Ayer alegaron los abogados de Sara Solarz de Osatinsky, única querellante en la causa Montiveros que juzga delitos de lesa humanidad cometidos por personal policial del Comando Radioeléctrico, ocurridos entre marzo y diciembre de 1976. La víctima es José Osatinsky (15). El fiscal Maximiliano Hairabedián inició la acusación por un total de nueve hechos y seguirá el próximo martes.
Por Katy García
En la sala de audiencias del TOF1, pasadas las 11, arrancó la etapa de los alegatos. Los primeros en hacerlo fueron Claudio Orosz y Lyllan Luque en representación de Sara Solarz de Osatinsky, madre de José Osatinsky (15) “perseguido, cercado y asesinado” -junto a José María Villegas (21) – el 2 de julio de 1976, en Barrio Güemes, por miembros del Comando Radioeléctrico. “Queremos recordar que Sara es la representación viviente de la promesa que Héctor Pedro Vergez -Ex jefe de torturadores integrante del Comando Libertadores de América, condenado a prisión perpetua en la megacausa La Perla-, hizo cuando dijo que el apellido Osatinsky iba a desaparecer de la faz de la tierra, y no pudo suceder”, dijo, emocionado, con la voz entrecortada.
Recompuesto recordó que ella fue “víctima de las mazmorras de la Esma” y que apenas recuperó la libertad “denunció ante los organismos internacionales los horrores que vivió, los nacimientos de niños, y los asesinatos de sus madres”. “Seguramente, nos estará viendo por el CIJ o por el Diario del Juicio”, deslizó, antes de entrar de lleno a desarrollar su alocución ante el Tribunal conformado por Julián Falcucci (presidente) y los vocales Jaime Díaz Gavier y José Fabián Asís.
En primer lugar reafirmó entre otras consideraciones generales que estos hechos se encuadran “en el marco de un plan sistemático, clandestino, y generalizado de aniquilación al oponente político- como señala el fallo del Juicio de los Comandantes- por parte del estado terrorista, desde el 24 de marzo de 1976. Y en Córdoba, desde septiembre de 1974, como quedó sentado en el fallo La Perla, D2 y La Ribera”. Agregó que en esta provincia “desde las esferas estatales se fomentaba la eliminación de personas por su ideología y militancia, mediante bandas parapoliciales y sindicales burocráticas”.
El fiscal Hairabedián y los abogados Luque y Orosz
El hecho octavo
El abogado leyó seguidamente el hecho tal como fue descripto en la pieza acusatoria. Dicho texto afirma que José María Villegas y José Osatinsky son las víctimas del accionar llevado a cabo en el marco de la llamada “lucha contra la subversión”. Así, un total de 11patrulleros, debidamente identificados, cada uno con tres agentes, concurren al lugar, el 2 de julio de 1976, alertados por una explosión reportada por vecinos. Cuando llegan a la casa ubicada en Barrio Güemes “emprendieron la persecución y el cercamiento de los cuatro jóvenes. Les dieron alcance, y tras centenares de disparos les ocasionaron la muerte”. Los otros jóvenes Carlos Berti y Néstor Morandini logran huir.
Un tramo de la exposición que definió como contextual lo dedicó a reivindicar la condición de militantes de los integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) agrupación donde militaba Joshela quien asistía a una escuela técnica. “En esa época teníamos entre 15 a 18 años”, dijo, recordando su propia militancia en el Colegio Nacional Manuel Belgrano y su posterior exilio. En ese orden señaló que no solo luchaban por el boleto estudiantil sino por objetivos políticos más amplios.
Desde ese lugar explicó que “realizábamos volanteadas en las puertas de nuestras escuelas y en las calles” porque (el ministro de educación Jorge Alberto) Taiana había autorizado los Centros de Estudiantes que luego (Oscar) Ivaninissevich prohibió. Para evitar ser detenidos como ya había ocurrido afirmó que se utilizaban las llamadas bombas panfleteras. “Como las que hacia yo, con cajas de zapatos, y una mecha adosada a un espiral”, graficó. Precisamente, la explosión que llamó la atención de los vecinos era este tipo de artefacto que los jóvenes, asustados, se apuraron en decir que “había explotado una garrafa”.
