Las penas máximas son para los autores de los homicidios de José María Villegas y José Osatinsky; José Luis Nicola, Vilma Ethel Ortiz y Gustavo Gabriel Olmedo  cercados y masacrados por efectivos policiales. Alivio y reparación en algunos y malestar en otros por las absoluciones. El 10 de abril se conocerán los fundamentos de la sentencia.

Por Katy García*

Ante una sala colmada por familiares, miembros de Organismos de Derechos Humanos, funcionarios, militantes y público en general, el presidente del tribunal, Julián Falcucci, junto a los vocales Jaime Díaz Gavier y José Fabián Asís, dio a conocer el veredicto para los 17 acusados  por crímenes de lesa humanidad cometidos entre marzo y julio de 1976 por policías del Comando Radioeléctrico.

sala llena

La sala de audiencias repleta de público

Pasado el mediodía el presidente leyó la parte resolutiva. En primer lugar rechazan los pedidos de nulidad e inconstitucionalidad planteados por la defensa pública y privada (1).  Luego, se dieron a conocer las penas acordadas que en general coinciden con lo solicitado por el fiscal general Maximiliano Hairabedián. No obstante, las absoluciones generaron desazón. Cuestión que será analizada por las partes cuando se den a conocer los fundamentos el 10 de abril próximo. El militar Jorge González Navarro único imputado en el hecho sexto por la privación ilegal de la libertad y tormentos sufridos por el abogado Roberto Esteso  fue separado por razones de salud. Y los policías que participaron están muertos.

Dictaron cinco perpetuas para los imputados Fernando Rocha, Pedro Nolasco Bustos,  José Arturo Acevedo, Antonio Apolinar Astrada y Ricardo René Perrín, por los homicidios de  Osatinsky (15) y  Villegas (22) ocurridos en Barrio Güemes y descriptos en el hecho octavo. Perrín, por videoconferencia, también fue condenado con la misma pena por los homicidios citados más los de Gustavo Gabriel Olmedo, Vilma Ethel Ortiz y José Luis Nicola (Hecho noveno).

En tanto que los imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima recibieron penas que van de 2 a 9 años. Miguel Ángel Bustamante, fue condenado a 2 años en suspenso y Miguel Ángel Gómez a 9 años. Para el primero, la fiscalía  había solicitado tres años. Roque Osvaldo Cámara y José Antonio Cuello, por mayoría, deberán cumplir 4 años de cárcel. En este caso, el fiscal había pedido tres.

acusados linea

Parte de los 17 imputados.  Perrín lo sigue por videoconferencia desde Buenos Aires.

Las absoluciones fueron para  Ramón Zalazar, Roberto Andrés Isaía, Víctor Hugo Núñez, Delfín Jesús Barrionuevo, Gilberto Antonio Montiveros, Hugo Oscar Pérez, Aurelio Gallego y Raúl del Prado. Uno de ellos, Montiveros, le da el nombre a la causa y otro, Del Prado, fue acusado por la querella que solicitó perpetua durante el alegato.

“Me voy con el corazón partido. Todo esto me retrotrae al juicio de Silvina (Su hija desaparecida junto a su esposo Daniel Orozco y el niño recién nacido y apropiado que aún busca) y es muy triste que haya habido cinco perpetuas y muchas absoluciones. No dudo que los jueces habrán tenido sus fundamentos. Ahora, lo que me llenó de alegría es ver la sala llena. Eso significa que no decae el interés de la gente por conocer lo que pasó hace más de cuarenta años”, expresó, Sonia Torres, Abuela de Plaza de Mayo, filial Córdoba, apenas se conoció el veredicto.

Ayer y hoy, el mismo escenario

 Para Claudio Orosz, representante junto a Llyllan Luque de la única querellante Sara Solarz de Osatinsky, “Queda muy clara la participación del Comando Radioeléctrico en el sistema represivo, sino no habría condena.  Entiendo que el Tribunal  ante la no acusación en algunos tramos de los diversos casos que había, se ve obligado a absolver porque no hubo pedido fiscal. Pero, sí creo que es otro juicio de lesa humanidad, con castigos bastante duros contra los policías autores de los homicidios a quienes  antes llamaba subversivos y hoy lo hace con los chicos en los barrios humildes. Matan y arman un escenario  de un supuesto enfrentamiento”, enfatizó.

