por Admin | Ago 27, 2020 | Novedades
El martes último se realizó en Canal 8 Telefé Córdoba, la primera capacitación interna en perspectiva de género en un medio de comunicación de nuestra provincia, en el marco de la Ley Micaela, organizada por el Ministerio de Mujer de Córdoba, la Secretaría de Género del Cispren y autoridades de la empresa.
La instancia de formación estuvo a cargo de la Ministra Claudia Martínez con una participación muy importante de trabajadores y trabajadoras de diferentes áreas de este medio de comunicación. Esta fue propulsada por la delegada de género del canal, Karina Ortíz. Vale aclarar que es el primer medio en la provincia que posee, de acuerdo a nuestro protocolo, una delegada de género.
En la jornada se trabajaron, entre diversos temas, aspectos vinculados a los marcos legislativos y las diferentes tipos de violencias simbólicas que se reproducen de manera cotidiana.
Desde el Cispren se agradece la participación de la Ministra de la Mujer, Claudia Martínez, la buena predisposición de la empresa y, fundamentalmente, la de los trabajadores y trabajadoras en una instancia que nos permite seguir avanzando en capacitaciones tan necesarias como estas.
por Admin | Ago 26, 2020 | Novedades
El Cispren repudia las expresiones vertidas por el expresidente interino Eduardo Duhalde cuando en un programa televisivo dijo que «es ridículo pensar que vaya a haber elecciones el año próximo” y auguró un Golpe de Estado.
Por Redacción*
Comunicado de Prensa
Tras las desafortunadas –mejor, perversas- declaraciones del expresidente interino Eduardo Duhalde vaticinando un “golpe de estado” durante una entrevista televisiva, desde el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren) expresamos nuestro más enérgico repudio ante tamaña irresponsabilidad.
Más allá de algunas opiniones tendientes a restarle entidad a sus dichos, por lo delirantes o por provenir de alguien fuera de sus cabales, lo cierto es que la envergadura del emisor amerita a alertar sobre este tipo de intervenciones que, como ha sucedido tantas veces, buscan generar un clima enrarecido.
Sería caprichoso hacer una analogía de situaciones históricas como son la crisis de finales de 2001 y la que vivimos hoy producto de una pandemia tras cuatro años de un gobierno neoliberal que esquilmó el país.
Con todo el dramatismo vivido en 2001, no se escuchó en aquella oportunidad vaticinar un golpe. De ahí la gravedad de los dichos de Duhalde, porque cuando afirmó también que es “ridículo pensar que vaya a haber elecciones el año próximo”, levantó por lejos la apuesta agitada por muchos antes con la consigna anti-política “que se vayan todos”.
Aunque muchos no tomen en serio lo afirmado o le resten trascendencia, consideramos necesario no dejar de asociar este intento por agitar fantasmas del pasado con medidas del gobierno nacional, algunas anunciadas y otras ya decididas, y que podrían afectar poderosos intereses económicos.
Por último, es necesario, frente a estas situaciones, el ejercicio de la profesión por las y los periodistas con la mayor responsabilidad, haciendo gala de la responsabilidad social que tenemos al momento de producir contenidos informativos.
Nuestra responsabilidad social es, ante nada, la defensa de la democracia. Y advertir sobre el papel de algunos medios, en especial los llamados hegemónicos, que se montan en una opinión, por demás temeraria, tratándola como noticia, instalando en el imaginario escenarios irreales de inestabilidad política.
Sencillamente porque el pueblo argentino ya dijo NUNCA MÁS.
*Prensa y Comunicación Cispren| Fotografia Télam
Ver Comunicado de la CTAA aquí
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por Admin | Ago 26, 2020 | Novedades
En un comunicado de prensa que lleva las firmas de Rafael Vargas (secretario de Derechos humanos) y Ricardo Peidró (secretario General) destacan que «estas expresiones del odio» son impulsadas por «grupos de intereses que no están dispuestos a renunciar a sus privilegios ni someterse a control ni regulación alguna por parte de la sociedad».
