Los periodistas «hacen a la esencia y contenido del bien cultural» y el estado y la sociedad deben preservarlos, analiza un especialista. En esta nota explica cómo las corporaciones “invisibilizaron la deuda externa ilegítima” y luego lograron que «el Estado considere a los medios de difusión como bienes culturales. No así a los trabajadores y medios opositores. Cierre de medios, retiros voluntarios y despidos son moneda corriente.

 Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe

En los años 90´, políticas neoliberales propiciaron e incentivaron un fuerte endeudamiento empresario. Las empresas contrajeron grandes deudas en el exterior, pagaderas en dólares. Luego, con la ruptura de la paridad del peso con el dólar, en el año 2001, si bien muchas empresas lograron licuar las acreencias internas, se desvalorizaron sus activos y las deudas en dólares contraídas en el exterior crecieron y las dejaron al borde de la quiebra.

Esto evidenció, también, la fragilidad económica de las corporaciones dueñas de grandes medios de difusión en el país, como el grupo Clarín, respecto de sus acreedores externos que, después de la crisis económica, ellos tenían la posibilidad de quedarse como propietarios de dichas empresas de medios.

Estos grupos de diarios, tv, radio y cable, algunos de los cuales habían sido funcionales a volver invisible la problemática del endeudamiento externo ilegítimo, incluso que supieron alabar el mecanismo de la deuda odiosa, en carne propia, sintieron las consecuencias de esa política financiera y crediticia injusta. Entonces, presionaron, para que el Estado defienda a los medios de difusión como bienes culturales, a los fines de evitar caer en manos de los acreedores extranjeros.

Así, por ley 25.563, en febrero de 2002, se declaró la emergencia productiva y crediticia originada en la situación de crisis por la que atravesaba el país y, en función de ello, se suspendió en la ley de quiebra, la figura del llamado “cram down”. Éste mecanismo posibilitaba que otras personas, (no la fallida) adquieran el capital social y por ello, quedarse con las empresas en quebranto.

Pero, una vez más, la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo que, en mayo de 2002, a los tres meses de suspendido el “cram down”, por Ley 25.589, se reinstituyó la figura en la ley de quiebra y en la nueva norma, no se contempló ninguna excepción para las entidades comunicacionales. Atento el peligro que se cernía nuevamente sobre las empresas periodísticas nacionales y la posibilidad que pudieran pasar a manos del capital extranjero, en el año 2003, se dictó la ley nacional 25.750.

La norma determinaba, en lo que aquí importa, que el Estado nacional preservará especialmente, entre otros bienes culturales, a los diarios, revistas, periódicos y empresas editoriales en general; a los servicios de radiodifusión y de cable; a las productoras de contenidos audiovisuales y digitales; a las proveedoras de acceso a Internet y a las empresas de difusión en vía pública. Asimismo, se ordenó que no puedan las empresas culturales ceder el control sobre los contenidos de su producción.

La realidad demostró que las intenciones de lo que se buscaba no se cumplieron en su esencia y para todos. Los bienes culturales formadores de la opinión pública no podían ser sometidos a “cram down” pero, en los hechos, se fue dando una mayor dependencia de capitales extranjeros en el manejo de los grandes medios de difusión, y éstos se concentraron cada vez más.

Cuanto más grave ello, si los acreedores que entraban de esta forma a participar en las decisiones eran, por lo general, entidades crediticias extranjeras, que también eran acreedoras de deuda externa ilegítima de Argentina, por ejemplo, entre ellos los bancos norteamericanos JP Morgan-Chase, Goldman Sachs y Citibank.

Así, llegamos en el año 2018, cuando queda evidenciado que Mauricio Macri privilegia la protección de los bienes culturales cuando le son afines y que llevan su discurso hegemónico y operan con la fuerte presencia de bancos, como los antes mencionados o sus asesores. Mientras tanto, el gobierno se ocupa de ir haciendo desaparecer a aquellos medios y periodistas que no avalan su política y criterios.