Luque dice que “En principio estoy conforme con las cinco perpetuas. Pero vamos a esperar los fundamentos para conocer por qué fue absuelto el chofer  imputado (Raúl Oscar)Del Prado”. A modo de reflexión señaló que “Cada paso que se da no es solo contra la impunidad, se construye futuro”.

Los Juicios reparan  

Santiago Nicola

Santiago Nicola con la cronista del sitio y Jorge Vasallo de los SRT

Santiago Nicola, conmovido y con la voz entrecortada, le dijo a este medio digital que la sentencia le sacó una carga de encima. “Era lo que esperábamos después de muchos años: una perpetua para (el imputado) Perrín el único sobreviviente de los que participaron en el asesinato de mi viejo. El juicio se hizo en un marco que no es el mejor, pero estoy conforme”, expresó, en el hall central de la sala de audiencias. Santiago sobrevivió  a la masacre de San Vicente en el placard del baño de la casa  dinamitada y saqueada donde fueron ultimados su padre José Luis Nicola junto a Papilo Olmedo y Vilma Ortiz. La madre, Lucía Molina, desapareció en 1977.

Laura Ortiz, sobrina de Vilma, asistió  a todas las audiencias como la mayoría de los familiares directos de las víctimas. Después del proceso y de conocida  la sentencia afirma que “los juicios deben seguir porque son un acontecimiento que nos da solidez, fuerza, resistencia, y la posibilidad de una construcción colectiva de la memoria para  seguir dándole batalla a semejante atrocidad  como fue la dictadura. Que arrasó con tantas vidas, con tantas historias, que dejó tantas huellas. Después de 43 años seguimos  intentando saber más y que hayan sido juzgados nos engrandece como sociedad. Es algo ganado”.

Dice que el trayecto les permitió “armar otro mapa de las personas que nos fueron arrebatadas” a través del contacto con quienes fueron compañeros de militancia y de estudio. “En lo personal me vi siempre muy tocada por la historia de mi tía, me acerqué a su vida y me sentí muy identificada. Creo que pude construir un lazo más allá de la muerte”, sostuvo. Agrega que a través de esos contactos cobró vida, dejó de ser una foto fija, y puede verla como una mujer que “tuvo una participación activa, amorosa y comprometida”.

También rescató otros vínculos como el creado con Santiago Nicola a quien  conocía desde el relato. “Cuando lo pude conocer y a través del juicio pudimos acercarnos pasó otra cosa que la siento como una burla a la muerte. Nosotras las personas que sobrevivimos y sufrimos las pérdidas, desde el amor y la amistad, hemos podido abrazarnos  a la vida. Cosa que estos asesinos, no saben. No saben lo que es la fuerza del amor”.

Sergio Mirkin es primo hermano de José Osatinsky a quien nombra como Joshela, el niño con quien jugaba. Y es sobrino de Marcos Osatinsky, padre de José y Mario, militante montonero, detenido y trasladado al D2, en 1975, torturado y luego asesinado en un enfrentamiento fraguado. Es parte de esa familia diezmada. Le  cuesta hablar sin quebrarse. “Para mi este juicio es reparador. Nos atraviesa por que recién ahora conozco lo que realmente pasó. Todavía pensaba que en cualquier momento lo iba a encontrar porque su cuerpo no apareció” y prosigue “José tenía la utopía de que íbamos a vivir en un mundo más justo. Y no tuvo la oportunidad de vivir, de formar una familia. Tenemos el corazón roto. Pero gracias a la fortaleza de los Organismos y a la memoria como una herramienta para que estas muertes no hayan sido en vano, para que no queden en el olvido y para que nunca más más suceda”, manifestó.

 Alivio

“Me siento bien, me siento aliviado y me siento contento porque hubo un aprendizaje en la sociedad. Jamás pensé que esto iba a suceder. He saldado una deuda con José ya que no pude hacer nada por él en ese momento.  Me hace feliz de haber sido un granito de arena para que esto pasara. La pérdida de los chicos ha sido enorme. Ambos eran valiosos, semillas de una planta muy fructífera para el país”, señaló, Raúl Berti, hermano de Carlos Berti, uno de los jóvenes que pudo escapar junto a Néstor Morandini, cuando fueron cercados por los policías  que fueron condenados hoy a prisión perpetua. (Tanto su hermano como Néstor fueron después asesinados).

publico lateral

Vista lateral de la sala

Este final de juicio, como en los diez anteriores, es para las víctimas y sus familias un acontecimiento de alto voltaje emocional. El abrazo, los aplausos, el llanto contenido, afloran. Las pancartas, bien altas, con la imagen del ser querido, los sostiene. Mientras, se escuchan de fondo los cánticos que fortalecen y la charla que contiene. Y se habla de reparación, de Nunca Más, y se invoca, tres, cuatro, cientos de veces, a “los 30 mil compañeros desaparecidos”.

