“Se frenó la orden de desalojo pero seguimos en la lucha. Estamos fuertes, y aspiramos que la provincia conforme una mesa de diálogo y se declare la emergencia habitacional”, dijo, Vanessa Villegas, de Jóvenes al frente, vecina del lugar.
Por Redacción
La Justicia mediante un oficio enviado a las fuerzas policiales de la zona resolvió suspender la medida que había anunciado el sábado pasado. El abogado de los cooperativistas presentó un recurso de oposición a la medida. “Estamos fuertes, resistiendo, y vamos a seguir luchando hasta tener una solución”, dijo, Vanessa Villegas, integrante Jóvenes al Frente (Jaf), tras conocer la resolución judicial.
La referente manifestó que los habitantes del barrio esperan que en los próximos días el gobierno provincial tome cartas en el asunto, convoque a una mesa de diálogo, y declare la emergencia habitacional. Agregó que el 80 por ciento son mujeres y que van a seguir luchando por el futuro de sus hijos hasta lograr “una vivienda digna que podamos pagar de acuerdo a nuestras posibilidades”. Lamentó que “Seamos los pobres los que tengamos que callarnos” ante una problemática que existe en toda Córdoba y que debe salir a la luz.
Esta mañana el abogado de la organización, Joaquín González, presentó un recurso de oposición para evitar una medida drástica que de haberse ejecutado hubiera dejado en la calle a más de 100 familias y profundizado el conflicto que lleva más de cuatro años.
Los hechos
El sábado pasado, mientras los vecinos y vecinas se encontraban preparando el festival planificado con anterioridad: “Mujeres en Lucha, No al desalojo”; ¡Oh! Sorpresa, tres accesos al barrio se encontraban obturados por topadoras y los otros por la Guardia de Infantería.
El Jefe del Operativo les informó sobre la resolución del camarista Julio R. Guerrero Marín que ordenaba impedir la realización del festival “por romper un pacto social” que los moradores afirman no haber firmado ni aceptado. Al mismo tiempo, anticipaba el desalojo.
Los vecinos y vecinas interpelan al estado en relación a la grave problemática que no solo padecen estas familias y le reclaman al poder judicial que dimensione la medida ordenada habida cuenta de la existencia de otros intereses que colindan con el derecho ciudadano al acceso de la tierra. Sospechan que detrás de los desalojos están los negocios inmobiliarios y la construcción de barrios privados.
Por otra parte, cuentan, que el gobierno provincial le ofreció a cada familia 42 mil pesos con la condición de que se vayan pacíficamente. 35 aceptaron, pero 16 volvieron al barrio. Entonces, razonan, que si están dispuestos a gastar tanto dinero (calculado en más de seis millones de pesos), “le pedimos que compre tierras con esa plata, sea en Barrio Parque Esperanza por medio de la expropiación, o en otro lado”.
Estación Juárez Celman, pertenece al departamento Colón. La población se formó gracias al ferrocarril y posee gran cantidad de tierras. En los noventa, accedió a la categoría de municipio y pasó a ser ciudad en 2008. Se encuentra a 19 km del centro de la ciudad de Córdoba y es una de las llamadas ciudades dormitorio.
Más información, en la página de la organización.
Fotografía Mercedes Ferreyra