Desde las 10 se realiza un acampe enfrente de Tribunales II para exigir la liberación de Federico Giuliani, secretario general de la CTA Córdoba y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El Cispren repudia la criminalización de la protesta social. El Centro de Estudios Legales y Sociales se presenta como amicus curiae en la causa.
Por Redacción*
«Desde el Cispren no solo repudiamos el ataque a los dirigentes sino a los trabajadores de prensa que cubrían la jornada. Esto implica una violencia ejercida por parte del Estado que no se puede aceptar. Asimismo, estas situaciones afectan gravemente el ejercicio de derechos fundamentales tales como el de la libertad de expresión, la libre asociación y participación. Estamos en contra de la criminalización de la protesta social en momentos tan delicados donde el pueblo tiene hambre», manifestó la secretaria General del Cispren, Adjunta de la CTAA Nacional y de Organización de la FATPREN.
Desde las 10 de este lunes se realiza un acampe frente a Tribunales II (Fructuoso Rivera 720) para exigir la liberación de Federico Giuliani, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Córdoba, detenido la semana pasada junto a otras 14 personas, cuando reclamaban por alimentos en las puertas de la secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba.
En ese contexto detuvieron a Federico Giuliani, junto a la Secretaria Adjunta de la Central, Silvia Alcoba junto a trece integrantes de la CTAA. También los trabajadores de prensa que cubrían la jornada fueron violentados.
El viernes último, en la jornada de protesta, a la que el Cispren acompañó desde un primer momento, repudiando la arbitrariedad de la medida, Mandakovic expresó: “Esto parece una ironía, mientras vemos que estamos en un país donde gobierna la coima, las y los trabajadores que reclamamos y queremos luchar por nuestros salarios, por un plato de comida en las mesas de nuestros barrios, por nuestras compañeras que se organizan para dar de comer, nos meten preso».
Asimismo, la dirigenta denunció la persecución que realiza el gobierno de Llaryora sobre dirigentes sociales y sindicales: “La Córdoba de cordobesismo es parte de la desintegración de nuestro país, donde las provincias funcionan como feudos, la política de la represión se visibiliza fundamentalmente en la criminalización de la protesta social. Que compañeros que están reclamando un bolsón de comida, reciban ese nivel de agresión, es insólito”.
Giuliani fue detenido de manera se lo acusa y está sometido a un proceso penal en el que se lo acusa delos delitos de resistencia a la autoridad, lesiones y amenazas. La detención de Giuliani se realizó con una violencia tal que se el dirigente sufrió una quebradura de codo y debió ser hospitalizado.
Por otra parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales se presenta como amicus curiae en la causa, entre sus argumentos el derecho de protesta social «constituye uno de los pilares sobre los que se asientan las sociedades democráticas y se encuentra solo reconocido no sólo por la Constitución nacional (art. 14 bis) y Provincial (Art. 51), sino también por los tratados internacionales de derechos humanos incorporados al bloque constitucional por el art. 75, inc. 22 (art. 20, DUDH; art. 21 PIDCyP; art. 15 CADH). «. Esto implica que la protesta social se encuentra estrechamente relacionada con el ejercicio de una serie de derechos en particular la libertad de expresión , el derecho de reunión, la libertad de asociación y el derecho de participación en los asuntos públicos», expresa entre otras numerosas argumentaciones el CELS.
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Imágenes: CTAA- ATE