 * Agencia Prensared

Fotografía Nicolás Castiglioni

1- Veredicto Causa Montiveros

Toda la cobertura del juicio está en este sitio www.cispren.org.ar |Aquí los alegatos de la querella y el Ministerio Público Fiscal.

Alegatos querella: http://www.cispren.org.ar/causa-montiveros-orosz-fue-cercado-capturado-y-asesinado-con-centenares-de-balazos/

Alegatos del fiscal: http://www.cispren.org.ar/causa-montiveros-hairabedian-fueron-asesinados-por-la-espalda/

 

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En el marco del 8 de Marzo, día Internacional de la Mujer Trabajadora “las compañeras trabajadoras de la prensa y la comunicación adherimos y convocamos al PARO NACIONAL DE MUJERES y  ASAMBLEA PERMANENTE EN TODOS LOS MEDIOS DE LA PROVINCIA.

Por Redacción

MujerDurante la jornada de lucha se debatirán “cuestiones ligadas a garantizar los derechos y a organizar de manera colectiva una actividad de cara al 8M con nuestras propias reivindicaciones”, expresa el Cispren a través de un comunicado de prensa.

Desde el sindicato y la  comisión de Género -creada durante el 35° Congreso Provincial de Trabajadorxs de Prensa y la Comunicación Autogestionada-  destacan la enorme importancia de la celebración del  Día de la Mujer Trabajadora “desde una perspectiva de clase, sumando a nuestros debates las cuestiones ligadas a las condiciones de trabajo, la crisis económica y salarial, como así también a profundizar el debate sobre el protocolo en contra de la violencia de género para las empresas periodísticas de toda la provincia”. Para mayor información sobre las medidas anunciadas comunicarse con la delegada o delegado de cada medio para acordar la modalidad de la asamblea.

Fotografías ilustrativa wikipedia

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El Círculo Sindical de la prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) invita a sus afiliados y a la comunidad en general a participar de este encuentro con el periodista y escritor Luis Bilbao que se realizará el próximo jueves 14 de marzo, desde las 18, en la sede del gremio. El tema a debatir será la situación política y económica de Venezuela en el marco de la Patria Grande.

Por Redacción

“En el marco de una situación de permanente conflicto en territorio venezolano y de amenazas constantes de intervencionismo norteamericano, es necesarioBilbaoconocer a fondo las cuestiones más íntimas que llevaron a nuestro país hermano a posicionarse en dicho escenario”, afirma la convocatoria realizada desde el sindicato de prensa.

El analista internacional brindará una charla con perspectiva latinoamericana desde la Patria Grande sobre la situación actual del país hermano.

Luis Bilbao es periodista, escritor, especialista en economía y política, director de la publicación América XXI , ex asesor político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del ex presidente bolivariano Hugo Chávez. 

Ha colaborado en numerosas publicaciones como Le Monde Diplomatique, El Periodista, entre otras.

Ver reseña biográfica aquí . 

Entrada libre y gratuita.

Fotografía Kaos en la red

El fiscal acusó por cinco víctimas de homicidios abatidos por integrantes del Comando Radioeléctrico. Solicitó prisión e inhabilitación perpetua absoluta para Fernando Rocha, Pedro Nolasco Bustos, José Arturo Acevedo, Antonio Apolinar Astrada y Ricardo Perrín. Para los que cometieron delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados penas que van de tres a nueve años. Y nueve  absoluciones.

Por Katy García

El fiscal Maximiliano Hairabedián dividió el análisis en dos grupos. El martes pasado expuso sobre siete de los nueve hechos que conforman la causa.  Hoy analizó los últimos -octavo y noveno-que dan cuenta de los homicidios de José María Villegas y José Osatinsky; José Luis Nicola, Vilma Ethel Ortiz y Gustavo Gabriel Olmedo. Sobre el último hecho afirmó que  quedó demostrado a través de la identificación de los restos de Olmedo que fueron asesinados por la espalda. Coincidió con la querella respecto al cercamiento en Barrio Guemes.  Al concluir la exposición dio a conocer el pedido de condenas y absoluciones para los acusados. Carlos,  hermano de Gustavo, mezclado con los demás familiares  palpita que por fin habrá justicia. Al salir del recinto, no pudo contener las lágrimas al recordarlo.