Por Redacción*
Comunicado de prensa
Por nuestra historia atravesada por gobiernos autócratas y despóticos, con las consecuencias del genocidio de la última dictadura cívico-militar-eclesial, la sola mención de una hipótesis de grupos organizando una ruptura institucional genera alarma y preocupación por lo que debe ser inmediatamente investigada por la justicia.
Del mismo modo, debemos señalar que no nos sorprende que el rumor de la posibilidad de golpe de Estado se instale en los debates públicos ya que se da en consonancia con el recrudecimiento de expresiones de algunos sectores violentos, con discursos de tinte fascistas y racistas, con un fuerte componente de odio de clase y posicionados abiertamente en desprecio a la vida en democracia, como quedó expresado en la movilización que violó todas las normas de resguardo sanitario el pasado 17 de agosto.
Nos parece claro que el recrudecimiento de estas expresiones del odio, desproporcionadamente amplificadas por el establishment mediático, son impulsadas por grupos de intereses que no están dispuestos a renunciar a sus privilegios ni someterse a control ni regulación alguna por parte de la sociedad. Muy por el contrario, el macrismo los acostumbró a gozar de beneficios ilimitados y pretenden que la crisis económica y social que ellos provocaron y agravada ahora por la pandemia, sea una oportunidad más de negocios y acrecentar exponencialmente sus beneficios y barrer con todos los derechos que hemos conquistado.
Desde esta Central de trabajadores y trabajadoras creemos que hay que terminar con los lobbies y los grupos de presión. Es necesario desemascararlos y someterlos la justicia. Sostenemos también que la mejor manera de defender la democracia es profundizarla, promoviendo el acceso a los bienes y servicios básicos para todos y todas, a la vez que impulsar reformas que permitan la plena participación de la ciudadanía en las instituciones.
Como ha ocurrido siempre, estamos y estaremos al lado de nuestro pueblo defendiendo el derecho a vivir en libertad, eligiendo a quienes nos gobiernan y exigiéndoles a estos respeto al mandato popular.
*Prensa y Comunicación CTAA-Agencia Acta|Imagen ilustrativa
Ver Comunicado del Cispren aquí:
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por Admin | Ago 26, 2020 | Novedades
El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren) celebra la medida que asegura «la accesibilidad de las argentinas y los argentinos a los servicios de las telecomunicaciones y garantizar así la conectividad a lo largo y ancho de nuestro país, con calidad y precios razonables».Comunicado.
Por Redacción*
Desde el Cispren saludamos la decisión de declarar a la telefonía celular y fija, las prestaciones de Internet y la TV paga como servicios públicos.
El Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Alberto Fernandez, a más de incluir el congelamiento de las tarifas hasta el 31 de diciembre, indica que «el derecho de acceso a internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libre expresión”. También esta norma destaca la relevancia de las Tecnologías de la Información (TIC) “para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y la importancia de que a todas las personas les sea garantizado su acceso a las mismas”.
Desde el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren) no podemos menos que celebrar esta decisión del Estado, para asegurar la accesibilidad de las argentinas y los argentinos a los servicios de las telecomunicaciones y garantizar así la conectividad a lo largo y ancho de nuestro país, con calidad y precios razonables.
Y pensamos no ya en lo imprescindible de estos servicios para el ejercicio del periodismo; pensamos en el difícil momento que atravesamos en la Argentina y en el mundo todo, cuando una pandemia desnuda las enormes brechas de las sociedades al momento de acceder a servicios esenciales. Lamentablemente la falta de conectividad de muchísimos estudiantes argentinos se manifiesta en el irregular desempeño en la educación a distancia: no todos acceden a los contenidos educativos de la misma manera y esa desigualdad duele.
