por Admin | May 2, 2018 | Novedades
“Se frenó la orden de desalojo pero seguimos en la lucha. Estamos fuertes, y aspiramos que la provincia conforme una mesa de diálogo y se declare la emergencia habitacional”, dijo, Vanessa Villegas, de Jóvenes al frente, vecina del lugar.
Por Redacción
La Justicia mediante un oficio enviado a las fuerzas policiales de la zona resolvió suspender la medida que había anunciado el sábado pasado. El abogado de los cooperativistas presentó un recurso de oposición a la medida. “Estamos fuertes, resistiendo, y vamos a seguir luchando hasta tener una solución”, dijo, Vanessa Villegas, integrante Jóvenes al Frente (Jaf), tras conocer la resolución judicial.
La referente manifestó que los habitantes del barrio esperan que en los próximos días el gobierno provincial tome cartas en el asunto, convoque a una mesa de diálogo, y declare la emergencia habitacional. Agregó que el 80 por ciento son mujeres y que van a seguir luchando por el futuro de sus hijos hasta lograr “una vivienda digna que podamos pagar de acuerdo a nuestras posibilidades”. Lamentó que “Seamos los pobres los que tengamos que callarnos” ante una problemática que existe en toda Córdoba y que debe salir a la luz.
Por el futuro de los chicos
Esta mañana el abogado de la organización, Joaquín González, presentó un recurso de oposición para evitar una medida drástica que de haberse ejecutado hubiera dejado en la calle a más de 100 familias y profundizado el conflicto que lleva más de cuatro años.
Los hechos
El sábado pasado, mientras los vecinos y vecinas se encontraban preparando el festival planificado con anterioridad: “Mujeres en Lucha, No al desalojo”; ¡Oh! Sorpresa, tres accesos al barrio se encontraban obturados por topadoras y los otros por la Guardia de Infantería.
El Jefe del Operativo les informó sobre la resolución del camarista Julio R. Guerrero Marín que ordenaba impedir la realización del festival “por romper un pacto social” que los moradores afirman no haber firmado ni aceptado. Al mismo tiempo, anticipaba el desalojo.
Los vecinos y vecinas interpelan al estado en relación a la grave problemática que no solo padecen estas familias y le reclaman al poder judicial que dimensione la medida ordenada habida cuenta de la existencia de otros intereses que colindan con el derecho ciudadano al acceso de la tierra. Sospechan que detrás de los desalojos están los negocios inmobiliarios y la construcción de barrios privados.
Por otra parte, cuentan, que el gobierno provincial le ofreció a cada familia 42 mil pesos con la condición de que se vayan pacíficamente. 35 aceptaron, pero 16 volvieron al barrio. Entonces, razonan, que si están dispuestos a gastar tanto dinero (calculado en más de seis millones de pesos), “le pedimos que compre tierras con esa plata, sea en Barrio Parque Esperanza por medio de la expropiación, o en otro lado”.
Estación Juárez Celman, pertenece al departamento Colón. La población se formó gracias al ferrocarril y posee gran cantidad de tierras. En los noventa, accedió a la categoría de municipio y pasó a ser ciudad en 2008. Se encuentra a 19 km del centro de la ciudad de Córdoba y es una de las llamadas ciudades dormitorio.
Más información, en la página de la organización.
Fotografía Mercedes Ferreyra
por Admin | Abr 28, 2018 | Novedades
El vocal de Cámara, Julio Ramón Guerrero Marín, anticipó que se ejecutará el miércoles 2 de mayo próximo. Los habitantes del barrio, se vieron sorprendidos por una orden judicial que les prohíbe la realización del 5° Festival «Mujeres en lucha/No al desalojo» y los emplaza a desalojar el predio cuando en marzo se había prorrogado por 60 días. Los terrenos son propiedad del estado nacional y de una empresa privada.
Por Redacción*
Salir de la zona de confort, no es solo un desafío individual. Muchos deberían ver in situ cómo viven miles de personas a escasos 20 minutos de la capital cordobesa. Los moradores del barrio Comunitario Parque Esperanza se desayunaron con una orden judicial que prohíbe la realización del 5° Festival “Mujeres en lucha” planificado con anterioridad, y anticipa el desalojo para el 2 de mayo próximo cuando el mes pasado se había prorrogado por 60 días.
No al desalojo!!!
