de mostrar la realidad del reparto. Estos números nos generan unos resultados para poner sobre la mesa, pero es necesario indagar sobre las patas de esa mesa. La estructura o el modelo que sustenta dicha realidad.
Producción y distribución
El docente e investigador Mario Soria, de la facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se propuso verificar aquella máxima de Marx que indica que el modo de producción determina el modo de distribución.
“Quise ver si aquella tesis del año 1800 planteada en Inglaterra por Marx se verifica en la Argentina de las últimas décadas. En este país, la política económica muestra algunos vaivenes en sus modelos de producción y pasa de un predominio de la explotación de recursos naturales a otorgarle un mayor lugar a la industria. Podríamos hablar de esas dos vertientes”, dice.
Haciendo un recorte de 2015 a 2020, donde se produjeron políticas distintivas con respecto a las que se venían implementando previamente, se observa que en diciembre de 2015 había 56.268 empleadores en la industria manufacturera del país y cinco años después 49.144, según datos de la Afip.
En la otra columna en donde impacta la industria, en la generación de empleo, se aprecia que en 2015 había 1.263.000 trabajadores en este rubro de la economía mientras que en 2020 había 1.108.000, de acuerdo con la misma fuente.
“Esto muestra que la forma en que producís determina cómo distribuís. La producción es la que crea el valor. Si en esa producción hay poca participación de la mano de obra, ya sea por la alta automatización o por la propiedad monopólica del recurso, también será escasa la distribución”, señala el docente.
Si se toma un tramo histórico de una mayor cantidad de años, la elocuencia de la tesis es mayor.
De 2004 a 2013 el crecimiento de la industria manufacturera es muy marcado, luego la curva se ameseta dos años y, finalmente, decrece de modo abrupto desde 2015.
Simultáneamente, la curva del desempleo va en el sentido contrario: baja cuando se expande la industria y empieza a subir cuando la producción manufacturera y el agregado de valor se viene a pique.
Estos modos de producción diferenciados se traducen en una distribución de la renta igualmente distinta.
Durante el momento de mayor generación de empleo, los trabajadores se quedaron con el 54 por ciento de la renta pero con el modelo de primarización de la generación de riqueza, en 2015, aquel porcentaje bajó al 45 por ciento.
En 2019, en el sector de las manufacturas, la remuneración del asalariado representaba el 39,5 por ciento y el excedente de explotación bruto, lo más parecido a ganancias del capital, el 39,7. El resto de la producción de riqueza para completar el ciento por ciento de la torta estaba en manos de cuentapropistas, según los datos del Indec tomados en el trabajo realizado por el profesor Soria.
“Esto muestra que la forma en que producís determina cómo distribuís. La producción es la que crea el valor. Si en esa producción hay poca participación de la mano de obra, ya sea por la alta automatización o por la propiedad monopólica del recurso, también será escasa la distribución”
En el sector de la agricultura y de la ganadería, el asalariado obtuvo el 16 por ciento del total de la riqueza en la que puso su sangre, mientras que el propietario se quedó con el 75 por ciento del excedente de explotación bruto.
Esta distribución que se expone sobre cómo se distribuyeron los excedentes en 2019 reafirman la incidencia del modo de producción.
Aunque, al cabo del gobierno que dejó el poder en 2019 hubo un episodio que condicionó el futuro: la toma de deuda con el FMI.
Los años de pandemia que provocaron un parate en todo el planeta haciendo caer el PBI a niveles comparables con el crac del 29 y los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional para chupar rápidamente la riqueza que genera el país, han incidido para que la curva no muestre variantes tras el cambio de gobierno.
Aumentando la lupa hacia regiones de nuestro país tomamos los aportes de “Macroeconomía y trabajo en la Argentina siglo XXI”, de Jorge Hernández, docente también de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC.
Se compara la creación de puestos de trabajo en Bahía Blanca, Río Cuarto y Neuquén – Plottier en los períodos pre convertibilidad y post convertibilidad.
Para esta comparación se conceptualiza un trabajo de mejor calidad y un trabajo secundario de menor formalidad. El primero se caracteriza por estar registrado, con aportes provisionales, vacaciones y sin finalización con fecha fija. El trabajo secundario es al que le falta alguno de esos atributos.
Hernández dice que un modelo neoliberal minimiza las reglas de protección del trabajo, facilita el acceso a espacios de negocios controlados por el Estado, como salud y educación, restringe la capacidad de fiscalización de los Estados y elimina las restricciones para la apropiación y uso privado de recursos naturales.
Durante el período 1995 y 2002, en Bahía Blanca, la creación del empleo primario o de mejor calidad era inexistente, en Río Cuarto fue del 0,8 por ciento y en Neuquén – Plottier del 43 por ciento.
En el tramo que va desde 2003 a 2010 la ecuación cambia sustancialmente.
En Bahía Blanca el empleo primario creado fue del 75 por ciento, en Río Cuarto del 63 por ciento y también aumentó en Neuquén – Plottier llegando al 86,7 por ciento.
El restante porcentaje correspondió a la creación de un empleo secundario, es decir, de menor calidad con respecto al primero, como se definió previamente.
Hernández dice que un modelo neoliberal minimiza las reglas de protección del trabajo, facilita el acceso a espacios de negocios controlados por el Estado, como salud y educación, restringe la capacidad de fiscalización de los Estados y elimina las restricciones para la apropiación y uso privado de recursos naturales.
Como contrapartida, un modelo progresista en su concepción del modo de producción amplía la protección del trabajo, fortalece y mejora la provisión de servicios salario indirecto (educación y salud), promueve funciones de producción más ajustadas a los recursos disponibles, mejora la capacidad de fiscalización de los Estados y protege la apropiación y uso privado de recursos naturales con fines predatorios.