No somos ajenos a los abusos a los que nos someten las compañías que brindan estos servicios en un mercado cuya concentración se profundizó durante el anterior gobierno. Y como organización sindical, debemos estar atentos al consabido argumento de las empresas toda vez que ven menguadas sus ganancias y en esa puja trasladan al eslabón más débil, los trabajadores y las trabajadoras, la merma en sus ingresos. Por ende, a la vez que aplaudimos la medida, instamos al Estado a ejercer estrictos controles para garantizar los procesos de inversión y evitar la precarización de los servicios, esto último como recurrente forma de presión ante cualquier medida que se considere contraria a los intereses empresariales.
Es necesario apuntalar el papel del Estado con decisiones políticas como esta. Garantizar el acceso a bienes y servicios a toda la población es, en definitiva, una función irrenunciable. El fortalecimiento de empresas de gestión estatal como ARSAT resulta fundamental a la hora garantizar el acceso de todas y todos a los servicios de telecomunicaciones. La soberanía comunicacional y tecnológica es una de las metas para alcanzar el objetivo de una sociedad democrática e igualitaria; la soberanía comunicacional y tecnológica propenderá hacia una sociedad con libertad de expresión y pleno ejercicio del derecho a la información.
Comisión Directiva
Córdoba, 25 de agosto de 2020
*Prensa y Comunicación Cispren|Imagen ilustrativa
www.cispren.org.ar
por Admin | Ago 25, 2020 | Novedades
La posición del Cispren frente al proyecto de ley de reforma judicial y el artículo 72 que indica que si un Juez recibe presiones debe “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos”.
Por Redacción*
A propósito de la polémica desatada a partir de la inclusión en el Proyecto de Reforma Judicial de un artículo con mención explícita de los medios (y por ende de los y las periodistas que se desempeñan en ellos) y que podría lesionar la libertad de expresión y auspiciar la autocensura frente a informaciones sensibles vinculadas a causas judiciales, consideramos necesario pronunciarnos, en tanto las reacciones que en nuestro colectivo produjo.
El párrafo del artículo en cuestión, el artículo 72, sostiene que los jueces deberán “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
Partiendo del concepto de responsabilidad social de nuestro oficio; de la defensa irrestricta de la libertad de expresión y del derecho a la información de todos los ciudadanos, decimos:
1. Consideramos que el proyecto de reforma judicial no sólo es legítimo por parte de la fuerza política que gobierna, sino también que es una necesidad. Y todo más allá de los puntos que se omiten o la profundidad de una reforma que, en los considerandos, intenta devolver el prestigio menguado del Poder Judicial. Pero en la loable intención, consideramos yerros graves en la formulación descripta, que no lleva a otra cosa que alimentar el fervor de los segmentos más reaccionarios que por estos días se manifiestan de todas formas, incluso en la calle, con demandas difusas aunque todas por igual retrógradas y claramente autoritarias y contrarias al interés general: desde el desconocimiento de medidas sanitarias por una pandemia, hasta la exaltación de un modelo patriarcal, pasando por aventar fantasmas como ataques hacia la propiedad privada o desvíos autoritarios de parte de un gobierno democrático.
2. ¿Es necesario incorporar esa enmienda? ¿No es una contradicción en sí misma? Porque si de realzar el papel de la Justicia se trata, dotándola de herramientas que potencien su independencia, buscando agilizar los procedimientos, en definitiva creando condiciones para el servicio de justicia que nuestro pueblo se merece, en realidad estamos colocando a jueces y fiscales en un lugar de debilidad frente a los poderes fácticos. Como dice el constitucionalista y experto en temas de prensa y libertad de expresión Miguel Rodriguez Villafañe: “Si no podés tolerar la presión no podés ser Juez».
3. La información al Consejo de la Magistratura de “presiones”, necesariamente requiere más precisiones. ¿Es la mejor manera de evitar las presiones? Sin desconocer el hecho emblemático, vergonzoso, de un periodista llamando a escrachar a los hijos de un juez que falló de tal manera, ¿no ameritaría una acción contra el agresor, sin importar su oficio?