Además, el objetivo de la ley de protección de los bienes culturales era para preservar diversas expresiones de la realidad del país, con sentido nacional y federal. Sin embargo, a Radio Nacional se la está vaciando de contenidos locales, convirtiendo a las señales en meras repetidora de Radio Nacional central. También en dicho medio público se están cerrando frecuencias de FM y despidiendo periodistas, sin descartar que existe una alarma ante la posibilidad que se busque privatizar emisoras de Radio Nacional.

Por su parte, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) ha decomisado equipos de radios comunitarias, alternativas y populares, que no pueden legalizarse integralmente, ya que el Estado no avanza en la distribución de frecuencias, cuando a dichos medios sin fines de lucro la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, vigente en la temática, les reserva el 33 por ciento del espectro.

Asimismo, hay hostigamientos y despidos en la agencia nacional de noticias (Telam) y en la Televisión Pública. Todo lo que deja en claro, que fundados en la necesidad de defender la cultura, sólo se ha garantizado especialmente, la preservación del capital y las ganancias de las grandes empresas comunicacionales. Y ahora, se desarman y dejan morir a los otros medios e incluso, el Estado quiere deshacerse de algunos de los que posee, y no para el bien de la democratización de la palabra.

A su vez, respecto de los llamados bienes culturales no se puede dejar de hacer presente que, en la conceptualización de ellos, hay que cuidar a los periodistas y las periodistas que le dan el verdadero contenido cultural, a la información y al ejercicio de la libertad de expresión.

Las grandes imprentas, las computadoras y demás objetos del inventario empresarial, no sirven para conformar un bien cultural, son sólo soportes. Pero, en aras de salvar el capital, como nunca, en los últimos tiempos, se han despedido u obligado a retiros voluntarios a gran cantidad de periodistas, no obstante ser ellos los que hacen a la esencia y contenido del bien cultural, que también hay que preservar por el Estado y la sociedad toda.

 *Abogado Constitucionalista y periodista de opinión

Nota publicada bajo licencia Creative Commons 

Fotografía ilustrativa Vaconfirma (portada) interior HDC.

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Estarán presentes Mariano Suárez y Natalia Vinelli autor del libro y directora de Barricada TV,  canal  que integra la grilla de la TDA. El texto da cuenta de una experiencia de comunicación popular en contraposición con las que muestran los medios privados en la Argentina. Lunes, 11 de Junio, a las 18, en la sede del Cispren, sita en Obispo Trejo 365.

El libro narra la experiencia de Barricada TV, primer canal popular que se encuentra en el canal 32.1 de la grilla de  la Televisión  Digital Abierta (TDA) en capital federal. Documenta la larga lucha del primer canal comunitario y alternativo que junto a Urbana TV accedió a la legalización plena, y expone las dificultades que atraviesa tras el cambio de gobierno la derogación de la Ley de medios cuya política de medios favorece a los medios concentrados.

El grupo de periodistas que hacen Barricada TV, al centro, Natalia Vinelli

Quienes asistan podrán dialogar con el autor del libro y la directora de la señal televisiva el próximo lunes 11, a las 18. Ambos contarán detalles sobre cómo nació la idea de la publicación,  la relación con el estado, la larga lucha judicial, el acercamiento a la noticia,  y las voces y problemáticas que en otros espacios no tienen cabida.

Entrada libre

Fotos: http://papel.revistafibra.info

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, Cispren, saluda a cada compañero y compañera trabajadora de prensa en su día. A 80 años del primer congreso de periodistas, celebrado en el año 1938 en Córdoba, y a 208 años de la fundación del Diario La Gazeta de Buenos Aires, los y las trabajadoras de prensa conmemoramos nuestro día luchando.

