Ayer declararon Enrique Obdulio Borgui, ex delegado de Atilra, y Norma del Rosario Toledo, testigo del mega operativo que terminó con la vida de José Luis Nicola, Vilma Ortiz y Gustavo Gabriel Olmedo, militantes de la Organización Comunista Poder Obrero (Ocpo). “A eso de las 11 de la noche, las patotas salían a buscar gente que secuestraban y  torturaban”, contó Enrique.  Y Norma aún se pregunta “qué pasó con ese niño” .

Por Katy García

En la sala de audiencias del TOF 1 y en el marco de la recepción de testimonios de la Causa Montiveros (Hechos segundo y noveno) prestaron declaración ante el Tribunal y las partes Enrique Obdulio Borgui y Norma del Rosario Toledo. El fiscal Maximiliano Hairabedián realizó la pregunta inicial para que los testigos comenzaran a relatar sus vivencias. Luego fue centrando las preguntas alrededor de los hechos.

Maximiliano Hairabedián

Fiscal Maximiliano Hairabedián

“Yo era trabajador en Sancor Cooperativas Unidas Limitada. Trabajé 12 años en esa empresa y el 21 de abril de 1976 cuando es ejecutado el Jefe de Planta, señor Raúl Velazco, yo estaba trabajando en el turno de 6 a 14. Fue la policía, creo que de la (seccional) Octava. A las 11:30 me llevan detenido desde Sancor al Cabildo, en el patrullero policial y mirando para abajo. Cuando llegamos al Cabildo, me bajan, me vendan los ojos, y me esposan con las manos para atrás. Ahí me entregan a la D2 de Informaciones. Estuve varios días. ¿Cuántos? no sé, porque estábamos incomunicados con todo el mundo”, dijo, al inicio de su relato, Enrique Obdulio Borgui, en aquel momento delegado de sección de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra).

Ponían música fuerte

En ese centro clandestino de detención “Había dos bancos de cemento donde nos tenían sentados día y noche. Venían los torturadores que estaban en ese momento y nos pegaban, nos insultaban, pero ponían la música bien fuerte para que no escucharan los demás”. Contó luego que no podían hablar con nadie y que una sola persona se acercó. “Era la Diana Fidelman, que me dijo en voz baja me van a fusilar”. (N de la R. Diana Fidelman fue una de las 30 personas fusiladas en enfrentamientos fraguados. Fue torturada en el D2. El Juicio Videla, realizado en 2010, condenó a los responsables)

Del 21 de abril al 2 de junio de 1976 estuvo detenido en el D2 y en la Alcaidía. Luego pasó a la Unidad Penitenciaria de barrio San Martín. Recuperó la libertad el 16 de noviembre del mismo año. Mientras estuvo detenido no se le informaron los motivos y tampoco contó con la asistencia de algún abogado. “En ese tiempo no fui sacado personalmente para la tortura pero si los que estaban en esos bancos de concreto, alrededor de unas 20 personas, a toda hora. A eso de las 11 de la noche, las patotas salían a buscar gente que secuestraban y las torturaban”, afirmó.

Borgui entrevistado por Jorge Vasallo

Borgui entrevistado por Jorge Vasallo

Aunque las golpizas eran frecuentes. “Me pegaban en conjunto, trompadas en el hígado, en la cabeza”. Negó haber sido sometido a un interrogatorio pero se acuerda que mientras lo hacían le decían “Éste es el que mató al ejecutivo de SanCor”.

No puede identificar por sus nombres a los que actuaban pero recuerda que a dos les decían “el Perro y el Gato”.

En su paso por la Alcaidía donde el trato “era un poco mejor”. Estuvo con los presos comunes, sin esposas, ni vendas. Le llevaban comida de la casa y podía ir al baño.

Ante una pregunta del juez Fabían Asís en relación a cómo se vio afectada la familia respondió que en ese momento era soltero y vivía con su madre en un departamento interno en barrio General Bustos. “El día del golpe, el 24 de marzo, su madre estaba sola cuando reventaron la puerta del departamento”. Andaba escapando porque “Tenía miedo de que me secuestraran y me fusilaran por ahí”, revivió.