La nota dirigida al titular de la Guardia de Infantería de la Zona le ordena que disponga de la dotación necesaria de efectivos «para impedir de manera absoluta la celebración de un encuentro «Mujeres en lucha/No al desalojo en Juárez Celman». Asimismo, subraya la prohibición de «ingreso y egreso de personas y bienes» al lugar y alude a un pacto social firmado que los habitantes desconocen.
Almuerzo comunitario. Fideos con pollo, a la leña
Esta notificación que lleva la firma de Guerrero Marín, vocal de la Cámara Sexta, secretaría 12, del poder judicial, emplaza a los cooperativistas a desalojar voluntariamente el lugar el miércoles 2 de mayo, entre las 8 y las 12. Caso contrario advierte que lo hará por medio de la fuerza pública. Esta situación creó conmoción entre los habitantes que hace cuatro años luchan por la obtención de la tierra. Según el escrito esta medida se da en el marco de una causa por usurpación de los terrenos que, afirma, le pertenecen al estado nacional y a la empresa Urbacor S.A.
Resistir
Los cooperativistas decidieron en asamblea que el festival planificado durante semanas, con mucho sacrificio, se iba a realizar y reafirmaron su decisión de resistir el desalojo. “No queremos nada gratis, queremos vivir dignamente”, claman los vecinos.
En el predio, de 10 hectáreas, viven 120 familias en 23 manzanas. El presidente de la cooperativa, Andrés Villalba, explicó que hay una causa que tiene 244 imputados que ingresaron el 15 de junio de 2014 y que poseen un registro otorgado por el gobierno nacional al año siguiente. Asegura que no cometieron ningún delito y que “el poder judicial no toma en cuenta que la solución no es la estigmatización de los pobres”.
Un pico público para todo el barrio
Los habitantes sostienen que incluso Alejandra Vigo y los ministros de Justicia y Derechos Humanos, y de Desarrollo social, con quienes mantuvieron conversaciones previas estaban al tanto de la realización del festival. Entonces: ¿Cómo puede ser que alguien de la justicia que no sabe cómo vivimos lo impida?, dice, una de las chicas.
La cooperativa 7 de Junio cuenta con 238 socias y lleva cuatro años de trabajo en pos de lograr una solución al grave problema de vivienda y carencia de servicios. “Vivimos precariamente porque hemos sido rodeados por la policía y no nos permiten ingresar materiales. La mayor parte hizo su casa con maderas, chapa y nailon. Son pocas las que son de material”, contó, Carlos, uno de los integrantes de Jóvenes en Lucha.
Rodearon los accesos al predio
Agregó que hace un mes, el gobierno hizo un relevamiento para conocer la situación de las 157 familias. Además, dos semanas atrás, la Organización de Naciones Unidas (ONU) relevó la situación y la violencia institucional que sufren los habitantes de la zona y lo plasmaron en un informe.
Se quejan del acoso policial. “Nos cortan el agua, el control es permanente, te requisan todo. Y hoy hasta el juez nos traba esto”, dice otra mujer. “Sabemos cómo luchar y lo haremos. Hemos organizado campeonatos de futbol y vóley, y le hemos dedicado horas a la organización», añade Perla.
Viven en condiciones infrahumanas. Sin agua corriente y sin luz. El acceso a la vivienda, la falta de trabajo y de servicios básicos son algunos de los mayores problemas que aquejan a la comunidad donde viven jóvenes matrimonios con hijos pequeños. Las mujeres trabajan en casas de familia por hora y los hombres en la construcción y las quintas. La comunidad barrial está integrada por hombres y mujeres de córdoba, de otras provincias, y de países vecinos que buscan vivir mejor. La necesidad los ha unido en esa búsqueda que comenzó en 2014.
Texto Katy García (Agencia Prensared) / Fotografía Mercedes Ferreyra
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por Admin | Abr 27, 2018 | Novedades
El Cispren repudia los aprietes y amedrentamientos a periodistas que ejercen su tarea. Ahora le tocó a Adolfo Ruiz, del sitio ENREDACCION. “Responsabilizamos a la Policía de la Provincia de Córdoba en su conjunto y al Gobierno Provincial por la seguridad y la integridad física del compañero”, expresa el comunicado.
Con las firmas de Javier de Pascuale (secretario adjunto) y de Bárbara Arias (secretaria de prensa) se dio a conocer el siguiente comunicado que fija la posición del sindicato frente a los hechos.