En este marco, lxs Trabajadorxs de la Prensa y la Comunicación de todo el país confluimos durante la jornada del 6 de junio en una Marcha Nacional llevada a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en defensa de nuestros puestos de trabajo y la dignidad de nuestros salarios. Este 7 de Junio no queremos regalos, queremos trabajo y salarios dignos!!

Simultáneamente en la Ciudad de Córdoba, una comitiva de compañeros y compañeras llevaron adelante reuniones en el Concejo Deliberante Municipal y en la Comisión de Trabajo de la Legislatura Provincial, para presentar un proyecto que promueva la emergencia en la actividad de prensa, como así también plantear la situación en materia de vaciamiento y despidos en los medios de la ciudad y la provincia. También, se llevó a cabo una nueva audiencia paritaria en la participamos miembrxs de comisión directiva y delegadxs de capital e interior en lucha por salarios dignos para la actividad.

Saludamos a los y las compañeras trabajadoras de prensa en nuestro día, manteniendo siempre presente que la mejor forma de celebrarlo es mantener viva la lucha en defensa de nuestros derechos y nuestras históricas conquistas. Recordamos a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa que el 7 de Junio es día no laborable, pero en caso de trabajarlo, su cómputo deberá ser desprendido de acuerdo a los convenios colectivos vigentes.

Comisión Directiva Cispren

Córdoba, 7 de Junio de 2018.

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El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, Cispren, adhiere y convoca a una nueva marcha NI UNA MENOS, esta vez en el marco de un momento histórico para nosotras las mujeres, ya que se está debatiendo la legalización del aborto en nuestro país.

Ante un escenario de crisis económica y social que se profundiza cada vez más, nuestra participación es necesaria y urgente. Convocamos a todas las compañeras trabajadoras de la prensa y la comunicación de la provincia a manifestarse en favor de nuestros derechos, exigimos:

-Salarios dignos para las trabajadoras de prensa.

-Igual remuneración por igual trabajo que cualquier compañero varón.

-Basta de acoso sexual en los lugares de trabajo.

-Basta de ajustes en los medios de comunicación.

-¡No más despidos!.

-No más persecuciones ni aprietes en los medios de comunicación.

-Libertad y Democracia Sindical.

-No al ajuste y no a los tratos con el FMI.

-¡No más muertas por aborto clandestino!.

– Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto Legal para no Morir.

-¡Basta de violencia machista!

-¡Basta de matarnos!

Hoy marchamos para visibilizar una vez más las problemáticas de las mujeres.

Nos convocamos hoy a las 18 hs en Colón y Cañada.

Córdoba, 4 de Junio de 2018.

Mariana Mandakovic, Secretaria General

Mónica Reviglio, Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades

Bárbara Arias, Secretaria de Prensa

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A 80 años de la celebración del Día del Periodista. Trabajadores de prensa de todo el país marcharán en Buenos Aires en defensa de las fuentes de trabajo,  por la plena vigencia de los Convenios Colectivos y los Estatutos profesionales, por salarios y condiciones de trabajo dignos y discutidos en paritarias libres. En contra de la reforma previsional y los intentos del gobierno de avanzar en la reforma laboral; la violencia física y jurídica y la concentración de la propiedad de medios de comunicación. Por una adecuada distribución de la pauta pública, que incluya a medios autogestionados y alternativos, ern defensa de los medios públicos y la libertad de expresión. Documento.

“Sin trabajo digno, no hay periodismo”

El periodismo argentino atraviesa uno de sus momentos más difíciles desde el retorno de la democracia. Las tareas de informar y comunicar que desarrollamos lxs trabajadorxs de prensa en los medios públicos y privados son afectadas por acciones gubernamentales y empresarias que parecen articularse estratégicamente mediante cierre de empresas periodísticas, reducción de personal por despidos directos, “retiros voluntarios” y/o “jubilaciones anticipadas”, y la aplicación forzada de la flexibilización laboral con el resultado económico como único fin real. Gobierno y empresarios reformulan así el “negocio” de la comunicación, deteriorando su función social y afectando seriamente la libertad de expresión, a través de contenidos dirigidos únicamente a obtener más y mayores ganancias económicas.