Hecho Octavo

Familiares1

El 2 de julio de 1976, entre las 10 y las 11, Carlos Guillermo Berti, Néstor Morandini, José Osatinsky (15) y José María Villegas (21) se encontraban en una casa ubicada en Barrio Güemes. Alertados por una denuncia de vecinos sobre una explosión llegaron al lugar 11 móviles policiales pertenecientes al Comando Radioeléctrico, Unidad Regional Nº 1, de la Policía de la Provincia de Córdoba. Los cuatro muchachos huyen por el fondo y los techos. Son perseguidos y cercados  a los tiros. Villegas y Osatinsky no consiguen saltar las paredes y son asesinados. Los otros jóvenes logran huir.

Para el fiscal no hay dudas que hubo una explosión en la casa y que alguien  llamó a la policía. Que los móviles llegaron al lugar y que los habitantes de la casa huyeron. En ese marco persecutorio, dos logran huir y dos son abatidos.  Hizo hincapié en que no hubo un “enfrentamiento” como dice la defensa. Por el contrario se preguntó si no fue “un asesinato alevoso con el concurso de un conjunto de personas”.

Tras analizar el informe oficial que consta en un libro de guardia afirmó que para la fiscalía es falso. Alude a que fueron recibidos a los tiros. “No fue así”, desmintió, y agregó que el reporte fue incorporado horas después. “La versión del enfrentamiento está totalmente descartada. No hubo impactos de disparos en la vivienda ni en las demás casas”, ratificó. “Fue un homicidio. No solo asesinaron, robaron todo, se quedaron en la casa y le costó a la dueña recuperarla”, enfatizó. Desde lo testimonial citó a Sara Solarz de Osatinsky, y a Raúl Berti, quienes recibieron información de primera mano por parte de Morandini y de Carlos Berti  quienes pudieron ver que “no hubo tal enfrentamiento y que les dispararon mientras corrían”.

Añadió que los  vecinos comentaron que uno de los chicos ingresó a la casa de la familia Biondo quienes le pidieron a la policía que no lo maten porque se iba a entregar.

El procedimiento

Hairabedian

Hairabedián describió las funciones del Comando Radioeléctrico y negó que fuera “un grupo de tareas” el que se dirigió al lugar. No obstante aclaró que “Se trata de homicidios alevosos y hay que determinar quienes participaron con certeza en el momento en que matan a los jóvenes”.

Detalló cuáles fueron los móviles y quiénes los operaban. “No hace falta demostrar quiénes dispararon” o de qué arma salió el tiro. “Los que dispararon y cercaron,   incurrieron en el delito de homicidio calificado”, afirmó. No fue difícil para el fiscal conocer cuáles fueron esos móviles y los operadores programados para salir al otro día. Dijo, que los seis primeros “estuvieron en la persecución y muertes” y que “todo sucedió de manera rápida. Los que estaban lejos, no tengo la certeza de que hayan llegado y participado”. Hubo quienes se encontraban en otros procedimientos. Y se dio el caso en que uno no logró llegar porque se accidentó en el camino.

El 348

En este móvil, el 348, Pedro Nolasco Bustos, jefe de coche, fue el primero en llegar. Iba secundado por Colazo (f). El fiscal pulverizó la declaración de Bustos “el que más declaró”. Refirió que sus afirmaciones fueron mendaces. Por caso, cuando se refirió al lugar del tiroteo o cuando dijo que no se bajó del coche “porque pensaba que era un chusmerío  o tenía frío” cuando había recibido un llamado por una explosión. Sobre esta cuestión afirmó que “La explosión de la bomba (panfletera) no hizo ningún daño”. También rebatió sus dichos referidos a existencia de armas; de autoridades provinciales, y del juez Sánchez Freites, felicitándolos por el procedimiento. Del mismo modo, sostuvo que el barrio no había evacuado como dijeron Bustos y también Perrín “en términos más escuetos”.