Texto completo
“El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, Cispren, se solidariza con el compañero trabajador de prensa Adolfo Ruiz, quien ha sufrido amenazas a través de redes sociales derivadas de su labor periodística.
El hostigamiento comenzó a partir de la publicación de una nota en el medio ENREDACCIÓN, el pasado 25 de abril, en el que se dejaba expuesto el caso de un alto mando policial de la departamental San Justo, Carlos Cabral, quien a pesar de las numerosas denuncias por acoso de parte de sus dependientes, fue ascendido.
A escasos días de la condena en contra del ex jefe policial Julio César Suárez por la causa de amenazas en contra del periodista y compañero Dante Leguizamón, parece que hacia adentro del cuerpo policial no han cambiado mucho las cosas, pues los aprietes y amedrentamientos en contra de los y las trabajadoras de prensa sigue siendo moneda corriente.
Desde nuestra institución repudiamos la actitud cobarde y violenta de oscuros personajes que se amparan en el anonimato de cuentas falsas en las redes para apretar a periodistas, amenazando incluso a familia e hijos en busca de callar la difusión de investigaciones que evidencian ilícitos.
Responsabilizamos a la Policía de la Provincia de Córdoba en su conjunto y al Gobierno Provincial por la seguridad y la integridad física del compañero Adolfo Ruiz y su familia. Renovamos nuestro reclamo al Gobierno provincial de valorizar la tarea de prensa y ponemos a disposición de Ruiz todas las herramientas legales y gremiales para arribar a una solución definitiva ante este hecho tan aberrante.
Córdoba, 27 de abril de 2018
Bárbara Arias, Secretaria de Prensa Javier De Pascuale, Secretario Adjunto
Fotografía Mariano Pais (En Redacción)
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por Admin | Abr 26, 2018 | Novedades
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito elaboró un documento que echa luz sobre el tema. 14 preguntas frecuentes son respondidas con argumentos científicos, sanitarios, legales y bioéticos. Aspiran que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sea aprobado. Texto completo PDF.
Por Redacción
El documento responde a un conjunto de preguntas que la sociedad se formula sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que actualmente se debate en el Congreso de la Nación. Con argumentos diversos – científicos, sanitarios, legales, y bioéticos-, aclara dudas y derriba mitos. Arranca con los casos en los que está permitido, sigue con la accesibilidad para luego profundizar cómo la penalización no influye en la decisión que le pertenece a la mujer o persona con capacidad de gestar y enfatiza que “No obligamos a nadie a abortar como tampoco obligamos a nadie a gestar, parir ni ser madre”.
“El aborto clandestino implica un riesgo mucho mayor para la vida y la salud de las personas de menores recursos materiales y simbólicos. Si se despenaliza el aborto pero no lo garantizamos de forma gratuita, esta desigualdad persistirá. Por ello, la legalización del aborto no sólo es un asunto de salud pública y de derechos humanos, sino también de justicia social. Su práctica debe ser una práctica más dentro del sistema de salud”, definen, en uno de los párrafos. En esa línea asegura que según datos del Ministerio de Salud de la nación se realizan aproximadamente 54 abortos por hora que en un día suman 1300. Una secilla operación matemática indica que anualmente se realizan entre 370.000 y 520.000. De modo que la penalización del aborto “no disuade de su práctica, pero pone en riesgo a la persona que aborta”.
Para quienes cuestionan que el estado o las obras sociales deban hacerse cargo de la seguridad de la práctica afirman que aun cuando no es un tema que deba analizarse con la lógica costo /inversión, de hecho “las actuales complicaciones por abortos inseguros” ocasionan mayores gastos en internaciones e intervenciones por hemorragias e infecciones”.
Otros temas analizados son la diferencia entre legalización y despenalización, el plazo de 14 semanas, y la histórica consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
También ponen el foco en la importancia de la implementación de las leyes de Educación Sexual Integral – científica, laica y con perspectiva de género, ley 26.150-, y de Salud reproductiva. En este sentido, sostienen que colabora en la disminución de los abortos y aporta a la planificación de la vida reproductiva de las mujeres.
A propósito, en el Congreso de la Nación, continúa desarrollándose el plenario de comisiones donde exponen sus puntos de vista a favor y en contra diferentes actores de la justicia, ONG, diputados y académicos, entre otros. (Hasta las 18, se puede seguir por el canal de la Cámara de Diputado en YouTube).
