Tras el foro de debate realizado en Córdoba, que contó con la presencia de diferentes actores de la comunicación entre ellos el Círculo Sindical de la prensa y la Comunicación (Cispren), la organización dio a conocer un documento titulado «Un Derecho no es Negocio». El texto analiza el escenario actual y reafirma que “La comunicación es un derecho humano fundamental que no puede ni debe ser relativizado” donde no deben faltar “las múltiples y diversas voces de nuestro pueblo” para construir un país “autónomo y soberano”. Aquí el texto completo.

«Un Derecho no es Negocio»

Estamos en emergencia comunicacional. En un escenario mediático altamente concentrado como el actual, en el que constatamos: La alianza explícita del gobierno nacional del presidente Mauricio Macri, con medios, grupos monopólicos y oligopólicos, la abierta complicidad de ciertos periodistas y comunicadores oficialistas que muestran una mirada sesgada, parcial y engañosa de la realidad, el cierre de medios de comunicación, el despido de periodistas, la persecución a medios y comunicadores para acallar sus voces críticas, la discrecionalidad con la que se aprobaron fusiones de empresas y se facilitaron sus negocios en el campo de las telecomunicaciones, la asignación cada vez más arbitraria de la pauta oficial, la parálisis y la falta de fomento de la actividad relacionada a la producción de contenidos audiovisuales nacionales, el recorte y el atraso de los fondos asignados en el Fomeca destinados a promover los medios comunitarios, alternativos y populares, el vaciamiento de los medios públicos y universitarios y la discriminación a los medios de mutuales y cooperativos.

Por otra parte, en estos días se ha producido un debate respecto de si la comunicación es o no un negocio, el derecho y legitimidad de las organizaciones libres del pueblo a la propiedad, y gestión de medios de comunicación, consagrado en la Ley 26522, lo que significaría retrotraernos a un debate ya saldado con la sanción de la Ley 26.053 y la citada Ley se Servicios de Comunicación Audiovisual. Por todo ello, desde la Coalición por una Comunicación Democrática Córdoba declaramos que: La comunicación es un derecho humano fundamental que no puede ni debe ser relativizado, en Argentina se dieron pasos trascendentes en ese aspecto, y no cabe retroceder por el principio de progresividad, aplicable en materia de derechos humanos. Sin comunicación democrática, no hay sociedades democráticas, los derechos no pueden quedar librados al mercado, no se trata de una dádiva o una concesión sino un atributo de la condición ciudadana, la comunicación es un derecho humano que incluye todos los soportes y plataformas.

Democratizar la palabra

Asimismo, reclamamos el deber del Estado de garantizar la democratización de la palabra desde una presencia federal de las opiniones e ideas; una comunicación inclusiva con perspectiva de género. Reimpulsar el desarrollo de contenidos nacionales, la generación de trabajo, favorecer programas de fomento de la industria cultural argentina y la producción audiovisual. Implementar sin demoras el plan técnico y los procesos de normalización y concursos para el otorgamiento de licencias a los medios comunitarios, cooperativos y de mutuales, evitando situaciones de inestabilidad y vulnerabilidad. El fortalecimiento de los medios públicos, la defensa de los convenios colectivos y estatutos que preservan los derechos de las y los trabajadoras del sector, los derechos de las audiencias y de las y los usuarios, todo ello con el fin de resguardar la soberanía informativa y comunicacional, la diversidad y pluralidad de voces. Alentamos la necesidad de la convergencia (no tecnológica) de las distintas luchas sociales y populares por los derechos, la disputa, reconfiguración y consolidación del paradigma de la comunicación como un derecho humano, ratificar el derecho y legitimidad de las organizaciones sociales sin fines de lucro para gestionar medios, establecer prioridades en las demandas y reivindicaciones (una de ellas fundamental: la sostenibilidad y fomento de los medios comunitarios y populares ), pensar los medios analógicos y los digitales desde la lógica de un ensanchamiento y una ampliación de derechos, sin resignar ninguno de los dos territorios. Interpelar al poder y generar estrategias de incidencia, en particular ente la expectativa de un cambio de gobierno, regularizar la situación de la Defensoría del Público y revertir su vaciamiento.