Por la espalda

En el Pasaje Bello de barrio San Vicente fueron asesinados los militantes José Luis Nicola, Vilma Ethel Ortiz y Gustavo Gabriel Olmedo. “No hay dudas de que el procedimiento existió y que las muertes están comprobadas” y acotó que el estudio del Equipo Argentino de Antropología Forence (Eaaf) identificó el cadáver de Gustavo Olmedo y se pudo comprobar que fueron abatidos por la espalda

Dijo que la teoría del “enfrentamiento” sumaba elementos a favor y en contra. Explicó que a la luz de los libros de guardia, comunicados, informes de la morgue, y varios testimonios, se trataba de una “casa operativa” donde funcionaba una imprenta  y que los jóvenes militaban en la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) “una organización político militar” que después del golpe se radicaliza y vuelca a la resistencia. Apuntó que en este caso existieron las felicitaciones y cinco días de licencia y que los diarios de la época abonaban la idea de enfrentamiento.

Tampoco la familia tenía claro cómo sucedieron los hechos. Recordó que Santiago Nicola –el bb rescatado con vida – expresó en su declaración que su abuela Irma Ramacciotti tomó contacto con un exalumno quien le aseguró que “no fue un enfrentamiento y que los mataron”.

Analizó que “Hay elementos para ambas hipótesis. Pero hay una prueba dirimente y  es que fueron asesinados por la espalda, por atrás”, manifestó. Tal afirmación está sostenida en una resolución del Juzgado N° 3 que indica que “lo mataron con tres disparos desde atrás hacia delante”. Mostró a través de un PowerPoint el ingreso de las balas en la parte posterior del cráneo. El cuerpo fue encontrado en una fosa común del Cementerio San Vicente y luego identificado. En 2003, le fueron entregados los restos a la familia. Anteshabían sido identificados Mario Osatinsky, Liliana Sofía Barrios y Horacio Miguel Pietragalla.

 

Los hechos uno al siete

El martes pasado – tras la exposición de los abogados querellantes Claudio Orosz y Lyllan Luque en representación de la única querellante Sara Solarz de Osatinsky-el fiscal comenzó el alegato analizando los primeros siete hechos ocurridos entre abril y mayo de 1976. Las características comunes indican que las víctimas eran sometidas a privaciones ilegítimas de la libertad. Los sacaban de sus casas o lugares de trabajo como por ejemplo a Enrique Obdulio Borghi, detenido en la empresa SanCor. Luego los trasladaban al Departamento de Informaciones (D2) donde eran sometidos a tormentos. Ese periplo duraba días o  meses para luego ser liberados o enviados a prisión.

Las víctimas eran Hugo  Alberto Pavón Quiroga (desaparecido), Ramona Ángela Sánchez y Carlos Alberto Varella Alves (h1); Enrique Obdulio Borghi, (h2); Macario Bernabé Vaca, Celestino Fidelmino Ramírez (h3); Roberto David Garay (h4); Isaac Garay (h5); Roberto Leopoldo Esteso (h6); Mario RobertoTallei, Juan Carlos Molina (h7).

Pavón Quiroga

El hecho primero se concretó en Alta Gracia. Pavón Quiroga, el dueño de casa, y Ramona Ángela Sánchez y Carlos Alberto Varella Alves – quienes eran pareja y le alquilaban una pieza- fueron detenidos por personal policial, trasladados a la comisaría, y luego retirados por personal del D2. “Lo buscaban a él”, dijo el fiscal, refiriéndose a Pavón quien de acuerdo a varios testimonios fue “sometido a golpizas tremendas” que lo dejó en estado “deplorable”. La pareja recuperó su libertad a los pocos días. Pavón nunca salió en libertad como mintieron en el cuaderno de guardia sus verdugos.

“Esto permite sostener que fue asesinado”, afirmó. Reconstruyó el hecho en base a los dichos de los testigos que declararon durante el proceso y los documentos. “No hay dudas de que los acusados  participaron y sabían que estaban actuando al margen de la ley”, señaló. Sin dudas “se trató de un asalto de bandidos, les robaron todo y los maltrataron”. Manifestó que está probado el dolo, el robo y el pillaje en el caso de los policías de Alta Gracia por la “modalidad delictiva”. Más adelante afirmó que Ramona Sánchez y Alvez (h1) no tenían militancia política. Pavón tampoco. Uno de los testigos declaró que le preguntaban por su novia. Lo mismo ocurrió con los detenidos en la empresa SanCor que les preguntaban sobre el asesinato de un gerente pero en realidad fue la excusa para indagar sobre la actividad sindical.