Argumentos Campaña 2018 FFF (1) (Texto completo)
Fuente: Documento elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito (Alianza entre organizaciones de la sociedad civil y personalidades que articulan acciones para lograr tal objetivo).
Foto facebook Campaña
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por Admin | Abr 17, 2018 | Novedades
19 imputados recibieron12 penas que van de 3 a 17 años, seis absoluciones y una perpetua. Los hechos ocurrieron entre 1975 y 1978 en los centros clandestinos de detención campo de la Ribera y Departamento de Informaciones (D2). El presidente del Tribunal, la fiscalía y la querella valoraron positivamente el proceso.
Por Katy García
Esta mañana se realizó la última audiencia del juicio González Navarro y otros, Vergez y otros, por crímenes de lesa humanidad en Córdoba. El tribunal, conformado por Julián Falcucci (presidente), Jaime Díaz Gavier y Juan Carlos Reynaga, dio lectura a la sentencia condenatoria de los 19 imputados. “Fue un juicio largo, tuvimos varios meses de audiencias que se desarrollaron con absoluta normalidad. Llegamos a un veredicto después de escuchar a las partes y esperamos haber satisfecho las expectativas de justicia”, dijo el presidente del tribunal, al finalizar el último acto procesal.
Lectura del veredicto
Las condenas responden a los pedidos realizados por la fiscalía. No obstante, los jueces subrayan en el fallo que las condenas “por mayoría” fueron tomadas “en mérito al límite impuesto por la acusación fiscal”. Maximiliano Hairabedián que acusó por 61 víctimas, manifestó que se sentía satisfecho con el veredicto “porque fueron aceptados los pedidos de condena y se rechazaron los planteos de la defensa, para lograr impunidad, mediante prescripciones, violaciones a las garantías constitucionales y nulidades”. Los primeros ocho puntos dan cuenta de esos rechazos.
Negó que se haya quedado corto en algunos pedidos de penas. Afirmó que los montos de las mismas fueron calculados “de acuerdo a las pautas de mesuración y gradación de la pena que la fiscalía entendía como justa”.
Dijo que tras la lectura del veredicto advirtió que el Tribunal daba a entender que podrían ser mayores en algunos casos. Pero señaló que “habrá que esperar los fundamentos del fallo para realizar un análisis integral”. Precisamente, las argumentaciones se darán a conocer el 15 de mayo próximo al mediodía.
Sobre este punto el presidente del Tribunal manifestó que junto a Reynaga consideran que “la pena que pide el fiscal es un límite que no podemos pasar. Aunque en algunos casos hemos variado la calificación, pero manteniendo el pedido del fiscal”. Explicó que el voto del camarista Jaime Díaz Gavier -en disidencia- considera que “ese límite no significa una valla que no se pueda traspasar en la medida que la jurisdicción está abierta a partir del pedido de pena realizado” y dejó abierta la posibilidad de que pueda ser revisado.
Al fondo, Sonia Torres, junto a miembros de Familiares e HIJOS
La voz de los querellantes
Los únicos querellantes en la causa, Julio César Giménez Pizarro y Diego Benítez, repasaron, ante los medios, el largo y doloroso camino de obstáculos que enfrentaron desde hace más de 40 años buscando justicia. Giménez recordó entre lágrimas que junto a su familia fue amenazado y golpeado “por las fuerzas de seguridad durante los gobiernos de Schiaretti y De la sota y que algunos funcionarios como Raúl Sánchez me decían que no se podía hacer nada”. Con tristeza lamentó que en este juicio los autores materiales del asesinato de su padre no estuvieran en el banquillo pese a que declaró cuatro años atrás ante la fiscal López de Filoñuk. No obstante, dice, que en parte se siente reparado con la pena que recibió el responsable mediato Jorge González Navarro.
Benítez no se fue conforme. Está convencido que su padre murió durante una sesión de tortura aplicada por sus verdugos. “Le pido al doctor Hairabedián que reflexione. Si cree en la teoría de los dos demonios que se aparte. Porque aquí no hubo una guerra, acá hubo represión ilegal, y delitos de lesa humanidad, desde mucho antes del 24 de marzo”, afirmó, conmocionado.