En los últimos tres años cerca de tres mil trabajadoras y trabajadores resultaron despedidos en nuestro país en la prensa escrita, radial, y televisiva. Sin embargo, aún en un contexto de reconversión hacia la convergencia de tareas, fuerte concentración empresaria y hegemonía del mensaje único, muchxs trabajadorxs de prensa tanto en medios tradicionales como autogestionados o populares persisten en la lucha contra la mercantilización del periodismo.

A esto se suman las modificaciones al marco legal que pretende impulsar el gobierno nacional, que priorizan los intereses económicos de grandes grupos empresarios y resultan en más concentración y menos democracia.

Y mientras el fin social del periodismo en nuestro país termina resumido a una fórmula comercial, grandes corporaciones extranjeras de internet obtienen utilidades millonarias utilizando contenidos producidos por trabajadore/as de prensa argentinos, que no pagan. Y también ellos, al igual que muchas empresas locales, publican “falsas noticias”, destinadas a manipular el debate público, con la rentabilidad como máxima prioridad y dejando en el olvido la responsabilidad social del periodismo.

Por eso, para los trabajadores y trabajadoras de prensa es tan importante el desafío de adaptarse a las nuevas tecnologías y garantizar una justa retribución por nuestra tarea, como preservar la pluralidad de voces y la diversidad de los mensajes por sobre el discurso único del mercado, condición indispensable para la construcción de una democracia inclusiva, auténtica, profunda.

Hoy en Argentina, gran parte del sistema de medios se sostiene con recursos públicos (Nación, provincia y municipios) y sin embargo nuestro país carece de un sistema eficiente para garantizar que al menos una parte de ellos sea distribuida entre medios de prensa sin fines de lucro, empresas autogestionadas y medios alternativos a la gran empresa privada.

Y aunque un criterio idéntico debiera aplicarse a la preservación de los medios públicos, hoy asistimos a un lamentable y vergonzoso proceso de vaciamiento y desfinanciamiento gradual de los medios administrados por el Estado nacional.

En este complejo y difícil contexto, frente a la pérdida de empleos, acuerdos salariales por debajo de la inflación y serio aumento de la precarización, el gremio de Prensa sigue dando la pelea. En cada provincia, en cada empresa, en cada redacción. Y somos conscientes además de que nuestra problemática actual es similar a las que atraviesan otras actividades, por cuanto las cámaras empresarias y el gobierno nacional coinciden en avanzar juntos en una reforma laboral de hecho que empeora condiciones laborales, desconociendo leyes, convenios colectivos y estatutos profesionales.

Así, los sindicatos de Prensa de todo el país han conformado la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa (MNTP) para evaluar juntos los temas de interés común y procurar acciones gremiales conjuntas, afrontando dos desafíos principales: priorizar el interés común de los trabajadores de prensa de todo el país, y articular planes de acción para frustrar los intentos patronales de precarizar cada día más el trabajo periodístico.

A través de nuestras organizaciones sindicales venimos desarrollando una serie de acciones en defensa de los derechos laborales y la libertad de expresión.

En los medios públicos (Radio Nacional, TV Pública y Télam) se denuncia y enfrenta el paulatino vaciamiento. Mientras el Sipreba articula en el ámbito de Ciudad Autónoma de Buenos Aires la lucha contra despidos de trabajadores y dirigentes sindicales y violaciones sistemáticas a los convenios colectivos por parte de RTA SE, en cada región del país los sindicatos de FATPREN y FETRACCOM resisten desde hace más de dos años el proceso de vaciamiento en la emisoras de Radio Nacional, mientras enfrentan la amenaza de que a los despidos y recortes salariales le siga la aplicación de un Plan de Regionalización que implicaría el cierre de decenas de radios.

