por Admin | Jun 4, 2018 | Novedades
El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, Cispren, adhiere y convoca a una nueva marcha NI UNA MENOS, esta vez en el marco de un momento histórico para nosotras las mujeres, ya que se está debatiendo la legalización del aborto en nuestro país.
Ante un escenario de crisis económica y social que se profundiza cada vez más, nuestra participación es necesaria y urgente. Convocamos a todas las compañeras trabajadoras de la prensa y la comunicación de la provincia a manifestarse en favor de nuestros derechos, exigimos:
-Salarios dignos para las trabajadoras de prensa.
-Igual remuneración por igual trabajo que cualquier compañero varón.
-Basta de acoso sexual en los lugares de trabajo.
-Basta de ajustes en los medios de comunicación.
-¡No más despidos!.
-No más persecuciones ni aprietes en los medios de comunicación.
-Libertad y Democracia Sindical.
-No al ajuste y no a los tratos con el FMI.
-¡No más muertas por aborto clandestino!.
– Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto Legal para no Morir.
-¡Basta de violencia machista!
-¡Basta de matarnos!
Hoy marchamos para visibilizar una vez más las problemáticas de las mujeres.
Nos convocamos hoy a las 18 hs en Colón y Cañada.
Córdoba, 4 de Junio de 2018.
Mariana Mandakovic, Secretaria General
Mónica Reviglio, Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades
Bárbara Arias, Secretaria de Prensa
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por Admin | Jun 4, 2018 | Novedades
A 80 años de la celebración del Día del Periodista. Trabajadores de prensa de todo el país marcharán en Buenos Aires en defensa de las fuentes de trabajo, por la plena vigencia de los Convenios Colectivos y los Estatutos profesionales, por salarios y condiciones de trabajo dignos y discutidos en paritarias libres. En contra de la reforma previsional y los intentos del gobierno de avanzar en la reforma laboral; la violencia física y jurídica y la concentración de la propiedad de medios de comunicación. Por una adecuada distribución de la pauta pública, que incluya a medios autogestionados y alternativos, ern defensa de los medios públicos y la libertad de expresión. Documento.
“Sin trabajo digno, no hay periodismo”
El periodismo argentino atraviesa uno de sus momentos más difíciles desde el retorno de la democracia. Las tareas de informar y comunicar que desarrollamos lxs trabajadorxs de prensa en los medios públicos y privados son afectadas por acciones gubernamentales y empresarias que parecen articularse estratégicamente mediante cierre de empresas periodísticas, reducción de personal por despidos directos, “retiros voluntarios” y/o “jubilaciones anticipadas”, y la aplicación forzada de la flexibilización laboral con el resultado económico como único fin real. Gobierno y empresarios reformulan así el “negocio” de la comunicación, deteriorando su función social y afectando seriamente la libertad de expresión, a través de contenidos dirigidos únicamente a obtener más y mayores ganancias económicas.
En los últimos tres años cerca de tres mil trabajadoras y trabajadores resultaron despedidos en nuestro país en la prensa escrita, radial, y televisiva. Sin embargo, aún en un contexto de reconversión hacia la convergencia de tareas, fuerte concentración empresaria y hegemonía del mensaje único, muchxs trabajadorxs de prensa tanto en medios tradicionales como autogestionados o populares persisten en la lucha contra la mercantilización del periodismo.
A esto se suman las modificaciones al marco legal que pretende impulsar el gobierno nacional, que priorizan los intereses económicos de grandes grupos empresarios y resultan en más concentración y menos democracia.
Y mientras el fin social del periodismo en nuestro país termina resumido a una fórmula comercial, grandes corporaciones extranjeras de internet obtienen utilidades millonarias utilizando contenidos producidos por trabajadore/as de prensa argentinos, que no pagan. Y también ellos, al igual que muchas empresas locales, publican “falsas noticias”, destinadas a manipular el debate público, con la rentabilidad como máxima prioridad y dejando en el olvido la responsabilidad social del periodismo.
Por eso, para los trabajadores y trabajadoras de prensa es tan importante el desafío de adaptarse a las nuevas tecnologías y garantizar una justa retribución por nuestra tarea, como preservar la pluralidad de voces y la diversidad de los mensajes por sobre el discurso único del mercado, condición indispensable para la construcción de una democracia inclusiva, auténtica, profunda.
Hoy en Argentina, gran parte del sistema de medios se sostiene con recursos públicos (Nación, provincia y municipios) y sin embargo nuestro país carece de un sistema eficiente para garantizar que al menos una parte de ellos sea distribuida entre medios de prensa sin fines de lucro, empresas autogestionadas y medios alternativos a la gran empresa privada.