Conectividad

Revalorizar la importancia del funcionamiento del Consejo Federal con representación de todos los sectores de la comunicación, no retroceder ni resignar ninguna de las conquistas logradas, para lo cual es necesario fortalecerse en espacios como las Coaliciones regionales y en las organizaciones populares como sujeto colectivo articulado, para que incorporen el derecho a la comunicación entre sus demandas. Impulsar políticas públicas que fortalezcan las redes comunitarias de internet, que se garantice el derecho a la conectividad de calidad y contemplar las implicancias regionales e internacionales, en términos de soberanía, de la lucha por la comunicación democrática y la necesaria incidencia ciudadana y del Estado para la democratización de internet. Nos convocamos a construir una nueva comunicación que exprese las múltiples y diversas voces de nuestro pueblo, planteamos y defendemos la libertad de expresión y la comunicación como un derecho humano esencial, la necesidad de un país con justicia social, sin exclusión, autónomo, soberano, para lo cual contamos con “la palabra como herramienta de lucha” como decía Juan Gelman, y porque consideramos que “un Derecho no es negocio”.

Adhieren: Mariana Mandakovic y Miguel Apontes, secretaria general y secretario administrativo del Cispren; Miguel Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista y especialista en derecho a la información; Claudia Varas, por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. Mario Farías, Judith Gerbaldo, Alberto Di Pietromica y Sergio Gallardo, por FMRadio Sur. Susana Morales, Vice Decana de la Facultad de Ciencias Comunicación de la UNC; Héctor Tri Heredia y Eugenia Guy, por el Colectivo Más Democracia. Ramiro Chaves de Radio La Ronda/Farco. Javier Tolcachier, por Agencia de Noticias Pressenza. Magdalena Doyle, Centro de EA UNC FCSClaudia Giner y Elena Nieto, Cecopal. Marilyn Alaniz, docente de FCC; Germán Ferrero, Jessica Giúdice, Luciana Lanzetti, Florencia López Pezé, Germán Saretti, Nicolás Echaner y Nicolás Pace, de AlterMundi. Santiago Martínez Luque, del equipo de Investigación y Estudios de Comunicación y Ciudadanía Facultad de Ciencias Sociales de la UNC. Marco Galán, Radio la Ranchada de la Mutual Carlos Mugica; Luis Zanetti, vocero de prensa del diputado nacional Pablo Carro. Oscar Frontroth, secretario de prensa de la UEPC; Katy García, Agencia Prensared- Cispren; Hugo Mamani, de la Revista Tiempo Latinoamericano. Miriam Mohamed, Red Par. Jesica Colazo, Gastón Klocker, del Observatorio Desafíos Urbanos de Cecopal. Jorge Boido y Evelina Ramírez, de Radio Villanos y COOPI. Martín Zanotti, Proyecto ECA. CEA. FCS. UNC.Gustavo Bustillo, miembro del Colectivo Cultural El Juntadero y La Piojera. Lucía Maina, periódico La Tinta. Thiago Paixao, IBE Brasil. Daniel Koci, FCC. UNC. Ángela Ferreyra, Devenir Diverse. Sylvia Nadalin y Valeria Prato, Equipo Investigación Comunicación y Cultura UNC.

Edición Redacción Prensared.   

Fotografía: Prensa Foro Coalición por una Comunicación Democrática. 

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Mensaje de la comisión directiva del Cispren, en el día de los trabajadores y las trabajadoras de prensa y la comunicación de Córdoba. La fecha que celebra el Día del Periodista en homenaje a la «Gazeta de Buenos Aires» – el primer  periódico de la etapa independentista fundado por Mariano Moreno-, fue instituida  en  1938 durante el primer Congreso Nacional de Periodistas realizado en Córdoba.  .  Documento.