Estuvo siete meses preso. Una vez liberado, fue reincorporado por la compañía. El 1° de diciembre volvió a sus tareas habituales. Pero en noviembre de 1979 fue despedido. Piensa que lo echaron porque siguió siendo “el mismo de siempre” porque “hacía de delegado aunque no lo era” y los compañeros lo consultaban.

Al final del relato, agradeció las acciones llevadas adelante por el sindicato como la presentación de hábeas corpus. Y recordó al secretario general del gremio Pedro Antonio Juárez y a los demás dirigentes asesinados y desaparecidos. Claudio Humberto Nardini, Raúl Antonio Cassol, Oscar José Dominici, Juan Carlos Galván y Pablo Daniel Ortman.

orosz y lillan

Los abogados Lyllan Luque y Claudio Orosz

“Yo también voy a ser papá”

Norma del Rosario Toledo declaró en relación al hecho noveno que indaga sobre los asesinatos de José Luis Nicola (25), Vilma Ethel Ortiz (22) y Gustavo Gabriel Olmedo (19), ocurridos el 26 de marzo de 1976 en el pasaje Bello. Ella también  fue víctima del maltrato y la prepotencia policial.

“Vengo con mi verdad, no vengo a falsear. Sentí mucho miedo que se llevaran a mi hija y a mi marido que lo apuntaban. Fue una época que viví y sufrí. Cuando me dicen ¿no tenes miedo de declarar? Digo que no”, manifestó, esta vecina que pudo observar el operativo desplegado “cuando llegó la tarde, se cerró todo el manzano y estaba muy oscuro porque habían cortado la luz…”.

Norma vivía con su marido y una beba de meses. “Fue algo que me quedó para toda la vida”, dijo refiriéndose a la experiencia que vivió aquella tarde en el pasaje Andrés Bello, en Barrio San Vicente. Estaba viendo televisión cuando de pronto irrumpen en su casa tres hombres uniformados con armas largas que le apuntan a su marido mientras le preguntaban y actuaban con mucha agresividad quién era la niña y le exigían que mostrara la partida de nacimiento. Me tiraron la biblioteca al piso y rompieron cosas en el dormitorio.

-Es mi hija y nació en el Sanatorio Parque, el 4 de julio- les respondió.

Norma

“Espero que se haga Justicia”, dijo Norma Toledo

Temía que llevaran a su hija y al esposo. Cuando su esposo les indicó que trabajaba en la Dirección de Arquitectura de la provincia se retiraron y les ordenaron que no se movieran de su casa.

“Pero como teníamos una cortina transparente vimos la balacera, policías y ambulancias. No sabíamos qué era y nos quedamos ahí. Se produjo un silencio muy grande. No sabíamos lo que pasaba”, le dijo al Tribunal.

Al otro día “Pusieron la bomba, destruyeron todo y después vino un policía a decirnos tanto a mí como a la vecina que podíamos sacar todo el material que quisiéramos porque estaba todo terminado. Y le dije: yo de ahí no saco un ladrillo. Fue una época de terror” (…) “Ojalá no vuelvan más”, reflexionó, más adelante.

Se acordó que tuvo contacto con uno de ellos -José Luis Nicola- con quien mantuvo diálogos relacionados con el nacimiento de su beba y de su paternidad. “Yo también voy a ser papá”, le había dicho. Y otra vez le avisó que “ya nació mi hijo”. Enfatizó varias veces que “Nunca me molestaron” y que siempre se preguntaba qué habrá pasado con el chico. “Hasta el día de hoy me pregunto qué pasó con ese niño”, expresó. Se refiere al bebe hijo de José Luis y de Lucía Molina, que sobrevivió.

No pudo recordar con exactitud lo que declaró antes. No obstante, apenas le fueron leídos algunos pasajes reafirmó sus dichos. Por caso, cuando Lyllan Luque le refrescó la memoria confirmó que  antes de que se produjeran los hechos escuchó el llanto de un bebe y gritos.

