La CTA expresó su preocupación y rechazo al proceso de desmantelamiento y desarticulación de las políticas de memoria, de reparación y de DDHH, del gobierno nacional, por constituir un riesgo para la Memoria, Verdad y Justicia y una clara violación a los derechos humanos.
Pronunciamiento de la Central*
En diciembre pasado, la Red Federal en Defensa de los DDHH y la Democracia, de la que es parte ésta central, presentaba el informe “Un año de lucha contra la destrucción planificada de los DDHH y la democracia” denunciando y advirtiendo sobre el riesgo que corren históricas conquistas fruto de la lucha del movimiento de derechos humanos, ejemplar en el mundo, ante la ofensiva expresada del gobierno de Milei.
El informe profundiza sobre esa ofensiva la que se materializa a modo de síntesis, en discursos intolerantes y de odio como expresiones de negacionismo y reivindicadoras de la dictadura por parte de Javier Milei y Victoria Villarruel disputando el sentido más profundo del NUNCA MÁS, ataques a referentes del campo de los derechos humanos; visita de diputadas y diputados de la Nación a represores y condenados por delitos de lesa humanidad y utilización de otros recursos jurídicos – como el hábeas corpus – a fin de obtener beneficios teniendo en el horizonte una amnistía; ingreso y acto de provocación en la ex ESMA de una camada de egresados de este lugar que funcionó como centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio; desmantelamiento de los equipos de relevamiento y análisis de archivos de las FFAA del Ministerio de Defensa que aportaban información en los juicios que investigan y sancionan delitos de lesa humanidad y genocidio; desmantelamiento del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que filmaba las audiencias en los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país; disolución de la Unidad Especial de Investigación de la CoNaDI, organismo que se ocupa de la búsqueda de niñas y niños robados durante la dictadura; y desmantelamiento de los Sitios de Memoria y áreas claves de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expresada en los despidos de trabajadoras y trabajadores y en la paralización de las obras de mantenimiento y reparación.
En ese sentido, de la mano de Alberto Baños, Secretario de Derechos Humanos de la Nación y del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Mariano Cúneo Libarona, el desfinanciamiento y los despidos en el área no pararon.
Además de anunciar el cierre de las puertas del Centro Cultural Haroldo Conti, preocupa en particular a ésta central de trabajadores y trabajadoras la situación del Archivo Nacional de la Memoria (ANM). Creado por decreto 1259 en el año 2003, se constituyó en el principal acervo para la preservación de toda aquella información, testimonios y documentos relacionados con las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, que con carácter de intangibilidad debe ser conservado sin alteraciones, asegurando su integridad para las generaciones futuras. Allí se encuentran los archivos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
Asimismo, numerosas son las entrevistas con diversa documentación original aportadas por víctimas, testigos y querellantes que han manifestado su gran preocupación ante el riesgo que pueda correr este material, testimonio histórico de lo sucedido en la Argentina en los años de plomo. Todo lo cual puede atentar también respecto del resguardo de prueba que puede contribuir a la sustentación de los juicios que juzgan delitos de lesa humanidad. Por lo tanto manifestamos nuestra profunda preocupación por la seguridad de dicho archivo.
En este contexto, se ha constatado que al día de la fecha, y considerando el conflicto laboral de referencia, que se detalla a continuación, queda en peligro ese patrimonio documental.
Con un archivo sin autoridades designadas, con un backup parcial de la información, testimonios y documentos, con más despidos, precarización y ajuste, el proceso de memoria está amenazado y en riesgo. Sobre un total de ciento tres (103) trabajadores y trabajadoras del ANM, treinta seis (36) personas fueron despedidas mientras que dieciséis (16) se encuentran sin contrato a la espera de su renovación. En tanto las personas trabajadoras que continúan sufrieron una drástica reducción salarial. En pocos renglones denunciamos la gravedad y profundas implicancias que tienen las distintas medidas, no solo en el funcionamiento sino también en los objetivos establecidos al crearse el ANM.
Con los últimos despidos peligran el funcionamiento de sus distintas áreas. Por ejemplo, no hay quien garantice la atención en la Sala de Consultas; en Investigaciones Históricas la mitad de las personas que allí se desempeñaban fueron despedidas; en Conservación quedó una sola persona trabajadora a cargo de la conservación de cinco kilómetros (5 Km.) de documentos ubicados en trece (13) depósitos; en Respuestas a oficios judiciales y antecedentes de crímenes de lesa humanidad quedó sólo una persona al igual que en Recursos Humanos; en Digitalización dos (2) personas; en Gestión de Fondos Fotográficos y Audiovisuales, menos de la mitad del área para tareas de archivo, migración y acceso a los documentos y en el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), la mitad del área para las investigaciones de víctimas y CCD y para la actualización de legajos CONADEP.
No podrán con la fuerza de la memoria colectiva. No podrán cuando nuestros/as 30.000 y la Memoria, Verdad y Justicia nos guían. Convencidas y convencidos de que el camino es la lucha en la más amplia unidad del campo popular, continuaremos exigiendo codo a codo la reincorporación de los y las trabajadoras despedidas y el retroceso de todas aquellas medidas que atentan y obstaculizan las políticas de memoria, reparación y DDHH.
Por más Memoria, Verdad y Justicia. NUNCA MÁS.
30.000 Compañeras y Compañeros detenidos-desaparecidos
Presentes! Ahora y Siempre!
*Fuente: Nota publicada en ctaa.org.ar