El fallo declara que Marcela Guzmán y dos personas más fueron víctimas del plan sistemático
Denunció que “Históricamente desde la vuelta a la democracia se protegió desde el poder político y ahora parece que desde la corporación judicial a todo el D2. Son más de 300 los cuadros de la represión que hubo en Córdoba y solamente fueron juzgados a lo sumo 40”. También advirtió sobre las continuidades con los gobiernos neoliberales de hoy que ponen en riesgo “nuestra integridad y van a llevar presos a los pibes por su color de piel o por fumar un cigarrillo en la vereda”.
Las abogadas que los patrocinan Adriana Gentile y Gabriela Bautista de la Fundación María Elba Martínez, manifestaron su conformidad con la pena impuesta y el envío de la prueba a la Fiscalía 3 con el testimonio de Giménez y el alegato del fiscal. “En el caso del homicidio de Benítez los únicos imputados fueron Menéndez y González Navarro. Los autores materiales no estuvieron en el banquillo”, aclaró Gentile.
El Tribunal declaró, además, la existencia material de los hechos 22 y 23 de la causa Vergez cuyas víctimas fueron Eduardo César Araya, Marcela Josefina Guzmán -madre de Guadalupe Mías, directora de derechos humanos de la municipalidad de Córdoba-, y Juan José Laso. Y subraya que son delitos de lesa humanidad que «ocurrieron como parte del plan sistemático de eliminación de opositores políticos».
Condenados y Absueltos
El único condenado a prisión perpetua es el militar retirado con el grado de teniente coronel Jorge González Navarro de 88 años. Actualmente, con prisión domiciliaria. Fue condenado como “coautor mediato intermedio” penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia en concurso real, 38 hechos; imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, en 38 hechos, y homicidio doblemente calificado por alevosía y en concurso de una pluralidad de partícipes, en cuatro hechos, en concurso real.
El público observa la retirada de los condenados que dicen frases negacionistas
De 3 a 17
Jorge Exequiel Acosta: 3años; José Luis Yáñez, 6 seis años; Luis Gustavo Diedrichs y Rubén Osvaldo Broccos, 8 años; Carlos Alberto Díaz, 9 años. Mirta Graciela Antón, Calixto Luis Flores y Enrique Alfredo Maffei, 10 años; Alberto Luis Choux, 11 años. Héctor Pedro Vergez y Ernesto Guillermo Barreiro, 12 años y Héctor Hugo Chilo (17). Además de las penas impuestas varios imputados también fueron absueltos en otros hechos “por ausencia de acusación fiscal”. (Ejemplo: Vergez, Yáñez, Barreiro, Chilo, entre otros)
En tanto que Eduardo Grandi, Yamil Jabour, Ricardo Alberto Lardone, Juan Eduardo Ramón Molina, Oreste Valentín Padován y José Andrés Tófalo fueron absueltos.
En la causa González Navarro fueron juzgados por los delitos de Privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados. Los hechos se produjeron entre mayo de 1976 y mayo de 1978. Se juzgaron los secuestros y detenciones de un grupo de trabajadores de la salud del hospital psiquiátrico de Santa María de Punilla, afiliados y dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
En el expediente Vergez los delitos son Privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, homicidio calificado, un hecho de abuso deshonesto y un hecho de violación ocurridos entre febrero de 1975 y febrero de 1976.
Haciendo el aguante en la explanada
La lectura del veredicto fue seguida con atención y en silencio. La sala, colmada. Solo al final, como es habitual, familiares y amigos de las víctimas aplaudieron, cantaron los estribillos históricos de la resistencia contra la impunidad y vivaron a los 30 mil desaparecidos. La repuesta no se hizo esperar. Familiares de los condenados respondían a los gritos que son 6284 y no se privaron de insultar a todos y a todas. Cuando la sala se iba quedando vacía se escuchó, nítidamente, el hit del verano: MMLPQTP.
Texto Veredicto de González Navarro – al 17 de abril modif (3)
Fotografía gentileza Mercedes Ferreyra
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por Admin | Abr 16, 2018 | Novedades
El Ministerio Público fiscal acusó por 61 víctimas. Pidió perpetua para González Navarro, absoluciones para Tófalo, Lardone, Padován, Yabour, Molina y Grandi, y penas que van de 3 a 17 años para el resto. Hoy, lunes 16, se realizó la réplica de la fiscalía. La última palabra pasó para mañana martes a las 9:30. Cumplido este acto procesal el Tribunal se retirará a debatir y pasado el mediodía leerá la sentencia.
