Las y los trabajadores de prensa y comunicación organizados en el CISPREN asistimos al momento más delicado desde la recuperación de nuestra democracia.
El cierre de la agencia de noticias Télam, el silenciamiento de Radio Nacional y la TV Pública, el ajuste y desguace de nuestros Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) junto con la desfinanciación sistemática de los medios autogestivos, la precarización y la flexibilización laboral en los medios privados con salarios de hambre por debajo de la línea de la indigencia: Representan un vaciamiento sin precedentes.
Nos encontramos en medio de una tormenta con consecuencias terribles en materia informativa que afectan a la sociedad en su conjunto y cuyos responsables son las autoridades de los gobiernos de turno tanto a nivel nacional, provincial y de la UNC. En lo que respecta a la comunicación y al trabajo de prensa hay puntos en común que no distinguen colores políticos. El desenlace a la fecha es absolutamente incierto.
Las consecuencias de esta situación atentan directamente contra el derecho a la comunicación y, por lo tanto, al colectivo de prensa junto a todo el movimiento obrero organizado y a toda la sociedad.
Cuando hablamos de emergencia, no solo es en relación al contenido periodístico y a la producción de información, sino también a las condiciones laborales con salarios de indigencia. De noviembre de 2023 a esta parte, el poder adquisitivo del sector ha caído más del 80%. El sueldo de un trabajador/a de prensa está en el peor momento del que se tenga registro. El salario inicial de $458.000 (en Capital) no le hace sombra a la línea de pobreza. En el territorio provincial la situación es aún peor.
Ante este escenario, no sólo prolifera el pluriempleo, sino que las y los compañeros abandonan la actividad. Menos periodistas, son menos medios y peor calidad informativa. ¿A quién beneficia la concentración mediática?
En el sector de la autogestión la situación es límite. En la provincia de Córdoba hay 54 medios de comunicación, que cuentan con más de 700 trabajadoras y trabajadores y más de 1000 compañeros y compañeras que colaboran con esos medios. Son los principales damnificados por el fin de la pauta oficial a nivel nacional y el recorte planteado por parte del gobierno provincial y los diversos gobiernos municipales. A ello, se le debe sumar el cierre de los diversos programas de fomento y promoción que ayudaban a generar un ingreso. Hoy ni eso están logrando. Estos recortes ponen en jaque su continuidad.
Uno de los aportes fundamentales de la Ley 26.522 fue pensar a la información como un derecho y no como una mercancía. Fue la síntesis de años de debates en el conjunto de organizaciones y sectores comprometidos con el desarrollo de una comunicación diversa y plural.
El gobierno liberal de Milei pone a la información como un bien de mercado. Ni hablar de su constante patoterismo para con las y los trabajadores: Denosta a la actividad y fomenta el escarnio público a periodistas de diversas líneas editoriales.
En este escenario, señala que los medios públicos deben ser “rentables”. Desconociendo no sólo el paradigma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino el rol social que deben tener medios como la TV Pública, Radio Nacional o los SRT de la UNC en Córdoba. Sumado al desmantelamiento de Telam, que pasó de ser la segunda agencia de noticias más grande de América Latina, a convertirse en una usina de publicidad.
Está claro que al Gobierno Nacional no le interesa garantizar que la población acceda a información de calidad. ¿Se imaginan la pandemia sin medios que te cuenten cómo cuidarte del covid? ¿Qué pasaría si en una ola de dengue no existieran medios que garanticen una campaña de prevención?
En este sentido, debemos repudiar el decreto del Gobierno Nacional que restringe el acceso a la información pública. Esto trae graves consecuencias para el libre ejercicio de la profesión y atenta contra el derecho humano a la información de la ciudadanía.
Cuando el 25 de mayo de 1810 se gritaba “el pueblo quiere saber de qué se trata” es porque desde el nacimiento de esta Nación somos conscientes que la información es poder, y que ese poder debe estar al servicio del pueblo y no de un mercado que le da la espalda a la clase trabajadora y a la sociedad
La acción colectiva.
En este contexto, desde el CISPREN venimos coordinando espacios colectivos en los cuales construimos las respuestas para frenar el desempleo, la precarización y el cierre de medios cooperativos, autogestivos y comunitarios (CAC).
Fuimos impulsores de la Mesa Sindical de las Comunicaciones que comenzó hace más de un año. Es una instancia clave de articulación con Gráficos, SATSAID (Televisión), ATRAAC (operadores de radio) y SUTEP (Espectáculos públicos y afines).
La intersindical de los SRT fue el corazón de una lucha que permitió frenar las embestidas de la cúpula universitaria en su intento por vaciar el histórico multimedio.
Reinstalación del delegado despedido ilegalmente de LV 16 – Radio Río Cuarto. Lucha que mostró la unidad sindical en toda la provincia
La Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios (CMCC) de Córdoba que integramos en conjunto con la Red de Medios Digitales, FARCO y FADICCRA, fue la herramienta que permitió gestionar un programa de fomento para el sector con fondos de la provincia. La distribución equitativa de la pauta oficial garantizaría el acceso a la información pública y el sostenimiento de estos medios. Sin embargo, la actual gestión discrecional pone en riesgo la continuidad de los medios y cientos de puestos de trabajo.
Confederación de medios Cooperativos y Comunitarios
Fue también la coordinación de los sindicatos de base de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) la que logró que se retire de la Ley Bases la privatización de la TV Pública y Radio Nacional. La misma coordinación que llenó de solidaridad el histórico acampe de las y los trabajadores de TELAM quienes estuvieron más de 130 días frente a la redacción en defensa de sus puestos de trabajo.
La síntesis de estas experiencias se plasman en la reactivación y fortalecimiento de un cuerpo de delegados y delegadas en el que confluyen representantes de los medios privados, públicos y autogestionados de toda la provincia.
Este es el camino que debemos profundizar si queremos dar la batalla que nos exige este inédito momento político. A crisis sin precedentes, batallas sin precedentes.