“Espero que haga Justicia”, dijo al finalizar.

Habían sido citados tres testigos. El tercero, Manuel Isidro Ocampo fue reprogramado para el 27 de noviembre próximo.

El martes próximo continuarán los testimonios.

Fotografías Nicolás Castiglioni 

Ver nota sobre la primera jornada aquí

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El legislador nacional por la provincia de Salta, Alfredo Horacio Olmedo, reivindicó el Terrorismo de Estado en declaraciones realizadas el miércoles pasado a Radio Universidad y Canal 10, integrantes del Multimedio de los SRT. Los trabajadores de prensa y la comunicación de la empresa repudiaron los dichos del diputado a través de un comunicado rubricado por un centenar de firmas y aprobado en asamblea.

Por Redacción

El texto desmonta con argumentos las expresiones falaces del legislador salteño. Destaca la pertenencia del multimedio a la UNC donde estudiantes, docentes, no docentes y egresados “sufrieron la persecución ideológica, el secuestro, la tortura, el asesinato, la desaparición forzada de personas y el robo de identidad”. Reivindica, además, la lucha de los Organismos de Derechos Humanos. Texto completo.

El Cispren adhiere y acompaña tales manifestaciones y lamenta que “estos dichos malintencionados del Diputado Nacional hayan sido vertidos en un medio público” cuando dos de sus periodistas, Luis Mónaco (desaparecido) y Miguel Hugo Vaca Narvaja (preso político, fusilado en un enfrentamiento fraguado), fueron víctimas del Terrorismo de Estado.

El diputado y empresario reconocido por su vestimenta-campera amarilla- pertenece al partido “Salta Somos Todos”. Sucesivamente se ha vinculado con partidos políticos de derecha como Propuesta Republicana, el Frente UNA y ahora con Cambiemos.

 REPUDIAMOS, NO CENSURAMOS

“Las y los trabajadores de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT) abajo firmantes REPUDIAMOS •NO CENSURAMOS los dichos vertidos por el Diputado de la Nación Alfredo Olmedo en Canal 10 y Radio Universidad de los SRT el día miércoles, 7 de noviembre de 2018.

Bajo la libertad de expresión, derecho que le asiste a todo ciudadano/a, y la pluralidad de voces que los SRT brindan y garantizan en todos sus productos audiovisuales, Olmedo justificó el Terrorismo de Estado que nuestro país sufriera bajo la dictadura cívico – militar instaurada en 1976. A través de información errónea y acusaciones estigmatizantes hacia las víctimas, el diputado validó el accionar terrorista que el Estado argentino, a través de sus Fuerzas Armadas y de seguridad, llevó adelante. Olmedo sostuvo que “acá hubo una guerra”.

Esta afirmación es falsa, ya que múltiples sentencias que se han dictado en los juicios desarrollados en nuestro país demuestran que el Estado ejerció un plan sistemático de desaparición tonada y exterminio de personas. De esta manera, la Justicia prueba de manera irrefutable que las Fuerzas Armadas y de seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad.

Además, manifestó que “ningún nieto aparecido le devolvió la guita al Estado”. En esta frase el diputado desconoce las vigentes leyes de reparación a víctimas del Terrorismo de Estado que en el caso de las y los nietos recuperados es la Ley 25.914 (Indemnización para hijos nacidos durante la privación de la libertad de sus madres y/o desaparecidos por razones políticas). Con estas declaraciones, Olmedo intenta desacreditar derechos conquistados legítimamente a través de la lucha incansable de los organismos de Derechos Humanos. Como trabajadores/as, sentimos la necesidad de manifestar nuestro repudio a los conceptos del legislador por considerar que tienden a informar malintencionadamente a la sociedad en un tema tan sensible y, especialmente, por tratarse de un diputado de la Nación elegido democráticamente. A esto se le suma las ya reconocidas posiciones misóginas homofóbicas de Olmedo. De esta manera, el actual diputado no hace más que confrontar a los colectivos que, luego de décadas de persecución y discriminación, han logrado el reconocimiento de sus derechos.