Y aunque un criterio idéntico debiera aplicarse a la preservación de los medios públicos, hoy asistimos a un lamentable y vergonzoso proceso de vaciamiento y desfinanciamiento gradual de los medios administrados por el Estado nacional.
En este complejo y difícil contexto, frente a la pérdida de empleos, acuerdos salariales por debajo de la inflación y serio aumento de la precarización, el gremio de Prensa sigue dando la pelea. En cada provincia, en cada empresa, en cada redacción. Y somos conscientes además de que nuestra problemática actual es similar a las que atraviesan otras actividades, por cuanto las cámaras empresarias y el gobierno nacional coinciden en avanzar juntos en una reforma laboral de hecho que empeora condiciones laborales, desconociendo leyes, convenios colectivos y estatutos profesionales.
Así, los sindicatos de Prensa de todo el país han conformado la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa (MNTP) para evaluar juntos los temas de interés común y procurar acciones gremiales conjuntas, afrontando dos desafíos principales: priorizar el interés común de los trabajadores de prensa de todo el país, y articular planes de acción para frustrar los intentos patronales de precarizar cada día más el trabajo periodístico.
A través de nuestras organizaciones sindicales venimos desarrollando una serie de acciones en defensa de los derechos laborales y la libertad de expresión.
En los medios públicos (Radio Nacional, TV Pública y Télam) se denuncia y enfrenta el paulatino vaciamiento. Mientras el Sipreba articula en el ámbito de Ciudad Autónoma de Buenos Aires la lucha contra despidos de trabajadores y dirigentes sindicales y violaciones sistemáticas a los convenios colectivos por parte de RTA SE, en cada región del país los sindicatos de FATPREN y FETRACCOM resisten desde hace más de dos años el proceso de vaciamiento en la emisoras de Radio Nacional, mientras enfrentan la amenaza de que a los despidos y recortes salariales le siga la aplicación de un Plan de Regionalización que implicaría el cierre de decenas de radios.
A la situación planteada en los medios públicos se suman las acciones sindicales contra el cierre y/o achicamiento de medios privados (innumerables diarios del interior, Página 12, Agencia DyN, Radio del Plata, Radio El Mundo, Publiexpress, Radio Rivadavia, Radio Splendid, Rock and Pop) y las realizadas contra despidos o incumplimientos patronales enRadio LT3, La Capital y Radio LT8 de Rosario, La Voz del Interior (Córdoba), Los Andes (Mendoza), La Mañana (Neuquén), el Patagónico (Comodoro Rivadavia), Diario Hoy y Red 92 (La Plata), El Diario de Paraná (Entre Ríos), LU 22 Radio Tandil, FMQ (Quilmes), Diario Río Negro, El Cordillerano (Bariloche), entre muchos otros medios. Esta situación creada por las cámaras empresarias y avalada por el Ministerio de Trabajo resultó un antecedente grave a la hora de discutir las paritarias de Prensa 2018, frente a la persistente y ridícula pretensión gubernamental de fijar un 15 por ciento como techo para el aumento, mientras la inflación de precios y la devaluación permanente del peso superan ampliamente ese porcentaje.
Mientras tanto los/as trabajadores/as de medios populares, comunitarios y autogestionados sin fines de lucro sufren las consecuencias del incumplimiento y sub ejecución de las políticas legalmente vigentes para su fomento y desarrollo, la implementación de normas sancionadas por el Enacom que permiten el cierre arbitrario de radios “a sola firma” de funcionarios de segunda línea del organismo, como FM Ocupas de Moreno, los tarifazos de luz y la marginación absoluta de pautas publicitarias. Todo esto no sólo impacta en las condiciones y derechos laborales de comunicadores y comunicadoras –tan trabajadores como cualquiera aunque desarrollen su tarea sin patrones-, sino también sobre el Derecho a la Comunicación e Información de las comunidades donde se emplazan y la población en general, y su posibilidad de acceder a voces y miradas diferentes a las de los medios concentrados, en momentos de cerco informativo cada vez más uniforme.
En una fecha que siempre invita a reflexionar sobre el compromiso del periodismo y su presencia en situaciones de interés social, es destacable la activa participación de nuestras organizaciones sindicales junto a otras fuerzas gremiales, políticas y sociales en movilizaciones populares, como aquéllas contra las reformas previsional y laboral, cuyas consecuencias más lamentables fueron las agresiones y detenciones padecidas por decenas de compañeros y compañeras que trabajaban en coberturas periodísticas.
