El Ateneo «Ramona Orellano Bustamante» pone en foco el debate del proyecto de ley inviolabilidad de la propiedad privada. Un tema clave para la vida nacional y el futuro de nuestro país. La actividad es este miércoles 5, desde las 19, en el Centro de Documentación del Cispren (Ob. Trejo 365).
Por Redacción*
De la charla participarán Ana Laura Elorza (docente investigadora INVIHA/CONICET y Facultad de Ciencias Sociales UNC) y Ramiro Fresneda (abogado especialistas en litigios en tierra y derechos humanos).
El 21 de diciembre de 2023 el presidente Javier Milei anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2003: “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” que en su punto 11 establece la derogación de la Ley 26.737, de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, con el fin de “promover las inversiones”. El DNU fue publicado en el Boletín Oficial y entró en vigencia el 29 de diciembre de ese año. Diversas organizaciones presentaron recursos de amparo contra el mismo. Mientras tanto, está vigente.
La ley 26.737, que se conoce como Ley de Tierras, se aprobó en 2011 y su objetivo fue limitar la extranjerización de las tierras, un fenómeno mundial que se expandió a partir de 2008, cuando los fondos especulativos buscaron inversiones seguras en el sur, mediante la compra de recursos naturales (tierra, agua, bosques, explotaciones mineras). Para esto, estableció que los extranjeros no pueden ser titulares de más del 15% del total de los suelos rurales a nivel nacional, lo que se replica en cada provincia y departamento. Además, prohíbe que sean dueños de inmuebles ribereños de los ríos, lagos o cuencas hídricas y de zonas de seguridad de frontera.
Durante el gobierno de Mauricio Macri se modificó esta ley por decreto, facilitando más la venta de tierras a extranjeros al modificar los criterios por los cuales una firma puede ser considerada foránea o nacional. Según información oficial, de abril de 2022, el 5,57% del territorio nacional está en manos de extranjeros (12.520.826 hectáreas). Las provincias con más hectáreas en manos extranjeras son: Salta (11,56 % de la superficie total), Misiones (11,7%), San Juan (10.48 %) y Corrientes (9.87 %) y Mendoza (9,11% del total).
Con este DNU, el Gobierno busca eliminar por completo los porcentajes máximos y los topes de hectáreas permitidas para inversores extranjeros, lo cual constituye un modo de facilitar el despojo del patrimonio nacional y de habilitar la desmedida extracción de recursos naturales, sin ningún tipo control por parte del estado. Favorece así los negocios de las grandes corporaciones internacionales, las empresas del agronegocio, de la minería o de la explotación de recursos naturales.
Esto significaría una pérdida de soberanía sobre las zonas de frontera y los recursos naturales, lo cual podría también incrementar actividades ilícitas, con el riesgo de lavado de activos y el crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado.
La derogación de la Ley de Tierras Rurales afecta el dominio de las provincias ya que una ley nacional condiciona toda la legislación provincial. Y según el senador Nacional por La Rioja Fernando Rejal: “la Argentina podría enfrentar litigios en tribunales internacionales, como sucedió en 2010 con el caso de Valle Hermoso, en La Rioja, en que se remataron 200 mil hectáreas con toda su población, viviendas e iglesias dentro. Esto es una alerta para todos los gobiernos provinciales. Nos pueden comprar la frontera argentina»,
A esto se suma el efecto de los proyectos anteriores del Poder Ejecutivo como la Ley Bases, el DNU70/23, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que elimina la Ley de Manejo del Fuego, lo que habilita la venta de tierras que fueron azotadas por incendios, muchos de ellos intencionales. Todas estas iniciativas se orientan a facilitar la entrega del patrimonio nacional a los capitales extranjeros».
*www.cipren.org.ar