Somos trabajadores/as de una empresa de la Universidad Nacional de Córdoba: Institución compuesta por estudiantes, docentes y no docentes que sufrieron la persecución ideológica, el secuestro, la tortura, el asesinato, la desaparición forzada de personas y el robo de identidad. Aún hoy, dos de nuestros compañeros, Luis Mónaco (actualmente desaparecido) y Miguel Hugo Vaca Narvaja                 (secuestrado y fusilado), fueron víctimas del Terrorismo de Estado, el mismo que el legislador nacional Alfredo Olmedo justifica.

Para finalizar, reiteramos nuestro apoyo a los organismos de Derechos Humanos y seguimos abrazando el compromiso de MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA”.

 Córdoba, 8 de noviembre de 2018.

*Fotografía Congreso de la Nación

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Esta mañana, en la Torre de Tribunales federales, se realizó la primera audiencia del juicio Montiveros. El inicio se retrasó porque el imputado Cuello presentó un certificado médico que no convenció al Tribunal y lo hizo comparecer por la fuerza pública. Ricardo Perrín que vive en Buenos Aires fue indagado por videoconferencia. Tras la lectura de la elevación a juicio realizada por la secretaria Consuelo Beltrán el Tribunal abrió el debate y se completó la indagatoria. No testimoniará la querellante Sara Solarz.

Por Katy García*

La lluvia pertinaz no impidió que la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal en lo criminal n° 1(TOF1) se poblara de público. En ese marco se realizó esta mañana la primera jornada del juicio Montivero que investiga los crímenes -secuestros, tormentos y homicidios- ocurridos entre marzo y julio de 1976. Son 18 los imputados que deberán afrontar esta acusación. De los 22 anunciados, uno fue separado (Antón) y otro falleció (Carreras). En el banquillo se encuentra un militar (González Navarro) y los demás son expolicías del Comando Radioeléctrico. El Tribunal, que los juzgará está conformado por Julián Falcucci (Presidente) y los vocales Jaime Díaz Gavier y José Fabián Asís.

Sonia Monti

Sonia Torres a punto de ingresar al recinto.

La lectura de la elevación a juicio da cuenta de nueve hechos agrupados donde se precisa quiénes eran y en qué circunstancias fueron secuestrados, sometidos a tormentos y asesinados para luego reportarlos como enfrentamientos fraguados. El modus operandi consistía en secuestrar a las personas de los domicilios. Trasladarlos al D2. De ahí podían pasar a la Alcaidía. En ambos lugares eran sometidos a torturas físicas y psicológicas con el objeto de obtener información en el marco de la llamada “lucha antisubversiva”.   De las 16 víctimas, seis fueron asesinados. Los demás torturados y luego liberados. Enrique Obdulio Borghi fue llevado a la cárcel de barrio San Martín UP1 y fue liberado el 16 de Noviembre del año 1976.

orosz y silvia

Silvia D Toffino y Claudio Orosz

Hecho primero: Hugo Alberto Pavón Quiroga, Ramona Ángela Sánchez, Carlos Alberto Varella Alves; Hecho segundo: Enrique Obdulio Borghi; Hecho Tercero: Macario Bernabé Vaca, Celestino Fidelmino Ramírez; Hecho Cuarto: Roberto David Garay; Hecho Quinto: Isaac Garay; Hecho Sexto: Roberto Leopoldo Esteso; Hecho Séptimo: Mario Roberto Tallei, Juan Carlos Molina.

