La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito elaboró un documento que echa luz sobre el tema. 14 preguntas frecuentes son respondidas con argumentos científicos, sanitarios, legales y bioéticos. Aspiran que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sea aprobado. Texto completo PDF.

Por Redacción

El documento responde a un conjunto de preguntas que la sociedad se formula sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que actualmente se debate en el Congreso de la Nación. Con argumentos diversos – científicos, sanitarios, legales, y bioéticos-, aclara dudas y derriba mitos. Arranca con los casos en los que está permitido, sigue con la accesibilidad para luego profundizar cómo la penalización no influye en la decisión que le pertenece a la mujer o persona con capacidad de gestar y enfatiza que “No obligamos a nadie a abortar como tampoco obligamos a nadie a gestar, parir ni ser madre”.

“El aborto clandestino implica un riesgo mucho mayor para la vida y la salud de las personas de menores recursos materiales y simbólicos. Si se despenaliza el aborto pero no lo garantizamos de forma gratuita, esta desigualdad persistirá. Por ello, la legalización del aborto no sólo es un asunto de salud pública y de derechos humanos, sino también de justicia social. Su práctica debe ser una práctica más dentro del sistema de salud”, definen, en uno de los párrafos. En esa línea asegura que según datos del Ministerio de Salud de la nación se realizan aproximadamente 54 abortos por hora que en un día suman 1300. Una secilla operación matemática indica que anualmente se realizan entre 370.000 y 520.000. De modo que la penalización del aborto “no disuade de su práctica, pero pone en riesgo a la persona que aborta”.

Para quienes cuestionan que el estado o las obras sociales deban hacerse cargo de la seguridad de la práctica afirman que aun cuando no es un tema que deba analizarse con la lógica costo /inversión, de hecho “las actuales complicaciones por abortos inseguros” ocasionan mayores gastos en internaciones e  intervenciones por hemorragias e infecciones”.

Otros temas analizados son la diferencia entre legalización y despenalización, el plazo de 14 semanas, y la histórica consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

También ponen el foco en la importancia de la implementación de las leyes de Educación Sexual Integral – científica, laica y con perspectiva de género, ley 26.150-, y de Salud reproductiva. En este sentido, sostienen que colabora en la disminución de los abortos y aporta a la planificación de la vida reproductiva de las mujeres.

A propósito, en el Congreso de la Nación, continúa desarrollándose el plenario de comisiones donde exponen sus puntos de vista a favor y en contra diferentes actores de la justicia, ONG, diputados y académicos, entre otros. (Hasta las 18, se puede seguir por el canal de la Cámara de Diputado en YouTube).

Argumentos Campaña 2018 FFF (1) (Texto completo)

Fuente: Documento elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito (Alianza entre organizaciones de la sociedad civil y personalidades que articulan acciones para lograr tal objetivo).

Foto facebook Campaña

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19 imputados recibieron12 penas que van de 3 a 17 años, seis absoluciones y una perpetua. Los hechos ocurrieron entre 1975 y 1978 en los centros clandestinos de detención campo de la Ribera y Departamento de Informaciones (D2). El presidente del Tribunal, la fiscalía y la querella valoraron positivamente el proceso.

Por Katy García

Esta mañana se realizó la última audiencia del juicio González Navarro y otros, Vergez y otros,  por crímenes de lesa humanidad en Córdoba. El tribunal, conformado por Julián Falcucci (presidente), Jaime Díaz Gavier y Juan Carlos Reynaga, dio lectura a la sentencia condenatoria de los 19 imputados. “Fue un juicio largo, tuvimos varios meses de audiencias que se desarrollaron con absoluta normalidad. Llegamos a un veredicto después de escuchar a las partes y esperamos haber satisfecho las expectativas de justicia”, dijo el presidente del tribunal, al finalizar el último acto procesal.

Lectura del veredicto

Las condenas responden a los pedidos realizados por la fiscalía. No obstante, los jueces subrayan en el fallo que las condenas “por mayoría” fueron tomadas “en mérito al límite impuesto por la acusación fiscal”. Maximiliano Hairabedián que acusó por 61 víctimas, manifestó que se sentía satisfecho con el veredicto “porque fueron aceptados los pedidos de condena y se rechazaron los planteos de la defensa, para  lograr impunidad, mediante prescripciones, violaciones a las garantías constitucionales y nulidades”. Los primeros ocho puntos dan cuenta de esos rechazos.