A la situación planteada en los medios públicos se suman las acciones sindicales contra el cierre y/o achicamiento de medios privados (innumerables diarios del interior, Página 12, Agencia DyN, Radio del Plata, Radio El Mundo, Publiexpress, Radio Rivadavia, Radio Splendid, Rock and Pop) y las realizadas contra despidos o incumplimientos patronales enRadio LT3, La Capital y Radio LT8 de Rosario, La Voz del Interior (Córdoba), Los Andes (Mendoza), La Mañana (Neuquén), el Patagónico (Comodoro Rivadavia), Diario Hoy y Red 92 (La Plata), El Diario de Paraná (Entre Ríos), LU 22 Radio Tandil, FMQ (Quilmes), Diario Río Negro, El Cordillerano (Bariloche), entre muchos otros medios. Esta situación creada por las cámaras empresarias y avalada por el Ministerio de Trabajo resultó un antecedente grave a la hora de discutir las paritarias de Prensa 2018, frente a la persistente y ridícula pretensión gubernamental de fijar un 15 por ciento como techo para el aumento, mientras la inflación de precios y la devaluación permanente del peso superan ampliamente ese porcentaje.

Mientras tanto los/as trabajadores/as de medios populares, comunitarios y autogestionados sin fines de lucro sufren las consecuencias del incumplimiento y sub ejecución de las políticas legalmente vigentes para su fomento y desarrollo, la implementación de normas sancionadas por el Enacom que permiten el cierre arbitrario de radios “a sola firma” de funcionarios de segunda línea del organismo, como FM Ocupas de Moreno, los tarifazos de luz y la marginación absoluta de pautas publicitarias. Todo esto no sólo impacta en las condiciones y derechos laborales de comunicadores y comunicadoras –tan trabajadores como cualquiera aunque desarrollen su tarea sin patrones-, sino también sobre el Derecho a la Comunicación e Información de las comunidades donde se emplazan y la población en general, y su posibilidad de acceder a voces y miradas diferentes a las de los medios concentrados, en momentos de cerco informativo cada vez más uniforme.

En una fecha que siempre invita a reflexionar sobre el compromiso del periodismo y su presencia en situaciones de interés social, es destacable la activa participación de nuestras organizaciones sindicales junto a otras fuerzas gremiales, políticas y sociales en movilizaciones populares, como aquéllas contra las reformas previsional y laboral, cuyas consecuencias más lamentables fueron las agresiones y detenciones padecidas por decenas de compañeros y compañeras que trabajaban en coberturas periodísticas.

Estos hechos fueron denunciados públicamente y ante autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y no impidieron la participación activa de trabajadores y trabajadoras de prensa en posteriores marchas, como “Ni Una Menos” (contra la violencia de género) o en las asambleas por empresa para debatir el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Reconocernos como trabajadore/as y actuar a conciencia y en consecuencia potencia la unidad nacional del gremio de prensa. Trabajadores y trabajadoras del periodismo debemos esforzarnos por encarar juntos los problemas comunes y resolverlos para mejorar la vida de nuestros compañeros y compañeras y defender los principios sociales del noble oficio, al mismo tiempo que jerarquizamos el derecho social a la información y la comunicación.

–Por la defensa de las fuentes de trabajo en prensa.

-Por la plena vigencia de los Convenios Colectivos y los Estatutos profesionales.

-Por salarios y condiciones de trabajo dignos y discutidos en paritarias libres.

-Contra la reforma previsional y los intentos gubernamentales de reforma laboral.

-Contra la violencia física y jurídica ejercida en perjuicio de las y los trabajadores de prensa.

-Contra la concentración de la propiedad de medios de comunicación y por una adecuada distribución de la pauta pública, que incluya a medios autogestionados y alternativos.

– Por la defensa de los medios públicos y la libertad de expresión.

