por Admin | May 31, 2018 | Novedades
Lo que desnaturaliza la esencia del Estado de Derecho es la actitud que toma el propio estado frente a situaciones concretas. Cuestión que para Miguel Julio Rodríguez Villafañe debe ser siempre “constitucional y legal”. El columnista destaca las conductas de (des)apego al cumplimiento de las normas que desde la frase «hecha la ley, hecha la trampa» se fue consolidando a lo largo del tiempo.
Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe*
La ley hace tiempo que esta relativizada en nuestro país. Siempre había y hay la posibilidad de decir “hecha la ley, hecha la trampa”, para eludir su cumplimiento. De alguna manera nuestra sociedad se acostumbró a vivir situaciones semilegales y, en esa cultura negativa ante el derecho, fue aceptando que las normas se acatan, pero no siempre se cumplen. De alguna manera así lo había enseñado la tradición hispánica colonial.
Asimismo, esa costumbre ha tenido su lado más oscuro, especialmente, cuando el Estado es el que más utiliza esa modalidad de actuación, sin límites, transformándose en un “Estado Tramposo”. Lo que desnaturaliza la esencia del Estado de Derecho, ya que esto último presupone que se pueda prever el accionar jurídico del Estado, que siempre debe ser constitucional y legal.
Aún más, la situación actual demuestra con crudeza, esa modalidad patológica del funcionamiento institucional. Hasta se puede decir que se ha avanzado tanto en la conducta anómala del Estado que éste, a la ley no sólo le encuentra la trampa sino que también a la trampa la termina justificando e incluso, convalidado por ley o por decretos de necesidad y urgencia.
Lo referido produce entonces una ruptura grave. Gobernantes que juran defender derechos de su pueblo que luego, impúdicamente, no los respetan y cuando les molesta la ley que los consagran adoptan medidas que los relativizan o anulan. Así, por ejemplo, el Estado por ley se declara en emergencia y no cumple con lo que ha comprometido cumplir. Mientras tanto el gobierno presiona a la comunidad con costos de los servicios excesivos, con impuestos (muchos de ellos confiscatorios) y otras cargas, como si la sociedad no viviera también en emergencia por el desempleo, bajos salarios y jubilaciones, inflación, recesión y altos índices de pobreza.
El Estado en esta situación jurídica enfermiza llega a desconocer derechos básicos de la sociedad y los pretende justificar en razones inaceptables, arbitrarias y contradictorias.
Por un lado, el actual gobierno nacional sostuvo que no se podía discutir las cifras exorbitantes ilegales, injustas y usurarias que se pagaron a los llamados “Fondos Buitres”, abonando incluso deudas que no correspondían abonar. Además, a representantes de dichos fondos se los hizo funcionarios claves en las tomas de decisiones económicas del país. Pero, el mismo gobierno sostuvo que había que bajar las jubilaciones cambiando la fórmula de actualización de la Ley de Movilidad Jubilatoria, porque se tenía que achicar el gasto público. O sea, para los “buitres” cabía pagar reclamos ilegítimos, pero para nuestros jubilados, se los culpabiliza del gasto que significan las jubilaciones que les corresponde y se les violó los legítimos derechos que tienen adquiridos. Aún más, ahora por exigencia del FMI, hablan de reducir más los beneficios jubilatorios.
El latrocinio del pago a los fondos buitres se presentó como algo fundamental y el Presidente Mauricio Macri decía que, de esa manera, el país ingresara al mundo, sin embargo ello ha servido sólo para endeudarnos por enormes montos, con intereses usurarios, cuyos vencimientos son una carga enorme, pero ello no se presenta como afectando el gasto público. Baste pensar que se nos endeudó por 100 años en un préstamo de u$s 2.750 millones de dólares y desde el 5 de marzo al 25 de abril de este año, en menos de dos meses, el Banco Central (BCRA) se desprendió de u$s 4.100 millones de dólares buscando sostener al dólar, para garantizar la “bicicleta financiera”. En dos meses el gobierno nos desapoderó de casi el doble de lo que debemos pagar por cien años, con un interés de 7,9 por ciento.