 Urdiendo futuro

El desempeño de la democracia depende de que los postulados políticos encuentren su resolución en la acción concreta, territorial y simbólica. Pero además, necesita de una prensa comprometida con los intereses populares que oficie de contrapeso, que intente un equilibrio entre poderes legítimos y fácticos. En tanto la información es un bien social y no una mercancía, es el pueblo su fuente y destino. Ese es el desafío renacido en un 7 de junio que encuentra a la nación sumergida en una crisis económica social laboral desbordante.

Este Día del Periodista elevamos nuestra voz para denunciar el agravio que sufren los trabajadores  y las trabajadoras de prensa precarizados, la zozobra en que quedan sumidos los despedidos,  las presiones a que son sometidos aquellos que intentan mejoras salariales.

Como todo trabajador, los periodistas nos encontramos cercados por una economía cada vez más concentrada, la que solo beneficia a sectores sin valor agregado o que especulan con el esfuerzo de ahorristas y medianos empresarios nacionales, vaciando de contenido al discurso oficial de que “el esfuerzo será recompensado”. Peor aún, dibuja pasos de comedia en un tablado dramático: pobreza e indigencia irrevocables, 50 Pymes incineradas cada 24 horas, industrias fusionadas para salvarse del desastre, hundiendo la expectativa salarial de sus planteles. Y como corolario de la devastadora descripción, Clarín se garantiza la conectividad para el gran negocio virtual en desarrollo uniéndose a Telecom. El espejo de lo que se propuso y obtuvo con Papel Prensa en los años de la dictadura.

Pese a todo, los trabajadores y las trabajadoras de prensa y la comunicación estamos de pie disputando sentido porque sin periodistas no hay Democracia. Sin Voz en disidencia se liberan las fuerzas de la opresión. Es momento de unidad, porque quienes pretenden nuestro silencio visten los mismos ropajes. En la organización está nuestra posibilidad. Celebremos nuestro día escribiendo el mejor guion posible para los tiempos venideros. ¡Feliz día del Periodista!

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El sindicato de prensa sostiene que se trata de una «conducta anti-obrera y anti-sindical» llevada adelante por el empresario Tissera y exige la reincorporación de los cuatro   trabajadores despedidos en represalia al reclamo por falta de pago de salarios.  Texto del comunicado  emitido por la Comisión Directiva.

Redacción

«El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, Cispren, repudia la conducta anti-obrera y anti-sindical que puso de manifiesto Oscar Alejandro Tissera, quien se escuda en la fachada de trabajador de prensa para actuar como empresario y patrón del medio Editorial Tribuna de Río Tercero.

Tissera, en un acto de profundo desprecio hacia la clase trabajadora y hacia sus propixs compañerxs, despidió en la jornada de ayer a cuatro trabajadorxs en represalia a la denuncia que nuestro sindicato realizara a dicho medio el pasado 27 de mayo por falta de pago de salarios.

Cabe destacar que nuestro sindicato pondrá a consideración de una asamblea de afiliadxs la conducta repudiable de Oscar Alejandro Tissera, para impulsar su desfiliación y expulsión inmediata e irrevocable de nuestra institución.

Continuaremos elevando este descargo de manera pública por todos los medios posibles para desenmascarar a este personaje, a la vez que exigimos la reincorporación de todxs lxs despedidxs».

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Artículo de Opinión. El especialista le  responde al precandidato Alberto Fernández en relación a sus dichos en una entrevista con el diario Tiempo Argentino. Reafirma que la comunicación no es una cuestión de mercado y destaca la importancia de la pluralidad de voces que la Ley de medios parcialmente derogada garantiza. Asimismo, condena la decisión judicial que le perdona las deudas a los periódicos del monopolio mientras judicializa la protesta de comunicadores que exigen el pago del Fomeca.

Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe*

La libertad de expresión debe garantizar el derecho a la comunicación para todos, de manera inclusiva y no diluyente, porque es un derecho humano esencial individual y social. En función de lo cual, no cabe el condicionamiento tecnológico-comunicativo a acceder, a tener frecuencias de radio y TV, y menos reservar las mismas sólo a los que detentan fines comerciales.

Resulta necesario, en consecuencia, que se busque asegurar condiciones estructurales que ayuden que se pueda dar una expresión de ideas, sin discriminaciones y menos dependiendo sólo de la lógica de los mercados.

