El Sindicato de Luz y Fuerza presentó una medida cautelar y acción de amparo en defensa de la EPEC estatal e integrada y en rechazo del intento del gobierno provincial de convertir a EPEC en una Sociedad Anónima. El Cispren acompaña a las medidas preventivas realizadas por las y los compañeros lucifuercistas.
Por Redacción*
En la conferencia de prensa celebrada en el día de hoy, el Cispren adhirió a la acción de recurso de amparo, preventiva y cautelar de no innovar, presentado por el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, con el patrocinio de los abogados Miguel Rodríguez Villafañe y Marcos Daher, el 17 de febrero último, en la Cámara Contencioso Administrativo de Córdoba, ante la pretensión del gobierno provincial de que EPEC funcione «jurídicamente y comercialmente como sociedad anónima (SA)”.
En la sala colmada de trabajadores y diversos referentes del arco político- sindical, se escucha que «sociedad anónima es igual a privatización». «Epec es y será estatal e integrada. No permitiremos que pierda su esencia, fines y valores con la que fue creada hace 72 años».
Durante el acto encabezado por el Secretario General de Luz y Fuerza, Jorge Molina Herrera, el abogado Miguel Rodríguez Villafañe destacó que «el uso de la energía es un derecho humano irrestricto”, dando cuenta de la necesidad que sea administrado por el Estado para garantizar un servicio eficiente. “No hay posibilidad de vida digna sin electricidad”, manifestó al tiempo que aseveró que lo que está en juego es la devaluación del trabajo, la razón central de la embestida contra la empresa provincial de energía eléctrica.
En la acción de amparo se destaca que la sociedad anónima abre el juego a inversores privados. Esto es un intento que históricamente sucedió, ante los diversos intentos privatizadores que hubo en diferentes gobiernos, y representa, «sólo ánimo de lucro, venta y división de EPEC, pérdida de puestos de trabajo y del Convenio Colectivo de Trabajo, desinversión, mala calidad del servicio y cortes prolongados y masivos, tarifas dolarizadas, tal como sucede con las empresa privatizadas de Buenos Aires”.
«Concebimos a la energía eléctrica como un recurso esencial y estratégico, pero también un derecho humano irrestricto, por eso debe ser administrado por el Estado para garantizar un servicio eficiente que goza del amparo de la Constitución de tratados internacionales que están siendo violentados por el DNU y lesionan el principio de progresividad», se expresa en la medida cautelar.
Según estos criterios, Luz y Fuerza de Córdoba solicitó la inconstitucionalidad de los artículos 33 y 34 de la ley provincial 11.015 como así también del Decreto de Necesidad y Urgencia (70/23) sobre el que se fundan los artículos de la ley 11.015.
Los artículos provinciales que se mencionan «habilitan la posibilidad de transformar en los términos previstos en el artículo 48 del DNU 70/2023, a las sociedades y/o empresas con participación del Estado provincial, sin norma de derecho público que la tutele, quedando sujetas a todos los efectos de la ley General de Sociedades 19550 y sus modificaciones.»
El acto sumó diversas adhesiones: de Ilda Bustos (Secretaria General de UOGC- CGT), María Ana Mandakovic (Secretaria General del Cispren, y Secretaria General Adjunta de CTA-A Nacional), Federico Cortelletti (Secretario General de AGEPJ), «Toto» López (Mesa de Trabajo de los Derechos humanos de Córdoba); Luciana Echevarria (MST/FITU), Dante Rossi (Proyecto Córdoba) ,y representantes del bloque de la UCR que apoyan los trabajadores locales.
*www.cispren.org.ar