Estos hechos fueron denunciados públicamente y ante autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y no impidieron la participación activa de trabajadores y trabajadoras de prensa en posteriores marchas, como “Ni Una Menos” (contra la violencia de género) o en las asambleas por empresa para debatir el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Reconocernos como trabajadore/as y actuar a conciencia y en consecuencia potencia la unidad nacional del gremio de prensa. Trabajadores y trabajadoras del periodismo debemos esforzarnos por encarar juntos los problemas comunes y resolverlos para mejorar la vida de nuestros compañeros y compañeras y defender los principios sociales del noble oficio, al mismo tiempo que jerarquizamos el derecho social a la información y la comunicación.
–Por la defensa de las fuentes de trabajo en prensa.
-Por la plena vigencia de los Convenios Colectivos y los Estatutos profesionales.
-Por salarios y condiciones de trabajo dignos y discutidos en paritarias libres.
-Contra la reforma previsional y los intentos gubernamentales de reforma laboral.
-Contra la violencia física y jurídica ejercida en perjuicio de las y los trabajadores de prensa.
-Contra la concentración de la propiedad de medios de comunicación y por una adecuada distribución de la pauta pública, que incluya a medios autogestionados y alternativos.
– Por la defensa de los medios públicos y la libertad de expresión.
MESA NACIONAL DE TRABAJADORES DE PRENSA
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por Admin | May 31, 2018 | Novedades
Lo que desnaturaliza la esencia del Estado de Derecho es la actitud que toma el propio estado frente a situaciones concretas. Cuestión que para Miguel Julio Rodríguez Villafañe debe ser siempre “constitucional y legal”. El columnista destaca las conductas de (des)apego al cumplimiento de las normas que desde la frase «hecha la ley, hecha la trampa» se fue consolidando a lo largo del tiempo.
Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe*
La ley hace tiempo que esta relativizada en nuestro país. Siempre había y hay la posibilidad de decir “hecha la ley, hecha la trampa”, para eludir su cumplimiento. De alguna manera nuestra sociedad se acostumbró a vivir situaciones semilegales y, en esa cultura negativa ante el derecho, fue aceptando que las normas se acatan, pero no siempre se cumplen. De alguna manera así lo había enseñado la tradición hispánica colonial.
Asimismo, esa costumbre ha tenido su lado más oscuro, especialmente, cuando el Estado es el que más utiliza esa modalidad de actuación, sin límites, transformándose en un “Estado Tramposo”. Lo que desnaturaliza la esencia del Estado de Derecho, ya que esto último presupone que se pueda prever el accionar jurídico del Estado, que siempre debe ser constitucional y legal.
Aún más, la situación actual demuestra con crudeza, esa modalidad patológica del funcionamiento institucional. Hasta se puede decir que se ha avanzado tanto en la conducta anómala del Estado que éste, a la ley no sólo le encuentra la trampa sino que también a la trampa la termina justificando e incluso, convalidado por ley o por decretos de necesidad y urgencia.
Lo referido produce entonces una ruptura grave. Gobernantes que juran defender derechos de su pueblo que luego, impúdicamente, no los respetan y cuando les molesta la ley que los consagran adoptan medidas que los relativizan o anulan. Así, por ejemplo, el Estado por ley se declara en emergencia y no cumple con lo que ha comprometido cumplir. Mientras tanto el gobierno presiona a la comunidad con costos de los servicios excesivos, con impuestos (muchos de ellos confiscatorios) y otras cargas, como si la sociedad no viviera también en emergencia por el desempleo, bajos salarios y jubilaciones, inflación, recesión y altos índices de pobreza.
El Estado en esta situación jurídica enfermiza llega a desconocer derechos básicos de la sociedad y los pretende justificar en razones inaceptables, arbitrarias y contradictorias.
Por un lado, el actual gobierno nacional sostuvo que no se podía discutir las cifras exorbitantes ilegales, injustas y usurarias que se pagaron a los llamados “Fondos Buitres”, abonando incluso deudas que no correspondían abonar. Además, a representantes de dichos fondos se los hizo funcionarios claves en las tomas de decisiones económicas del país. Pero, el mismo gobierno sostuvo que había que bajar las jubilaciones cambiando la fórmula de actualización de la Ley de Movilidad Jubilatoria, porque se tenía que achicar el gasto público. O sea, para los “buitres” cabía pagar reclamos ilegítimos, pero para nuestros jubilados, se los culpabiliza del gasto que significan las jubilaciones que les corresponde y se les violó los legítimos derechos que tienen adquiridos. Aún más, ahora por exigencia del FMI, hablan de reducir más los beneficios jubilatorios.
