Trabajadoras de prensa denuncian acoso por parte de entrevistados varones. Las más afectadas son las cronistas de las secciones de espectáculos. Solidaridad del Cispren. El comunicado lleva la firma de Mónica Reviglio, Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades, Bárbara Arias, Secretaria de Prensa y Comunicación y María Ana Mandakovic, Secretaria General de la institución gremial.

Por Redacción

“El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, Cispren, manifiesta su preocupación ante la insistente conducta lasciva y machista que tienen los entrevistados varones hacia nuestras compañeras movileras. Entendemos que estas actitudes deben ser expuestas públicamente y repudiadas de manera enérgica.

Las trabajadoras de la prensa y la comunicación, en especial las que desempeñan tareas en el rubro de espectáculos, nos vemos forzadas a mantener una conducta profesional en situaciones de extrema violencia hacia nuestros cuerpos y a la cosificación de nuestras personas en un tono tan jocoso y habitual que se naturaliza. Cabe destacar que estos sucesos no son agradables para nosotras y, muchas veces, optamos por no decir nada para no caer en desagrado de nuestros empleadores y de nuestros mismos compañeros y compañeras que no logran detectar el daño.

Desde el Cispren instamos a la reflexión colectiva y a la interpelación de nuestros actos, no podemos tolerar que nuestras compañeras cumplan con sus tareas laborales en medio de situaciones de acoso evidentes y descaradas, no podemos ser cómplices de estos hechos y debemos denunciarlos hasta erradicarlos de nuestras rutinas de trabajo.

Nos solidarizamos con todas las compañeras que recientemente han sido víctimas de estas situaciones de violencia y nos ponemos a su disposición para acompañar cualquier acción desde la sororidad y el compromiso colectivo que nos requiere estar en esta institución.”

Córdoba, 29 de Noviembre de 2018.-

 

Imagen ilustrativa Connectas

En la Sala de Audiencias del Tribunal Oral Federal n°1 se desarrolló la cuarta audiencia que juzga a una veintena de policías y un militar por crímenes de lesa humanidad -secuestros, tormentos y homicidios- ocurridos entre marzo y julio de 1976. Se trata de la causa Montiveros que acumula un total de nueve expedientes. Ayer declararon tres testigos. El hijo y hermano de dos víctimas y un comisario retirado.

Por Katy García*

Ayer declaró, Santiago Nicola, hijo de José Luis Nicola y Lucía Esther Molina. Su padre fue asesinado, junto a Vilma Ortiz y Gustavo Olmedo, en el Pasaje Bello, en Barrio San Vicente. Tenía 45 días y  sobrevivió a la balacera. Raúl Bernardo Berti, contó cómo se desencadenó la persecución policial donde Osatinsky y Villegas fueron abatidos. El ex policía Manuel Ocampo fue consultado sobre procedimientos y responsabilidades en la época. Un choque impidió que llegara al barrio Güemes y fuera el patrullero número 12.

Del placard a la Casa Cuna

Santiago Nicola, tranquilo y con mucha seguridad, le contó al Tribunal el largo proceso que le permitió reconstruir a partir de relatos familiares, recortes de diarios, y de información oficial posterior, cómo sucedieron los hechos que terminaron con la vida de sus padres y salvaron la propia cuando sobrevivió a los disparos. Estaba en el placard del baño de la casa que después fue dinamitada y saqueada.

Tenía 45 días, cuando el 26 de marzo de 1976, el  Comando Radioeléctrico llevó adelante un megaoperativo, en la vivienda de Pasaje Bello, dando muerte a su padre José Luis Nicola y a sus compañeros de militancia Vilma Ethel Ortiz y Gustavo Gabriel Olmedo. Aquél día, su abuela Irma Ramacciotti de Molina, recibió el llamado de su hija Lucía que le avisaba que “habían cercado la manzana y que por favor vaya a buscar al bebe”. De inmediato, se apersonó al D2 y días después lo encontró en la Casa Cuna. Tuvo una audiencia “con la monja Monserrat Tribo y no quiso entregarme esperando que vaya mi mamá”, explicó, Santiago. (Esta religiosa es la  misma que fue citada a declarar en la megacausa La Perla por la sustracción del nieto de Sonia Torres y  huyó al exterior con la complicidad de la Iglesia Católica).

A partir de una entrevista que Irma mantuvo con el Oficial de policía Ríos – un ex alumno, en primer grado- se enteró qué pasó y la ayudó a buscar el cuerpo de su padre y vía judicial logró la tenencia. “Sorprendió a la policía cuando, luego de ametrallar la casa, con muchos disparos, entraron y encontraron abatidos a mi papá, a Vilma, a Gustavo y escucharon llantos  en el placard de un baño y estaba yo, vivito, y me llevan a la casa cuna”, recordó.

“A la semana, mi abuela, que  era muy persistente fue a la casa a constatar cómo había quedado después de haber sido dinamitada” y el vecindario le contó que “se habían llevado los muebles y pertenencias”.

Cuando el fiscal le preguntó si además de la información que le brindó su familia tuvo acceso a otra fuente se refirió a un recorte de La Voz del Interior donde afirmaba que fueron “abatidos en un enfrentamiento subversivo”. Esto le generó dudas y con el tiempo se enteró que la prensa replicaba los comunicados  de las fuerzas armadas. Agregó que a través de documentación pública que se encuentra en el Archivo Provincial de la Memoria (APM) supo que su padre figuraba en “el libro de extremistas”.

Dos veces recuperado

Vivió con su abuela hasta los tres meses y luego con su madre, en Villa Ballester. Al tiempo, ella forma pareja con Rodolfo Goldín. En abril de 1977, allanan esa casa con el mismo modus operandi. Le contaron que “Rodolfo estuvo en La Perla, que había sido torturado con alevosía por su condición de judío y que lo mataron en un enfrentamiento fraguado en Monte Grande”. De su madre no se supo nada. Estaba embarazada de cinco meses y medio. El, fue llevado a la Casa Cuna de La Plata y fue recuperado por segunda vez. Pudo armar una pareja y su hija estaba presente en la sala. Le pidió al Tribunal que “busquen a su hermano o hermana” para que recupere su identidad y encuentre a la familia.