Negó que se haya quedado corto en algunos pedidos de penas. Afirmó que los montos de las mismas fueron calculados “de acuerdo a las pautas de mesuración y gradación de la pena que la fiscalía entendía como justa”.

Dijo que tras la lectura del veredicto advirtió que el Tribunal daba a entender que podrían ser mayores en algunos casos. Pero señaló que “habrá que esperar los fundamentos del fallo para realizar un análisis integral”. Precisamente, las argumentaciones se darán a conocer el 15 de mayo próximo al mediodía.

Sobre este punto el presidente del Tribunal manifestó que junto a Reynaga consideran que “la pena que pide el fiscal es un límite que no podemos pasar. Aunque en algunos casos hemos variado la calificación, pero manteniendo el pedido del fiscal”. Explicó que el voto del camarista Jaime Díaz Gavier -en disidencia- considera que “ese límite no significa una valla que no se pueda traspasar en la medida que la jurisdicción está abierta a partir del pedido de pena realizado” y dejó abierta la posibilidad de que pueda ser revisado.

Al fondo, Sonia Torres, junto a miembros de Familiares e HIJOS

La voz de los querellantes

Los únicos querellantes en la causa, Julio César Giménez Pizarro y Diego Benítez, repasaron, ante los medios, el largo y doloroso camino de obstáculos que enfrentaron desde hace más de 40 años buscando justicia. Giménez recordó entre lágrimas que junto a su familia fue amenazado y golpeado “por las fuerzas de seguridad durante los gobiernos de Schiaretti y De la sota y que algunos funcionarios como Raúl Sánchez me decían que no se podía hacer nada”. Con tristeza lamentó que en este juicio los autores materiales del asesinato de su padre no estuvieran en el banquillo pese a que declaró cuatro años atrás ante la fiscal López de Filoñuk. No obstante, dice, que en parte se siente reparado  con la pena que recibió el responsable mediato Jorge González Navarro.

Benítez no se fue conforme. Está convencido que su padre murió durante una sesión de tortura aplicada por sus verdugos. “Le pido al doctor Hairabedián que reflexione. Si cree en la teoría de los dos demonios que se aparte. Porque aquí no hubo una guerra, acá hubo represión ilegal, y delitos de lesa humanidad, desde mucho antes del 24 de marzo”, afirmó, conmocionado.

El fallo declara que  Marcela Guzmán  y dos personas más  fueron víctimas del plan sistemático

Denunció que “Históricamente desde la vuelta a la democracia se protegió desde el poder político y ahora parece que desde la corporación judicial a todo el D2. Son más de 300 los cuadros de la represión que hubo en Córdoba y solamente fueron juzgados a lo sumo 40”.  También advirtió sobre las continuidades con los gobiernos neoliberales de hoy que ponen en riesgo “nuestra integridad y van a llevar presos a los pibes por su color de piel o por fumar un cigarrillo en la vereda”.

Las abogadas que los patrocinan Adriana Gentile y Gabriela Bautista de la Fundación María Elba Martínez, manifestaron su conformidad con la pena impuesta y el envío de la prueba a la Fiscalía 3 con el testimonio de Giménez y el alegato del fiscal.  “En el caso del homicidio de Benítez los únicos imputados fueron Menéndez y González Navarro. Los autores materiales no estuvieron en el banquillo”, aclaró Gentile.

El Tribunal declaró, además, la existencia material de los hechos 22 y 23 de la causa Vergez cuyas víctimas fueron Eduardo César Araya, Marcela Josefina Guzmán -madre de  Guadalupe Mías, directora de derechos humanos de la municipalidad de Córdoba-, y Juan José Laso. Y subraya que son delitos de lesa humanidad que «ocurrieron como parte del plan sistemático  de eliminación de opositores políticos».

Condenados y Absueltos

El único condenado a prisión perpetua es el militar retirado con el grado de teniente coronel Jorge González Navarro de 88 años. Actualmente, con prisión domiciliaria. Fue condenado como “coautor mediato intermedio” penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada  por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia en concurso real, 38 hechos; imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, en 38 hechos, y homicidio doblemente calificado por alevosía y en concurso de una pluralidad de partícipes, en cuatro hechos, en concurso real.