Los esquemas presentados permiten hacer una trazabilidad de la renta en uno y en otro estado de situación. Dependerá de las voluntades de la clase trabajadora la elección de algunos de estos escenarios, o de otros, que puedan devolver la dignidad perdida a tantos sectores de la sociedad.
(*) Periodista. Secretario General del Cispren, Seccional Río Cuarto
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por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
De la pretensión de neutralidad al compromiso y la responsabilidad social en la construcción de los conocimientos científicos.
En estos últimos 40 años, la enorme transformación que ha experimentado la ciencia a partir de sus vínculos con las organizaciones y los movimientos sociales da cuenta de un contexto de creciente conflictividad derivada de diversas problemáticas interconectadas. El desafío es transitar el camino que parte de un cientificismo aséptico hacia una ciencia digna.
Por Victoria E. Mendizábal (*)
Desde los tiempos de Galileo, en los que el científico era un artesano que fabricaba sus propios instrumentos para realizar experimentos y obtener evidencias que le permitieran describir la realidad, hoy llegamos a una suerte de científico emprendedor que debe situarse en una lógica de competencia por los recursos y los espacios.
Esta nueva manera de encarar la investigación científica entra en conflicto con la visión tradicional de la ciencia que presupone el carácter autónomo del conocimiento científico. Es decir, una mirada de la ciencia, esencialista, neutral y exenta de responsabilidades por las posibles consecuencias problemáticas de los resultados de la investigación.
«Yo he escrito un libro sobre Mecánica del Universo y eso es todo. Lo que se haga o no se haga con eso, no me interesa», asegura el Galileo de la obra de Bertolt Bretch (Vida de Galileo, 1939) y reafirma la idea de que es posible interpretar a cualquier innovación o procedimiento tecnológico como una mera aplicación de conocimientos científicos, cuyo desarrollo tiene en la eficacia y en la eficiencia sus únicos valores.
En este nuevo modo de organización de la producción de conocimientos que encuentra su punto más representativo en el Proyecto Manhattan, se fortalece la idea de que con mucho dinero, un horizonte claro, científicos brillantes y liderazgo adecuado podía conseguirse casi cualquier objetivo que un gobierno considerara importante. Así, se refuerza una especie de optimismo incondicional hacia el progreso científico como sinónimo de bienestar social, especialmente en Estados Unidos que -aún hoy- produce la inmensa mayoría del conocimiento científico global.
Sin embargo, al mismo tiempo, este cambio también despierta una actitud crecientemente crítica y cautelosa hacia la ciencia y la tecnología que comienza a extenderse, sobre todo a partir de los años sesenta, como consecuencia de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Un logro científico más que controvertido que parece despertar las conciencias de algunos de los científicos e intelectuales más influyentes de la época.
Inclusive, es interesante destacar que el propio Brecht elabora una nueva versión de su obra Vida de Galileo, a partir de observar el impacto de las bombas. Y pone en boca de Galileo una seria advertencia sobre los usos de la investigación científica:
«Si los científicos, intimidados por los poderosos egoístas, se contentan con acumular Ciencia por la Ciencia misma, se la mutilará, y vuestras nuevas máquinas significarán solo nuevos sufrimientos. Quizás descubráis con el tiempo todo lo que haya que descubrir, pero vuestro progreso será solo un alejamiento progresivo de la Humanidad. El abismo entre vosotros y ella puede ser un día tan grande que vuestros gritos de júbilo por alguna nueva conquista sean respondidos por un griterío de espanto universal…». Vida de Galileo, Bertolt Brecht (1945-1947).
Desde los tiempos de Galileo, en los que el científico era un artesano que fabricaba sus propios instrumentos para realizar experimentos y obtener evidencias que le permitieran describir la realidad, hoy llegamos a una suerte de científico emprendedor que debe situarse en una lógica de competencia por los recursos y los espacios.
En los años siguientes, esta creciente preocupación por parte de algunas élites intelectuales también se vio reflejada en diferentes movimientos sociales que empezaron a considerar a la ciencia y la tecnología como objetos de escrutinio público y debate político. Alimentados por catástrofes relacionadas con la tecnología, tales como accidentes nucleares, envenenamientos farmacéuticos o derramamientos de petróleo, se fueron desarrollando activos movimientos sociales críticos con el industrialismo y el estado tecnocrático.
Asimismo, el desarrollo del movimiento ecologista y las protestas públicas contra el uso civil y militar de la energía nuclear fueron elementos importantes de esa reacción desde finales de los años sesenta y comienzos de los setenta. Coincidiendo con estas respuestas intelectuales, sociales y políticas, también se produjeron cambios afines en algunas disciplinas académicas tradicionales como la sociología, la historia y la filosofía de la ciencia y de la tecnología. Unos cambios sobre los que la obra de autores como Thomas Kuhn tuvo una enorme influencia.
De manera más o menos independiente, sociólogos, historiadores y filósofos se alejaron de los estudios internalistas y comenzaron a hacer interpretaciones más contextualistas, con un factor común: la crítica a las nociones tradicionales de ‘objetividad’ dentro del conocimiento científico y tecnológico. No se trataba de negar por completo la ‘realidad’ de la naturaleza o de los artefactos, se pretendía insistir sobre el hecho de que nuestra comprensión de la naturaleza y la creación de tecnología eran procesos socialmente mediados. Así, proponen una ‘ciencia de la ciencia’, es decir, el estudio de los factores de naturaleza social, política o económica que modulan el cambio científico-tecnológico, como así también lo que concierne a las repercusiones éticas, ambientales o culturales de ese cambio.
Pasos hacia una democratización del conocimiento científico
En nuestra región, esta corriente adquiere tintes locales de la mano de científicos y pensadores como Oscar Varsavsky, Jorge Sábato, Amílcar Herrera, Rolando García y Manuel Sadovsky, quienes durante los años que transcurrieron entre el primer gobierno de Perón y el golpe de estado cívico-militar de 1976 se propusieron reflexionar acerca de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. ¿Cómo construir una ciencia y una tecnología al servicio del desarrollo social en un país periférico como Argentina? ¿Qué lugar ocupa la universidad pública en este proceso? ¿Cuál es el papel de los científicos?
