Esta mañana testimoniaron Liliana Eva Suárez vecina de la casa dinamitada en barrio San Vicente, y Roberto David Garay detenido ilegalmente por un grupo de tareas y llevado al D2 donde permaneció un mes sentado junto a otros presos –entre ellos su hermano- en el banco de cemento. La defensa objetó preguntas de la querella. El Tribunal denegó el pedido.
Por Katy García
Ante el tribunal conformado por Julián Falcucci (presidente) y los vocales Jaime Díaz Gavier y José Fabián Asís, declararon a media mañana dos testigos . Roberto David Garay lo hizo como víctima (hecho cuarto) y Liliana Eva Suárez como testigo del hecho noveno. Afrontan la acusación Jorge González Navarro (ex militar) y los ex policías Ricardo René Perrín (jefe de coche), Miguel Ángel Gómez, y Fernando Martín Rocha, del Comando Radioeléctrico. La sala de audiencias luce colmada de público.
30 días en un banco de cemento
El testigo relató que personal vestido de civil que se movilizaba en un automóvil Ford Falcon verde allanó su domicilio. “Me detuvieron en mi casa. Iba con los ojos vendados, esposado, con las manos hacia atrás, tirado en la parte trasera del auto donde me golpeaban”, le dijo al Tribunal. En lo que él llama Investigaciones -refiriéndose al centro clandestino de detención D2- fue bajado. Le sacaron fotos y lo sentaron “en un asiento duro” donde permaneció todo el tiempo que estuvo preso. Treinta días. Fue golpeado con los puños mientras estaba vendado sin percibir de dónde venían. “Trataba de cubrirme un poco la cara y mi estómago”, graficó.
“Una o dos veces me llaman a declarar. En la segunda me apuran con apremios, me golpean y llevan nuevamente al banco”, rememoró. Lo interrogaban sobre su militancia en el Frente Juvenil Comunista. En ese asiento estuvo también su hermano Isaac que se había entregado esa misma noche “para salvaguardar a la familia”.
Losabogados querellantes Luque y Orosz
El abogado querellante Claudio Orosz pidió que se gestionara ante el Archivo Provincial de la Memoria la fotografía que le tomaron. “No solo por la imagen sino porque cuando se amplían aparecen algunos imputados u otros detenidos”, explicó.
Como en todos los casos, no tuvo asistencia médica y la alimentación y ropa se la acercó la familia. Consultado por el Tribunal sobre la suerte de su hermano Isaac Garay detalló el largo camino que tuvo que andar hasta obtener la libertad. Del D2 fue trasladado a la UP1. De ahí a los campos de concentración La Ribera y La Perla; Aviación Militar, Sierra Chica y por último La Plata. “Hemos hablado poco con mi hermano y yo respeto su silencio”, expresó.
El presidente del Tribunal le preguntó si recordaba algún desaparecido de la organización donde militaba. Respondió que sí. “A Legin, muy amigo mío. Está desaparecido”. Aclaró que lo está desde antes de su detención ilegal.
Objeción denegada
Durante la audiencia la defensora oficial Natalia Bazán objetó las preguntas formuladas por Claudio Orosz al testigo argumentando que no era su causa (hecho octavo). El abogado le respondió que previendo esta situación consultó jurisprudencia con el Colectivo Mario Bosch que reúne a los abogados querellantes de todo el país y compartió esta pregunta. En ese sentido, afirmó que existen más de tres juicios confirmados por casación que consideran que el querellante tiene derecho a preguntar. “Está bien, no es una doctrina de la Corte Suprema de Justicia que le gusta citar a la defensora. Ya va a llegar, este es el principio, porque además fue aplicada en juicios internacionales. Y agregó que si la Corte se opone “iremos ante una instancia internacional para que le enseñe a la Argentina la diferencia entre causa y legitimación activa para pedir condena”.