Bustamante

Uno de los acusados, Miguel Ángel Bustamante, a cargo de la alcaidía, era el titular de la Guardia de Infantería. Fue imputado de acuerdo a la instrucción por privación ilegal de la libertad y porque no evitó que siguieran los tormentos sufridos por los detenidos. Destacó que el lugar era un alojamiento general de presos y que si bien funcionaban en el mismo espacio tenían regímenes distintos. Citó las declaraciones de varios testigos que afirmaron que “el trato era diferente” que recibían visitas, comida y  podan ir al baño. “Uno era el infierno y otro las vacaciones”, dijo otro testigo. En este punto dijo que “debía ser desincriminado en cuanto a los tormentos” y de hecho lo hizo.

En relación a la privación ilegal de la libertad apuntó que el manejo de los presos era competencia del D2. Que la Alcaidía les daba ingreso y previo alojarlos los revisaba un médico según consta en los libros de guardia. Tras analizar las condiciones “legales” permitidas de la época -estado de sitio, detenciones sin orden judicial, por averiguación de antecedentes, a disposición del PEN-, concluyó que no podía “probar el dolo en esa “pseudolegalidad de  época”. No obstante afirmó que las detenciones de Pavón Quiroga, Tallei y Molina eran ilegales.

Pedidos de condena                              

imputados Montiveros

Para Miguel Ángel Gómez: nueve años de prisión por privación ilegítima de la libertad más imposición de tormentos agravada y participación reiterada, (Hechos 1,2,3,4,5 y7, en perjuicio de Ramona Ángela Sánchez, Carlos Alberto Varella Alves, Hugo Alberto Pavón Quiroga, Enrique Obdulio Borghi, Macario Bernabé Vaca, Celestino Fidelmino Ramírez, Roberto David Garay, Isaac Garay, Mario Roberto Tallei y Juan Carlos Molina en calidad de coautor y en concurso real.  (arts. 45 y 55), conforme al Código Penal vigente al tiempo de cada uno de los hechos.

El ex funcionario Miguel Ángel  Bustamante acargo de la Alcaidía pidió una condena de  tres años de prisión de ejecución condicional como autor mediato de privación ilegítima de la libertad agravada (hechos 1 y 7).  A la vez, que sea absuelto por privación ilegítima de libertad agravada en perjuicio de Isaac Garay y Obdulio Borghi, y los tormentos (hechos 1,2,3, 5,y 7).

Tres años para  Roque Osvaldo Cámara, José Antonio Cuello y Fernando Martín Rocha, por privación ilegítima de libertad agravada (h1, 4 y5) y como coautores en concurso real.

Asimismo le pidió al Tribunal que  beneficie con la absolución a: Ramón Zalazar,  y Roberto Andrés Isaía,  por privación Ilegítima de Libertad agravada(h7).

Por el hecho octavo pidió para Fernando Rocha, Pedro Nolasco Bustos, José Arturo Acevedo y Antonio Apolinar Astrada, prisión e inhabilitación absoluta perpetua porhomicidio agravado en perjuicio de: José Osatinsky y José María Villegas, como coautor y en concurso real. Al mismo tiempo y por el mismo hecho la absolución de Hugo Oscar Pérez, Víctor Hugo Núñez, Delfín Jesús Barrionuevo, Gilberto Antonio Montiveros, Aurelio Gallego y Raúl del Prado.

Asimismo, para Ricardo René Perrín, también se pidió  prisión e inhabilitación absoluta perpetua por el delito de homicidio agravado en perjuicio de José Osatinsky, José María Villegas, José Luis Nicola, Vilma Ethel Ortiz y Gustavo Gabriel Olmedo. Como coautor y en concurso real (arts. 45 y 55), conforme al Código Penal vigente al tiempo de cada uno de los hechos. (h8 y 9).

En el caso de Esteso dejó a criterio del Tribunal la resolución.

Luego de un cuarto intermedio comenzaban los alegatos de la defensa. El próximo martes siguen los alegatos de la defensa.

Quien desee asistir deberá concurrir con DNI. También se podrá seguir por el canal del CIJ.

Fotografía Nicolás Castiglioni (Archivo)

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Ayer alegaron los abogados de  Sara Solarz de Osatinsky, única querellante en la causa Montiveros que juzga delitos de lesa humanidad cometidos por personal policial del Comando Radioeléctrico, ocurridos entre marzo y diciembre de 1976. La víctima es José Osatinsky (15). El fiscal Maximiliano Hairabedián inició la acusación por un total de nueve hechos y seguirá el próximo martes.