Le solicitó “al fiscal de la democracia” Maximiliano  Hairabedián que “pida las máximas penas posibles” para los imputados como un mensaje para las nuevas policías que replican “prácticas violentas”.

Le agradeció a la familia Molina que lo crió y reivindicó la labor de Irma –reconocida militante, primero en Familiares y luego en Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba– quien, dijo, debería estar hoy aquí pero falleció hace siete años. “Ella, me enseñó a mantener la memoria, decir la verdad siempre y buscar justicia”. Cerró con una frase que  tomó de una amiga: “Lo imposible solo tarda un poco más”.

Al inicio le contó al Tribunal que su padre había nacido en Santa Fe. Que de niño  había mostrado una gran preocupación por lo que pasaba en su entorno social. Cuando terminó la secundaria se trasladó a Córdoba para estudiar medicina donde conoció a su madre, Lucía Esther Molina, se enamoraron y empezaron a participar en las luchas estudiantiles. Cuando él nació lo llamaron Santiago en honor a Santiago Panpillon. “Militaban en Ocpo, y querían cambiar el mundo y la sociedad”.

 “Rajaron como alma que la lleva el diablo”

El segundo testigo se refirió al hecho octavo que indaga sobre lo ocurrido el  2 de julio de 1976, en Brasil 669, barrio Güemes, cuando llegan al lugar 11 patrulleros del Comando Radioeléctrico. Ingresan a la casa y persiguen a su hermano Carlos Guillermo Berti, Néstor Morandini, José Osatinsky (15) y José María Villegas (21), quienes huyen por la terraza de la casa. Carlos y Morandini conocido como “Lana” logran escapar en tanto que Osatinsky y Villegas que intentan regresar son abatidos por la fuerza policial.

Aquél día cuando se produjo el operativo policial se fue a trabajar. A eso de las 11, lo llamó su hermano para decirle que “había problemas y que se fuera. Después se reunieron y su hermano le contó que la “panfletera con mecha” había explotado. Se asustaron y salieron a decirles a los vecinos que había explotado una garrafa. Miraban por la rendija cuando vieron que pasó un patrullero y entonces “rajaron por la terraza como alma que la lleva el diablo”.

Afirmó que los cuatro huyeron por los techos, mientras la policía había entrado a los tiros. “Cruzan la manzana y saltan a la calle Brasil. Carlos y Lana consiguen pasar a la otra calle y toman un taxi. En tanto que Villegas y el Pibe (José Osatinsky) no pueden saltar una pared, se vuelven para escapar y son acribillados por la policía”.

El testigo contó que alquiló esa vivienda tipo chorizo para vivir con su hermano que estudiaba física en el IMAF y que aspiraba seguir en el Instituto Balseiro,  y con José Villegas, ambos militantes de superficie de la JUP. Como trabajaba en el Banco Nación firmó el contrato de alquiler y un amigo de la familia que era Juez “con ideas opuestas” le firmó la garantía.

Brindó detalles de la disposición de la casa donde el dueño que era carpintero tenía su taller. Destacó que habían pactado no realizar actividades políticas en la casa donde “Había guitarras, discos, charlas y conversaciones. Los medios, publicaron que había un “arsenal” cuestión que calificó como “una burda propaganda política”. Denunció el robo de una moto Siambretta 125, muebles, repisas, juegos, un equipo de música Audinac y más de 200 discos reunidos  en 20 años.

El calvario de la familia Villegas

El testigo se salvó porque estaba trabajando. Su padre que era médico forense fue con la esposa a la morgue y “sufrió un desmayo” al ver tantos cuerpos de jóvenes y no poder reconocer a ninguno. “Quedó destrozado”,  le había dicho su madre. También allanaron la casa de sus padres y de la familia Villegas. “El allanamiento fue correcto con buen trato. No pasó lo mismo con Villegas. Fueron y secuestraron a su hermana adolescente y la torturaron para sacar información que ella no tenía. Y le dijeron al padre que no hable con nadie, que no se junte con familiares, porque vamos a llevar de nuevo a su hija. Quedaron aterrorizados”, evocó.

Ante una pregunta de Claudio Orosz sobre la presencia de José Osatinsky aquella mañana, respondió que su hermano le contó que  estaban los tres y que llegó un pibe de 15 años, en una moto, que va por primera vez a visitarlos y termina muerto. Nunca más volvió a la casa ni al banco. Se fue a Buenos Aires y allá se enteró que su padre “Se vino abajo y el  26 de septiembre murió”, precisó.

Carlos Berti y Néstor Morandini fueron asesinados en 1977. Permanecen desaparecidos.

“Orden de Allanamiento”

El tercer testigo de contexto, Manuel Isidro Ocampo (C.R), se desempeñó en el Comando Radioeléctrico, en julio de 1976.  Cuando se dirigían a Barrio Güemes “en la esquina de San Luis y Vélez Sarsfield nos choca un remisero o taxi y nos destroza la parte trasera”. Ese accidente hizo que se volvieran y reportaran el hecho. Hubiera sido el patrullero número 12 que participaba en el procedimiento.

En aquel momento, dijo, que era oficial principal. No patrullaba, era jefe de compañía y su tarea era “controlar a otros móviles e impartir las directivas de los superiores”. Manifestó que cada patrullero contaba con un chofer, el jefe de coche y un patrullero atrás. Quien tomaba las decisiones y manejaba la radio era el jefe de coche. También aportó lo que se acordaba sobre el tipo de armas que se usaban y aseguró que para ingresar a un domicilio se necesitaba “Una orden de allanamiento”.

Señaló que ante un gran procedimiento como el de Güemes con 11 móviles “Se apostaba a la gente”. Graficó con un ejemplo “el cercamiento que hubo en la cárcel de San Martín donde participó personal del Comando y policía federal, para evitar la fuga de detenidos extremistas”. Sobre quién daba las órdenes de salir y con qué responsabilidades dijo que en ese tiepmo “había mucho espíritu de cuerpo, y cuando se escuchaba por la radio que había un tiroteo iban todos” y que “posiblemente no había quien coordinaba. Pero el responsable es el de mayor jerarquía”.  Sobre el procedimiento al que no pudo llegar no recordó qué órdenes había recibido pero sabía que “había problemas”. Tampoco se acordaba que hayan ido otros móviles.