El público observa la retirada de los condenados que dicen frases negacionistas

De 3 a 17

Jorge Exequiel Acosta: 3años; José Luis Yáñez, 6 seis años; Luis Gustavo Diedrichs y Rubén Osvaldo Broccos, 8 años; Carlos Alberto Díaz, 9 años. Mirta Graciela Antón, Calixto Luis Flores y Enrique Alfredo Maffei, 10 años; Alberto Luis Choux, 11 años. Héctor Pedro Vergez y Ernesto Guillermo Barreiro, 12 años y Héctor Hugo Chilo (17).  Además de las penas impuestas varios imputados también fueron absueltos en otros hechos “por ausencia de acusación fiscal”. (Ejemplo: Vergez, Yáñez, Barreiro, Chilo, entre otros)

En tanto que Eduardo Grandi, Yamil Jabour, Ricardo Alberto Lardone, Juan Eduardo Ramón Molina, Oreste Valentín Padován y José Andrés Tófalo fueron absueltos.

En la causa González Navarro fueron juzgados por los delitos de Privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados. Los hechos se produjeron entre mayo de 1976 y mayo de 1978. Se juzgaron los secuestros y detenciones de un grupo de trabajadores de la salud del hospital psiquiátrico de Santa María de Punilla,  afiliados y dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En el expediente Vergez los delitos son Privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, homicidio calificado, un hecho de abuso deshonesto y un hecho de violación ocurridos entre febrero de 1975 y febrero de 1976.

Haciendo el aguante en la explanada

La lectura del veredicto fue seguida con atención y en silencio. La sala, colmada. Solo al final, como es habitual, familiares y amigos de las víctimas aplaudieron, cantaron los estribillos históricos de la resistencia contra la impunidad y vivaron a los 30 mil desaparecidos.  La repuesta no se hizo esperar. Familiares de los condenados respondían a los gritos que son 6284 y no se privaron de insultar a todos y a todas. Cuando la sala se iba quedando vacía se escuchó, nítidamente, el hit del verano: MMLPQTP.

Texto Veredicto de González Navarro – al 17 de abril modif (3)

Fotografía gentileza Mercedes Ferreyra

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El Ministerio Público fiscal acusó por 61 víctimas. Pidió perpetua para González Navarro, absoluciones para Tófalo, Lardone, Padován, Yabour, Molina y Grandi, y penas que van de 3 a 17 años para el resto. Hoy, lunes 16, se realizó la réplica de la fiscalía.  La última palabra pasó para mañana martes a las 9:30. Cumplido este acto procesal el Tribunal se retirará a debatir y pasado el mediodía leerá la sentencia.

Por Redacción

El presente juicio por crímenes de lesa humanidad que comenzó el 21 de noviembre del año pasado llega a su fin. Mañana es la última audiencia y se dará lectura a la sentencia. Se trata de dos expedientes acumulados: González Navarro, con 35 víctimas y Vergez con 26. Los hechos juzgados ocurrieron en los centros de detención clandestina Campo de la Ribera y Departamento de Informaciones 2 (D2).

El Tibunal: Diaz Gavier, Falcucci (Presidente), Reinaga y Quiroga Uriburu (De izquierda a derecha)

En la primera, no se presentaron querellantes. En la segunda lo hicieron solo dos. Diego Omar Benítez y Julio César Giménez por los homicidios de sus padres Osvaldo Pablo Benítez y Alberto César Giménez respectivamente (Hechos 12 y 13). Ambos son patrocinados por las letradas Adriana Gentile y Gabriela Noemí Bautista, de la Fundación María Elba Martínez.

“Confío que el Tribunal haga lugar al pedido de prisión perpetua para González Navarro -miembro del estado mayor al momento de los hechos-, como autor mediato de los homicidios de Pablo Benítez y de Alberto Giménez, solicitado por nuestros querellantes”, afirmó, la abogada Gentile.

Agregó que durante el debate los testimonios de las víctimas permitieron conocer más detalles sobre lo ocurrido y destacó que aun cuando “los autores directos de los homicidios quedaron fuera del juicio porque no fueron acusados durante la instrucción pese a que fueran denunciados con nombre y apellido en su oportunidad, lo dejamos planteado en esta instancia de juicio oral”. Sobre la causa Vergez evaluó que “Quedó demostrado el accionar del Comando Libertadores de América en la provincia de Córdoba”.

El fiscal Maximiliano Hairabedián acusó por un total de 61 víctimas. Solicitó una prisión perpetua para González Navarro. Seis absoluciones -Tófalo, Lardone, Padován, Yabour, Molina y Grandi- , y para los demás acusados penas que van de 3 a 17 años.