Por Katy García

En la sala de audiencias del TOF1, pasadas las 11, arrancó la etapa de los alegatos. Los primeros en hacerlo fueron Claudio Orosz y Lyllan Luque en representación de Sara Solarz de Osatinsky, madre de José Osatinsky (15) “perseguido, cercado y asesinado” -junto a José María Villegas (21) – el 2 de julio de 1976, en Barrio Güemes, por miembros del Comando Radioeléctrico.  “Queremos recordar que Sara es la representación viviente de la promesa que Héctor Pedro Vergez  -Ex jefe de torturadores integrante del Comando Libertadores de América, condenado a prisión perpetua en la megacausa La Perla-, hizo cuando dijo que el apellido Osatinsky iba a desaparecer de la faz de la tierra, y no pudo suceder”, dijo, emocionado, con la voz entrecortada.

Recompuesto recordó que  ella fue “víctima de las mazmorras de la Esma” y que apenas recuperó la libertad “denunció ante los organismos internacionales los horrores que vivió, los nacimientos de niños, y los asesinatos de sus madres”. “Seguramente,  nos estará viendo por el CIJ o por el Diario del Juicio”, deslizó, antes de entrar de lleno a desarrollar su alocución ante el Tribunal conformado por Julián Falcucci (presidente) y los vocales Jaime Díaz Gavier y José Fabián Asís.

En primer lugar reafirmó entre otras consideraciones generales que estos hechos se encuadran “en el marco de un plan sistemático, clandestino, y generalizado de aniquilación al oponente político- como señala el fallo del Juicio de los Comandantes- por parte del estado terrorista, desde el 24 de marzo de 1976. Y en Córdoba, desde septiembre de 1974, como quedó sentado en el fallo La Perla, D2 y La Ribera”.  Agregó que en esta provincia “desde las esferas estatales se fomentaba la eliminación de personas por su ideología y militancia, mediante bandas parapoliciales y sindicales burocráticas”.

El fiscal y la querella

El fiscal Hairabedián  y los abogados Luque y Orosz

El hecho octavo

El abogado leyó seguidamente el hecho tal como fue descripto en la pieza acusatoria. Dicho texto afirma que José María Villegas y José Osatinsky son las víctimas del accionar llevado a cabo en el marco de la llamada “lucha contra la subversión”. Así, un total de 11patrulleros, debidamente identificados, cada uno con tres agentes, concurren al lugar, el 2 de julio de 1976, alertados por una explosión reportada por vecinos. Cuando llegan a la casa ubicada en Barrio Güemes “emprendieron la persecución y el cercamiento de los cuatro jóvenes. Les dieron alcance, y tras centenares de disparos les ocasionaron la muerte”. Los otros jóvenes Carlos Berti y Néstor Morandini logran huir.

Un tramo de la exposición que definió como contextual lo dedicó a reivindicar la condición de militantes de los integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) agrupación donde militaba Joshela quien asistía a una escuela técnica. “En esa época teníamos entre 15 a 18 años”, dijo, recordando su propia militancia en el Colegio Nacional Manuel Belgrano y su posterior exilio. En ese orden señaló que no solo luchaban por el boleto estudiantil sino por objetivos políticos más amplios.

Desde ese lugar explicó que “realizábamos volanteadas en las puertas de nuestras escuelas y en las calles” porque (el ministro de educación Jorge Alberto) Taiana había autorizado los Centros de Estudiantes que luego (Oscar) Ivaninissevich prohibió. Para evitar ser detenidos como ya había ocurrido afirmó que se utilizaban las llamadas bombas panfleteras. “Como las que hacia yo, con cajas de zapatos, y una mecha adosada a un espiral”, graficó. Precisamente, la explosión que llamó la atención de los vecinos era este tipo de artefacto que los jóvenes, asustados, se apuraron en decir que “había explotado una garrafa”.

En otro trayecto hizo un recorrido histórico por las luchas y la resistencia populares que confluyen en los años setenta con altos grados de participación y organización.  Dijo que en este contexto se explica la militancia de José y que luego en marzo de 1976 pase a ser “un blanco, un objetivo”, de las fuerzas de seguridad. “Fue cercado, capturado, y asesinado con centenares de balazos y nuestro acusado tuvo una participación dirimente”, afirmó, refiriéndose a Raúl Oscar Del Prado

Señaló la cadena de mandos de la estructura policial y su vinculación con el Área 311 del Tercer Cuerpo de Ejército y su máximo jerarca Luciano Benjamín Ménéndez fallecido como otros que deberían haber estado sentados en el banquillo.

Concluyó manifestando: “Estamos por Joshela, por él, por ellos, por Sara, buscando Justicia.Justicia.Justicia”.