En su obra “Ciencia, política y cientificismo” (1969), Varsavsky introduce una de las ideas más influyentes y representativas de este movimiento y es la necesidad de cuestionar los modos de producción científica. Así se convierte en un crítico feroz de la postura cientificista que, según sus propias palabras, define como “un investigador que se ha adaptado al mercado científico, que renuncia a preocuparse por el significado social de su actividad, desvinculándola de los problemas políticos”.
Sin embargo, coincidiendo con la muerte de Varsavsky en 1976, y el inicio de una de las etapas más oscuras de nuestra historia, estas ideas parecen perder fuerza y presencia, aunque permanecen latentes en los intelectuales y científicos que deben exiliarse y en la impronta que pudieron dejar en las instituciones y en los estudiantes que pasaron por sus aulas. Así, con la vuelta a la democracia comienza otra etapa en la que, coincidiendo con una mayor participación y demanda social, la ciencia comienza a democratizarse y sus vínculos con distintos actores clave y movimientos sociales emergentes, poco a poco se van estrechando.
A partir de 1983 empieza a motorizarse un proceso de acercamiento entre la ciencia y la sociedad, especialmente vinculado a la defensa de los derechos humanos. Por un lado, distintas organizaciones de la sociedad comienzan a acercarse en la búsqueda de respuestas a diversos problemas sociales, pero también algunos científicos empiezan a sensibilizarse frente a las demandas sociales y a cuestionar algunas de sus prácticas científicas.
Este fenómeno se ve claramente plasmado, por ejemplo, en la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de sus nietos y nietas apropiados y su derecho a la identidad. La historia de Abuelas, no solamente contribuyó a perfeccionar los métodos estadísticos que permiten calcular el índice de abuelidad, es decir, la probabilidad de que se establezca un lazo biológico con los abuelos en ausencia de comparación con el material genético de los padres. También demuestra cómo el compromiso social de algunos científicos, como el genetista Víctor Penchazadeh, permitió acercar a las Abuelas métodos que ya se aplicaban en otros campos para encarar el desenmascaramiento de los crímenes de la dictadura.
Así se convierte en un crítico feroz de la postura cientificista que, según sus propias palabras, define como “un investigador que se ha adaptado al mercado científico, que renuncia a preocuparse por el significado social de su actividad, desvinculándola de los problemas políticos”.
En otra línea, el acercamiento entre ciencia y sociedad también se ve reflejado en las políticas de restitución de los restos mortales de pueblos originarios, acompañada por diversas agrupaciones de estudiantes de antropología que empiezan a cuestionar sus propias prácticas científicas. ¿Cómo es posible seguir validando que los restos mortales de personas capturadas y asesinadas durante la denominada Campaña al desierto continúen exhibiéndose en las vitrinas de los principales museos de nuestro país como si se tratara de piezas y reliquias científicas?
A partir del primer reclamo indígena que realiza el Centro Indio Mapuche Tehuelche de Chubut cuando pide la devolución de los restos del Cacique Inacayal en 1988 se inicia un lento proceso de debate público que se ve plasmado en la reforma constitucional de 1994. En ella se introduce un “gesto” significativo al reconocer la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”, lo que promovió – a su vez- una nueva legislación. A fines de 2001, el Congreso estableció que “los restos mortales de los aborígenes, cualquiera fuera su característica étnica, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas, deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen”.
Así, por ejemplo, comienza un movimiento dentro del Museo de Ciencias Naturales de La Plata y en el ámbito de los estudiantes de antropología de la Universidad Nacional de La Plata que propone que el museo se adelante a los reclamos, retornando los “trofeos de guerra”, empezando por revisar el inventario de la institución. Nace así el colectivo GUIAS, “una organización autoconvocada de la Facultad de Ciencias Naturales y el Museo de la Universidad de La Plata cuyo objetivo fundamental es atender los reclamos realizados por los Pueblos Originarios de no exhibición y restitución a sus comunidades de todos los restos humanos que forman parte de colecciones arqueológicas”.
Desde el planteo demagógico de la entonces Secretaria de Ambiente de la Nación, María Julia Alsogaray, que en 1993 proponía limpiar el Riachuelo en sólo 1000 días, hasta el desarrollo del Plan Integral de Saneamiento Ambiental establecido en la mencionada sentencia de la CSJN en 2008, la problemática en torno a la Cuenca Matanza-Riachuelo se ha consagrado como el mayor ícono de la contaminación de la República Argentina.
También la reforma constitucional de 1994 introduce en su art. 43 la legitimidad de terceros (Defensor del Pueblo y ONGs) para interponer acciones legales en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente. De esta manera consagra la figura de amparo colectivo que será clave en el fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en la Causa Mendoza. La posibilidad de ampliar el amparo individual (o clásico) a los “terceros” para el caso de los derechos colectivos y difusos se convierte en un instrumento clave en la lucha por los derechos de tercera generación como el derecho a un ambiente saludable. A partir de esta modificación, la problemática deja de ser vista como una violación a los derechos individuales de los afectados y comienza a verse como una vulneración a los derechos colectivos en donde pueden intervenir terceros para interponer acciones legales que velan por el interés público en lo relativo a las normas que protegen el ambiente.
Desde el planteo demagógico de la entonces Secretaria de Ambiente de la Nación, María Julia Alsogaray, que en 1993 proponía limpiar el Riachuelo en sólo 1000 días, hasta el desarrollo del Plan Integral de Saneamiento Ambiental establecido en la mencionada sentencia de la CSJN en 2008, la problemática en torno a la Cuenca Matanza-Riachuelo se ha consagrado como el mayor ícono de la contaminación de la República Argentina.