El fiscal le preguntó si después de un  “enfrentamiento armado con víctimas fatales” tenían franco o seguían trabajando. “Se volvía al Comando para seguir trabajando y era muy difícil que saliera de nuevo”, respondió.

En cuanto a la reposición de municiones manifestó que había un armero. Que  entregaban el arma y los cargadores y que eran peritadas. Dio a entender que la reposición se hacía intercambiando la vaina servida por la munición. ¿Se quedaban a juntar las vainas? – inquirió el Presidente del tribunal. -“A veces, de acuerdo al lugar, al horario”, respondió.

La próxima audiencia se realizará el martes 11 de diciembre a las 9:30.

*Agencia Prensared

Fotografía Nicolás Castiglioni

Delegaciones de distintos puntos de la provincia y del país participaron de la convocatoria anual de debate sobre la profesión en un contexto de fuerte crisis, precarización, cierre de medios y ahogamiento económico de los medios autogestionados y cooperativos. La caracterización política de la etapa, en el  país, y la región, sobrevoló el encuentro. En paralelo se reunió la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa que agrupa a los sindicatos de todo el país y miembros de la La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN). Exigen paritarias en Radio Nacional y la TV pública.

Por Katy García*

 

 

El acto de apertura reunió a dirigentes sindicales y representantes de derechos humanos, cooperativos, académicos y de la cultura. Asistieron Sonia Torres, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba, Eduardo Fernández, de Apyme, Miguel Rojo, ex secretario general del Cispren y José Ángel Villalba, exdirigente del Cispren. Miembros de la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, y de la Fatpren, y del ministro de Trabajo del gobierno provincial, Omar Sereno.

Durante el acto protocolar dirigieron la palabra la secretaria general del Cispren, María Ana Mandakovic, el ministro de trabajo, Omar Sereno, y el dirigente del SiPreBA, Fernando “Tato” Dondero.   El dirigente nacional afirmó que desde que pensaron crear el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), siempre tuvieron al Cispren como un ejemplo a seguir «en este camino tan duro que atravesamos». Analizó que “Estamos en el peor momento desde la vuelta la democracia como trabajadores: por los despidos, retiros voluntarios y cierre de medios. Y por otro lado, sentimos un gran dolor por el oficio porque este gobierno está imponiendo una política con cada vez menos voces, para que la sociedad se informe solo por los medios hegemónicos”. Y agregó que “El único camino es la unidad y la organización. Por eso, desde la Mesa nacional tenemos el compromiso de armar una gran organización porque los problemas son los mismos a lo largo y ancho del país”.

El ministro Sereno aludió a los cambios profundos que se instalaron en el mundo del trabajo. Cuestiones que, dijo, afectan a personas y organizaciones y generan interrogantes y temores. “Pero, sigo pensando que la respuesta está en nuestras manos, en la posibilidad de trabajar y darle contenido a la acción política, a la acción gremial, y un sentido ético al uso de la tecnología que afectó a los trabajadores de prensa y al trabajo en general”, afirmó, y destacó la importancia de los periodistas en el sistema democrático.

 

Mónica Reviglio, presentó un video que da cuenta de la actividad que realiza la secretaría de género y la visibilización de la lucha colectiva para erradicar la violencia de género. Luego la prosecretaria de Cultura, Beatriz Molinari, abría la mesa de debate con la participación de los periodistas Quique Pesoa y Sergio Ciancaglini como invitados.

 A debatir

Pasado el mediodía se conformaron los grupos de acuerdo a la elección que cada congresal hizo cuando se acreditó. Así, las comisiones de acción política, profesional y gremial, social, género, y juventudes, debatieron por más de cuatro horas y luego presentaron en un plenario las ideas que circularon en cada grupo. Los despachos con las conclusiones y modos de acción estarán disponibles en 15 días. No obstante adelantamos cuáles fueron los temas de discusión.

En términos generales se reafirmó la posición política que sostiene que la comunicación es un bien cultural, un derecho humano, no una mercancía. Se reivindicó la vigencia de la Ley de Medios modificada parcialmente por decreto por este gobierno. También se destacó la importancia del libre acceso a la información pública y la existencia de medios públicos fuertes que garanticen la soberanía comunicacional. En este punto, se abordó la ley de convergencia y el proyecto de liberar el precio del papel para diarios que favorecen a los grupos monopólicos de la información y ponen en peligro la existencia de medios cooperativos y consecuentemente la pluralidad de voces.

 Cambiar la currícula y recuperar la pasión

En esta oportunidad se sumaron a las tradicionales política, acción gremial, profesional, y social, se agregaron dos nuevas comisiones: género y juventudes trabajadoras.  Más allá de los matices, hubo temas que atravesaron a  las comisiones. En todas se valoró la unidad  sea cual fuere la modalidad de trabajo de cada asistente. En relación de dependencia, autogestión, o cooperativos. Se consideró la necesidad de crear un registro de trabajadores y trabajadoras provincial y además se hizo hincapié en la alta precarización laboral y la tozudez de las empresas para acordar paritarias acorde a la situación económica. Otro punto de debate fue la discrecionalidad en la distribución de la pauta oficial, donde los grandes medios son beneficiados con la mayor parte de la torta.

La actualización profesional, frente a los desafíos que impone la realidad actual fue otra de las demandas. Los jóvenes destacaron que durante el periodo de formación son preparados para trabajar en relación de dependencia, en los grandes medios; y cuando egresan la realidad es otra. Entonces, reclaman cambios en la currícula, profundizar sobre la autogestión y las nuevas narrativas transmedia en la era de la llamada convergencia mediática. En cuanto al oficio, se habló de abandonar el periodismo de escritorio, recuperar la pasión, regresar al territorio, y trabajar en redes.

Desde la comisión de género manifestaron que “transversalizar” el concepto en todas las comisiones y desde ahí militar es un objetivo aún pendiente. No obstante, proponen la creación de un observatorio de género, de un área comunicacional que piense una agenda propia donde se analicen cuestiones como la desigualdad de la mujer en el acceso a cargos directivos, horas extras, coberturas especiales y por ende salarios. Además, capacitación continua en el tratamiento de la información.

