En el actual contexto de situaciones de violencia laboral, que se acentúan en los diversos medios de comunicación, compartimos el informe «Medios sin violencias. La urgencia de políticas de abordaje y prevención», a partir del que se impulsó un Protocolo marco de Prevención y Acción ante la discriminación, el acoso y la violencia en el trabajo periodístico, que se aspira ampliar, actualizar o crear nuevos.
Por Redacción*
La Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, en articulación con la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) y con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de UNESCO, presentó los resultados de la investigación “Medios sin violencias. La urgencia de políticas de abordaje y prevención”, un estudio regional que expone la magnitud de la violencia de género al interior de las redacciones latinoamericanas.
El informe advierte sobre casos de violencia de género contra trabajadoras de prensa en redacciones y entornos digitales. A partir de esto se impulsó a la construcción colectiva de un «Protocolo marco de prevención y acción ante la discriminación, el acoso y la violencia en el trabajo periodístico», pensado como herramienta adaptable para medios y sindicatos de la región.
Del estudio surge que más de la mitad de los medios no cuenta con herramientas institucionales para prevenirla y abordarla. El mismo fue realizado en 14 países de América Latina y el Caribe, revela que el 57% de los medios de comunicación no cuenta con protocolos para abordar la violencia laboral de género y que apenas el 18,5% dispone de áreas especializadas para su atención. A su vez, el 75% de las y los integrantes de 95 medios consultados afirmó conocer al menos un caso de violencia de género hacia periodistas.
Violencias en redacciones y entornos digitales
La investigación, que incluyó 108 encuestas y entrevistas en profundidad, identificó 96 relatos de violencia. Las agresiones, en su mayoría, suceden en espacios físicos de trabajo como redacciones, estudios y oficinas. En segundo lugar, aparece el ámbito digital, a través de redes sociales, plataformas, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería. En uno de cada diez casos se combinan ambas modalidades.
El estudio advierte que los agresores en contextos presenciales suelen ocupar cargos jerárquicos altos dentro de los medios. En el plano online, en cambio, se señala con frecuencia a funcionarios gubernamentales y dirigentes políticos.
Las agresiones que se relatan tienen múltiples detonantes: la expresión de posicionamientos feministas o partidarios, la participación en reclamos salariales y, especialmente, la condición de mujer de las periodistas. También se registraron descalificaciones vinculadas a la apariencia física.
Entre los testimonios recogidos figuran situaciones de violencia verbal y psicológica por parte de superiores, acoso en redes sociales por difundir contenidos sobre feminismos y derechos de las mujeres, acusaciones de vínculos sexuales para desacreditar trayectorias profesionales y represalias tras denuncias internas.
Pocas denuncias y escasas sanciones.
Solo el 28,1% de las personas afectadas denunció la situación de violencia. De ese total, el 18,7% recurrió a instancias internas dentro del medio y el 9,4% acudió a la Justicia u organismos públicos especializados. El miedo, la naturalización de las agresiones o la percepción de que “no es lo suficientemente grave” aparecen entre los principales motivos para no denunciar.
Incluso cuando se formalizan denuncias, en el 54,5% de los casos los agresores no reciben sanciones. El informe identifica vínculos de protección o cercanía entre agresores y autoridades de los medios como uno de los factores que obstaculizan medidas disciplinarias.
Además, el 41,3% de quienes denunciaron sufrió represalias: el 17,2% fue despedido y el 24,1% recibió sanciones o medidas adversas tras hacer pública la situación.
El impacto del #MeToo y Ni Una Menos
El proyecto también analizó 27 protocolos de intervención y prevención de la violencia laboral y de género elaborados en 13 países, además de dos instrumentos de alcance regional. Muchos de ellos surgieron tras la irrupción en la región de movimientos como #MeToo, Ni Una Menos y el Paro Internacional de Mujeres de 2018.
El análisis contempló su adecuación a normas internacionales de derechos humanos, la inclusión de perspectivas de género e interseccionalidad y la incorporación de medidas preventivas. En general, la existencia de protocolos es valorada positivamente por las y los periodistas, aunque en medios grandes se advierte que aún falta mayor difusión y aplicación efectiva.
A partir de los hallazgos, se impulsó la construcción colectiva de un “Protocolo marco de prevención y acción ante la discriminación, el acoso y la violencia en el trabajo periodístico”, pensado como herramienta adaptable para medios y sindicatos de la región.
El informe busca visibilizar un fenómeno que, además de vulnerar derechos laborales, limita la libertad de expresión de las periodistas y, en consecuencia, afecta la calidad democrática en la región.
Actualmente, se está trabajando en una nueva instancia para ampliar la propuesta. Cabe destacar que el Cispren posee un Protocolo contra la Violencia de Género vigente. Y que quienes se interesen por sumarse a esta propuesta se puedan comunicar a nuestro gremio.
Teléfonos: 3514229214 (9 a 16). Correo electrónico: administracioncispren@gmail.com
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