El latrocinio del pago a los fondos buitres se presentó como algo fundamental y el Presidente Mauricio Macri decía que, de esa manera, el país ingresara al mundo, sin embargo ello ha servido sólo para endeudarnos por enormes montos, con intereses usurarios, cuyos vencimientos son una carga enorme, pero ello no se presenta como afectando el gasto público. Baste pensar que se nos endeudó por 100 años en un préstamo de u$s 2.750 millones de dólares y desde el 5 de marzo al 25 de abril de este año, en menos de dos meses, el Banco Central (BCRA) se desprendió de u$s 4.100 millones de dólares buscando sostener al dólar, para garantizar la “bicicleta financiera”. En dos meses el gobierno nos desapoderó de casi el doble de lo que debemos pagar por cien años, con un interés de 7,9 por ciento.
Mientras tanto, los medios hegemónicos desarrollan una campaña gubernamental en la que sostiene que los derechos laborales son los que impiden el crecimiento de Argentina y que la solución para avanzar, pasa por la “flexibilización laboral” eliminando derechos laborales, en un grave retroceso en dignidad.
Por su parte, el Congreso con su ley de blanqueo de capitales dio inmunidad a los ricos que sacaron los dólares del país y evadieron impuestos y con ello estos sectores se ahorraron una significativa cantidad de dinero que era del fisco. Pero el Gobierno nacional todos los días pone en situación de quiebra o cierre a gran cantidad de pequeñas y medianas empresas (Pymes) por impuestos impagos y/o sanciones que les ha puesto la AFIP a dichas empresas, sin darles salidas financieras que posibiliten la continuidad de la actividad.
Para unos se justifica todo, hasta el delito y para otros nada, ni el derecho. Opera entonces la fuerza de la realidad, que tantas veces nos chocó en la frente con la evidencia que los más fuertes ganan, con derecho o sin derecho. Manda la realidad en la que una pequeña minoría acumula para sí el fruto del esfuerzo y la riqueza de los argentinos, de espalda a una sociedad empobrecida, a la que, cada día más, se la priva de la posibilidad de dignificarse desde el trabajo y la producción.
Viene pues el pánico. Nos aplasta la evidencia que lo que teníamos en derechos no los tenemos, lo que dicen que tenemos no lo disponemos y lo que disponemos no nos sirve para garantizar lo que necesitamos. Nos percibimos acorralados y rehenes de situaciones que nos desbordan como pueblo.
Aparece entonces la mirada en los jueces que queremos independientes y respetuosos de la ley, pero a veces el pueblo detecta un Poder Judicial como un tablero de ajedrez en el que, como peones los fiscales y los jueces responden a la estrategia de los políticos de turno que manejan las piezas, más allá del derecho que corresponde hacer respetar.
Tendremos que prestigiar y hacer respetar la ley a todos, como el elemento de concertación social y civilización en Democracia, que debe regular la convivencia, al servicio del bien común, en justicia, igualdad y equidad. Sólo así habremos restablecido la seguridad jurídica porque habrá leyes y no trampas.
*Abogado constitucionalista, periodista de opinión
Fotografia ilustrativa Pretty y El Telégrafo
por Admin | May 18, 2018 | Novedades
A partir del 21 de mayo, se podrá retirar el ejemplar N° 60 del periódico editado por Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba. Bocas de expendio: local del organismo (Santa Fe 11), y en el Archivo Provincial de la Memoria (Pasaje Santa Catalina 66). Sumario y link a la versión digital.
Será Justicia, es una publicación que desde 2009, realiza la cobertura periodística de los juicios por delitos de lesa humanidad que se juzgan en los Tribunales Federales de esta capital. Se edita en las versiones papel y digital, con formato tabloide. Se define como “un periódico de producción mixta y distribución masiva, cuya línea editorial responde a los lineamientos establecidos por los organismos de DDHH de la ciudad de Córdoba, en particular a la organización Familiares”.
Imagen ilustrativa
Comenzó en 2009 con el juicio Menéndez II conocido como Albareda, Moyano y Morales que acumuló tres expedientes. Siguió con la cobertura del Juicio Videla (UP1 y Gontero), Comando Radioeléctrico (Roselli), la megacausa La Perla y La Ribera y el Juicio de los Magistrados. El ejemplar número 60 dará cuenta de los últimos procesos González Navarro y Vergez.
Los contenidos no se limitan a los juicios de lesa humanidad sino que promueven debates actuales en torno a las continuidades del terrorismo de estado y la dictadura cívico militar en democracia.
Sumario del número 60
Miembros de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba dan a conocer la linea editorial que responde a la pregunta: ¿Dónde radica la importancia de los juicios para nosotros?