4-Si la intención es resguardar y proteger a los magistrados de cualquier hostigamiento, en particular de los grandes poderes concentrados, minorías acostumbradas a presionar a los poderes del Estado para conservar sus privilegios, lo cierto es que flaco favor le hace a la imprescindible recuperación de confianza en nuestra Justicia. Estamos, en todo caso, frente a un reconocimiento de las debilidades e incompetencias de los funcionarios del Poder Judicial, pilar del sistema democrático. Con este desatino, tomamos distancia de la idea primera de esta Reforma: apuntalar a los hombres y mujeres encargados de dictar Justicia, en un país sumido en desigualdades y tratos sesgados del Poder Judicial según la condición social de los demandantes de ese servicio esencial a la hora de construir una sociedad más equitativa.
*Prensa y Comunicación Cispren
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por Admin | Ago 23, 2020 | Novedades
La Coalición por una Comunicación Democrática celebró que el Presidente Alberto Fernández declare como servicio público a la telefonía celular, internet, y la televisión paga. De este modo favorece el «acceso a la comunicación, la educación, la cultura y la información, previstos en nuestra Constitución y los Tratados Internacionales». Comunicado completo.
Por Redacción*
Comunicado
La Coalición por una Comunicación Democrática celebra la decisión del Presidente Alberto Fernández de declarar Servicio Público la telefonía celular, internet y la televisión paga como un requisito necesario para asegurar el ejercicio de los derechos de acceso a la comunicación, la educación, la cultura y la información, previstos en nuestra Constitución y los Tratados Internacionales.
La idea central de la Coalición, desde su inicio, fue considerar la Comunicación como un Derecho humano básico y por eso celebramos el dictamen del DNU 690/2020 que afirma que “el derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables».
En nuestro pronunciamiento de los Nuevos 21 Puntos, de marzo de 2016, expresamos la necesidad de que el derecho a la comunicación abarque “todas las formas de comunicación de las personas, incluyendo todos los medios y soportes, cualquiera sea la tecnología utilizada para la difusión y recepción de contenidos», subrayando la «obligación del Estado de asegurar que en el acceso a los servicios de comunicación audiovisual y de las TIC esté prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o de nacionalidad, edad, discapacidades, condición social o económica, condiciones de salud, religión, sexualidades, identidad de género o cualquier otra que atente, anule o menoscabe la dignidad humana, los derechos y libertades de las personas».
De la misma manera, solicitamos al Estado la adopción de «todas las medidas pertinentes para asegurar, con independencia de la localización geográfica, el acceso universal en condiciones de calidad y a precios justos y razonables.» En tal sentido, reclamamos la necesidad de restablecer el «abono social a los servicios de comunicación audiovisual y de los operadores convergentes», que el macrismo derogó por decreto.
Asimismo, coincidimos con los fundamentos de la medida en cuanto a que «es necesario recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso» a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), estableciendo además planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria«.
Recordamos que diversas organizaciones y la misma CCD veníamos proponiendo que “el acceso y permanencia en el sistema infocomunicacional es un derecho y no un privilegio”, por ese motivo consideramos que los servicios que comprenden internet, telefonía celular y TV por suscripción “deben ser tutelados por el Estado a partir de declararse como Servicios Públicos Esenciales y Estratégicos para el país”, siendo considerados como servicios públicos esenciales en competencia.
Reafirmamos que debemos pensar en una Argentina Integrada desde la comunicación, que priorice el acceso y permanencia de los ciudadanos y las ciudadanas en el sistema digital e infocomunicacional, donde nuestras mujeres, jóvenes, niñas y niños, mayores, sectores de la economía popular y PyMEs tengan un lugar de equidad a la hora de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la comunicación”.
Finalmente, mantenemos el desafío de actualizar la regulación audiovisual, desarmada por DNU de Macri, y el tratamiento de la TV de pago como servicio de comunicación audiovisual, tutelando la libertad de expresión y los derechos de acceso y participación de ciudadanos y ciudadanas en todo el país».
Imagen ilustrativa
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