Mientras tanto, los medios hegemónicos desarrollan una campaña gubernamental en la que sostiene que los derechos laborales son los que impiden el crecimiento de Argentina y que la solución para avanzar, pasa por la “flexibilización laboral” eliminando derechos laborales, en un grave retroceso en dignidad.
Por su parte, el Congreso con su ley de blanqueo de capitales dio inmunidad a los ricos que sacaron los dólares del país y evadieron impuestos y con ello estos sectores se ahorraron una significativa cantidad de dinero que era del fisco. Pero el Gobierno nacional todos los días pone en situación de quiebra o cierre a gran cantidad de pequeñas y medianas empresas (Pymes) por impuestos impagos y/o sanciones que les ha puesto la AFIP a dichas empresas, sin darles salidas financieras que posibiliten la continuidad de la actividad.
Para unos se justifica todo, hasta el delito y para otros nada, ni el derecho. Opera entonces la fuerza de la realidad, que tantas veces nos chocó en la frente con la evidencia que los más fuertes ganan, con derecho o sin derecho. Manda la realidad en la que una pequeña minoría acumula para sí el fruto del esfuerzo y la riqueza de los argentinos, de espalda a una sociedad empobrecida, a la que, cada día más, se la priva de la posibilidad de dignificarse desde el trabajo y la producción.
Viene pues el pánico. Nos aplasta la evidencia que lo que teníamos en derechos no los tenemos, lo que dicen que tenemos no lo disponemos y lo que disponemos no nos sirve para garantizar lo que necesitamos. Nos percibimos acorralados y rehenes de situaciones que nos desbordan como pueblo.
Aparece entonces la mirada en los jueces que queremos independientes y respetuosos de la ley, pero a veces el pueblo detecta un Poder Judicial como un tablero de ajedrez en el que, como peones los fiscales y los jueces responden a la estrategia de los políticos de turno que manejan las piezas, más allá del derecho que corresponde hacer respetar.
Tendremos que prestigiar y hacer respetar la ley a todos, como el elemento de concertación social y civilización en Democracia, que debe regular la convivencia, al servicio del bien común, en justicia, igualdad y equidad. Sólo así habremos restablecido la seguridad jurídica porque habrá leyes y no trampas.
*Abogado constitucionalista, periodista de opinión
Fotografia ilustrativa Pretty y El Telégrafo
por Admin | May 18, 2018 | Novedades
A partir del 21 de mayo, se podrá retirar el ejemplar N° 60 del periódico editado por Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba. Bocas de expendio: local del organismo (Santa Fe 11), y en el Archivo Provincial de la Memoria (Pasaje Santa Catalina 66). Sumario y link a la versión digital.
Será Justicia, es una publicación que desde 2009, realiza la cobertura periodística de los juicios por delitos de lesa humanidad que se juzgan en los Tribunales Federales de esta capital. Se edita en las versiones papel y digital, con formato tabloide. Se define como “un periódico de producción mixta y distribución masiva, cuya línea editorial responde a los lineamientos establecidos por los organismos de DDHH de la ciudad de Córdoba, en particular a la organización Familiares”.
Imagen ilustrativa
Comenzó en 2009 con el juicio Menéndez II conocido como Albareda, Moyano y Morales que acumuló tres expedientes. Siguió con la cobertura del Juicio Videla (UP1 y Gontero), Comando Radioeléctrico (Roselli), la megacausa La Perla y La Ribera y el Juicio de los Magistrados. El ejemplar número 60 dará cuenta de los últimos procesos González Navarro y Vergez.
Los contenidos no se limitan a los juicios de lesa humanidad sino que promueven debates actuales en torno a las continuidades del terrorismo de estado y la dictadura cívico militar en democracia.
Sumario del número 60
Miembros de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba dan a conocer la linea editorial que responde a la pregunta: ¿Dónde radica la importancia de los juicios para nosotros?