Natalia Bazán, defensora oficial
Para el fiscal la legitimación de la querella es para los hechos y las víctimas que representa. No obstante afirmó que no le causa agravio a la fiscalía. Finalmente el tribunal resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa habida cuenta que “Nuestro criterio es que estos hechos están todos relacionados unos con otros y habrían ocurrido en un mismo contexto”. En ese marco las preguntas de la querella son importantes.
Policías por todos lados
La primera en testificar fue Liliana Eva Suárez. Lo hizo en relación al hecho noveno que investiga los asesinatos de José Luis Nicola (25), Vilma Ethel Ortiz (32) y Gustavo Gabriel Olmedo (19) ocurridos el 26 de marzo de 1976, en barrio San Vicente.
La testigo contó que vivía junto a sus padres en una casa que compraron en 1972 y que colindaba con la vivienda habitada por las víctimas. No está segura pero cree que fue en 1975/76 cuando una noche golpearon la puerta. “Eran policías y venían persiguiendo a unas personas”. Apenas toman contacto con ellos les ordenaron que no salgan. Que se escondan. “Ustedes no han visto ni escuchado nada”, les advierten.
“Había policías por todos lados. Se escucharon tiros y tiros – durante una o dos horas- y ahí supimos que habían matado a tres personas”, evoca la mujer y añade que el fin de semana “la vivienda fue dinamitada”. Aquella noche, relató, el pasaje había sido cercado por una cantidad importante de patrulleros y policías. “Fue sorpresivo” y además cortaron la luz “algo que no era común”.
Imprenta clandestina
Recordó que en la casa vivían cuatro personas. Las víctimas y la madre del bebé que tenía pocos meses. Y una de las chicas tenía una renoleta blanca que dejaba estacionada en la calle. Contó que su familia no tenía relación con ellos. Apenas se saludaban porque “no se daban a conocer”. En el barrio, dijo, se comentaba que “eran una célula de la guerrilla y que los perseguía la policía” y que allí “funcionaba una imprenta clandestina” porque a la noche se escuchaba que trabajaban.
Las casas vecinas de uno y otro lado fueron afectadas por la explosión. En la suya “hubo rajaduras de techo y nos voltearon una tapia”. Ante gestiones de su padre los autorizaron a utilizar los materiales que quedaron tras la destrucción de la vivienda. Con un pariente limpiaron ladrillos para utilizarlos. Entre los escombros encontraron ropas, papeles de medicina, y algunos panfletos o revistas. Pero no había restos de mobiliario o maquinaria.
Sobre el final el imputado Miguel Ángel Gómez amplió su declaración. El tercer testigo, Isaac Garay, no pudo comparecer por razones laborales. Será reprogramado para más adelante.
Con éste ya son 11 los juicios por crímenes de lesa humanidad realizados en Córdoba una de las provincias más afectadas por al terrorismo de estado. La causa Montiveros está formada por nueve hechos ocurridos entre marzo y julio de 1976. Las víctimas son 16. Hugo Alberto Pavón Quiroga, Ramona Ángela Sánchez, Carlos Alberto Varella Alves (Hecho Primero); Enrique Obdulio Borghi (Segundo); Macario Bernabé Vaca, Celestino Fidelmino Ramírez (Tercero); Roberto David Garay (Cuarto); Isaac Garay (Quinto); Roberto Leopoldo Esteso (Sexto); Mario Roberto Tallei, Juan Carlos Molina (Séptimo), José Osatinsky, José María Villegas (Octavo); José Luis Nicola, Vilma Ethel Ortiz y Gustavo Gabriel Olmedo (Noveno).
El próximo martes continuará el debate con la declaración de más testigos. El juicio es oral y público. Los requisitos son: ser mayores de edad y contar con el DNI en mano.
Fotografía Nicolás Castiglioni
Ver notas anteriores en este sitio www.cispren.org.ar / Más información sobre esta y otras causas en diariodeljuicio.com.ar