 (Des)Uberización

El grupo que se identificó como “Juventudes trabajadoras” es una clara muestra de la crisis laboral existente. Durante la exposición reafirmó el concepto lanzado por Mandakovic cuando advirtió en su discurso inaugural sobre la “Uberización de la profesión”. De hecho, la mayoría trabaja en medios autogestionados, por su cuenta, en su casa, y mal pagos. Apuestan a que se respete la ley de medios y el sindicato siga siendo de puertas abiertas y de respaldo a los comunicadores populares. Reclaman adecuación a los nuevos tiempos y generar respuestas satisfactorias.

En términos de acción social la idea es avanzar hacia un concepto integrador que termine con la atomización. Que se creen nuevas políticas de turismo sindical articulando con otros gremios. También se consideró que el recambio generacional en la institución.

El Congreso repudió la próxima reunión del G20 y la política represiva con los sectores movilizados de la sociedad.

En paralelo se reunió la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa. Representantes de los sindicatos de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Formosa, exigen la convocatoria urgente a paritarias en los medios públicos.

 Gracias por venir

El congreso reunió a todos los integrantes de la Comisión Directiva del Cispren, lxs secretarixs generales de las delegaciones de Río Cuarto, San Francisco y Villa María, Marta Maezzo, Antonio Muratore y Diego Giusti, el cuerpo de delegados, y una importante cantidad de afiliados.

Participaron del acto inaugural: Guillermo D. Borelli, secretario general del Sindicato de Petroleros Córdoba (Sinpecor), Alejandro Rossi y Gustavo Torres, secretario general y prosecretario de prensa, respectivamente, del Sindicato Argentino de Televisión Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos(SATSAY), Nelson Martínez, Sindicato de Trabajadores de OSPLAD -CTA); Leandro Vallejos, secretario adjunto del Sindicato de ladrilleros-CGT, Hugo Zárate, de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), Ariel Trucci del Sindicato de Músicos, Raúl Sansica, director del Teatro Real, Gabriel Abrile (Prensa Teatro Real), Mario Farías, director de FM Sur y miembro de Farco, Juan Villa, Cimisión Provincial de la Memoria,  Héctor Tri Heredia, de Sures Comunicación y Más Democracia, Eduardo Fernández de Apyme. Nidia Abatedaga, secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC), Hebe Ramello, directora de carreras cortas de la FCC y Pedro Garello, del área de extensión universitaria, entre otrxs.

El maestro de ceremonias fue Franco Exequiel Vidán. Hizo  las presentaciones y leyó las numerosas adhesiones recibidas. Por caso, las de la CTA Autónoma – con las firmas de Ricardo Peidró, Hugo Godoy y Claudia Baigorria-, y del diputado nacional y dirigente sindical de ADIUC, Pablo Carro.

 * Agencia Prensared

Ver cobertura sobre el acto inaugural realizado por Agencia Acta  aquí

Fotografía Bárbara Arias, secretaria de prensa del Cispren

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Este viernes, en la Sala Regino Maders, de la Legislatura provincial, dará comienzo el 35° Congreso Provincial de Trabajadores de Prensa y la Comunicación Autogestionada. Sesionará bajo la consigna “Defender a lxs periodistas es defender las democracia”. En la mesa de apertura estarán presentes los periodistas Sergio Ciancaglini y Quique Pesoa.

 Por Redacción 

Está previsto que el acto de apertura y la eleccion de autoridades del Congreso se realice a partir de las 9:30.

Después del mediodía, los participantes se trasladarán a la sede del Cispren donde funcionarán las mesas de debate que abordarán temas relacionados con: Acción Política y Gremial, Acción Social, Profesional, Cultura, Género y Juventud. Tras las discusiones de los grupos,  en un plenario que se realizará sobre el final de la jornada, se darán a conocer  las conclusiones de cada grupo y los obtetivos para el año entrante . Por la noche se realizará una peña.

  

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Esta mañana testimoniaron Liliana Eva Suárez vecina de la casa dinamitada en barrio San Vicente, y Roberto David Garay detenido ilegalmente por un grupo de tareas y llevado al D2 donde permaneció un mes sentado junto a otros presos –entre ellos su hermano- en el banco de cemento. La defensa objetó preguntas de la querella. El Tribunal denegó el pedido.

 Por Katy García

Ante el tribunal conformado por Julián Falcucci (presidente) y los vocales Jaime Díaz Gavier y José Fabián Asís, declararon a media mañana dos testigos . Roberto David Garay lo hizo como víctima (hecho cuarto) y Liliana Eva Suárez como  testigo del hecho noveno. Afrontan la acusación  Jorge González Navarro (ex militar) y los ex policías Ricardo René Perrín (jefe de coche), Miguel Ángel Gómez, y Fernando Martín Rocha, del Comando Radioeléctrico. La sala de audiencias luce colmada de público.

30 días en un banco de cemento

El testigo relató que personal vestido de civil que se movilizaba en un automóvil Ford Falcon verde allanó su domicilio. “Me detuvieron en mi casa. Iba con los ojos vendados, esposado, con las manos hacia atrás, tirado en la parte trasera del auto donde me golpeaban”, le dijo al Tribunal. En lo que él llama Investigaciones -refiriéndose al centro clandestino de detención D2- fue bajado. Le sacaron fotos y lo sentaron “en un asiento duro” donde permaneció todo el tiempo que estuvo preso. Treinta días. Fue golpeado con los puños mientras estaba vendado sin percibir de dónde venían. “Trataba de cubrirme un poco la cara y mi estómago”, graficó.

“Una o dos veces me llaman a declarar. En la segunda me apuran con apremios, me golpean y llevan nuevamente al banco”, rememoró. Lo interrogaban sobre su militancia en el Frente Juvenil Comunista. En ese asiento estuvo también su hermano Isaac que se había entregado esa misma noche “para salvaguardar a la familia”.

El abogado querellante Claudio Orosz pidió que se gestionara ante el Archivo Provincial de la Memoria la fotografía que le tomaron. “No solo por la imagen sino porque cuando se amplían aparecen algunos imputados u otros detenidos”, explicó.