Hecho Octavo: José Osatinsky, José María Villegas; Hecho Noveno: José Luis Nicola, Vilma Ethel Ortiz y Gustavo Gabriel Olmedo. En estos últimos casos todas las víctimas fueron asesinadas. Igual que Pavón Quiroga (H1) quien permanece desaparecido. En todos los casos existe abundante prueba documental en los cuadernos de guardia. Y también testimonial recolectada durante la instrucción. Durante la etapa testimonial declararán, hasta ahora, 12 personas.

hairabedian y publico

El Fiscal Maximiliano Hairabedian y parte del público

Maximiliano Hairabedián representa al ministerio público fiscal y Claudio Orosz y Lillan Luque a la única querellante Sara Solarz de Osatinsky. Hoy se conoció a través del abogado Orosz que Sara no se presentará por razones de salud y que serán agregadas al las declaraciones realizadas con anterioridad.

Indagados

El último acto procesal de la jornada fue la declaración indagatoria. Los imputados, Ricardo Perrín, Jorge Eduardo González Navarro, Miguel Ángel Gómez, Roque Cámara, José Antonio Cuello, Miguel Ángel Bustamante, Fernando Martín Rocha, Ramón Zalazar, Roberto Peralta, Pedro Nolasco Bustos, José Acevedo, Oscar Hugo Pérez, Víctor Hugo Núñez, Antonio Apolinar Astrada, Aurelio Gallego, Delfín Jesús Barrionuevo, Gilberto Antonio Montiveros y Raúl Oscar Del Prado, respondieron a las preguntas realizadas por el Presidente del Tribunal. (1)

imputados Montiveros

Los imputados, sin el jararca Ménéndez

Tras indagar sobre los datos personales se les avisó que pueden optar por declarar de inmediato o dejarlo para otro momento. Solo Miguel Ángel “Gato” Gómez lo hizo. Fue breve. Negó su participación en los hechos y aseguró que quien realizaba las “detenciones” era el que interrogaba. O bien, lo hacía era el comisario Romano. También afirmó que realizaba viajes constantes a Rio Cuarto donde estaba su familia.

Los nombrados serán juzgados por los delitos de “Imposición de tormentos agravados, homicidios agravados y privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, ocurridos entre marzo y julio de 1976, en el Departamento de Informaciones D2, ex centro clandestino de detención y actual Archivo Provincial de la Memoria (APM).

La elevación a juicio deja en claro que “las acciones de planificación, diseño, supervisión y suministro de recursos materiales necesarios para la perpetración del accionar delictivo, y para su posterior impunidad, estuvieron a cargo del General de Brigada Luciano Benjamín Menéndez (fallecido) y la cadena de mandos militares y policiales.

Vallas de por medio

callejucio2

Memoria, Verdad y Justicia

La convocatoria realizada por los Organismos de derechos humanos, sitios de memoria, y diferentes organizaciones sociales, tuvo una respuesta importante habida cuenta de la lluvia. En el recinto y afuera. Como  en cada comienzo de un juicio, la vereda de Tribunales federales fue intervenida con pancartas, flores, atrapasueños y prendedores rojos que evocaron a las víctimas del terrorismo de Estado. Los sitios de memoria pusieron a disposición un ramillete de historias de vida hechas libro que las familias fueron armando con fotos y textos.

Los medios de comunicación masiva, públicos, y alternativos estuvieron presentes. También asistieron representantes y militantes del Sindicato Argentino de Televisión Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Sat Said) y del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren) que nueclean a los trabajadores de prensa y la comunicación en Córdoba. Por éste último lo hicieron Mariana Mandakovic y Miguel Apontes.

El próximo martes se retomará el debate. El juicio es oral y público. Requisitos: ser mayores de edad y llevar el DNI. Dirección: Concepción Arenal 690 (esquina Paunero), barrio Rogelio Martínez. Colectivos línea 21, 23 y 28.

Nota

1-      Fueron separados de la causa, por razones de salud, Antón y Abregú, y Patricio Carreras que falleció.

