El vocal de Cámara, Julio Ramón Guerrero Marín, anticipó que se ejecutará el miércoles 2 de mayo próximo. Los habitantes del barrio, se vieron sorprendidos por una orden judicial que  les prohíbe la realización del 5° Festival “Mujeres en lucha/No al desalojo” y los emplaza a desalojar el predio cuando en marzo se había prorrogado por 60 días. Los terrenos son propiedad del estado nacional y de una empresa privada.

Por Redacción*

Salir de la zona de confort, no es solo un desafío individual. Muchos deberían  ver in situ cómo viven miles de personas a escasos 20 minutos de la capital cordobesa. Los moradores del barrio Comunitario Parque Esperanza se desayunaron con una orden judicial que prohíbe la realización del 5° Festival “Mujeres en lucha” planificado con anterioridad, y anticipa el desalojo para el 2 de mayo próximo cuando el mes pasado se había prorrogado por 60 días.

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No al desalojo!!!

La nota  dirigida al titular de la Guardia de Infantería de la Zona le ordena que disponga de la dotación necesaria de efectivos “para impedir de manera absoluta la celebración de un encuentro “Mujeres en lucha/No al desalojo en Juárez Celman”. Asimismo, subraya la prohibición de “ingreso y egreso de personas y bienes” al lugar y alude a un pacto social firmado que los habitantes desconocen.

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Almuerzo comunitario. Fideos con pollo, a la leña

Esta notificación que lleva la firma de  Guerrero Marín, vocal de la Cámara Sexta, secretaría 12, del poder judicial, emplaza a los cooperativistas a desalojar voluntariamente el lugar el miércoles  2 de mayo, entre las 8 y las 12. Caso contrario advierte que lo hará por medio de la fuerza pública. Esta situación creó conmoción entre los habitantes que hace cuatro años luchan por la obtención de la tierra. Según el escrito esta medida se da en el marco de una causa por usurpación de los terrenos que, afirma, le pertenecen al estado nacional y a la empresa Urbacor S.A.

Resistir

Los cooperativistas decidieron en asamblea que el festival planificado durante semanas, con mucho sacrificio, se iba a realizar y reafirmaron su decisión de resistir el desalojo. “No queremos nada gratis, queremos vivir dignamente”, claman los vecinos.

En el predio, de 10 hectáreas, viven 120 familias en 23 manzanas. El presidente de la cooperativa, Andrés Villalba, explicó que hay una causa que tiene 244 imputados que ingresaron el 15 de junio de 2014 y que poseen un registro otorgado por el gobierno nacional al año siguiente. Asegura que no cometieron ningún delito y que  “el poder judicial no toma en cuenta que la solución no es la estigmatización de los pobres”.

Un pico público para todo el barrio

Un pico público para todo el barrio

Los habitantes sostienen que incluso Alejandra Vigo y los ministros de Justicia y Derechos Humanos, y de Desarrollo social, con quienes mantuvieron conversaciones previas estaban al tanto de la realización del festival. Entonces: ¿Cómo puede ser que alguien de la justicia que no sabe cómo vivimos lo impida?, dice, una de las chicas.

La cooperativa 7 de Junio cuenta con 238 socias y lleva cuatro años de trabajo en pos de lograr una solución al grave problema de vivienda y carencia de servicios. “Vivimos precariamente porque hemos sido rodeados por la policía y no nos permiten ingresar materiales. La mayor parte hizo su casa con maderas, chapa y nailon. Son pocas las que son de material”, contó, Carlos, uno de los integrantes de Jóvenes en Lucha.

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Rodearon los accesos al predio

Agregó que hace un mes, el gobierno hizo un relevamiento para conocer  la situación de las 157 familias. Además, dos semanas atrás, la Organización de Naciones Unidas (ONU) relevó la situación y la violencia institucional que sufren los habitantes de la zona y lo plasmaron en un informe.

Se quejan del acoso policial. “Nos cortan el agua, el control es permanente, te requisan todo. Y hoy hasta el juez nos traba esto”, dice otra mujer. “Sabemos cómo luchar y lo haremos. Hemos organizado campeonatos de futbol y vóley, y le hemos dedicado horas a la organización”, añade Perla.

Viven en condiciones infrahumanas. Sin agua corriente y sin luz. El acceso a la vivienda, la falta de trabajo y de servicios básicos son algunos de los mayores problemas que aquejan a la comunidad donde viven  jóvenes matrimonios con hijos pequeños. Las mujeres trabajan en casas de familia por hora y los hombres en la construcción y las quintas. La comunidad barrial está integrada por hombres y mujeres de córdoba,  de otras  provincias, y de países vecinos que buscan vivir mejor. La necesidad los ha unido en esa búsqueda que comenzó en 2014.

 

Texto Katy García (Agencia Prensared) / Fotografía Mercedes Ferreyra

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