También, el derecho a la libertad de expresión igualitaria debe garantizarse territorialmente, para que cada persona o pueblo en su ubicación espacial tenga la posibilidad de hacer conocer lo que piensa o hace, en el derecho a desarrollar su presencia, de lo contrario, se afecta gravemente la autoestima comunicacional. Esto último, ya que las personas y los pueblos se pueden realizar, integralmente, cuando pueden saber lo que otros piensan y a su vez, cuando logran hacer conocer a los otros lo que sienten y piensan ellos, con claridad, desde el espacio y tiempo en el que existen. Todo esto hace a verdadero Federalismo.

Lo antes referido lo garantizan, en gran medida, los medios sin fines de lucro, cooperativos, mutuales, comunitarios, alternativos, populares, universitarios, gremiales y de los pueblos originarios. También otros medios comerciales que no pertenecen a los grupos hegemónicos de comunicación de nuestro país, particularmente concentrados en Buenos Aires.

Esta problemática fue central en la lucha que se llevó a cabo por una nueva ley de comunicación para la democracia. Una norma que trató también de evitar que los medios de comunicación no sean controlados por un reducido número de personas que directa o indirectamente, tengan el control sobre la información y den sentido a la realidad. La pluralidad de voces es esencial para el funciona-miento de la Democracia.

En la lucha por la norma que reflejó los principios antes desarrollados, fue fundamental el papel que cumplió la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella impulsó la ley y puso en juego su gobierno, su persona y su familia y aún hoy sigue sufriendo de la persecución de los medios hegemónicos y su imposición de un discurso único en contra de ella.

Llama la atención entonces, que el  precandidato presidencial Alberto Fernández, compañero de fórmula de Cristina, el domingo 26 de mayo, en una entrevista que le hiciera el periodista Martín Piqué, para el diario Tiempo Argentino haya sostenido, que “en la sociedad moderna los medios son negocios. Ese fue uno de los errores de la Ley de Medios. No podes dejar en manos de una entidad sin fines de lucro un proyecto comercial… la realidad es que esa ONG, o esa universidad, no tiene capacidad de competir con una sociedad anónima que pone una torta de dinero para traccionar personas y audiencias”.

Lo afirmado por Alberto Fernández responde a un pensamiento que subordina la comunicación a una cuestión de mercado y niega la presencia de otras voces, que no sean la de los grandes capitales mediáticos.

Aún más, resultan erróneas las expresiones referidas, en un contexto en el que, el gobierno de Mauricio Macri mutiló ilegalmente mucho de la esencia de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual; ha privilegiado la concentración de medios y distribuye la pauta publicitaria entre los grandes medios.

Por su parte, la jueza Rita María Ailan, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°6, con fecha del 23 de mayo último dispuso, como «medida cautelar interina, la suspensión de los efectos de las Resoluciones de la AFIP» por grandes deudas. La medida había sido solicitada por las empresas dueñas de los diarios Clarín y La Nación. De acuerdo a la resolución judicial, ambas firmas sostuvieron, que «la ejecución forzosa de la deuda las colocaría en una situación de iliquidez que podría impedir la edición y distribución de sus productos periodísticos, afectándose así la actividad periodística».

Mientras tanto, a las radios sin fines de lucro, no obstante es obligación legal, no se les pagan los dineros adeudados del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA) incluso, para proyectos aprobados del año 2015. Dineros estos provenientes de los gravámenes y multas por incumplimiento de la ley, que no salen del presupuesto nacional y que para obtenerlos hay que presentar proyectos que se evalúan y deben ser aprobados, los que han quedado sin los aportes que les corresponde. Además, no se les da publicidad oficial.

A su vez, el gobierno le ha garantizado al Grupo Clarín no solo el privilegio de tener la palabra única en la información, sino también el manejo de la conectividad, al permitir la fusión con la empresa telefónica Telecom. Hay que aclarar que la conectividad o sea la posibilidad de contar con servicios de ancho de banda y otros propios de la comunicación actual, son fundamentales para las radios y TV, como el papel para los medios gráficos.

