El jurado del concurso organizado por el Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (Islyma) seleccionó con el primer premio al trabajo «La Gota», del periodista Sergio Martín Coria. Allí narra la doble problemática de la salud laboral por las muertes de operarios de una constructora, y la situación psicológica del periodista despedido por escribir sobre el hecho.

Por Sergio Coria *

Corría el año 2012, cuando se desarrollaban obras para colocar las cañerías de la red de gas natural en Villa Unión. Lamentablemente, este trabajo terminó con un saldo fatal. Con el tiempo, se supo que esta tragedia, estuvo marcada no sólo por la falta de medidas y protocolos de seguridad, sino porque también la ordenanza municipal se encontraba mal redactada, dado que los costos de esas obras los debía afrontar el municipio y posteriormente, cada frentista, es decir, que se cobraba dos veces.

Así, el periodista de Villa Unión Alejo Verón, narra la historia de tres operarios del pueblo , Hugo Albardo y Héctor Salinas que quedaron enterrados por una avalancha de tierra debido a que no se respetaban las medidas de seguridad obligatorias para las obras. Tanto Albardo como Salinas perdieron la vida en el accidente, mientras que Fabián Salgado, el único sobreviviente de la tragedia, se quitó la vida por los daños psicológicos de la tragedia.

A medida que el autor se va adentrando en la investigación descubre todo tipo de actos corruptos y condicionantes para decir la verdad. Luego de la intervención de la justicia denunció presiones políticas y económicas sobre investigadores, políticos, familiares de las víctimas e incluso el propio periodista.

A pesar de la negativa del diario en el que trabajaba para dar a conocer esta denuncia, Verón publicó la información en un periódico de la capital bajo el título  “Corrupción y negligencia sacuden al poder político de Villa Unión, contundente testimonio del único sobreviviente de un supuesto accidente laboral”.

Un año después, imputaron por homicidio culposo agravado al intendente Mariano Gilmar, al Secretario de Obras Públicas, Ingeniero Matías Diponte y al capataz Eusebio Riveros con los cargos de homicidio culposo agravado por la cantidad de hechos, negligencia y lesiones graves en perjuicio del único sobreviviente. Podrían recibir una pena de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.

A raíz de esto, el periodista fue desvinculado y desalojado de la empresa donde se desempeñaba. Sus compañeros redactores, decidieron en Asamblea enviar a imprenta el artículo y dar a conocer la información en señal de apoyo.

El día de la tragedia, los vecinos encargados del Museo comunitario, se acercaron por la mañana a reclamar al capataz, que no se estaba trabajando con los protocolos establecidos para la preservación de eventuales hallazgos arqueológicos en el lugar. Mientras tanto, cinco operarios realizaban una profunda excavación, dentro de la cuál trabajaban tres operarios más.

En ese momento, el piso comenzó a hundirse y solo se escucharon gritos. La tierra y los escombros cubrieron la zanja y a los trabajadores que se encontraban allí. Tras media hora de trabajo, los bomberos encontraron a dos trabajadores sin vida, Hugo Albarado y Héctor Salinas; y a Fabián Salgado, quien fue trasladado a una clínica cercana.

En la redacción del diario, Alejo Verón fue relevado del tema, pero sintió la necesidad de conocer la verdad e investigar. Así, se enteró que algunos funcionarios municipales comenzaron a contactar a los familiares de las víctimas y testigos para saber cómo su testimonio podría afectar a la imagen del intendente.

Los funcionarios intentaban y en algunos casos lograban comprar la verdad de los sucesos, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) comenzó a instalar la teoría de la irresponsabilidad de los operarios por no usar los recursos preventivos que eran inexistentes.

Los medios no podían reflejar lo que pasaba por distintos condicionamientos como la publicidad o el aporte económico que les realizaba el municipio, por este motivo morigeraban cualquier dato que brinde responsabilidad a la aseguradora o al municipio.

Las familias de los fallecidos recibieron una indemnización a cambio de desistir de acciones civiles para lograr la reparación económica.

Salgado, el único sobreviviente, no aceptó, para darle lucha a la impunidad, y aclaró que le advirtieron al capataz el día anterior sobre la necesidad de hacer un encofrado que brinde soporte a la excavación, pero el superior se negó “por falta de tiempo”.

Finalmente, acosado por el estrés post traumático de esa experiencia se quitó la vida convirtiéndose en la tercer víctima fatal.

*Trabajo entregado para el concurso «Sin Presiones». El autor se presentó bajo el pseudónimo «Alejo Verón». La nota fue publicada en el portal www.islyma.org.ar

El jurado del concurso estuvo conformado por Leda Berlusconi (licenciada en Comunicación Social y miembro de la Comisión Directiva del Cispren); María Luz Maiztegui (trabajadora docente jubilada de educación inicial y profesora en el nivel terciario de Didáctica y Enseñanza de las Ciencias Sociales), y Martín Méndez, (trabajador judicial y Secretario de prensa y coordinador del proyecto editorial de la Comisión Directiva de AGEPJ- Córdoba.)

Imagen de Portada: Instituto de Salud Laboral  y Medio Ambiente. Imagen de interior de redes sociales.

www.cispren.org.ar

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