Entre los contenidos, que anticipan se encuentran.Un informe especial que explica ¿Para qué sirven los juicios? ( Por César Pucheta); El juicio por dentro. Concluyó el décimo juicio en Córdoba; En profundidad. El avance represivo. Por Alexis Oliva. En la contratapadiscurre Hugo Saleme sobre Conquistar la verdad. Aquí: la versión online
Más información y números anteriores en www.familiarescba.com.ar
por Admin | May 17, 2018 | Novedades
Produjo inquietud el ofrecimiento de retiros voluntarios en Teleocho, canal de televisión abierta, operado por Viacom, integrante del Grupo Telefe. Comunicado de prensa.
El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), manifiesta su preocupación a partir de la noticia de la apertura de un proceso de retiros voluntarios en Canal 8 del Grupo Telefe, como así también por el reciente despido de una trabajadora del canal con veinte años de antigüedad.
Desde el Cispren expresamos nuestra solidaridad con la compañera despedida, como así también, renovamos el llamado a los compañeros y compañeras a reforzar nuestro compromiso en defensa de los puestos de trabajo.
Córdoba, 17 de mayo de 2018
Comisión Directiva Cispren
por Admin | May 17, 2018 | Novedades
El especialista Miguel Julio Rodríguez Villafale advierte sobre la responsabilidad del estado ante esta práctica que “ataca la dignidad de las personas y los pueblos y permite la consumación de otros delitos de diversos tipos”. Sobre todo en tiempos de “…enriquecimientos indebidos, cierre de fuentes de trabajo y explotación de los débiles”.
Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe*
La usura consiste en el cobro excesivo de intereses en un préstamo de dinero. Esta modalidad enriquece al prestamista excesivamente y trae un claro y profundo empobrecimiento para quien debe pagar los intereses abusivos.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, con jerarquía constitucional en Argentina, dispone que: “Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”, (artículo 21, inc. 3).
Por su parte, el Código Penal argentino reprime el delito de usura en el artículo 175 bis. En la referida norma se establece que tendrá sanciones de prisión y multa el que, “aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para otros, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación u otorga recaudos o garantías de carácter extorsivo”.
No obstante lo determinado por la legislación, en los hechos, la usura no ha tenido, por parte del Estado, en general, una firme voluntad de reprimirla o de accionar de manera preventiva al respecto. Repárese que esta actividad delictiva hiere grave e injustamente el patrimonio de las personas, afecta la economía pública, la buena fe en los negocios y trae desocupación, empobrecimiento, enriquecimientos indebidos, cierre de fuentes de trabajo y explotación de los débiles. En definitiva, ataca la dignidad de las personas y los pueblos y permite la consumación de otros delitos de diversos tipos. Lo antes referido se potencia en momentos de crisis económicas, como la que se está dando en el país.
A su vez, uno de los males más profundos que ha dejado en nuestro país la llamada “patria financiera” ha sido una cultura en la que la especulación dineraria desmedida fue aceptada con permisividad moral, por sobre la protección del capital proveniente del trabajo o de la producción. Hoy la llamada bicicleta “financiera” funciona con más firmeza que en los años 90´ y con mejores beneficios para los abusadores. Asimismo, el Estado ha generado y propicia irresponsablemente, situaciones ideales para la proliferación de la actividad usuraria.
Con una inflación desmedida, en un contexto de recesión y desempleo, el ambiente resulta propicio para empujar a las personas y a las empresas, en manos de los usureros para conseguir, desesperadamente, el dinero que necesitan.
Por otra parte, no se controla eficazmente a las entidades que dan préstamos, mu-chas de ellas funcionan de manera informal, con propaganda tramposa, sin dar información sobre los intereses que se cobran y los gastos administrativos abultados que se hacen abonar, sin justificación. En base a fáciles requisitos de otorgamiento y por sumas de dinero no muy grandes, se invita a los más débiles a tomar créditos personales con modalidades usurarias.
Los sectores empobrecidos y necesitados solo evalúan su capacidad de pago de las cuotas, sin reparar que terminan pagando tasas de interés desproporcionados que, en algunos casos, llegan a superan el 100% del monto del dinero recibido. A veces, incluso, se retiene parte del capital y se hace firmar como si se hubiera retirado el total y de esa manera se busca disimular los intereses indebidos que se cobran y los necesitados de dinero aceptan dichas modalidades abusivas sin poder oponerse.