Como en todos los casos, no tuvo asistencia médica y la alimentación y ropa se la acercó la familia. Consultado por el Tribunal sobre la suerte de su hermano Isaac Garay detalló el largo camino que tuvo que andar hasta obtener la libertad. Del D2 fue trasladado a la UP1. De ahí a los campos de concentración La Ribera y La Perla; Aviación Militar, Sierra Chica y por último La Plata. “Hemos hablado poco con mi hermano y yo respeto su silencio”, expresó.

El presidente del Tribunal le preguntó si recordaba algún desaparecido de la organización donde militaba. Respondió que sí. “A Legin, muy amigo mío. Está desaparecido”. Aclaró que lo está desde antes de su detención ilegal.

Objeción denegada

Durante la audiencia la defensora oficial Natalia Bazán objetó las preguntas formuladas por Claudio Orosz al testigo argumentando que no era su causa (hecho octavo). El abogado le respondió que previendo esta situación consultó jurisprudencia con el Colectivo Mario Bosch que reúne a los abogados querellantes de todo el país y compartió esta pregunta. En ese sentido, afirmó que existen más de tres juicios confirmados por casación que consideran que el querellante tiene derecho a preguntar. “Está bien, no es una doctrina de la Corte Suprema de Justicia que le gusta citar a la defensora. Ya va a llegar, este es el principio, porque además fue aplicada en juicios internacionales. Y agregó que si la Corte se opone “iremos ante una instancia internacional para que le enseñe a la Argentina la diferencia entre causa y legitimación activa para pedir condena”.

Para el fiscal la legitimación de la querella es para los hechos y las víctimas que representa. No obstante afirmó que no le causa agravio a la fiscalía. Finalmente el tribunal resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa habida cuenta que “Nuestro criterio es que estos hechos están todos relacionados unos con otros y habrían ocurrido en un mismo contexto”. En ese marco las preguntas de la querella son importantes.

Policías por todos lados

La primera en testificar fue Liliana Eva Suárez. Lo hizo en relación al hecho noveno que investiga los asesinatos de José Luis Nicola (25), Vilma Ethel Ortiz (32) y Gustavo Gabriel Olmedo (19) ocurridos el 26 de marzo de 1976, en barrio San Vicente.

La testigo contó que vivía junto a sus padres en una casa que compraron en 1972 y que colindaba con la vivienda habitada por las víctimas. No está segura pero cree que fue en 1975/76 cuando una noche golpearon la puerta. “Eran policías y venían persiguiendo a unas personas”. Apenas toman contacto con ellos les ordenaron que no salgan. Que se escondan. “Ustedes no han visto ni escuchado nada”, les advierten.

“Había policías por todos lados. Se escucharon tiros y tiros – durante una o dos horas- y ahí supimos que habían matado a tres personas”, evoca la mujer y añade que el fin de semana “la vivienda fue dinamitada”. Aquella noche, relató, el pasaje había sido cercado por una cantidad importante de patrulleros y policías. “Fue sorpresivo” y además cortaron la luz “algo que no era común”.

 Imprenta clandestina

Recordó que en la casa vivían cuatro personas. Las víctimas y la madre del bebé que tenía pocos meses. Y una de las chicas tenía una renoleta blanca que dejaba estacionada en la calle. Contó que su familia no tenía relación con ellos. Apenas se saludaban porque “no se daban a conocer”. En el barrio, dijo, se comentaba que “eran una célula de la guerrilla y que los perseguía la policía” y que allí “funcionaba una imprenta clandestina” porque a la noche se escuchaba que trabajaban.

Las casas vecinas de uno y otro lado fueron afectadas por la explosión. En la suya “hubo rajaduras de techo y nos voltearon una tapia”. Ante gestiones de su padre los autorizaron a utilizar los materiales que quedaron tras la destrucción de la vivienda. Con un pariente limpiaron ladrillos para utilizarlos. Entre los escombros encontraron ropas, papeles de medicina, y algunos panfletos o revistas. Pero no había restos de mobiliario o maquinaria.

Sobre el final el imputado Miguel Ángel Gómez amplió su declaración. El tercer testigo, Isaac Garay, no pudo comparecer por razones laborales. Será reprogramado para más adelante.

Con éste ya son 11 los juicios por crímenes de lesa humanidad realizados en Córdoba una de las provincias más afectadas por al terrorismo de estado. La causa Montiveros está formada por nueve hechos ocurridos entre marzo y julio de 1976. Las víctimas son 16. Hugo Alberto Pavón Quiroga, Ramona Ángela Sánchez, Carlos Alberto Varella Alves (Hecho Primero); Enrique Obdulio Borghi (Segundo); Macario Bernabé Vaca, Celestino Fidelmino Ramírez (Tercero); Roberto David Garay (Cuarto); Isaac Garay (Quinto); Roberto Leopoldo Esteso (Sexto); Mario Roberto Tallei, Juan Carlos Molina (Séptimo), José Osatinsky, José María Villegas (Octavo); José Luis Nicola, Vilma Ethel Ortiz y Gustavo Gabriel Olmedo (Noveno).

El próximo martes continuará el debate con la declaración de más testigos. El juicio es oral y público. Los requisitos son: ser mayores de edad y contar con  el  DNI en mano.

 

Fotografía Nicolás Castiglioni

Ver notas anteriores en este sitio www.cispren.org.ar  / Más información sobre esta y otras causas en diariodeljuicio.com.ar

Ayer declararon Enrique Obdulio Borgui, ex delegado de Atilra, y Norma del Rosario Toledo, testigo del mega operativo que terminó con la vida de José Luis Nicola, Vilma Ortiz y Gustavo Gabriel Olmedo, militantes de la Organización Comunista Poder Obrero (Ocpo). «A eso de las 11 de la noche, las patotas salían a buscar gente que secuestraban y  torturaban”, contó Enrique.  Y Norma aún se pregunta “qué pasó con ese niño” .