 Los delitos

En la causa González Navarro se juzga a los acusados por los delitos de Privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados. Los hechos se produjeron entre mayo de 1976 y mayo de 1978. El primero de un total de 14 está referido a los secuestros y detenciones de trabajadores de la salud que se desempeñaban en el psiquiátrico de Santa María, la mayoría afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Los delitos que se juzgan en la causa Vergez son Privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, homicidio calificado, un hecho de abuso deshonesto y un hecho de violación. Los hechos ocurrieron entre febrero de 1975 y febrero de 1976. El tribunal que llevó adelante el proceso está integrado por Julián Falcucci (presidente) y los vocales Jaime Díaz Gavier, Juan Carlos Reynaga (subrogante) y José Camilo Quiroga Uriburu (sustituto). Durante el debate que concluirá este martes con la lectura de la sentencia desfilaron unos 50 testigos.

De 21 acusados iniciales quedan 19 en el banquillo. (Menéndez, fallecido el 27 de febrero de 2018 y un apartamiento).

Hechos 12 y 13

El 12 de febrero de 1976, Osvaldo Pablo Benítez fue secuestrado junto a María Prosperina Ferreyra y Fernando Horacio Alderete cerca del Centro Vecinal y Cultural de Barrio Patricios. Fueron reducidos por fuerzas de seguridad no identificadas, sometidos a tormentos y luego asesinados. Dos días después «con múltiples disparos de armas de fuego» aparecieron los cuerpos en la localidad de Unquillo.

El 26 de febrero de 1976, el secretario gremial del Sindicato de Pasteleros, Alberto Giménez, salía del Hotel Ritz donde se hospedaba junto a su familia. En las inmediaciones habría sido sorprendido por miembros de las fuerzas de seguridad que se conducían en dos vehículos y le dispararon a quemarropa.

Los Organismos de derechos humanos convocan a concentrar a las 11, frente a Tribunales Federales, sito en – Concepción Arenales esquina Paunero. Quienes no puedan concurrir pueden seguir la transmisión en vivo por http://www.cij.gov.ar/cijtv/

Foto Prensa gentileza  TOF1

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A los 97 años, murió Nelly Ruiz de LLorens, una de las referentes de los derechos humanos en Córdoba. El velatorio se realizará el lunes 16 de abril, desde las 18 y hasta el martes a las 13, en su casa, donde vivió toda la vida. Luego,  el cortejo fúnebre partirá rumbo al cementerio Parque Catedral. Dirección: Bv. Los Toscanos 6166, Barrio Los Boulevares.

Por Redacción*

La noticia de su muerte se conoció esta tarde. Su nieta Carolina publicó en las redes sociales: “Falleció en paz. En sus últimas horas escuchaba a sus hijos cantarle. Cuando le cantaban algo que le gustaba hacia la V de la victoria y cuando le cantaron Macri chau levantó su puño. Se fue con el amor de todxs y con la dignidad y la paz de los que luchan”, afirmó.

La periodista Mónica Ambort, en una nota publicada por Prensared en 2009 y levantada por el blog Colectivo de Expresos políticos y sobrevivientes de Rosario, cuenta la historia de Nelly. (1) De su matrimonio con Sebastián Llorens, sus 11 hijos, y numerosos nietos y bisnietos. Y de su  enorme lucha junto a otros familiares desde la dictadura de Onganía y luego durante el estado terrorista. Aquí dos pasajes que la definen.

Coplera de alma, con su caja, siempre dispuesta a cantar, tocar vidalas y bailar

Un tramo del relato cuenta cómo la familia fue perseguida y diezmada por la dictadura cívico militar de 1976. De los doce hijos del matrimonio dos y una nuera permanecen desaparecidos. Se trata de Pablo LLorens y Sebastián LLorens y la esposa de este último Diana Triay. La hija mayor y uno de los varones, estaban en prisión. Otros dos lograron salir del país. “Después de muchos años, Nelly había vuelto a lavar pañales y preparar mamaderas. Siete pibes muy chicos, hijos de esos hijos presos, desaparecidos y exiliados, la habían convertido otra vez en madre, cuando hacía rato que era abuela. Tenía poco más de 50 años, y casi setenta su marido”, señala.