Entre los contenidos, que anticipan se encuentran.Un informe especial que explica ¿Para qué sirven los juicios? ( Por César Pucheta); El juicio por dentro. Concluyó el décimo juicio en Córdoba; En profundidad. El avance represivo. Por Alexis Oliva. En la contratapadiscurre Hugo Saleme sobre Conquistar la verdad. Aquí: la versión online
Más información y números anteriores en www.familiarescba.com.ar
por Admin | May 17, 2018 | Novedades
Produjo inquietud el ofrecimiento de retiros voluntarios en Teleocho, canal de televisión abierta, operado por Viacom, integrante del Grupo Telefe. Comunicado de prensa.
El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), manifiesta su preocupación a partir de la noticia de la apertura de un proceso de retiros voluntarios en Canal 8 del Grupo Telefe, como así también por el reciente despido de una trabajadora del canal con veinte años de antigüedad.
Desde el Cispren expresamos nuestra solidaridad con la compañera despedida, como así también, renovamos el llamado a los compañeros y compañeras a reforzar nuestro compromiso en defensa de los puestos de trabajo.
Córdoba, 17 de mayo de 2018
Comisión Directiva Cispren
por Admin | May 17, 2018 | Novedades
El especialista Miguel Julio Rodríguez Villafale advierte sobre la responsabilidad del estado ante esta práctica que “ataca la dignidad de las personas y los pueblos y permite la consumación de otros delitos de diversos tipos”. Sobre todo en tiempos de “…enriquecimientos indebidos, cierre de fuentes de trabajo y explotación de los débiles”.
Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe*
La usura consiste en el cobro excesivo de intereses en un préstamo de dinero. Esta modalidad enriquece al prestamista excesivamente y trae un claro y profundo empobrecimiento para quien debe pagar los intereses abusivos.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, con jerarquía constitucional en Argentina, dispone que: “Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”, (artículo 21, inc. 3).
Por su parte, el Código Penal argentino reprime el delito de usura en el artículo 175 bis. En la referida norma se establece que tendrá sanciones de prisión y multa el que, “aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para otros, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación u otorga recaudos o garantías de carácter extorsivo”.
No obstante lo determinado por la legislación, en los hechos, la usura no ha tenido, por parte del Estado, en general, una firme voluntad de reprimirla o de accionar de manera preventiva al respecto. Repárese que esta actividad delictiva hiere grave e injustamente el patrimonio de las personas, afecta la economía pública, la buena fe en los negocios y trae desocupación, empobrecimiento, enriquecimientos indebidos, cierre de fuentes de trabajo y explotación de los débiles. En definitiva, ataca la dignidad de las personas y los pueblos y permite la consumación de otros delitos de diversos tipos. Lo antes referido se potencia en momentos de crisis económicas, como la que se está dando en el país.
A su vez, uno de los males más profundos que ha dejado en nuestro país la llamada “patria financiera” ha sido una cultura en la que la especulación dineraria desmedida fue aceptada con permisividad moral, por sobre la protección del capital proveniente del trabajo o de la producción. Hoy la llamada bicicleta “financiera” funciona con más firmeza que en los años 90´ y con mejores beneficios para los abusadores. Asimismo, el Estado ha generado y propicia irresponsablemente, situaciones ideales para la proliferación de la actividad usuraria.
Con una inflación desmedida, en un contexto de recesión y desempleo, el ambiente resulta propicio para empujar a las personas y a las empresas, en manos de los usureros para conseguir, desesperadamente, el dinero que necesitan.
Por otra parte, no se controla eficazmente a las entidades que dan préstamos, mu-chas de ellas funcionan de manera informal, con propaganda tramposa, sin dar información sobre los intereses que se cobran y los gastos administrativos abultados que se hacen abonar, sin justificación. En base a fáciles requisitos de otorgamiento y por sumas de dinero no muy grandes, se invita a los más débiles a tomar créditos personales con modalidades usurarias.
Los sectores empobrecidos y necesitados solo evalúan su capacidad de pago de las cuotas, sin reparar que terminan pagando tasas de interés desproporcionados que, en algunos casos, llegan a superan el 100% del monto del dinero recibido. A veces, incluso, se retiene parte del capital y se hace firmar como si se hubiera retirado el total y de esa manera se busca disimular los intereses indebidos que se cobran y los necesitados de dinero aceptan dichas modalidades abusivas sin poder oponerse.
También comercios de distintos tipos, desde zapaterías a ventas de artículos electrodomésticos, entre otros, han adoptado engaños similares, para otorgar créditos de consumo de sus productos. Tampoco esta modalidad es controlada debidamente por los órganos estatales pertinentes.
Además, nadie investiga los depósitos de muebles, que actúan como casas de empeños disfrazadas y en las que se cobran cifras desmedidas por lo que se presta, con la garantía del bien que se hace dejar en guarda.
Más a lo referido hay que sumar la usura consentida y propiciada, en especial, por el Gobierno Nacional actual, que ha potenciado el endeudamiento externo perpetuo y la usura constituye uno de sus fundamentos.