Por Katy García

En la sala de audiencias del TOF 1 y en el marco de la recepción de testimonios de la Causa Montiveros (Hechos segundo y noveno) prestaron declaración ante el Tribunal y las partes Enrique Obdulio Borgui y Norma del Rosario Toledo. El fiscal Maximiliano Hairabedián realizó la pregunta inicial para que los testigos comenzaran a relatar sus vivencias. Luego fue centrando las preguntas alrededor de los hechos.

“Yo era trabajador en Sancor Cooperativas Unidas Limitada. Trabajé 12 años en esa empresa y el 21 de abril de 1976 cuando es ejecutado el Jefe de Planta, señor Raúl Velazco, yo estaba trabajando en el turno de 6 a 14. Fue la policía, creo que de la (seccional) Octava. A las 11:30 me llevan detenido desde Sancor al Cabildo, en el patrullero policial y mirando para abajo. Cuando llegamos al Cabildo, me bajan, me vendan los ojos, y me esposan con las manos para atrás. Ahí me entregan a la D2 de Informaciones. Estuve varios días. ¿Cuántos? no sé, porque estábamos incomunicados con todo el mundo”, dijo, al inicio de su relato, Enrique Obdulio Borgui, en aquel momento delegado de sección de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra).

Ponían música fuerte

En ese centro clandestino de detención “Había dos bancos de cemento donde nos tenían sentados día y noche. Venían los torturadores que estaban en ese momento y nos pegaban, nos insultaban, pero ponían la música bien fuerte para que no escucharan los demás”. Contó luego que no podían hablar con nadie y que una sola persona se acercó. “Era la Diana Fidelman, que me dijo en voz baja me van a fusilar”. (N de la R. Diana Fidelman fue una de las 30 personas fusiladas en enfrentamientos fraguados. Fue torturada en el D2. El Juicio Videla, realizado en 2010, condenó a los responsables)

Del 21 de abril al 2 de junio de 1976 estuvo detenido en el D2 y en la Alcaidía. Luego pasó a la Unidad Penitenciaria de barrio San Martín. Recuperó la libertad el 16 de noviembre del mismo año. Mientras estuvo detenido no se le informaron los motivos y tampoco contó con la asistencia de algún abogado. “En ese tiempo no fui sacado personalmente para la tortura pero si los que estaban en esos bancos de concreto, alrededor de unas 20 personas, a toda hora. A eso de las 11 de la noche, las patotas salían a buscar gente que secuestraban y las torturaban”, afirmó.

Aunque las golpizas eran frecuentes. “Me pegaban en conjunto, trompadas en el hígado, en la cabeza”. Negó haber sido sometido a un interrogatorio pero se acuerda que mientras lo hacían le decían “Éste es el que mató al ejecutivo de SanCor”.

No puede identificar por sus nombres a los que actuaban pero recuerda que a dos les decían “el Perro y el Gato”.

En su paso por la Alcaidía donde el trato “era un poco mejor”. Estuvo con los presos comunes, sin esposas, ni vendas. Le llevaban comida de la casa y podía ir al baño.

Ante una pregunta del juez Fabían Asís en relación a cómo se vio afectada la familia respondió que en ese momento era soltero y vivía con su madre en un departamento interno en barrio General Bustos. “El día del golpe, el 24 de marzo, su madre estaba sola cuando reventaron la puerta del departamento”. Andaba escapando porque “Tenía miedo de que me secuestraran y me fusilaran por ahí”, revivió.

Estuvo siete meses preso. Una vez liberado, fue reincorporado por la compañía. El 1° de diciembre volvió a sus tareas habituales. Pero en noviembre de 1979 fue despedido. Piensa que lo echaron porque siguió siendo “el mismo de siempre” porque “hacía de delegado aunque no lo era” y los compañeros lo consultaban.

Al final del relato, agradeció las acciones llevadas adelante por el sindicato como la presentación de hábeas corpus. Y recordó al secretario general del gremio Pedro Antonio Juárez y a los demás dirigentes asesinados y desaparecidos. Claudio Humberto Nardini, Raúl Antonio Cassol, Oscar José Dominici, Juan Carlos Galván y Pablo Daniel Ortman.

“Yo también voy a ser papá”

Norma del Rosario Toledo declaró en relación al hecho noveno que indaga sobre los asesinatos de José Luis Nicola (25), Vilma Ethel Ortiz (22) y Gustavo Gabriel Olmedo (19), ocurridos el 26 de marzo de 1976 en el pasaje Bello. Ella también  fue víctima del maltrato y la prepotencia policial.

“Vengo con mi verdad, no vengo a falsear. Sentí mucho miedo que se llevaran a mi hija y a mi marido que lo apuntaban. Fue una época que viví y sufrí. Cuando me dicen ¿no tenes miedo de declarar? Digo que no”, manifestó, esta vecina que pudo observar el operativo desplegado “cuando llegó la tarde, se cerró todo el manzano y estaba muy oscuro porque habían cortado la luz…”.

Norma vivía con su marido y una beba de meses. “Fue algo que me quedó para toda la vida”, dijo refiriéndose a la experiencia que vivió aquella tarde en el pasaje Andrés Bello, en Barrio San Vicente. Estaba viendo televisión cuando de pronto irrumpen en su casa tres hombres uniformados con armas largas que le apuntan a su marido mientras le preguntaban y actuaban con mucha agresividad quién era la niña y le exigían que mostrara la partida de nacimiento. Me tiraron la biblioteca al piso y rompieron cosas en el dormitorio.

-Es mi hija y nació en el Sanatorio Parque, el 4 de julio- les respondió.

Temía que llevaran a su hija y al esposo. Cuando su esposo les indicó que trabajaba en la Dirección de Arquitectura de la provincia se retiraron y les ordenaron que no se movieran de su casa.

“Pero como teníamos una cortina transparente vimos la balacera, policías y ambulancias. No sabíamos qué era y nos quedamos ahí. Se produjo un silencio muy grande. No sabíamos lo que pasaba”, le dijo al Tribunal.

Al otro día “Pusieron la bomba, destruyeron todo y después vino un policía a decirnos tanto a mí como a la vecina que podíamos sacar todo el material que quisiéramos porque estaba todo terminado. Y le dije: yo de ahí no saco un ladrillo. Fue una época de terror” (…) “Ojalá no vuelvan más”, reflexionó, más adelante.