Al mismo tiempo, la Causa Mendoza se ha convertido en el puntapié inicial en la relación dialéctica que se ha establecido entre el Estado y la sociedad civil en la problemática ambiental.
Hoy sabemos que a partir de la movilización de diversos actores sociales, a través de diversas acciones de participación (desde protestas, hasta tareas educativas y de concientización de la opinión pública), se ha logrado que un conjunto de instituciones reconozcan y hagan esfuerzos por garantizar el ejercicio de los derechos relativos al ambiente consagrados en la Constitución Nacional.
La Ciencia Digna encuentra su alquimia social en la provincia de Córdoba
Si hay un caso emblemático que pone de manifiesto la enorme transformación que ha experimentado la ciencia y sus vínculos con la salud y el ambiente en la escena local, es la historia del científico Andrés Carrasco y sus estudios sobre los efectos del glifosato en embriones de anfibios. En 2009, Carrasco desafía los cánones establecidos por el circuito de validación de las revistas científicas, dando a conocer los resultados de sus experimentos a la prensa, antes de ser sometidos al estricto sistema de revisión por pares.
Como si se tratase de una suerte de continuidad en el camino iniciado por referentes como Varsavsky con sus críticas al “cientificismo”, Carrasco parece encarnar estas ideas en sus acciones. Así, pasa de ser un científico vinculado a los modos hegemónicos de producción científica para convertirse en un referente social. Un proceso que no es solo un fenómeno local que en Argentina ha recibido la denominación de ciencia digna, sino que forma parte de un giro radical en las relaciones entre ciencia y sociedad que, actualmente, se expresa en un movimiento a nivel global.
El llamado caso Carrasco da cuenta de cómo este fenómeno se ha visto materializado en la provincia de Córdoba, tanto en las luchas de las madres del barrio Ituzaingó, como en el logro histórico de los vecinos de Malvinas Argentinas al expulsar a la multinacional Monsanto. Y, más recientemente, en el caso de la lucha iniciada por un grupo de mujeres del barrio San Antonio, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, contra la empresa Porta Hermanos.
Como parte de este cambio de rumbo en la construcción de una suerte de partenariado entre el mundo científico y el de las organizaciones y movimientos sociales, tanto la sanción de la Ley de Bosques como el control de su implementación también encuentran en la provincia de Córdoba una confluencia clave.
Mediante acciones de protesta pacífica, la participación en instancias de consulta y reclamos ante el poder judicial y la difusión de información científica clave, tanto pueblos originarios, asambleas ambientalistas, organizaciones campesinas como pequeños productores, entre otros, contribuyeron -de manera decisiva- a visibilizar en la esfera pública el impacto concreto y cotidiano de la deforestación y degradación de los bosques. De hecho, estas movilizaciones masivas fueron las que, por ejemplo, lograron que el oficialismo del gobernador Schiaretti diera marcha atrás en la pretendida modificación de la Ley de Bosques nativos en Córdoba a finales de 2016. Una modificación que pretendía reducir aún más las áreas boscosas de las que sólo queda un 2,8 % en buen estado de conservación en la provincia.
Visión sistémica y ciudadanía planetaria
A lo largo de estas líneas, hemos intentado dar cuenta de la enorme transformación que ha experimentado la ciencia, especialmente a partir de sus (crecientes) vínculos con las organizaciones y los movimientos sociales, en un contexto de creciente conflictividad derivada de diversas problemáticas interconectadas y de carácter global. Hoy nos encontramos en un escenario crítico en cuanto al abastecimiento energético, el acceso a la seguridad y soberanía alimentaria; la creciente desigualdad social y las migraciones masivas, cuestiones que siguen profundizándose.
La búsqueda ilusoria de un crecimiento económico ilimitado, impulsado por combustibles fósiles, ha tenido como resultado la deforestación, erosión del suelo, escasez de agua y extinciones masivas de especies. Sus consecuencias más dramáticas han sido las evidentes manifestaciones del cambio climático que amenazan la existencia de la vida humana tal como la conocemos en nuestro planeta.
Pese a las serias advertencias que, desde muy diversas fuentes científicas, vienen alertando acerca de estos fenómenos y de la necesidad de tomar medidas urgentes, la inacción de los gobiernos parece seguir siendo la norma. Algo que en los últimos años ha generado -como contrapartida- el auge de diversos movimientos sociales a escala planetaria cuyo objetivo es influir sobre los gobiernos del mundo y las políticas ambientales globales, mediante acciones de resistencia no violenta.
«La ciencia no es neutral ni objetiva. La ciencia siempre tiene ideología y un sentido político. La ciencia puede aportar a la liberación o al sometimiento. La ciencia puede ser aliada de las corporaciones o estar al servicio del pueblo”
Así, por ejemplo, movimientos como Extinction Rebellion (en español Rebelión contra la Extinción, o Rebelión o Extinción, también abreviado como XR), iniciado en Londres en 2018, se extiende hoy en más 80 países, realizando acciones de desobediencia civil que han producido detenciones e incluso puedan traducirse en condenas efectivas.
Tal es el caso de activistas climáticos liderados por científicos y científicas comprometidos con la visibilización de la problemática, que en abril de 2022 protestaron arrojando pintura roja a las puertas del Parlamento español en Madrid y ahora enfrentan una causa por delitos de daños y desórdenes públicos.
«La ciencia no es neutral ni objetiva. La ciencia siempre tiene ideología y un sentido político. La ciencia puede aportar a la liberación o al sometimiento. La ciencia puede ser aliada de las corporaciones o estar al servicio del pueblo”.
Son algunas de las definiciones de la Declaración Latinoamericana por una Ciencia Digna, un espacio creado en honor a Andrés Carrasco que reúne a medio centenar de científicos de cinco países, críticos al modelo transgénico y al extractivismo.