Por su parte, la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nº 12 de la Ciudad de Buenos Aires abrió una causa judicial contra los comunicadores populares y dirigentes sociales y políticos que participaron pacíficamente el pasado 17 de diciembre, de una manifestación ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y luego, en Canal 13, para que se incluya a las televisoras comunitarias en la grilla de cable como corresponde. La protesta legítima de los medios no comerciales se la sanciona.

Los grupos hegemónicos, en definitiva, no cumplen las leyes, se ponen de víctimas, despiden periodistas y empleados, pero logran más poder monopólico y hacen que el estado los subsidie y en definitiva, que todos paguemos sus malos negocios, pero cuando se pide que se potencien los medios públicos y garanticen la democratización de la palabra en medios sin fines de lucro, se lo plantea como deficitario, contrario a la responsabilidad estatal. Inaceptable.

*Abogado constitucionalista  y periodista de opinión

Artículo publicado bajo licencia  Creative Commons

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El periodista Néstor Pérez opina sobre “las consecuencias políticas de los comicios” que le permitirán al gobierno – que cuenta con mayoría propia en la Unicameral-, decidir sobre cuestiones centrales sin necesidad de construir consensos. Asimismo, advierte sobre el riesgo que implica la ausencia de un  contrapeso que garantice el equilibrio de poderes.

 Por Néstor Pérez*

Que no piensen que tengo la suma del poder público, porque no es así…se apuró a declarar el reelecto gobernador después del aplastante triunfo conseguido el domingo último. Y está bien, la aclaración es oportuna, aunque desde el 10 de diciembre no se ajuste a la costumbre política argentina. ¿Qué costumbre?…la que ordena al ganador en todos los frentes – y esto se da cuando el gobernante consigue el control total – debe hacer exactamente eso, o sea, decide qué agenda pone en juego y va a fondo con los resortes institucionales para convertirla en política pública. A favor inclusive de intereses privados.

El pueblo cordobés fue a votar y volcó en el apoyo a Schiaretti sus propios miedos en medio de la devastación social producida por la administración Macri, cuando se asegura los más de sesenta programas sociales como el boleto educativo; sus expectativas de contribuyente, cuando observa el desarrollo de la obra pública; sus anhelos de castigo cívico, cuando le baja el pulgar a un todavía joven dirigente radical con 8 años al frente de la segunda ciudad del país, porque lo advierte rapaz a la hora de gestionar el presupuesto público y poco eficiente en todos los frentes.

Pero, también, el cronista cree que el pueblo volcó masivamente su apoyo al gobernador porque con ello manifiesta su aprehensión a la sola posibilidad de que Cambiemos crea tener aún en Córdoba la llave que le abra a Macri de nuevo las puertas de Balcarce 50. Aquí también los despidos, los bolsillos raídos por la desesperación, la leche ausente en el alimento de demasiados niños, el mañana preñado de amenazas, son fuente de reflexión camino a la urna, aunque los políticos, analistas y redactores sigan mirando al pueblo con gesto condescendiente.

Manuel Calvo y Juan Schiaretti

Pero quisiera detenerme en las consecuencias políticas de los comicios, trascendiendo el tópico puramente electoral. Porque la mayoría agravada que obtuvo Juan Schiaretti, es decir los dos tercios de legisladores propios, 51 sobre 70, le permite sin trabarse en consensos, reformar la constitución – Art 196 CP- , operara en el Superior Tribunal de Justicia, removiendo a uno o más de sus integrantes, impulsar el Jurado de Enjuiciamiento a magistrados o legisladores, e intervenir municipalidades. Leyes, en definitiva, para las que los constituyentes exigen una masa crítica de apoyo superior a la mayoría simple, o sea, la mitad más uno.