Desde aquél momento, abrazó el camino de la lucha y la resistencia para revertir la impunidad. Cuando regresó del exilio se sumó con su esposo a Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba.  En otro fragmento, la describe con justeza. “En vísperas de cumplir 90 años, matriarca de una descendencia de casi cien personas, Nelly Llorens cree haber alcanzado una paz interior que le ilumina los ojos cuando repasa su historia, y la alienta a seguir atentamente la marcha de los juicios a los verdugos de la generación de sus hijos, y los entretelones de la política del país y el mundo”.

Durante los días que pasó internada en el Hospital Rawson, Carlos Godoy, uno de los médicos, le escribió en un recetario este poema de despedida.  Aquí va:

Espantallantos

Aquí va Nelly Ruiz con sus 97 Abriles, sonríe aun a pesar de pinchazos, sueros y sondas.

Sabe demasiado sobre la muerte y no le asusta. Va rodeada de tambores, pancartas, murgas, cánticos, aferrada a las muchedumbres.

Recuerda tribunales, calles, plazas, sentencias y cuando estalló de alegría cada vez que encontraban un nieto o identificaban restos humanos.

Ahí va Nelly Ruiz con sus afectos cercanos y los millones que brotan en la marchas de verdad y justicia.

Ahí va pensando que la libertad de los pueblos es posible y la lucha vale la pena.

 Lázaro Llorens,  otro de los nietos, escribió en su muro de facebook : » Esta mañana, con tus últimas fuerzas abriste un ojo, levantaste tu hermosa mano, y me hiciste tu clásica «V».  Si abuela, tarde o temprano va haber Victoria. Porque como lo dijiste hace un tiempo «la vida es bella». Y lo fue más junto a vos. Gracias por todo. Hasta siempre guerrera». Anunció que esta noche la despedirán en familia como ella lo hubiera querido: «Con guitarras, bombos, llantos, empanadas, risas, vino, abrazos, y muchas canciones» . Había nacido en 1922, en La Banda, Santiago del Estero.

Hasta último momento saludó con los dedos en V (Foto Nicolás Castiglioni)

El pasado 24 de Marzo, Día Nacional de la Memoria, por la verdad y la Justicia, pese a que se encontraba achacada, manifestó su voluntad de concurrir a la marcha. Y lo hizo, acompañada por la familia,  sus  compañeros de militancia y más de 120 mil personas que reafirmaron en homenaje a los  30 mil: «Un país para pocos, Nunca Más».

Nota

1-Ver la nota completa  Como Dios manda, 2009 . http://colectivoepprosario.blogspot.com.ar/2009/03/cordoba-historia-de-nelly-llorens.html

Fotografía Palabras Mayores, Archivo Prensared y Nicolás Castiglioni

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“Defendamos al periodismo” es la consigna del plan nacional de lucha que los trabajadores y trabajadoras de prensa llevarán adelante en el marco del Día del Periodista. El 8 de junio, habrá una marcha en la CABA. Lo decidió la Mesa Nacional de Prensa, que agrupa a más de 40 sindicatos y federaciones en todo el país.

Por Redacción*

Con la presencia de dirigentes sindicales de las organizaciones que representan a los y las trabajadoras/es de prensa de Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán y Córdoba, sesionó ayer, en la villa serrana, la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa (MNP).

Mariana Mandacovik, Javier De Pascuale, Guido Dreizik, en la apertura del encuentro.

Tras una intensa jornada de debate, realizada  en la Casa del Trabajador de Prensa, en Villa Carlos Paz, y ante “la peor crisis histórica de la actividad de prensa de los últimos 40 años”, la MNP decidió llevar adelante acciones de protesta en la calle. El 8 de Junio, miles de compañeros y compañeras marcharán  en la ciudad de Buenos Aires y harán visible la grave situación que atraviesa el sector con más de tres mil despidos, alta precarización y cierre de medios. Además, varios sindicatos afrontan negociaciones con las patronales para lograr  una actualización salarial  conforme a la realidad económica actual.

“Defendamos al periodismo” será la consigna que encabezará la movilización que partirá desde la esquina de San Juan y Entre Ríos, barrio San Cristóbal, donde el 25 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh es asesinado por un grupo de tareas, de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), a cargo de Alfredo Astiz y Jorge Tigre Acosta.