Fotografía Nicolás Castiglioni, Mercedes Ferreyra y AP

Más información en www.cispren.org.ar /diariodeljuicio.com.ar / @lagargantapoderosa/Ver las historias de vida en www.apm.gov.ar

La Comisión Directiva del Cispren invita a todxs lxs trabajadorxs a participar de esta jornada de debate que sesionará bajo la consigna “Defender a lxs periodistas es defender las democracia”. Será el próximo viernes 23 de noviembre, en la ciudad de Córdoba. La apertura se realizará a partir de las 9, en el Salón Regino Maders de la Legislatura Provincial. Después del mediodía, continuará en la sede del sindicato. Además de las comisiones de Acción Política y Gremial, Acción Social y Acción Profesional y Cultura, se sumarán Género Juventud. Programa e inscripciones.

Por Redacción*

 Mensaje de la Comisión directiva

flier Congreso largo“Es el pilar fundacional de nuestra institución someternos al debatehorizontal y fraterno con nuestrxs afiliadxs. Abrir de manera literal las puertas de la institución para promover colectivamente los cambios que nos garanticen la proximidad con nuestrxs compañerxs, para pensar la organización sindical de las próximas décadas y continuar con la defensa de la actividad rescatando nuestra función social como profesionales de la comunicación.

Este Congreso nos encuentra en un momento de avasallamiento contra el pueblo trabajador, donde nos hacen creer en el desprestigio absoluto de los sindicatos, de las organizaciones, de la política y de todo aquello que cuestione al modelo de hambre, ajuste y represión que nos quieren imponer. Los medios de comunicación son una herramienta de uso permanente para la elaboración de estos escenarios. Salarios a la baja, despidos masivos en medios públicos y privados, desfinanciamiento de medios alternativos, populares y comunitarios, amenazas, persecución y hostigamiento son realidades que describen acabadamente el escenario actual en nuestra actividad, la que desde hace décadas viene soportando una crisis terminal producto de las grandes transformaciones tecnológicas.

Hoy esa situación se agrava aún más siendo lxs trabajadorxs, como así también las experiencias autogestionadas, la variable de ajuste. Es por ello que el debate profundo y honesto es urgente y necesario. Asumiendo los desafíos de estos nuevos tiempos proponemos agregar a las tres comisiones históricas de debate, Acción Política y Gremial, Acción Social y Acción Profesional y Cultura, las comisiones de Género y Juventud.

Desde la Comisión Directiva del Cispren asumimos la responsabilidad y el compromiso gremial de ser coherentes con nuestros principios fundacionales, aquellos que bien supieron defender nuestros compañeros Luis Reinaudi y Ernesto Ponsati, e invitamos a todxs lxs trabajadorxs a participar de este evento.”

-¡Ante el ajuste y la represión lxs trabajadorxs de prensa respondemos con rebeldía y organización!

-¡Defender a lxs periodistas es defender la democracia!

-¡En los medios no sobra nadie!

Programa

Apertura: Viernes 23 de noviembre en el Salón Regino Maders de la Legislatura Provincial.

9.00- Acreditaciones y Apertura formal del 35º Congreso. Presentación de las autoridades, asistentes, dirigentes sindicales, dirigentes sociales y representantes de las centrales obreras. Mención de las delegaciones provenientes de distintos puntos de la provincia.

9.45 – Palabras a cargo de la secretaria general María Ana Mandakovic.

10.30 – Palabras del periodista Enrique Pessoa, a propósito del difícil momento que atraviesa el ejercicio de la profesión y la realidad de los medios del interior.

11.30 – Palabras de un dirigente de SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires).

12.30 – Refrigerio en sede sindical: Obispo Trejo 365.

13.00 – Inicio de debate por comisiones.

18.00 – Lectura de las conclusiones de las comisiones de trabajo.

21.00 – Cierre con peña folklórica en la sede sindical.

 Información e inscripciones

Secretaría de Prensa, de 8 a 14, a través del teléfono 351-3112860 / correo electrónico: barias@cispren.com.ar

El abono de la inscripción podrá realizarse a través de Mercado Pago:

Afiliadxs: goo.gl/rK1R9q (Cuesta $100)

No afiliadxs y egresadxs de carreras ligadas a la comunicación: goo.gl/N8S49w ($200)

 

*Informe  Secretaría de Prensa

Fotografía ilustrativa de archivo

Esta columna de opinión advierte que el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, a libro cerrado, deja abierto el camino para que las mutuales y cooperativas paguen una “contribución especial” y también impuesto a las ganancias. Tal situación “ilegal y confiscatoria” deberá ser corregida por el Senado de la Nación.

 Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe*

Miguelito RodriguezAutorEl proyecto de Presupuesto para el año 2019 se aprobó, en la Cámara de Diputados de la Nación en la madrugada del jueves 25 de octubre. Una vez más la ciudadanía vivió la contradicción ética del accionar de legisladores y funcionarios públicos nacionales y provinciales. En la discusión, de manera grandilocuente se señalaban posturas supuestamente para el bien del país, mientras la realidad es otra.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) imponía que se postergara la educación, la salud, la investigación y la cultura; que se privilegie el pago de una deuda externa odiosa y sus intereses usurarios; que se degraden los derechos de los trabajadores; que se dejen desempleados a mujeres y hombres que dieron todo de sí en la administración pública. Que se lleve al cierre, o a un achicamiento inaceptable, a emprendimientos estatales valiosos como la Agencia Telam, Radio Nacional, Astilleros Río Santiago y otros; que se profundice la pobreza, el desempleo y se desatienda a los discapacitados. Se ataque el futuro de empresas nacionales y se achique el mercado interno y además, se presenta a las personas jubiladas y pensionadas, como si fueran los causantes de los males que llevan al desequilibrio presupuestario y se busca condicionarles aún más sus derechos.

En ese contexto tramposo, además, aparecían los gobernadores presionando a sus diputados que voten favorablemente y el senador nacional por San Luis Adolfo Rodríguez Saa hizo que cuatro diputados de su provincia dieran el quórum necesario para sesionar y tratar el proyecto de ley de presupuesto, a cambio de una cláusula en el presupuesto de 386 millones de pesos, como lo refiere el Diario de San Luis. Todo era presiones y trampas.

Sale el 85, entra el 127

Mientras tanto, pude afirmar que el artículo 85 del ante proyecto era ilegal porque no respetaba lo dispuesto por la Ley 24.156 y eliminaba las exenciones que poseían por ley las mutuales y cooperativas de ahorro, crédito y seguros, en materia de impuesto a las ganancias. De ninguna manera cabía imponer dicho impuesto, ya que, además, la ley antes mencionada determinaba en su artículo 20, que el presupuesto, “… no podrá reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos…”. Este criterio que sostuve fue compartido por Marcos Makón, titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), creada por Ley 27.343 para controlar la legalidad de proyecto de presupuesto.

En función de ello los dirigentes mutualistas y cooperativistas se movilizaron y generaron incluso un hecho político trascendente, en un acto en Córdoba, que juntó a miles de personas que defendían el accionar de la economía solidaria. Así, se consensuó que se sacaría el art. 85 de la Ley de Presupuesto.

Más en esas idas y venidas en el escenario tramposo, en la madrugada de la confección del dictamen de comisión, si bien se eliminó el art. 85, se introdujo el art. 127 en la ley de presupuesto, que dispuso establecer “una contribución especial sobre el capital de cooperativas y mutuales que desarrollen actividades financieras y de seguros”por cuatro años. De esa manera se creaba un tributo, en contra de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 24.156 antes referida.

Además, entre otros aspectos, en dicha normativa se determinaba, que “la Contribución Especial surgirá de aplicar la tasa del 4 por ciento sobre la base imponible. Cuando dicha base sea superior a los $ 100 millones de pesos, la alícuota será del 6 por ciento”. O sea que, mutuales y cooperativas como el Banco Credicoop, San Cristóbal Seguros, Sancor Seguros, Grupo Asegurador “La Segunda”, entre otras, serán sometidas a una carga confiscatoria del 6 por ciento anual sobre sus bienes. Inaceptable e inconstitucional.