Por Redacción
El presente juicio por crímenes de lesa humanidad que comenzó el 21 de noviembre del año pasado llega a su fin. Mañana es la última audiencia y se dará lectura a la sentencia. Se trata de dos expedientes acumulados: González Navarro, con 35 víctimas y Vergez con 26. Los hechos juzgados ocurrieron en los centros de detención clandestina Campo de la Ribera y Departamento de Informaciones 2 (D2).
El Tibunal: Diaz Gavier, Falcucci (Presidente), Reinaga y Quiroga Uriburu (De izquierda a derecha)
En la primera, no se presentaron querellantes. En la segunda lo hicieron solo dos. Diego Omar Benítez y Julio César Giménez por los homicidios de sus padres Osvaldo Pablo Benítez y Alberto César Giménez respectivamente (Hechos 12 y 13). Ambos son patrocinados por las letradas Adriana Gentile y Gabriela Noemí Bautista, de la Fundación María Elba Martínez.
“Confío que el Tribunal haga lugar al pedido de prisión perpetua para González Navarro -miembro del estado mayor al momento de los hechos-, como autor mediato de los homicidios de Pablo Benítez y de Alberto Giménez, solicitado por nuestros querellantes”, afirmó, la abogada Gentile.
Agregó que durante el debate los testimonios de las víctimas permitieron conocer más detalles sobre lo ocurrido y destacó que aun cuando “los autores directos de los homicidios quedaron fuera del juicio porque no fueron acusados durante la instrucción pese a que fueran denunciados con nombre y apellido en su oportunidad, lo dejamos planteado en esta instancia de juicio oral”. Sobre la causa Vergez evaluó que “Quedó demostrado el accionar del Comando Libertadores de América en la provincia de Córdoba”.
El fiscal Maximiliano Hairabedián acusó por un total de 61 víctimas. Solicitó una prisión perpetua para González Navarro. Seis absoluciones -Tófalo, Lardone, Padován, Yabour, Molina y Grandi- , y para los demás acusados penas que van de 3 a 17 años.
Los delitos
En la causa González Navarro se juzga a los acusados por los delitos de Privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados. Los hechos se produjeron entre mayo de 1976 y mayo de 1978. El primero de un total de 14 está referido a los secuestros y detenciones de trabajadores de la salud que se desempeñaban en el psiquiátrico de Santa María, la mayoría afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Los delitos que se juzgan en la causa Vergez son Privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, homicidio calificado, un hecho de abuso deshonesto y un hecho de violación. Los hechos ocurrieron entre febrero de 1975 y febrero de 1976. El tribunal que llevó adelante el proceso está integrado por Julián Falcucci (presidente) y los vocales Jaime Díaz Gavier, Juan Carlos Reynaga (subrogante) y José Camilo Quiroga Uriburu (sustituto). Durante el debate que concluirá este martes con la lectura de la sentencia desfilaron unos 50 testigos.
De 21 acusados iniciales quedan 19 en el banquillo. (Menéndez, fallecido el 27 de febrero de 2018 y un apartamiento).
Hechos 12 y 13
El 12 de febrero de 1976, Osvaldo Pablo Benítez fue secuestrado junto a María Prosperina Ferreyra y Fernando Horacio Alderete cerca del Centro Vecinal y Cultural de Barrio Patricios. Fueron reducidos por fuerzas de seguridad no identificadas, sometidos a tormentos y luego asesinados. Dos días después «con múltiples disparos de armas de fuego» aparecieron los cuerpos en la localidad de Unquillo.
El 26 de febrero de 1976, el secretario gremial del Sindicato de Pasteleros, Alberto Giménez, salía del Hotel Ritz donde se hospedaba junto a su familia. En las inmediaciones habría sido sorprendido por miembros de las fuerzas de seguridad que se conducían en dos vehículos y le dispararon a quemarropa.
Los Organismos de derechos humanos convocan a concentrar a las 11, frente a Tribunales Federales, sito en – Concepción Arenales esquina Paunero. Quienes no puedan concurrir pueden seguir la transmisión en vivo por http://www.cij.gov.ar/cijtv/
Foto Prensa gentileza TOF1
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