Desde el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación repudiamos las decisiones adoptadas por la dirección de Radio Nacional en LRA7 Radio Nacional Córdoba, ya que configuran un grave avance contra la libertad de expresión, la pluralidad informativa y las condiciones laborales de las y los trabajadores de la emisora.
Las nuevas directivas brindadas implican el recorte de una hora de programación local para beneficiar la transmisión completa del programa emitido por LRA1 (Buenos Aires), “Primer Round”, conducido por el gerente de contenidos Nicolás Yacoy. Dicho programa, junto con su emisión vespertina, es el encargado de centralizar la línea editorial de las emisoras, borrando el carácter federal característico de la radio pública.
Además, las autoridades resolvieron el apartamiento de una reconocida periodista de la conducción de un programa local y ordenaron no incluir temática política dentro de la agenda de “La Mañana de Radio Nacional Córdoba”.
Esto último constituye un grave atentado contra el derecho a la información, ya que priva a la audiencia cordobesa del tratamiento de la agenda local en materia de información política de la provincia y sus departamentos. Asimismo, se informó que la línea editorial de Radio Nacional Córdoba será supervisada desde Buenos Aires, quienes mantendrán contacto permanente con el equipo de producción local para delinear y definir los contenidos que se abordarán cada día.
Esta decisión constituye un evidente mecanismo de control sobre el trabajo periodístico que desarrollan las y los trabajadores de Córdoba y representa un nuevo avance sobre la autonomía profesional y la libertad de expresión dentro de los medios públicos.
Las directivas adoptadas por las autoridades de la radio contradicen el espíritu y los principios establecidos en la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, aún vigente, que promueve la diversidad, el pluralismo, la producción local y federal de contenidos, así como el acceso democrático a la información y la representación de las distintas realidades culturales, sociales y políticas del país. Unificar los contenidos bajo los criterios de una única emisora atenta contra esos principios y debilita el rol que los medios públicos deben cumplir en una sociedad democrática.
Estas directivas no quedaron asentadas por escrito, al tiempo que implican modificaciones de tareas, cambios en la dinámica laboral y alteraciones en los equipos de trabajo.
Todo esto ocurre a pocos días de haberse concretado una nueva oleada de retiros voluntarios que profundiza el vaciamiento de Radio Nacional y deteriora el funcionamiento de los medios públicos. Asimismo, estas medidas se imponen en el marco de un conflicto paritario en el que las organizaciones sindicales vienen reclamando una urgente recomposición salarial frente a una pérdida del poder adquisitivo superior al 40%.
Actualmente, las y los trabajadores de prensa de Radio Nacional tienen un salario básico de 470 mil pesos, un ingreso absolutamente insuficiente para garantizar condiciones de vida dignas. Resulta inadmisible que, mientras se profundiza el ajuste sobre los medios públicos y sus trabajadores, también se avance sobre derechos garantizados por la Constitución Nacional y numerosos tratados internacionales.
Sostenemos que no se está frente a una mera reestructuración de programación, sino ante un proceso de censura, centralización informativa y disciplinamiento editorial que busca silenciar voces locales, restringir el ejercicio del periodismo y transformar a las emisoras de Radio Nacional en meras repetidoras de contenidos definidos desde Buenos Aires.