“El número mágico de 47 (sobre los 70 parlamentarios de la Unicameral) ha sido largamente superado por el oficialismo (…) y esto le otorga, por imperio del artículo 104 de la CP una agregación mayoritaria que le permitiría ir en busca de acciones políticas que una representación legislativa menor no le permitiría. Es una situación absolutamente lesiva del equilibrio de poderes”, señala enfático Pablo Riberi, constitucionalista y ex asesor de la Comisión Consultiva de Expertos para la Reforma Política que produjera el dictamen “Así no va más”, desoído por el gobierno que lo instara después de la sospechada elección del 2007. Y sigue el prestigioso catedrático: “Es un problema de diseño (de la ecuación proporcional una vez consagrada la unicameral), nada tiene que ver la voluntad popular legítimamente manifestada en las urnas”.

El contrapeso desaparece como reaseguro democrático ante un ejecutivo que se queda con todo. Ahí también se impone señalar que la hegemonía elimina aquella saludable idea de que en democracia nadie se sale enteramente con la suya. En “El espíritu de las leyes” Montesquieu desarrolla la tesis de la separación de poderes señalando algo como que el poder sea el muro donde se estrellen, precisamente, las desmedidas pretensiones del poder: tal es el principio de equilibrio. Repartir, no concentrar.

La suma del poder público turba por la sola posibilidad de que el gobernante olvide su condición provisional al servicio del pueblo, de cuya voluntad volcada en comicios libres surge su legitimidad.

Hizo bien Juan Schiaretti en apurar su desapego por la arbitrariedad de quien domina sin contrapesos. Tiene derecho a que le crean; pero sería mejor, casi obligación irrenunciable del propio pueblo – el que armara al gobernador reelecto con tan afilada espada – recordar el vigente espíritu del equilibrio de poderes. Para que Juan, Pedro o quien sea, se abstenga de hacer con los votos su voluntad absoluta.

En el inaugural año de 1810 decía Moreno en La Gaceta: “Equilíbrense los poderes y se obtendrá la pureza de la administración”. El pueblo no pretendía este desequilibrio. Ahora, con el gobierno refrendando por el 57 por ciento de los votos y dominando la cámara única, es el momento de advertir su peligro real.

*Periodista

Fotografía Telediario Digital

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Un analista analiza el discurso del presidente  Macri sobre varios temas y la propuesta de un decálogo para cumplir con el FMI. Dice que un “verdadero decálogo” a suscribir debería ser para todos y no un  privilegio para pocos. En relación al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, ambos vulnerados, destaca cómo se comportan los medios hegemónicos; la desigual distribución de la publicidad oficial. El cierre de medios, los despidos de periodistas, los sueldos miserables, entre otras cuestiones.

Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe*

Vivimos momentos de incertidumbre, propia de un pueblo que siente que el Presidente Mauricio Macri está perdido, miente y con hipocresía, realiza razonamientos inaceptables, sin autocrítica. Ha dicho que “Veníamos bien, pero pasaron cosas”, pero que no hay que preocuparse porque “Tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años”, pero los resultados de ninguna manera dan esperanza. Más ha sostenido que en el viaje emprendido se había puesto “metas demasiado optimistas”. Así, prometió, que en el camino iba eliminar la pobreza o sea “pobreza cero”, pero los pobres se han duplicado. A su vez, manifiesta que, “su administración comenzó a abordar cuestiones estructurales de la pobreza”. Y agregó, “me angustia que los chicos no tengan para comer» pero, “Igualmente, ese chico, por suerte en algunos casos con 5 mil cuadras construidas, puede salir al colegio porque ahora tiene pavimento. Antes había calles de barro y no podía salir cuando llovía lo que evita que los niños aunque tengan hambre no se les ensucie la zapatillas con barro”. O sea, según el presidente, el niño se puede morir de hambre, pero con las zapatillas limpias. Una hipocresía cruel.

Eso sí, el presidente afirmó: “somos ricos en información y millonarios en expectativas”, cuando existe un corralito en la información, a través de los medios de comunicación hegemónicos; hay cierre de medios de difusión; despidos de periodistas; distribución de la publicidad oficial, privilegiando los medios amigos y diversos condicionamientos para el trabajo periodístico, como los bajos sueldos en Radio Nacional, los despidos de Télam, etc.