Se acordó que tuvo contacto con uno de ellos -José Luis Nicola- con quien mantuvo diálogos relacionados con el nacimiento de su beba y de su paternidad. “Yo también voy a ser papá”, le había dicho. Y otra vez le avisó que “ya nació mi hijo”. Enfatizó varias veces que “Nunca me molestaron” y que siempre se preguntaba qué habrá pasado con el chico. “Hasta el día de hoy me pregunto qué pasó con ese niño”, expresó. Se refiere al bebe hijo de José Luis y de Lucía Molina, que sobrevivió.

No pudo recordar con exactitud lo que declaró antes. No obstante, apenas le fueron leídos algunos pasajes reafirmó sus dichos. Por caso, cuando Lyllan Luque le refrescó la memoria confirmó que  antes de que se produjeran los hechos escuchó el llanto de un bebe y gritos.

“Espero que haga Justicia”, dijo al finalizar.

Habían sido citados tres testigos. El tercero, Manuel Isidro Ocampo fue reprogramado para el 27 de noviembre próximo.

El martes próximo continuarán los testimonios.

Fotografías Nicolás Castiglioni 

Ver nota sobre la primera jornada aquí

Más información en diariodeljuicio.com.ar

 

El legislador nacional por la provincia de Salta, Alfredo Horacio Olmedo, reivindicó el Terrorismo de Estado en declaraciones realizadas el miércoles pasado a Radio Universidad y Canal 10, integrantes del Multimedio de los SRT. Los trabajadores de prensa y la comunicación de la empresa repudiaron los dichos del diputado a través de un comunicado rubricado por un centenar de firmas y aprobado en asamblea.

Por Redacción

El texto desmonta con argumentos las expresiones falaces del legislador salteño. Destaca la pertenencia del multimedio a la UNC donde estudiantes, docentes, no docentes y egresados “sufrieron la persecución ideológica, el secuestro, la tortura, el asesinato, la desaparición forzada de personas y el robo de identidad”. Reivindica, además, la lucha de los Organismos de Derechos Humanos. Texto completo.

El Cispren adhiere y acompaña tales manifestaciones y lamenta que «estos dichos malintencionados del Diputado Nacional hayan sido vertidos en un medio público” cuando dos de sus periodistas, Luis Mónaco (desaparecido) y Miguel Hugo Vaca Narvaja (preso político, fusilado en un enfrentamiento fraguado), fueron víctimas del Terrorismo de Estado.

El diputado y empresario reconocido por su vestimenta-campera amarilla- pertenece al partido “Salta Somos Todos”. Sucesivamente se ha vinculado con partidos políticos de derecha como Propuesta Republicana, el Frente UNA y ahora con Cambiemos.

 REPUDIAMOS, NO CENSURAMOS

“Las y los trabajadores de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT) abajo firmantes REPUDIAMOS •NO CENSURAMOS los dichos vertidos por el Diputado de la Nación Alfredo Olmedo en Canal 10 y Radio Universidad de los SRT el día miércoles, 7 de noviembre de 2018.

Bajo la libertad de expresión, derecho que le asiste a todo ciudadano/a, y la pluralidad de voces que los SRT brindan y garantizan en todos sus productos audiovisuales, Olmedo justificó el Terrorismo de Estado que nuestro país sufriera bajo la dictadura cívico – militar instaurada en 1976. A través de información errónea y acusaciones estigmatizantes hacia las víctimas, el diputado validó el accionar terrorista que el Estado argentino, a través de sus Fuerzas Armadas y de seguridad, llevó adelante. Olmedo sostuvo que “acá hubo una guerra”.

Esta afirmación es falsa, ya que múltiples sentencias que se han dictado en los juicios desarrollados en nuestro país demuestran que el Estado ejerció un plan sistemático de desaparición tonada y exterminio de personas. De esta manera, la Justicia prueba de manera irrefutable que las Fuerzas Armadas y de seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad.

Además, manifestó que “ningún nieto aparecido le devolvió la guita al Estado”. En esta frase el diputado desconoce las vigentes leyes de reparación a víctimas del Terrorismo de Estado que en el caso de las y los nietos recuperados es la Ley 25.914 (Indemnización para hijos nacidos durante la privación de la libertad de sus madres y/o desaparecidos por razones políticas). Con estas declaraciones, Olmedo intenta desacreditar derechos conquistados legítimamente a través de la lucha incansable de los organismos de Derechos Humanos. Como trabajadores/as, sentimos la necesidad de manifestar nuestro repudio a los conceptos del legislador por considerar que tienden a informar malintencionadamente a la sociedad en un tema tan sensible y, especialmente, por tratarse de un diputado de la Nación elegido democráticamente. A esto se le suma las ya reconocidas posiciones misóginas homofóbicas de Olmedo. De esta manera, el actual diputado no hace más que confrontar a los colectivos que, luego de décadas de persecución y discriminación, han logrado el reconocimiento de sus derechos.

Somos trabajadores/as de una empresa de la Universidad Nacional de Córdoba: Institución compuesta por estudiantes, docentes y no docentes que sufrieron la persecución ideológica, el secuestro, la tortura, el asesinato, la desaparición forzada de personas y el robo de identidad. Aún hoy, dos de nuestros compañeros, Luis Mónaco (actualmente desaparecido) y Miguel Hugo Vaca Narvaja                 (secuestrado y fusilado), fueron víctimas del Terrorismo de Estado, el mismo que el legislador nacional Alfredo Olmedo justifica.

Para finalizar, reiteramos nuestro apoyo a los organismos de Derechos Humanos y seguimos abrazando el compromiso de MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA”.

 Córdoba, 8 de noviembre de 2018.

*Fotografía Congreso de la Nación

www.cispren.org.ar

 

 

Esta mañana, en la Torre de Tribunales federales, se realizó la primera audiencia del juicio Montiveros. El inicio se retrasó porque el imputado Cuello presentó un certificado médico que no convenció al Tribunal y lo hizo comparecer por la fuerza pública. Ricardo Perrín que vive en Buenos Aires fue indagado por videoconferencia. Tras la lectura de la elevación a juicio realizada por la secretaria Consuelo Beltrán el Tribunal abrió el debate y se completó la indagatoria. No testimoniará la querellante Sara Solarz.

