Artículo elaborado junto con el equipo de trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma(CTAA).

Por María Ana Mandakovic*

Un país que se precie de ser soberano debe promover, desarrollar y garantizar el derecho a la comunicación de su pueblo; que no sólo supone satisfacer la necesidad de estar informados y recibir contenidos de calidad sino también y especialmente, sostener estratégicamente una política nacional de telecomunicaciones.

Los trabajadores y trabajadoras organizados entendemos que para consolidar nuestra soberanía comunicacional debemos: 1) establecer específicamente el Derecho a la Telecomunicación; 2) declarar Servicios Públicos aquellos que hoy forman parte de la primera necesidad para la comunicación del pueblo y que son factor de desarrollo nacional, como ser, la telefonía fija y móvil y el acceso a Internet; 3) tener una política de estado que incluya la legislación correspondiente, para el desarrollo de un complejo industrial nacional de bienes de capital en electrónica, informática y comunicaciones; 4) imponer el uso del Principio Precautorio para el desarrollo ambiental de las redes; 5) definir el rol de un Estado presente que pueda tener intervención directa en las telecomunicaciones; y 6) definir el tipo y forma de control de servicios y redes de telecomunicaciones.

Pretendemos abordar sistemáticamente cada uno de estos puntos, para impulsar una reflexión profunda que sustente en clave de emancipación, la consolidación de la tan necesaria soberanía comunicacional. Esto lo hacemos, sabiendo que, como pueblo, solo podremos defender y exigir el complimiento de los derechos que se conocen.

El establecimiento del Derecho Público a la Telecomunicación, implica que cada habitante de la Argentina, cualquiera sea su condición social y económica, así como su ubicación geográfica, debe disponer de la conectividad necesaria para el acceso a la red Internet y otras, con una velocidad / ancho de banda que le permita el intercambio de información de voz, texto, datos e imágenes fijas y en movimiento, acorde a sus necesidades de comunicación y, tener además el acceso a los servicios de telecomunicación, especialmente telefonía fija y móvil. Este derecho es además extensivo a las instituciones de gobierno y su relación con los ciudadanos, las instituciones educativas y las de salud.

En este sentido, sostenemos que los habitantes tenemos los siguientes derechos particulares:

– Derecho a acceder a los medios públicos de telecomunicación, así como a los recursos e instalaciones para la comunicación convencional o avanzada, para distribuir información, ideas y opiniones.

– Derecho a reclamar que los recursos necesarios para la telecomunicación pública – tales como el espectro electromagnético y la infraestructura esencial de las telecomunicaciones – sean patrimonio de la comunidad y no sean apropiados por sectores privados.

– Derecho a participar en la toma de decisiones públicas acerca de la elección, desarrollo y aplicación de tecnologías de la telecomunicación, y acerca de la estructura y política de la industria de servicios.

– Derecho a acceder y hacer uso de manera igualitaria del entorno electrónico (ciberespacio) en condiciones de seguridad informática, entendida ésta como el respeto y la protección de la dignidad humana contra el abuso de las tecnologías de la información y la comunicación cometido por gobiernos y entidades no estatales.

Por otro lado, los ciudadanos usuarios de los servicios públicos de telecomunicación deben tener estos cuatro derechos adicionales:

– Estar en igualdad de condiciones con los demás usuarios para acceder al servicio.

– Pagar el mismo precio que los demás usuarios por el mismo servicio.

– Que la forma de hacer uso del servicio sea la misma en todas partes (intercambiabilidad de terminales).

– Estar debidamente informados sobre la forma de utilizar el servicio.

Somos conscientes que la única forma de garantizar el derecho público a la telecomunicación es dando la disputa en el campo político. Las expectativas generadas por los avances tecnológicos en las comunicaciones fueron siempre y siguen siendo usadas a favor de determinados intereses económicos. Por eso defender este derecho es fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa. Es tiempo de hacerlo.

*Secretaria de Comunicación de CTAA y secretaria general del Cispren. Imagen ilustrativa: Caras y Caretas.

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