Macri también ha afirmado que, en su gobierno, “Ningún pariente o amigo va a tener ventaja”, aunque la realidad demuestra los grandes beneficios otorgados a parientes y amigos, como el caso del blanqueo de capitales, que por decreto ilegalmente, avanzó sobre lo que autorizaba la ley y amplió los beneficios a familiares y allegados.

Luego confesó, que “Mi única autocrítica es que soy muy optimista”, eso sí, si me contradicen y no hacen lo que yo quiero, “me vuelvo loco y les puedo hacer mucho daño”. Manifestaciones estas propias de actitudes sicopáticas.

En ese contexto de contradicciones e hipocresía enfermiza, el Presidente ha propuesto que los Partidos políticos, las Iglesias y los gremios suscriban un decálogo de objetivos para superar la gran crisis producida.

Sin pretender agotar todos los perfiles de la propuesta, hay que resaltar en el contexto antes señalado, algunos puntos.

El acuerdo propuesto pide “Promover una integración inteligente con el mundo”, pero no queda claro a qué mundo se refiere integrarnos de manera inteligente, porque el gobierno, a todos los instrumentos básicos de la integración latinoamericana construidos en los últimos años, los ha destruido o se busca destruirlos, como el Mercosur, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Parlamento Latinoamericano y otros.

Propone “Respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos”, mientras el gobierno no solo no ha respetado los derechos adquiridos, por ejemplo, de los jubilados, sino que busca garantizar a quienes han tomado privilegios inaceptables en la administración Macri, asegurarles que no se van a revisar y eliminar dichos privilegios, tales los casos de los blanqueos de capital, los contratos mine-ros y sus grandes beneficios impositivos, etc.

También se dice que se auspicia la “Creación de empleo formal a través de una legislación laboral moderna”, pero no aclara nada, como lo hace en el punto anterior, de respetar los derechos adquiridos de los trabajadores. La precarización laboral, con rebaja de salarios, de ninguna manera puede implicar una modernización. Tampoco se debe consentir la búsqueda de un gremialismo debilitado, sin fuerza para defender los derechos de los trabajadores.

Auspicia “Reducir la carga impositiva nacional, provincial y municipal”, resulta paradójica la propuesta de un gobierno que no respeta, entre otros aspectos impositivos, lo que ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el reciente fallo en el caso “García”, en el que dispuso el Tribunal que resulta necesario, con urgencia, el dictado de una ley que quitara el impuesto a las ganancias a las jubilaciones. Más, en abril de esta año, se logró el quórum para tratar lo sugerido por la Corte en la Cámara de Diputados de la Nación y el bloque de Cambiemos entró al recinto pero sus diputados se quedaron parados al lado de sus bancas para que la oposición no tenga el número necesario para votar la propuesta a favor de los jubilados.

Se dice que se busca la “Consolidación del sistema previsional sostenible”, pero la palabra sostenible, está entre los pedidos del Fondo Monetario Internacional que implica bajar las jubilaciones y aumentar la edad jubilatoria, entre otros aspectos gravosos para las jubiladas y los jubilados.

Asimismo, vergonzosamente, el decálogo propone acordar, el “Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores”. De ninguna manera se puede condicionar el futuro de la economía del país, sin revisar los contratos suscriptos con acreedores externos. En especial, como ha sucedido, el FMI autorizó el uso indebido de dineros que se prestó a la Argentina, sin respetar el Estatuto del Fondo y la legalidad debida en ello. Está prohibido usar el dinero del Fondo para mantener la tasa de cambio, como ha hecho el gobierno y menos autorizarlo para asegurarle resultados electorales.

El verdadero decálogo a suscribir es otro y debe ser a favor del país todo y no para privilegio de unos pocos.

Publicado bajo licencia creative comons

*Abogado Constitucionalista y Periodista columnista de opinión

Fotografía LPO

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Será el próximo miércoles 22 de mayo, a las 19, en la sede del Cispren.  La obra narra en clave de no ficción la historia de un joven miliciano del PRT-ERP secuestrado durante la dictadura cívico militar de quien nada se supo por muchos años. El autor explica en una entrevista que el texto nacido de una investigación dispara preguntas incómodas sobre la historia reciente. En la mesa estarán Mariana Mandakovic , Carlos Gonella, Cecilia Merchán, y Raly Barrionuevo. Entrada libre y gratuita.