Frente a lo urgente de la emergencia ambiental, quizás haya llegado la hora de sumar el movimiento de Ciencia Digna a los modos de producción del conocimiento, y un paso más: el paso masivo a la acción.
* Bióloga y comunicadora científica
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
Políticas ambientales en Córdoba
Desde la recuperación de la democracia, la degradación ambiental determina el deterioro de la calidad de vida y es el signo elocuente de cómo se construyó la cultura democrática sin lugar para la participación ciudadana y colectiva.
La noción biológica de ecosistema determina que innumerables organismos viven en él y se sitúan en una constante lucha por los alimentos y el territorio.
Las presiones y demandas sociales encuentran a este hábitat cordobés en agrios conflictos socio-ambientales, con un Estado que se presenta como neutral y que reduce cada vez más la jerarquía del organismo que rige las políticas ecológicas de la provincia.
Por Daniel Díaz Romero (*)
Luego de un largo proceso de demandas y reclamos sociales, la recuperada democracia permitió que emergiera la “ecología de los pobres” de la mano de la participación ciudadana, a través de la organización de asambleas vecinales, por sobre la “ecología de los ricos”, que durante la dictadura militar se preocupaba por salvar a los osos pandas de China sin mirar lo que sucedía en su entorno inmediato.
Sin embargo, transcurridas cuatro décadas de democracia, la situación dominante durante la larga noche de la dictadura se repite: la necesidad de producir a cualquier precio, compensar los gastos del deterioro de los términos del intercambio y enfrentar los compromisos de la deuda provincial, asfixiando a los ecosistemas cordobeses y situando a la política económica como un parásito de los recursos naturales, re-significados hoy como bienes comunes naturales.
Hoy parece que los funcionarios políticos siguen desconociendo que 10 centímetros de suelo arrasado por incendios, erosión o desmonte demoran 100 años en recuperarse; que bebemos aguas mezcladas con excretas y que consumimos alimentos genéticamente modificados. Sin embargo, la preocupación y las recomendaciones de los cuadros técnicos del área ambiental -muchos de ellos de excelencia- nunca lograron eco en sus jefes políticos a lo largo de estas cuatro décadas.
María Julia: el gen del modelo extractivista
María Julia Alsogaray marcó a fuego los paradigmas ambientales de la democracia argentina, luego de encabezar las privatizaciones de las empresas estatales ENTEL y SOMISA en 1991, bajo la consigna del achicamiento del Estado. Durante su primera presidencia, Carlos Menem la designó en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación.
Desde entonces, María Julia instaló una mirada economicista del “dejar hacer” a las empresas contaminantes y depredadoras de los bienes colectivos -que persiste desde entonces trasladada a los organismos gubernamentales cordobeses- y una postura ideológica muy definida: Alsogaray, como secretaria de Ambiente de la Nación, dio una charla a los alumnos de la Escuela Nacional de Inteligencia -futuros espías de la SIDE- donde recomendaba “vigilar” a los activistas, ya que el medio ambiente era un terreno en el que existían fuentes potenciales de conflicto, lideradas por una corriente ideológica que se había quedado sin ámbito de acción (a pocos años de la caída del Muro de Berlín). Todo un posicionamiento del organismo primario que regía las políticas ambientales. Un paradigma que aún hoy persiste en los despachos de la devaluada Secretaría de Ambiente provincial.
Democracia sin campesinos
En materia ambiental, la recuperación de la democracia no logró despegarse de los resabios dictatoriales. La provincia sufrió rápidas transformaciones de su ambiente como consecuencia de cambios que plantearon un panorama alarmante, con efectos difíciles de revertir en el corto y mediano plazo.
En los 165.321 Km2 de superficie, tanto en el sector serrano como en las llanuras, en las áreas rurales y urbanas, los problemas ambientales comenzaron a tomar visibilidad desnudando la inexistencia de políticas de Estado.
Así, en los últimos 40 años se desmontaron más de 2 millones de hectáreas, desalojando cientos de familias que vivían en el monte. Muchas de ellas habitaban el norte provincial –que compone un triste 54,7 % de índice de pobreza- y eran las guardianas de los recursos genéticos. Pobladores que con sus saberes ancestrales asumen la naturaleza como parte de su cultura.
Pero a los administradores de turno, la situación no los ocupó demasiado: ecosistemas como el Espinal o el Chaco Serrano, donde el 80 % de la población rural hacía uso de plantas medicinales y recursos de la medicina tradicional, fueron devastados. El poder político no se ruborizó al pisotear derechos de los habitantes del territorio, con la prepotencia y la insensibilidad de los gobiernos militares.
Rulo al poder
En 1985, apenas arribada la democracia, Raúl Montenegro, “El Rulo” como lo llamaban sus amigos, fue el primer funcionario de la democracia que se hizo cargo de la Subsecretaría de Gestión Ambiental en el gobierno radical de Eduardo Angeloz. Elaboró la Ley General del Ambiente (7343), la primera norma provincial para regir los destinos de los ecosistemas cordobeses que estableció, entre otras cosas, la obligatoriedad de la evaluación previa de impacto ambiental (EIA), hoy tan presente en numerosos conflictos socioambientales, como la radicación de industrias contaminantes, de gigantescos emprendimientos inmobiliarios y de controvertidas obras públicas llevadas adelante por el Poder Ejecutivo provincial.
Desde entonces, los cordobeses experimentamos una desenfrenada carrera de malas administraciones que socavaron identidades culturales enlazadas con los ecosistemas, acentuando las desigualdades sociales y hundiendo a la provincia en una crisis ambiental cada vez más difícil de revertir.
Los refugiados ambientales
Las áreas gubernamentales que se ocuparon de las problemáticas ambientales aplicaron, desde su creación, una curiosa metodología de trabajo y las consecuencias de esa política se manifestaron sobre el ambiente: fueron organismos que corrieron por detrás de los acontecimientos mientras el fantasma de la contaminación química, el descontrolado avance de la frontera agropecuaria y el desmanejo de las cuencas hídricas tomaron cuerpo en la provincia.