MESA NACIONAL DE TRABAJADORES DE PRENSA

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Lo que desnaturaliza la esencia del Estado de Derecho es la actitud que toma el propio estado frente a situaciones concretas. Cuestión que para Miguel Julio Rodríguez Villafañe debe ser siempre “constitucional y legal”. El columnista  destaca las conductas de (des)apego al cumplimiento de las normas que desde la frase «hecha la ley, hecha la trampa»  se fue consolidando a lo largo del tiempo.

Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe*

La ley hace tiempo que esta relativizada en nuestro país. Siempre había y hay la posibilidad de decir “hecha la ley, hecha la trampa”, para eludir su cumplimiento. De alguna manera nuestra sociedad se acostumbró a vivir situaciones semilegales y, en esa cultura negativa ante el derecho, fue aceptando que las normas se acatan, pero no siempre se cumplen. De alguna manera así lo había enseñado la tradición hispánica colonial.

Asimismo, esa costumbre ha tenido su lado más oscuro, especialmente, cuando el Estado es el que más utiliza esa modalidad de actuación, sin límites, transformándose en un “Estado Tramposo”. Lo que desnaturaliza la esencia del Estado de Derecho, ya que esto último presupone que se pueda prever el accionar jurídico del Estado, que siempre debe ser constitucional y legal.

Aún más, la situación actual demuestra con crudeza, esa modalidad patológica del funcionamiento institucional. Hasta se puede decir que se ha avanzado tanto en la conducta anómala del Estado que éste, a la ley no sólo le encuentra la trampa sino que también a la trampa la termina justificando e incluso, convalidado por ley o por decretos de necesidad y urgencia.

Lo referido produce entonces una ruptura grave. Gobernantes que juran defender derechos de su pueblo que luego, impúdicamente, no los respetan y cuando les molesta la ley que los consagran adoptan medidas que los relativizan o anulan. Así, por ejemplo, el Estado por ley se declara en emergencia y no cumple con lo que ha comprometido cumplir. Mientras tanto el gobierno presiona a la comunidad con costos de los servicios excesivos, con impuestos (muchos de ellos confiscatorios) y otras cargas, como si la sociedad no viviera también en emergencia por el desempleo, bajos salarios y jubilaciones, inflación, recesión y altos índices de pobreza.

El Estado en esta situación jurídica enfermiza llega a desconocer derechos básicos de la sociedad y los pretende justificar en razones inaceptables, arbitrarias y contradictorias.

Por un lado, el actual gobierno nacional sostuvo que no se podía discutir las cifras exorbitantes ilegales, injustas y usurarias que se pagaron a los llamados “Fondos Buitres”, abonando incluso deudas que no correspondían abonar. Además, a representantes de dichos fondos se los hizo funcionarios claves en las tomas de decisiones económicas del país. Pero, el mismo gobierno sostuvo que había que bajar las jubilaciones cambiando la fórmula de actualización de la Ley de Movilidad Jubilatoria, porque se tenía que achicar el gasto público. O sea, para los “buitres” cabía pagar reclamos ilegítimos, pero para nuestros jubilados, se los culpabiliza del gasto que significan las jubilaciones que les corresponde y se les violó los legítimos derechos que tienen adquiridos. Aún más, ahora por exigencia del FMI, hablan de reducir más los beneficios jubilatorios.

El latrocinio del pago a los fondos buitres se presentó como algo fundamental y el Presidente Mauricio Macri decía que, de esa manera, el país ingresara al mundo, sin embargo ello ha servido sólo para endeudarnos por enormes montos, con intereses usurarios, cuyos vencimientos son una carga enorme, pero ello no se presenta como afectando el gasto público. Baste pensar que se nos endeudó por 100 años en un préstamo de u$s 2.750 millones de dólares y desde el 5 de marzo al 25 de abril de este año, en menos de dos meses, el Banco Central (BCRA) se desprendió de u$s 4.100 millones de dólares buscando sostener al dólar, para garantizar la “bicicleta financiera”. En dos meses el gobierno nos desapoderó de casi el doble de lo que debemos pagar por cien años, con un interés de 7,9 por ciento.