Vocación de aniquilar

Lyllan Luque comenzó recordando que Joshela vivía con su madre y que ese día salió rumbo a la escuela. Pero se fue a la casa donde vivían los hermanos Carlos Berti y Raúl Berti (testigo), y José María Villegas, militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Esa semana se encontraba en la casa, de paso, Néstor Morandini, que había desertado del ejército.

La abogada analizó la prueba -los testimonios de varios testigos, la documentación y la inspección ocular-para demostrar que fue un procedimiento enorme que atacó a personas desarmados. Asimismo manifestó que no se trataba de “una casa operativa donde se escondieran armas o refugiara gente. Era una casa de estudiantes”. Manipulaban una bomba panfletaria, se asustaron y en vez de irse de la casa se quedaron “Porque no tenían idea de la vida. Y es ahí que se fueron por los techos”, dijo, citando el testimonio de Raúl Berti. Sostuvo que escapaban los cuatro juntos, desarmados. Desmintió la versión de que hubiera un “arsenal” y recordó que fueron las fuerzas del orden las que saquearon la casa.

En relación a la prueba documental afirmó que se encontró “un memo y las copias del libro de novedades de la guardia”. Comentó en este sentido que las fuerzas de seguridad “acomodan hoy como ayer” los datos. En ese contexto unos dicen que fueron recibidos por impactos de bala y otros que no. Que había explosivos y que tuvieron que desalojar la casa. Mientras que los vecinos declararon que permanecieron en sus viviendas y que desde ahí veían los cascos de los efectivos policiales “marchar” y luego realizar el rastrillaje.

Para Luque “Había una vocación de aniquilar” porque además ametrallaron los tanques de agua.

“Los chicos -Joshela y José María -no pudieron escalar la pared por eso se vuelven. Y en esas cuadras cortas, 11 móviles, y más de 30 personas en dos cuadras de 50 metros, aseguraron el rastrillaje. Sin este cerco, no habrían sido asesinados. Uno a cien metros, y otro a 50, con más de 100 disparos. En la esquina donde quedaron dientes, y sangre”, describió y mostró un plano.

Para la querella quedaron acreditados los homicidios. Fueron  abatidos por personal policial. Los cuerpos se encontraban en la morgue acompañados de informes policiales. Asimismo el acta de inhumación y de defunción indican que la muerte se produjo tras  una “hemorragia masiva causada por múltiples heridas de bala”.

Pedido de pena

Para el acusado Del Prado solicitó prisión perpetua, en cárcel común. Argumentó que como chofer colaboró al cercamiento y que si bien no hay prueba de que haya disparado, su conducta abonó a la división del trabajo. Como parte de la estructura represiva y como coautor por dominio funcional del hecho.

Pasadas las 13, el fiscal Maximiliano Hairabedián dio comienzo a su alegato que continuará el próximo martes. (Este sitio ofrecerá el informe completo la semana entrante).

Ver  alegatos  en www,youtube.com Juicio por crímenes de lesa humanidad en Córdoba publicados por el Centro de Información Judicial.

Fotografía Niciolás Castiglioni (Archivo)

www.cispren.org.org

El sindicato de prensa de Córdoba se solidariza con los trabajadores y las trabajadoras del Canal C5N. Solicita que “el estado intervenga” para revertir  el conflicto creado tras el bloqueo de la cuenta sueldos que es inembargable. Destaca, además,  la grave situación laboral que enfrenta el sector donde la pérdida de puestos de trabajo, la precarización y el cierre de medios, son moneda corriente. Texto completo.

Por Redacción

C5N

“El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, Cispren, rechaza el reciente fallo judicial que impide la apertura de una cuenta inembargable para que lxs trabajadorxs puedan acceder al cobro de sus salarios sin problemas, poniendo así en riesgo sus fuentes laborales y la continuidad de un medio de comunicación tan importante para nuestra sociedad.

Es necesario que el Estado intervenga de manera inmediata para impedir que está situación se agrave de manera irremediable.

Desde el Cispren nos solidarizamos con lxs compañerxs y llamamos al alerta permanente al resto de nuestra actividad ante el saqueo desmedido que vienen sufriendo nuestras fuentes laborales. Más de 3000 trabajadorxs en la calle, 3000 voces silenciadas”.

Comisión Directiva Cispren

  Córdoba, 8 de febrero de 2019.

Fotografía: estadodealerta.com.ar  y Minuto Uno

www.cispren.org.ar