Se ha dedicado a tomar créditos en dólares, haciendo crecer grandemente la deuda ininterrumpidamente, sin que la recaudación tributaria alcance para cubrir los gastos. Al no tener capacidad de devolución a través de la generación de recursos genuinos, los funcionarios solo se ocupan de ir refinanciando deuda, particularmente en dólares. Deuda e intereses luego se atienden con nueva deuda, en un proceso de refinanciamiento permanente, lo que se transforma en una deuda a perpetuidad.
En realidad, ante la necesidad inexorable de contar nuevamente con dinero por parte de la Argentina, los acreedores usureros nos someten a condiciones cada vez más desproporcionadas. Situación esta última que se agrava en este momento, si se tiene en cuenta que en la presente crisis financiera se muestra un Estado en el que el gobierno nacional, gran parte de los funcionarios que deben equilibrar los desequilibrios tienen su dinero en el exterior y han sido muy beneficiados con el alza del dólar.
Y a su vez, algunos de ellos han sido y son representantes de la usura más despiadada, como son los llamados “fondos buitres”. Fondos estos que esquilmaron a la Argentina y que no saciados con ello han iniciado nuevas demandas contra el país.
No se puede permitir que el Estado siga siendo cómplice y partícipe necesario de la usura nacional e internacional. Y quienes intervengan en representación de Argentina en las negociaciones no pueden llevarnos a consentir créditos usurarios, ya que ello se transforma en una verdadera actividad delictiva que hiere la dignidad de nuestro pueblo y de ninguna manera puede tenerse esa mediación de nuestros funcionarios, como un bien para el país.
*Abogado Constitucionalista
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por Admin | May 7, 2018 | Novedades
Será el 9 de mayo, a las 17.30, en el aula 8 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Disertará la especialista Adriana Amado Suárez. Estarán presentes autoridades universitarias y del sector profesional. La materia que aborda la comunicación en las organizaciones forma parte de la currícula de grado desde hace 25 años.
Por Redacción*
Adriana Amado Suárez
La inauguración del centro de investigaciones en comunicación institucional contará con la presencia de Mariela Parisi, decana de la institución, autoridades de la UNC, referentes y profesionales de la comunicación. Tras el acto protocolar disertará Adriana Amado Suárez quien preside además el Centro para la Información Ciudadana que promueve la información pública responsable. Como autora lleva once libros publicados y más de 20 en colaboración con otros profesionales. (1)
El mencionado Instituto de Comunicación Institucional (ICI), fue creado el 26 de abril próximo pasado, con el objetivo de desarrollar un espacio de “capacitación, investigación, transferencia y desarrollo de la comunicación institucional, buscando potenciar y promover la práctica y actualización permanente de los conocimientos adquiridos en la Facultad”.
Según da cuenta la invitación se dictarán cursos de formación y actualización “con un fuerte enfoque práctico” a cargo de “equipos ad hoc, liderados y coordinados por profesionales con vasta experiencia en colaboración con egresados y alumnos avanzados”.
Al mismo tiempo se promoverán investigaciones y diagnósticos que respondan a necesidades de organizaciones públicas y privadas, alumnos, egresados y profesionales de diversa formación.
El ICI depende de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la FCC y funciona en Rondeau 467, 1º Piso, Nueva Córdoba.
Nota
1-Amado Suárez es licenciada en letras (UBA) y doctora en Ciencias Sociales (Flacso).
* Fuente: Boletín de la FCC| Fotografía ilustrativa
Contacto: ici@fcc.unc.edu.ar
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por Admin | May 2, 2018 | Novedades
“Se frenó la orden de desalojo pero seguimos en la lucha. Estamos fuertes, y aspiramos que la provincia conforme una mesa de diálogo y se declare la emergencia habitacional”, dijo, Vanessa Villegas, de Jóvenes al frente, vecina del lugar.
Por Redacción
La Justicia mediante un oficio enviado a las fuerzas policiales de la zona resolvió suspender la medida que había anunciado el sábado pasado. El abogado de los cooperativistas presentó un recurso de oposición a la medida. “Estamos fuertes, resistiendo, y vamos a seguir luchando hasta tener una solución”, dijo, Vanessa Villegas, integrante Jóvenes al Frente (Jaf), tras conocer la resolución judicial.
La referente manifestó que los habitantes del barrio esperan que en los próximos días el gobierno provincial tome cartas en el asunto, convoque a una mesa de diálogo, y declare la emergencia habitacional. Agregó que el 80 por ciento son mujeres y que van a seguir luchando por el futuro de sus hijos hasta lograr “una vivienda digna que podamos pagar de acuerdo a nuestras posibilidades”. Lamentó que “Seamos los pobres los que tengamos que callarnos” ante una problemática que existe en toda Córdoba y que debe salir a la luz.