El afán por generar ingresos al Estado provincial –bajo gobiernos radicales y peronistas por igual- reafirmó, en las últimas cuatro décadas, un dramático fenómeno social. Las modificaciones en los ecosistemas cordobeses produjeron una nueva categoría social: los refugiados ambientales, personas que fueron expulsadas de las regiones en donde habitaban.
Los pobladores de los bosques cordobeses, una vez que vieron agotados los bienes naturales de su zona, terminaron también con su forma de subsistencia. Esto provocó el desarraigo de sus costumbres y tradiciones ya que, generalmente, su destino final fueron las villas miseria de las grandes capitales de la provincia. A ello se agregó un novedoso elemento: la emigración a barrios y a ciudades jaqueadas por la contaminación producida por las industrias y por la polución química. Desarraigo convertido en marginalidad.
Una deuda democrática: el derecho a la información
La información ambiental constituye uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo una adecuada gestión y evaluar el resultado de las políticas implementadas y las previstas para el mediano y el largo plazo.
Desde hace años, se hace evidente la necesidad de contar con un informe sobre el estado del ambiente en la provincia. Este diagnóstico debiera acercarnos a conocer los tres aspectos indispensables del desarrollo: la calidad del ambiente, el desarrollo social y la economía, aunque a nuestros funcionarios les encrespa que se le pidan explicaciones.
Se necesita más investigación para definir y cuantificar los impactos de la contaminación ambiental sobre la salud, ya que está demostrado que el ambiente exacerba la condición de ciertas enfermedades crónicas. Los cordobeses necesitamos estos estudios con datos relevados por instituciones imparciales y externas a la Secretaría de Ambiente, para asegurar la veracidad e imparcialidad de sus resultados.
Debemos estimar lo que se gasta por año debido a enfermedades asociadas con la contaminación química, como asma, cáncer y enfermedades neurológicas. Aunque los tóxicos sean invisibles, los cordobeses tenemos derecho a estar informados.
Los especialistas aseguran que si conociéramos estas cifras, los cálculos echarían por tierra el argumento de los “altos costos” para implementar programas de protección ambiental. El Estado provincial tiene la obligación, incluso, de contemplar en este estudio los costos estimados por el dolor y sufrimiento de las personas.
El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano así como el deber de preservarlo y defenderlo.
La realidad indica que toda información vinculada con el ambiente debe tener carácter público, esté en manos del Estado o de empresas privadas, pues la responsabilidad social por un ambiente sano es un mandato constitucional. Es sustancial que los ciudadanos tengamos el pleno conocimiento de las condiciones ambientales del sitio en que vivimos, trabajamos, estudiamos o nos recreamos. El secreto industrial es un caso particular, pero su preservación no puede servir de pretexto para negar información ambiental sustancial.
Cuando escuchamos denuncias de organizaciones ambientalistas nos preguntamos: ¿Es cierto o están exagerando en lo que dicen? ¿Cuál es la verdad? Pues no lo sabemos porque las informaciones oficiales resultan insuficientes.
Lo más desconcertante de estos temas es la amplitud de la desinformación pública que existe. ¿Será mera casualidad?
En este valioso camino donde respiramos cuatro décadas de gobiernos institucionales, recuperamos algunas libertades y derechos.
Valores como diversidad biológica, heterogeneidad cultural, pluralidad política y democracia participativa deberán orientar a la reapropiación social de la naturaleza y de los procesos productivos.
Una luz al final del túnel
Por primera vez, transcurridos 40 años de democracia, en un hecho sin precedentes en la provincia y con la participación decisiva de un tribunal popular, Raúl Costa -funcionario que fue la máxima autoridad ambiental durante el primer mandato de Juan Schiaretti- fue condenado por abuso de autoridad relacionado con delitos ambientales, lo que se ha transformado en la medida judicial más importante en la historia socioambiental de Córdoba.
Raúl Costa estuvo al frente del organismo ambiental cordobés en el periodo 2007-2011, durante el primer mandato del actual gobernador Schiaretti. Irónicamente, quien representaba la máxima autoridad provincial para velar por los bienes naturales y los ecosistemas se transformó en su verdugo.
Costa favoreció el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario de GAMA S. A, una empresa desarrollista con abundantes antecedentes judiciales y que -durante la década pasada- tuviera como cara comercial nada más y nada menos que a la diva Susana Giménez. Esto antes que el titular de la firma inmobiliaria fuera preso por estafas.
A este exfuncionario de la cartera de ambiente provincial se lo condenó por autorizar el proyecto de loteo “El Gran Dorado” que preveía el desmonte y cambio de uso de suelo en un área natural protegida. Asimismo, autorizó a la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba –EPEC– a construir una Estación Transformadora con equipamiento de alta tensión, también en zona protegida y sin haber convocado a una Audiencia Pública en ningún caso.
La pena aplicada consiste en tres años de prisión condicional y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Un condimento importante es que Raúl Costa, el exfuncionario condenado, debe enfrentar otro juicio por los mismos delitos por lo que nuevamente deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Si en este segundo proceso judicial fuese condenado también, la pena acumulativa se transformaría en prisión efectiva.
“Este fallo reconoce que el camino que empezamos hace 11 años unos cuantos locos valía la pena y pone luz para que, con otros, sigamos caminando en la dirección correcta. Dañar el ambiente no puede ser gratuito”, señaló la abogada Marcela Fernández tras la condena.
Fernández es abogada de ADARSA (Asociación de Amigos del Río San Antonio), una ONG de la pequeña localidad de San Antonio de Arredondo, ubicada a 10 km de Villa Carlos Paz.
Once años persiguiendo una condena
Esta historia comenzó con la tenacidad de Juan Carlos Ferrero -geólogo y miembro fundador de ADARSA-, cuando en 2012 denunció al exfuncionario provincial.