El mismo día, un grupo de dirigentes  concurrirá al Congreso de la Nación y entregará un documento que denuncia le existencia de “Una ofensiva múltiple contra los trabajadores que no tiene límites y no cesa. Que incluyó una feroz represión y la detención de trabajadores, mientras estaban trabajando, por la aplicación del Protocolo General de Actuación para la Protección de la Actividad Periodística, del ministerio de Seguridad, conducido por Patricias Bullrich”.

Dirigentes de todo el país participaron ayer de la jornada en Carlos Paz

La Mesa ratificó “la unidad en la lucha y el compromiso de las organizaciones en la defensa del periodismo”. Asimismo, convocó a la sociedad en general a defender “el ejercicio de la labor periodística, en libertad, con acceso a la información pública” que garantice el derecho a la información y la comunicación de los pueblos.

La entidad agrupa a más de 40 sindicatos en todo el país. Entre ellos, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CiSPren), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren); Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (Fetraccom), Asociación de Prensa de Tucumán (APT); Sindicato de Prensa de Rosario (SPR), entre otros.

*Prensa Ciaspren

Será este viernes, 13 de abril, desde las 9, en el sindicato de los docentes. Los asistentes provienen de San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa y Córdoba. Representan a organizaciones sociales, campesinas, de género y diversidad sexual. Universidades, medios comunitarios, públicos y comerciales, sindicatos y organismos públicos, entre otros.  Analizarán el funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual en la Argentina y realizarán aportes sobre el derecho a la comunicación y convergencia.

Por Redacción

114 personas y 68 grupos debatirán sobre “El funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual en Argentina. Aportes sobre derecho a la comunicación y convergencia”. Desde la organización manifiestan que el objetivo de la convocatoria “es nutrir, con los aportes de la ciudadanía, los debates sobre el funcionamiento de la radio y de la televisión en nuestro país y, específicamente, recibir aportes sobre derecho a la comunicación y convergencia. El diagnóstico de cada sector vinculado a la comunicación, propuestas en relación a los debates sobre su regulación, las políticas públicas, miradas sobre pluralismo y diversidad, los derechos de las audiencias, la formación en comunicación, entre otros temas, estarán presentes en las exposiciones”.

Datos

Las actividades comenzarán a las 9, en el Salón de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). San Jerónimo 558, También funcionarán comisiones en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. El evento contará con interpretación en lengua de señas y se transmitirá por streaming de video por www.defensadelpublico.gob.ar.

Desde 2013, la Defensoría realizó 21 encuentros en todo el país con más de 5000 participantes y 2300 oradores y oradoras.

Pueden participar todas las personas, organizaciones e instituciones interesadas.

Fuente: Defensoría del Público www.defensadelpublico.gob.ar

La inscripción es con cupo limitado. Destinado a profesionales del derecho, la comunicación y el periodismo. Está organizado por el Poder Judicial de Córdoba y la Facultad de Derecho de la UNC. Las clases comienzan el 17 de abril y el ciclo concluye en julio del corriente año. Datos básicos. Interesados consultar a los tels. 4481000 int. 10032/10035 | capacitacionvirtual@justiciacordoba.gob.ar

Por Redacción

El Centro de Perfeccionamiento “Ricardo C. Núñez” y la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNC informan que en una semana comienza la quinta edición del posgrado en Comunicación Judicial. El director es Armando S. Andruet (h) y el codirector, Kevin Lehmann. Coordina, Leonardo Altamirano.

Está destinado a integrantes del Poder Judicial, abogados/as, periodistas y comunicadores/as sociales. Deben contar con título de grado o equivalente.

Las inscripciones de los que trabajan en el poder judicial se receptan únicamente on line por el Portal de aplicaciones. En tanto que el resto lo debe hacer a través del siguiente formulario: https://goo.gl/forms/i7nzfbHI7 BtGydt73

La modalidad de cursado será en línea a través del Campus Virtual del Centro Núñez. Quienes participen deben contar con una cuenta de correo electrónico personal y acceso a internet. El dictado prevé 70 horas reloj.

Programa

Módulo I: La mediatización de la Justicia

Módulo II: El Poder Judicial en el espacio público

Módulo III: Cobertura periodística de la información judicial

Módulo IV: Difusión de la información judicial

Módulo V: Asuntos públicos y crisis de comunicación

El arancel es de $ 1.800 y el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Consultas: tels. 4481000 int. 10032/10035 | capacitacionvirtual@justiciacordoba.gob.ar

Fuente: Prensa TSJ

Fotografía ilustrativa (canal de noticias)

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