Por el futuro de los chicos
Esta mañana el abogado de la organización, Joaquín González, presentó un recurso de oposición para evitar una medida drástica que de haberse ejecutado hubiera dejado en la calle a más de 100 familias y profundizado el conflicto que lleva más de cuatro años.
Los hechos
El sábado pasado, mientras los vecinos y vecinas se encontraban preparando el festival planificado con anterioridad: “Mujeres en Lucha, No al desalojo”; ¡Oh! Sorpresa, tres accesos al barrio se encontraban obturados por topadoras y los otros por la Guardia de Infantería.
El Jefe del Operativo les informó sobre la resolución del camarista Julio R. Guerrero Marín que ordenaba impedir la realización del festival “por romper un pacto social” que los moradores afirman no haber firmado ni aceptado. Al mismo tiempo, anticipaba el desalojo.
Los vecinos y vecinas interpelan al estado en relación a la grave problemática que no solo padecen estas familias y le reclaman al poder judicial que dimensione la medida ordenada habida cuenta de la existencia de otros intereses que colindan con el derecho ciudadano al acceso de la tierra. Sospechan que detrás de los desalojos están los negocios inmobiliarios y la construcción de barrios privados.
Por otra parte, cuentan, que el gobierno provincial le ofreció a cada familia 42 mil pesos con la condición de que se vayan pacíficamente. 35 aceptaron, pero 16 volvieron al barrio. Entonces, razonan, que si están dispuestos a gastar tanto dinero (calculado en más de seis millones de pesos), “le pedimos que compre tierras con esa plata, sea en Barrio Parque Esperanza por medio de la expropiación, o en otro lado”.
Estación Juárez Celman, pertenece al departamento Colón. La población se formó gracias al ferrocarril y posee gran cantidad de tierras. En los noventa, accedió a la categoría de municipio y pasó a ser ciudad en 2008. Se encuentra a 19 km del centro de la ciudad de Córdoba y es una de las llamadas ciudades dormitorio.
Más información, en la página de la organización.
Fotografía Mercedes Ferreyra
por Admin | Abr 28, 2018 | Novedades
El vocal de Cámara, Julio Ramón Guerrero Marín, anticipó que se ejecutará el miércoles 2 de mayo próximo. Los habitantes del barrio, se vieron sorprendidos por una orden judicial que les prohíbe la realización del 5° Festival «Mujeres en lucha/No al desalojo» y los emplaza a desalojar el predio cuando en marzo se había prorrogado por 60 días. Los terrenos son propiedad del estado nacional y de una empresa privada.
Por Redacción*
Salir de la zona de confort, no es solo un desafío individual. Muchos deberían ver in situ cómo viven miles de personas a escasos 20 minutos de la capital cordobesa. Los moradores del barrio Comunitario Parque Esperanza se desayunaron con una orden judicial que prohíbe la realización del 5° Festival “Mujeres en lucha” planificado con anterioridad, y anticipa el desalojo para el 2 de mayo próximo cuando el mes pasado se había prorrogado por 60 días.
No al desalojo!!!
La nota dirigida al titular de la Guardia de Infantería de la Zona le ordena que disponga de la dotación necesaria de efectivos «para impedir de manera absoluta la celebración de un encuentro «Mujeres en lucha/No al desalojo en Juárez Celman». Asimismo, subraya la prohibición de «ingreso y egreso de personas y bienes» al lugar y alude a un pacto social firmado que los habitantes desconocen.
Almuerzo comunitario. Fideos con pollo, a la leña
Esta notificación que lleva la firma de Guerrero Marín, vocal de la Cámara Sexta, secretaría 12, del poder judicial, emplaza a los cooperativistas a desalojar voluntariamente el lugar el miércoles 2 de mayo, entre las 8 y las 12. Caso contrario advierte que lo hará por medio de la fuerza pública. Esta situación creó conmoción entre los habitantes que hace cuatro años luchan por la obtención de la tierra. Según el escrito esta medida se da en el marco de una causa por usurpación de los terrenos que, afirma, le pertenecen al estado nacional y a la empresa Urbacor S.A.
Resistir
Los cooperativistas decidieron en asamblea que el festival planificado durante semanas, con mucho sacrificio, se iba a realizar y reafirmaron su decisión de resistir el desalojo. “No queremos nada gratis, queremos vivir dignamente”, claman los vecinos.