Once años tuvieron que pasar para que don Ferrero, con sus 84 años de edad, pudiera presenciar este juicio que está destinado a ocupar un lugar preponderante en la historia socioambiental de la provincia mediterránea como ejemplo de firmeza y tenacidad. Se trata de un quijote -junto a sus compañeras y compañeros de ADARSA ONG- que no dudó en desafiar al poder político-económico cordobés, territorio en donde la impunidad de los delincuentes ambientales ha reinado históricamente.
La Secretaría de miedo ambiente
El condenado es abogado y fue hombre del riñón del schiarettismo que ya va por su tercer mandato. : fue vicepresidente de la Lotería de Córdoba y,, es síndico de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender.
(un organismo del Estado que vela por los bienes naturales y protege los ecosistemas) la llave que le abrió las puertas a negocios corporativos que atentaron contra el ambiente y la calidad de vida de los cordobeses; por ejemplo, de maneras claras Estudios de Impacto Ambiental con intereses económicos y políticos por detrás, en una provincia donde apenas queda el 2,8% de bosques nativos en buen estado de conservación.
Candonga en el horizonte: causas gemelas
Costa deberá afrontar un segundo juicio penal acusado del mismo delito, pero esta vez en la región de las Sierras Chicas cordobesas, más precisamente en la zona de Candonga.
Juan Smith, abogado y activista de la organización Vecinos del Chavascate, lleva adelante esta demanda aún pendiente: “En el año 2010, la Secretaría de Ambiente también autorizó, en zonas rojas de máxima protección de bosques nativos, un emprendimiento inmobiliario a la empresa Ticupil S.A, en similares condiciones que a la empresa GAMA en el valle de Punilla”, explica el letrado.
Si bien este segundo juicio aún no tiene fecha “esperamos que se aceleren los tiempos, ya que el exsecretario fue condenado por acciones similares, lo que invoca que se hizo a sabiendas de lo que se hacía”, indica Smith y, tras remarcar que el daño ambiental ya está hecho, sostiene que “como las Abuelas, no nos vamos a quedar tranquilos; vamos a seguir buscando memoria, verdad y justicia ambiental porque Córdoba no puede seguir siendo zona de sacrificio socioambiental”.
(*) Periodista. Secretario de Cultura del Cispren.
por Daniel Diaz Romero | Ago 24, 2023 | UMBRALES29
El activismo por los bienes comunes
En el transcurso de la democracia, la provincia de Córdoba ha sido el escenario de distintos modos de activismo en problemáticas ambientales. ¿Cuáles son los cambios y los límites de las resistencias cordobesas que buscan la preservación de los bienes comunes?
Por Lea Ross (*)
Fines de la década de los ‘90. El lento atardecer de la plaza San Martín, en el centro de la ciudad de Córdoba, agudiza más los pitidos de los silbatos y los gritos de “sucia” y “ladrona”. La señora que recibe esos insultos es ayudada a meterse en el interior de un Peugeot blanco por sus guardaespaldas. Dentro del vehículo, va rumbo a la calle Rosario de Santa Fe. Una cámara de televisión pregunta a los manifestantes el porqué del escrache: “Porque la naturaleza en Córdoba está de duelo. Porque nos vino a visitar María Julia Alsogaray”, responde el biólogo Raúl Montenegro y titular de la ONG FUNAM.
La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano del presidente Carlos Menem, que luego sería condenada por corrupción, estuvo en el Cabildo Histórico para presentar un taller de formación ambiental para periodistas. El repudio a su presencia respondía a la cuestionada administración y sospechas de malversación de fondos públicos. “Vino para organizar un show que muestre lo bella, perfecta y pulcra que es su gestión”, sentenciaron les manifestantes ante la prensa.
“Por centímetros, casi le queda como collar una corona fúnebre que le habían lanzado”, rememora Montenegro sobre aquella actividad organizada en 1997. Cuando le pregunto si recuerda la fecha exacta, revisa los archivos de FUNAM y remarca otro hecho más antiguo: “En Córdoba, se hizo la primera manifestación anti-nuclear de Argentina. Fue el 28 de agosto de 1987. Marcharon 1.200 personas, entre adultos, niñas y niños, desde la sede de EPEC hasta la Legislatura”.
Así, durante los años ochenta y noventa, las fundaciones tuvieron el papel estelar para exponer las problemáticas ambientales más visibles de la provincia, como fueron los incendios o la interminable putrefacción del dique San Roque.
“En Córdoba, se hizo la primera manifestación anti-nuclear de Argentina. Fue el 28 de agosto de 1987. Marcharon 1.200 personas, entre adultos, niñas y niños, desde la sede de EPEC hasta la Legislatura”
Eso no quita la existencia de otros casos minúsculos. La bióloga Diana Raab rememora cuando participaba en un Centro Vecinal, al norte de la capital cordobesa, para frenar la instalación de un boliche por los riesgos de contaminación sonora: “En ese entonces, uno podía repudiar la tala de un árbol en la vereda. Pero eso no quería decir que existiera una conciencia sobre las deforestaciones”. En la actualidad, la bióloga ya no vive en la capital sino en las Sierras Chicas, participando en asambleas contra canteras y loteos que impactan sobre la cobertura vegetal y las cuencas hídricas.
Preámbulo del cambio de milenio
En 1996, no hay dudas que la llegada de la soja transgénica marcó un punto nodal en la historia de las luchas ambientales, aunque las generaciones actuales poco conocen de un hecho previo: en la zona sur del Valle de Punilla, una resistencia vecinal logró frenar en 1998 la construcción de un dique en Cuesta Blanca, pensada y planificada por los gobiernos radicales de Eduardo Angeloz y Ramón Mestre.