Mientras tanto, los medios hegemónicos desarrollan una campaña gubernamental en la que sostiene que los derechos laborales son los que impiden el crecimiento de Argentina y que la solución para avanzar, pasa por la “flexibilización laboral” eliminando derechos laborales, en un grave retroceso en dignidad.

Por su parte, el Congreso con su ley de blanqueo de capitales dio inmunidad a los ricos que sacaron los dólares del país y evadieron impuestos y con ello estos sectores se ahorraron una significativa cantidad de dinero que era del fisco. Pero el Gobierno nacional todos los días pone en situación de quiebra o cierre a gran cantidad de pequeñas y medianas empresas (Pymes) por impuestos impagos y/o sanciones que les ha puesto la AFIP a dichas empresas, sin darles salidas financieras que posibiliten la continuidad de la actividad.

Para unos se justifica todo, hasta el delito y para otros nada, ni el derecho. Opera entonces la fuerza de la realidad, que tantas veces nos chocó en la frente con la evidencia que los más fuertes ganan, con derecho o sin derecho. Manda la realidad en la que una pequeña minoría acumula para sí el fruto del esfuerzo y la riqueza de los argentinos, de espalda a una sociedad empobrecida, a la que, cada día más, se la priva de la posibilidad de dignificarse desde el trabajo y la producción.

Viene pues el pánico. Nos aplasta la evidencia que lo que teníamos en derechos no los tenemos, lo que dicen que tenemos no lo disponemos y lo que disponemos no nos sirve para garantizar lo que necesitamos. Nos percibimos acorralados y rehenes de situaciones que nos desbordan como pueblo.

Aparece entonces la mirada en los jueces que queremos independientes y respetuosos de la ley, pero a veces el pueblo detecta un Poder Judicial como un tablero de ajedrez en el que, como peones los fiscales y los jueces responden a la estrategia de los políticos de turno que manejan las piezas, más allá del derecho que corresponde hacer respetar.

Tendremos que prestigiar y hacer respetar la ley a todos, como el elemento de concertación social y civilización en Democracia, que debe regular la convivencia, al servicio del bien común, en justicia, igualdad y equidad. Sólo así habremos restablecido la seguridad jurídica porque habrá leyes y no trampas.

*Abogado constitucionalista, periodista de opinión

Fotografia ilustrativa Pretty y El Telégrafo

A partir del 21 de mayo, se podrá retirar el ejemplar N° 60 del periódico editado por Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba. Bocas de expendio: local del organismo (Santa Fe 11), y en el Archivo Provincial de la Memoria (Pasaje Santa Catalina 66). Sumario y link a la versión digital.

 Será Justicia, es una publicación que  desde 2009, realiza la cobertura periodística de los juicios por delitos de lesa humanidad que se juzgan en los Tribunales Federales de esta capital.  Se edita en las versiones papel y digital, con formato tabloide. Se define como “un periódico de producción mixta y distribución masiva, cuya línea editorial responde a los lineamientos establecidos por los organismos de DDHH de la ciudad de Córdoba, en particular a la organización Familiares”.

Imagen ilustrativa

Produjo inquietud  el ofrecimiento de retiros voluntarios en Teleocho, canal de televisión abierta, operado por Viacom, integrante del Grupo Telefe. Comunicado de prensa.

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), manifiesta su preocupación a partir de la noticia de la apertura de un proceso de retiros voluntarios en Canal 8 del Grupo Telefe, como así también por el reciente despido de una trabajadora del canal con veinte años de antigüedad.

Desde el Cispren expresamos nuestra solidaridad con la compañera despedida, como así también, renovamos el llamado a los compañeros y compañeras a reforzar nuestro compromiso en defensa de los puestos de trabajo.

Córdoba, 17 de mayo de 2018
Comisión Directiva Cispren