En el predio, de 10 hectáreas, viven 120 familias en 23 manzanas. El presidente de la cooperativa, Andrés Villalba, explicó que hay una causa que tiene 244 imputados que ingresaron el 15 de junio de 2014 y que poseen un registro otorgado por el gobierno nacional al año siguiente. Asegura que no cometieron ningún delito y que “el poder judicial no toma en cuenta que la solución no es la estigmatización de los pobres”.
Un pico público para todo el barrio
Los habitantes sostienen que incluso Alejandra Vigo y los ministros de Justicia y Derechos Humanos, y de Desarrollo social, con quienes mantuvieron conversaciones previas estaban al tanto de la realización del festival. Entonces: ¿Cómo puede ser que alguien de la justicia que no sabe cómo vivimos lo impida?, dice, una de las chicas.
La cooperativa 7 de Junio cuenta con 238 socias y lleva cuatro años de trabajo en pos de lograr una solución al grave problema de vivienda y carencia de servicios. “Vivimos precariamente porque hemos sido rodeados por la policía y no nos permiten ingresar materiales. La mayor parte hizo su casa con maderas, chapa y nailon. Son pocas las que son de material”, contó, Carlos, uno de los integrantes de Jóvenes en Lucha.
Rodearon los accesos al predio
Agregó que hace un mes, el gobierno hizo un relevamiento para conocer la situación de las 157 familias. Además, dos semanas atrás, la Organización de Naciones Unidas (ONU) relevó la situación y la violencia institucional que sufren los habitantes de la zona y lo plasmaron en un informe.
Se quejan del acoso policial. “Nos cortan el agua, el control es permanente, te requisan todo. Y hoy hasta el juez nos traba esto”, dice otra mujer. “Sabemos cómo luchar y lo haremos. Hemos organizado campeonatos de futbol y vóley, y le hemos dedicado horas a la organización», añade Perla.
Viven en condiciones infrahumanas. Sin agua corriente y sin luz. El acceso a la vivienda, la falta de trabajo y de servicios básicos son algunos de los mayores problemas que aquejan a la comunidad donde viven jóvenes matrimonios con hijos pequeños. Las mujeres trabajan en casas de familia por hora y los hombres en la construcción y las quintas. La comunidad barrial está integrada por hombres y mujeres de córdoba, de otras provincias, y de países vecinos que buscan vivir mejor. La necesidad los ha unido en esa búsqueda que comenzó en 2014.
Texto Katy García (Agencia Prensared) / Fotografía Mercedes Ferreyra
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www.cispren.org.ar
por Admin | Abr 27, 2018 | Novedades
El Cispren repudia los aprietes y amedrentamientos a periodistas que ejercen su tarea. Ahora le tocó a Adolfo Ruiz, del sitio ENREDACCION. “Responsabilizamos a la Policía de la Provincia de Córdoba en su conjunto y al Gobierno Provincial por la seguridad y la integridad física del compañero”, expresa el comunicado.
Con las firmas de Javier de Pascuale (secretario adjunto) y de Bárbara Arias (secretaria de prensa) se dio a conocer el siguiente comunicado que fija la posición del sindicato frente a los hechos.
Texto completo
“El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, Cispren, se solidariza con el compañero trabajador de prensa Adolfo Ruiz, quien ha sufrido amenazas a través de redes sociales derivadas de su labor periodística.
El hostigamiento comenzó a partir de la publicación de una nota en el medio ENREDACCIÓN, el pasado 25 de abril, en el que se dejaba expuesto el caso de un alto mando policial de la departamental San Justo, Carlos Cabral, quien a pesar de las numerosas denuncias por acoso de parte de sus dependientes, fue ascendido.
A escasos días de la condena en contra del ex jefe policial Julio César Suárez por la causa de amenazas en contra del periodista y compañero Dante Leguizamón, parece que hacia adentro del cuerpo policial no han cambiado mucho las cosas, pues los aprietes y amedrentamientos en contra de los y las trabajadoras de prensa sigue siendo moneda corriente.
Desde nuestra institución repudiamos la actitud cobarde y violenta de oscuros personajes que se amparan en el anonimato de cuentas falsas en las redes para apretar a periodistas, amenazando incluso a familia e hijos en busca de callar la difusión de investigaciones que evidencian ilícitos.
Responsabilizamos a la Policía de la Provincia de Córdoba en su conjunto y al Gobierno Provincial por la seguridad y la integridad física del compañero Adolfo Ruiz y su familia. Renovamos nuestro reclamo al Gobierno provincial de valorizar la tarea de prensa y ponemos a disposición de Ruiz todas las herramientas legales y gremiales para arribar a una solución definitiva ante este hecho tan aberrante.
Córdoba, 27 de abril de 2018
Bárbara Arias, Secretaria de Prensa Javier De Pascuale, Secretario Adjunto
Fotografía Mariano Pais (En Redacción)
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