Las protestas se iniciaron a partir del aporte de especialistas -que también eran habitantes de las comunas punillenses- sobre los riesgos que implicaba el proyecto para los cauces del Río San Antonio. “Yo prometí que si no se hacía el dique, dejaba de fumar. Y dejé de fumar. También por eso fue positivo para mí”, rememora Juan Carlos Ferrero que en ese entonces aportaba sus conocimientos sobre cuestiones hidráulicas y de geoquímica. A partir de ese logro, se creó la Asociación De Amigos del Río San Antonio (ADARSA).
Dos décadas después, ADARSA acumuló otros triunfos, como el freno a la construcción de countries de la conocida desarrollista GAMA S.A, y el impulso al primer juicio penal contra una máxima autoridad ambiental de la provincia por haber habilitado esas inversiones, violando la Ley Provincial de Bosques.
Transgénesis geográfico
Con la expansión de los cultivos modificados genéticamente y la creciente demanda de la aplicación de agroquímicos se desencadenaron distintas protestas comunales contra las fumigaciones, cuyo punto de fuga fue el barrio Ituzaingó Anexo, en la zona sur de la capital cordobesa. El interés que generó el caso, a escala global, no se limitó sólo por los testimonios desgarradores del grupo Madres, sino que además quebró la concepción sobre la problemática que reducía las víctimas a campesinxs, peones rurales o cualquiera que habitara en el campo rural. En lugar de eso, las Madres y sus familiares eran habitantes de una de las principales ciudades del país.
Mientras se expandía la consigna “Paren de Fumigar” en distintos pueblos, la modalidad asamblearia fue la apropiada para varios sectores en lucha, como arraigue de las congregaciones vecinales ante la debacle económica de la Convertibilidad.
La asamblea enlazaba las inquietudes locales con ciertos análisis globales, conllevando la expansión de conceptos académicos como “extractivismo”.
“El año 2012 no solo es recordado por la condena contra un productor sojero y un aero- aplicador por la dispersión de agrotóxicos en el emblemático barrio capitalino, sino también, por el inicio de la resistencia en la localidad de Malvinas Argentinas contra los intentos de Monsanto de instalar una mega-fábrica”
La búsqueda de asesoramiento técnico en organizaciones con experiencia previa -como FUNAM, ADARSA o el Foro Ambiental Córdoba- fueron recurrentes. Pero también lo fue el impulso de personas técnicas para organizarse a partir de conflictos latentes, como la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
El año 2012 no solo es recordado por la condena contra un productor sojero y un aeroaplicador por la dispersión de agrotóxicos en el emblemático barrio capitalino, sino también por el inicio de la resistencia en la localidad de Malvinas Argentinas contra los intentos de Monsanto de instalar una mega-fábrica. Fue el conflicto ambiental cordobés que más atrajo la atención del resto del mundo. Las vecinas de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida fueron quienes dieron el primer paso. Aunque varios reducen al conflicto sólo a quienes se mantuvieron en el bloqueo o acampe en la entrada del predio de la multinacional, allí participaron una amalgama de personas en lucha, de distintos ámbitos y experiencias.
Generación 20-20
El bloqueo contra Monsanto fue, quizás, la premonición de lo que se comenzaría a gestar con fuerza a partir de 2020: la figura de la Asamblea Ciudadana marcaría el pulso central de las luchas con la aparición de organizaciones sin arraigue barrial o “no territorial”, conformadas principalmente por jóvenes, proclives al manejo de las nuevas tecnologías, sobre todo a partir de la cuarentena contra el COVID-19.
De la mano de las redes sociales, se elevó el protagonismo de agrupaciones juveniles; algunas más interesadas en dialogar con autoridades públicas y otras en privilegiar la denuncia de choque con arraigo artístico o mediante el “medioactivismo”.
Pero para la provincia de Córdoba, 2020 fue también un año clave por padecer los peores incendios forestales de los últimos cuarenta años. La incineración de 300 mil hectáreas libró un fuerte voluntarismo en la sociedad cordobesa dispuesta a sofocar las llamaradas. Una parte de ella se canalizó en el ejercicio de brigadas forestales, que a veces pone en jaque el protagonismo de los bomberos, que anteponen la preservación de la propiedad privada por sobre el monte.
En todos los casos, son la “Generación 20-20”, que convive con la pre-existencia de organizaciones ambientales, en su mayoría asamblearias y con décadas de experiencia.
La excepción y la regla
Los gobernadores pejotistas José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti cada vez que presentaron un proyecto en la Legislatura, por más impopular que haya sido, siempre lograron su aprobación, sea por mayoría automática o por lograr acuerdos con algunos sectores de la oposición.
Así ocurrió, aun con los repudios callejeros y sus respuestas represivas, con la re-concesión del agua potable en la capital en 2006, con las distintas reformas jubilatorias y con la nueva ley de educación en 2010. Sin embargo, hubo un único caso donde el Poder Ejecutivo provincial no logró su cometido. Fue el 28 de diciembre de 2016.
Decenas de comunidades provenientes de lugares recónditos de la provincia, al canto del “Somos el monte que marcha”, pusieron su pie en las calles céntricas para evitar que en la última sesión legislativa del año se aprobara la reforma de la Ley Provincial de Bosques que flexibilizaba las restricciones para los desmontes. El objetivo desde abajo fue cumplido. Hasta ahora, el Estado provincial no ha logrado cambiar la normativa.
La clave del éxito sería la inédita coordinación de distintas comunidades del interior provincial, provenientes de geografías con realidades disímiles, cuya armonía se obtuvo por fuera del control de la gran ciudad capital, que no siempre dimensiona esa biodiversidad.
Así, la excepción se convierte en regla. La acumulación de las memorias de luchas implica capacidad desafiante para que esa heterogeneidad no sea el límite, sino que se convierta en impulso para que, en lo resistido, brote una efectiva praxis. Todo sea para una provincia cuyos bosques nativos en buen estado de conservación sólo cubren el 2% de sus suelos.
(*) Periodista.