También comercios de distintos tipos, desde zapaterías a ventas de artículos electrodomésticos, entre otros, han adoptado engaños similares, para otorgar créditos de consumo de sus productos. Tampoco esta modalidad es controlada debidamente por los órganos estatales pertinentes.
Además, nadie investiga los depósitos de muebles, que actúan como casas de empeños disfrazadas y en las que se cobran cifras desmedidas por lo que se presta, con la garantía del bien que se hace dejar en guarda.
Más a lo referido hay que sumar la usura consentida y propiciada, en especial, por el Gobierno Nacional actual, que ha potenciado el endeudamiento externo perpetuo y la usura constituye uno de sus fundamentos.
Se ha dedicado a tomar créditos en dólares, haciendo crecer grandemente la deuda ininterrumpidamente, sin que la recaudación tributaria alcance para cubrir los gastos. Al no tener capacidad de devolución a través de la generación de recursos genuinos, los funcionarios solo se ocupan de ir refinanciando deuda, particularmente en dólares. Deuda e intereses luego se atienden con nueva deuda, en un proceso de refinanciamiento permanente, lo que se transforma en una deuda a perpetuidad.
En realidad, ante la necesidad inexorable de contar nuevamente con dinero por parte de la Argentina, los acreedores usureros nos someten a condiciones cada vez más desproporcionadas. Situación esta última que se agrava en este momento, si se tiene en cuenta que en la presente crisis financiera se muestra un Estado en el que el gobierno nacional, gran parte de los funcionarios que deben equilibrar los desequilibrios tienen su dinero en el exterior y han sido muy beneficiados con el alza del dólar.
Y a su vez, algunos de ellos han sido y son representantes de la usura más despiadada, como son los llamados “fondos buitres”. Fondos estos que esquilmaron a la Argentina y que no saciados con ello han iniciado nuevas demandas contra el país.
No se puede permitir que el Estado siga siendo cómplice y partícipe necesario de la usura nacional e internacional. Y quienes intervengan en representación de Argentina en las negociaciones no pueden llevarnos a consentir créditos usurarios, ya que ello se transforma en una verdadera actividad delictiva que hiere la dignidad de nuestro pueblo y de ninguna manera puede tenerse esa mediación de nuestros funcionarios, como un bien para el país.
*Abogado Constitucionalista
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Imagenes ilustrativas
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por Admin | May 7, 2018 | Novedades
Será el 9 de mayo, a las 17.30, en el aula 8 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Disertará la especialista Adriana Amado Suárez. Estarán presentes autoridades universitarias y del sector profesional. La materia que aborda la comunicación en las organizaciones forma parte de la currícula de grado desde hace 25 años.
Por Redacción*
Adriana Amado Suárez
La inauguración del centro de investigaciones en comunicación institucional contará con la presencia de Mariela Parisi, decana de la institución, autoridades de la UNC, referentes y profesionales de la comunicación. Tras el acto protocolar disertará Adriana Amado Suárez quien preside además el Centro para la Información Ciudadana que promueve la información pública responsable. Como autora lleva once libros publicados y más de 20 en colaboración con otros profesionales. (1)
El mencionado Instituto de Comunicación Institucional (ICI), fue creado el 26 de abril próximo pasado, con el objetivo de desarrollar un espacio de “capacitación, investigación, transferencia y desarrollo de la comunicación institucional, buscando potenciar y promover la práctica y actualización permanente de los conocimientos adquiridos en la Facultad”.
Según da cuenta la invitación se dictarán cursos de formación y actualización “con un fuerte enfoque práctico” a cargo de “equipos ad hoc, liderados y coordinados por profesionales con vasta experiencia en colaboración con egresados y alumnos avanzados”.
Al mismo tiempo se promoverán investigaciones y diagnósticos que respondan a necesidades de organizaciones públicas y privadas, alumnos, egresados y profesionales de diversa formación.
El ICI depende de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la FCC y funciona en Rondeau 467, 1º Piso, Nueva Córdoba.
Nota
1-Amado Suárez es licenciada en letras (UBA) y doctora en Ciencias Sociales (Flacso).
* Fuente: Boletín de la FCC| Fotografía ilustrativa
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