Por Katy García*

La lluvia pertinaz no impidió que la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal en lo criminal n° 1(TOF1) se poblara de público. En ese marco se realizó esta mañana la primera jornada del juicio Montivero que investiga los crímenes -secuestros, tormentos y homicidios- ocurridos entre marzo y julio de 1976. Son 18 los imputados que deberán afrontar esta acusación. De los 22 anunciados, uno fue separado (Antón) y otro falleció (Carreras). En el banquillo se encuentra un militar (González Navarro) y los demás son expolicías del Comando Radioeléctrico. El Tribunal, que los juzgará está conformado por Julián Falcucci (Presidente) y los vocales Jaime Díaz Gavier y José Fabián Asís.

La lectura de la elevación a juicio da cuenta de nueve hechos agrupados donde se precisa quiénes eran y en qué circunstancias fueron secuestrados, sometidos a tormentos y asesinados para luego reportarlos como enfrentamientos fraguados. El modus operandi consistía en secuestrar a las personas de los domicilios. Trasladarlos al D2. De ahí podían pasar a la Alcaidía. En ambos lugares eran sometidos a torturas físicas y psicológicas con el objeto de obtener información en el marco de la llamada «lucha antisubversiva».   De las 16 víctimas, seis fueron asesinados. Los demás torturados y luego liberados. Enrique Obdulio Borghi fue llevado a la cárcel de barrio San Martín UP1 y fue liberado el 16 de Noviembre del año 1976.

Hecho primero: Hugo Alberto Pavón Quiroga, Ramona Ángela Sánchez, Carlos Alberto Varella Alves; Hecho segundo: Enrique Obdulio Borghi; Hecho Tercero: Macario Bernabé Vaca, Celestino Fidelmino Ramírez; Hecho Cuarto: Roberto David Garay; Hecho Quinto: Isaac Garay; Hecho Sexto: Roberto Leopoldo Esteso; Hecho Séptimo: Mario Roberto Tallei, Juan Carlos Molina.

Hecho Octavo: José Osatinsky, José María Villegas; Hecho Noveno: José Luis Nicola, Vilma Ethel Ortiz y Gustavo Gabriel Olmedo. En estos últimos casos todas las víctimas fueron asesinadas. Igual que Pavón Quiroga (H1) quien permanece desaparecido. En todos los casos existe abundante prueba documental en los cuadernos de guardia. Y también testimonial recolectada durante la instrucción. Durante la etapa testimonial declararán, hasta ahora, 12 personas.

Maximiliano Hairabedián representa al ministerio público fiscal y Claudio Orosz y Lillan Luque a la única querellante Sara Solarz de Osatinsky. Hoy se conoció a través del abogado Orosz que Sara no se presentará por razones de salud y que serán agregadas al las declaraciones realizadas con anterioridad.

Indagados

El último acto procesal de la jornada fue la declaración indagatoria. Los imputados, Ricardo Perrín, Jorge Eduardo González Navarro, Miguel Ángel Gómez, Roque Cámara, José Antonio Cuello, Miguel Ángel Bustamante, Fernando Martín Rocha, Ramón Zalazar, Roberto Peralta, Pedro Nolasco Bustos, José Acevedo, Oscar Hugo Pérez, Víctor Hugo Núñez, Antonio Apolinar Astrada, Aurelio Gallego, Delfín Jesús Barrionuevo, Gilberto Antonio Montiveros y Raúl Oscar Del Prado, respondieron a las preguntas realizadas por el Presidente del Tribunal. (1)

Tras indagar sobre los datos personales se les avisó que pueden optar por declarar de inmediato o dejarlo para otro momento. Solo Miguel Ángel “Gato” Gómez lo hizo. Fue breve. Negó su participación en los hechos y aseguró que quien realizaba las “detenciones” era el que interrogaba. O bien, lo hacía era el comisario Romano. También afirmó que realizaba viajes constantes a Rio Cuarto donde estaba su familia.

Los nombrados serán juzgados por los delitos de “Imposición de tormentos agravados, homicidios agravados y privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, ocurridos entre marzo y julio de 1976, en el Departamento de Informaciones D2, ex centro clandestino de detención y actual Archivo Provincial de la Memoria (APM).

La elevación a juicio deja en claro que “las acciones de planificación, diseño, supervisión y suministro de recursos materiales necesarios para la perpetración del accionar delictivo, y para su posterior impunidad, estuvieron a cargo del General de Brigada Luciano Benjamín Menéndez (fallecido) y la cadena de mandos militares y policiales.

Vallas de por medio

La convocatoria realizada por los Organismos de derechos humanos, sitios de memoria, y diferentes organizaciones sociales, tuvo una respuesta importante habida cuenta de la lluvia. En el recinto y afuera. Como  en cada comienzo de un juicio, la vereda de Tribunales federales fue intervenida con pancartas, flores, atrapasueños y prendedores rojos que evocaron a las víctimas del terrorismo de Estado. Los sitios de memoria pusieron a disposición un ramillete de historias de vida hechas libro que las familias fueron armando con fotos y textos.

Los medios de comunicación masiva, públicos, y alternativos estuvieron presentes. También asistieron representantes y militantes del Sindicato Argentino de Televisión Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Sat Said) y del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren) que nueclean a los trabajadores de prensa y la comunicación en Córdoba. Por éste último lo hicieron Mariana Mandakovic y Miguel Apontes.

El próximo martes se retomará el debate. El juicio es oral y público. Requisitos: ser mayores de edad y llevar el DNI. Dirección: Concepción Arenal 690 (esquina Paunero), barrio Rogelio Martínez. Colectivos línea 21, 23 y 28.

Nota

1-      Fueron separados de la causa, por razones de salud, Antón y Abregú, y Patricio Carreras que falleció.

• Publicada en la fanpage de  Agencia Prensared

Fotografía Nicolás Castiglioni, Mercedes Ferreyra y AP

Más información en www.cispren.org.ar /diariodeljuicio.com.ar / @lagargantapoderosa/Ver las historias de vida en www.apm.gov.ar