Por Redacción

El autor del libro es Mario Santucho,  periodista y escritor. Hijo de Mario Roberto Santucho, jefe del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores / Ejército Revolucionario del Pueblo). En los noventa participó de la fundación de la Agrupación H.I.J.O.S. y estudió sociología en la UBA.

“Este libro surge de una experiencia colectiva cuando visitamos hace cuatro o cinco años el monte tucumano donde se asentó la compañía de monte Ramón Rosa Gimenez, un intento de guerrilla rural, quizás el más serio que hubo en Argentina, en el año 74. Mi tío Amilcar murió en un enfrentamiento, en el monte, y con la hija de él, mi prima, fuimos al lugar donde él había caído y visitamos por primera vez el pueblo de Santa Lucía, en la zona sur de Tucumán  que fue centro de represión en los 70. La represión en ese lugar alcanzó niveles vietnamitas. Un pueblo muy martirizado. Ahí aparece la historia del Bombo Avalos”, destacó, en el programa “Basta de Zonceras”  de La Paco Urondo Radio.

Bombo era un joven miliciano que se enroló en la guerrilla en el monte tucumano. Fue secuestrado por los militares y no se supo nada más. Hasta que surgió la versión de su reaparición, en Buenos Aires. Esa historia detonó en el autor la necesidad de reconstruirla.

Consultado sobre cómo definía el género afirmó que “Intenta ser una narrativa de no ficción. No es un ensayo teórico ni un libro de historia, intenta tener un lenguaje mucho más abierto”. En ese sentido destaca que el personaje abre un conjunto de preguntas incómodas para debatir y reflexionar sobre el pasado reciente y “No quedar presos, ni deudores de ese pasado, sino utilizarlo y poder ponerlo en función de las necesidades que tenemos hoy”.

La invitación está hecha. Acompañarán al autor en la mesa de debate Mariana Mandakovic (secretaria general del Cispren), Carlos Gonella (fiscal federal, acusó en juicios de crímenes de lesa humanidad), Cecilia Merchán (política), y Raly Barrionuevo (cantante y compositor).

Fotografía Bunker

Basta de Zonceras. Audio  https://ar.radiocut.fm/audiocut/mario-santucho-es-un-trabajo-de-reconstruccion-de-un-personaje-que-habia-quedado-en-el-anonimato/

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La denuncia de censura realizada por los trabajadores de prensa de Salsacate y Santa Eufemia dio sus frutos. El Tribunal Electoral, integrado por Marta Vidal, Jorge Namur y Leonardo González Zamar, dispuso «permitir el acceso a la prensa en los establecimientos escolares” donde podrán circular hasta las 18. Durante el escrutinio, deberán retirarse para evitar obstrucciones al acto cívico. Aquí el comunicado.

TRIUNFO PARA LXS TRABAJADORES

«A partir de los lamentables actos de censura que se denunciaron en Salsacate y Santa Eufemia con motivo de la cobertura de elecciones regionales, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, Cispren, realizó una presentación ante la Justicia Electoral para denunciar estos hechos. https://www.cispren.org.ar/eleccionesel-cispren-denuncia-a…/
Como resultado de esta presentación obtuvimos respuesta favorable de las autoridades, quienes resolvieron: «permitir el acceso a la prensa en los establecimientos escolares, más no en los recintos de votación, donde se encuentran las cabinas de emisión de sufragio, procurando que no se entorpezca el acto cívico.»
Cabe destacar que esta acción se lleva a cabo para garantizar el cumplimiento de las leyes que como trabajadores de la prensa y la comunicación nos amparan, tenemos derecho pleno a ejercer libremente el oficio y a informar sin que medie censura de ningún tipo.
Adjuntamos a este comunicado la respuesta del Tribunal Electoral Provincial para que lxs compañerxs puedan tener una copia de esta resolución. Comisión Directiva Cispren».

Imagen ilustrativa Via País