En otro trayecto hizo un recorrido histórico por las luchas y la resistencia populares que confluyen en los años setenta con altos grados de participación y organización. Dijo que en este contexto se explica la militancia de José y que luego en marzo de 1976 pase a ser “un blanco, un objetivo”, de las fuerzas de seguridad. “Fue cercado, capturado, y asesinado con centenares de balazos y nuestro acusado tuvo una participación dirimente”, afirmó, refiriéndose a Raúl Oscar Del Prado
Señaló la cadena de mandos de la estructura policial y su vinculación con el Área 311 del Tercer Cuerpo de Ejército y su máximo jerarca Luciano Benjamín Ménéndez fallecido como otros que deberían haber estado sentados en el banquillo.
Concluyó manifestando: “Estamos por Joshela, por él, por ellos, por Sara, buscando Justicia.Justicia.Justicia”.
Vocación de aniquilar
Lyllan Luque comenzó recordando que Joshela vivía con su madre y que ese día salió rumbo a la escuela. Pero se fue a la casa donde vivían los hermanos Carlos Berti y Raúl Berti (testigo), y José María Villegas, militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Esa semana se encontraba en la casa, de paso, Néstor Morandini, que había desertado del ejército.
La abogada analizó la prueba -los testimonios de varios testigos, la documentación y la inspección ocular-para demostrar que fue un procedimiento enorme que atacó a personas desarmados. Asimismo manifestó que no se trataba de “una casa operativa donde se escondieran armas o refugiara gente. Era una casa de estudiantes”. Manipulaban una bomba panfletaria, se asustaron y en vez de irse de la casa se quedaron “Porque no tenían idea de la vida. Y es ahí que se fueron por los techos”, dijo, citando el testimonio de Raúl Berti. Sostuvo que escapaban los cuatro juntos, desarmados. Desmintió la versión de que hubiera un “arsenal” y recordó que fueron las fuerzas del orden las que saquearon la casa.
En relación a la prueba documental afirmó que se encontró “un memo y las copias del libro de novedades de la guardia”. Comentó en este sentido que las fuerzas de seguridad “acomodan hoy como ayer” los datos. En ese contexto unos dicen que fueron recibidos por impactos de bala y otros que no. Que había explosivos y que tuvieron que desalojar la casa. Mientras que los vecinos declararon que permanecieron en sus viviendas y que desde ahí veían los cascos de los efectivos policiales “marchar” y luego realizar el rastrillaje.
Para Luque “Había una vocación de aniquilar” porque además ametrallaron los tanques de agua.
“Los chicos -Joshela y José María -no pudieron escalar la pared por eso se vuelven. Y en esas cuadras cortas, 11 móviles, y más de 30 personas en dos cuadras de 50 metros, aseguraron el rastrillaje. Sin este cerco, no habrían sido asesinados. Uno a cien metros, y otro a 50, con más de 100 disparos. En la esquina donde quedaron dientes, y sangre”, describió y mostró un plano.
Para la querella quedaron acreditados los homicidios. Fueron abatidos por personal policial. Los cuerpos se encontraban en la morgue acompañados de informes policiales. Asimismo el acta de inhumación y de defunción indican que la muerte se produjo tras una “hemorragia masiva causada por múltiples heridas de bala”.
Pedido de pena
Para el acusado Del Prado solicitó prisión perpetua, en cárcel común. Argumentó que como chofer colaboró al cercamiento y que si bien no hay prueba de que haya disparado, su conducta abonó a la división del trabajo. Como parte de la estructura represiva y como coautor por dominio funcional del hecho.
Pasadas las 13, el fiscal Maximiliano Hairabedián dio comienzo a su alegato que continuará el próximo martes. (Este sitio ofrecerá el informe completo la semana entrante).
Ver alegatos en www,youtube.com Juicio por crímenes de lesa humanidad en Córdoba publicados por el Centro de Información Judicial.
Fotografía Niciolás Castiglioni (Archivo)
www.cispren.org.org