Asimismo, no se dejó discutir la ley en particular. Todo ello a conciencia que muchos de los artículos del presupuesto pudieran ser modificados o no aprobados, por lo que la mayoría decidió aprobar el Presupuesto “en general y particular”, a libro cerrado.

 Adenda

A lo dicho, se suma que con el presupuesto de 2019 se aprobó también la Adenda al Consenso Fiscal que fuera firmada por 18 gobernadores y el Jefe de Gobierno de la CABA, con el Presidente, sin adecuarla a lo acordado en la eliminación del artículo 85 y se dejó, entre los compromisos comunes, la cláusula por la que se comprometen a derogar, a partir del 1 de enero de 2019, “toda disposición por la que se eximan del Impuesto a las Ganancias los resultados provenientes de actividades de ahorros, de crédito y/o financieras o de seguros y/o reaseguros de entidades cooperativas y mutuales”, (art. I, inc. b).

Lo antes mencionado agrava la situación antes descripta, ya que se obliga ilegalmente y de manera confiscatoria a mutuales y cooperativas, como las antes señaladas alcanzadas por el art. 127 de la Ley de Presupuesto, a efectuar una contribución exorbitante y mientras tanto, en función de la aprobación de la Adenda del Consenso Fiscal, se puede pretender además, autorizar a cobrar el impuesto a las ganancias, porque así lo determina ilegalmente la Adenda, a partir de enero de 2019.

Resulta imperioso que esta grave irregularidad ilegal y confiscatoria sea solucionada por el Senado de la Nación, donde se llevan a cabo reuniones positivas al respecto, para fijar una alícuota acorde y eliminar de la Adenda el título I inc. “b”. No se puede permitir que se vacíe económicamente a las organizaciones de la economía solidaria, imposibilitando que puedan cumplir sus importantes fines.

 

*Abogado de cooperativas y mutuales y constitucionalista

Fotografia ilustrativa  Charly Díaz Azcué, Área Comunicación del Senado

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El Cispren se solidariza con Andrés Ferreras y repudia el apriete realizado por Eduardo Acastello mediante una carta documento difundida por la red Whats App. Desde el sindicato de prensa advierten que harán respetar “las garantías de libertad de expresión consagradas por la Constitución Nacional y el Estatuto del Periodista Profesional”.

Por Redacción

El ex Alcalde de la ciudad de Villa María cuestiona al periodista por una nota que lo relaciona con la causa CBI Cordubensis. Tal actitud “persigue una intención disciplinadora hacia todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras de la prensa en Villa María y el resto de la provincia”, sostiene el sindicato de prensa. Asimismo, advierte, que resulta al menos “sospechoso” que lance esta amenaza cuando el juicio a la financiera comenzará, precisamente, el 5 de noviembre próximo en el Tribunal Oral Federal N° 2.

Andrés Ferreras es periodista. Corresponsal del diario La Voz del Interior, y director del portal Villa María Vivo y ex secretario general del Cispren, delegación Villa María.

El comunicado de prensa lleva la firma de la secretaria gremial del Cispren Villa María, Rosana Calneggia, junto a los miembros de la comisión directiva del Cispren, Bárbara Arias, secretaria de prensa, Fernando Ceresole, secretario del interior, y María Ana Mandakovic, secretaria general.

El Comunicado completo

Acaste2“El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, CiSPren, manifiesta su repudio a la actitud violenta de amedrentamiento que tuvo el ex intendente de Villa María, Eduardo Accastello, hacia el compañero periodista Andrés Ferreras, corresponsal de La Voz del Interior y responsable de Villa María vivo, ex Secretario General del Cispren en esa seccional. En la jornada de ayer Accastello difundió vía redes sociales la foto de una carta documento dirigida hacia Ferreras para intimidarlo por una nota publicada el 29 de octubre pasado.

La clara intención de Accastello de estigmatizar la labor periodística por la publicación de información que le resulta incómoda, exige de reparación inmediata de su parte, ya que atentaría en contra de la libertad de expresión y del libre ejercicio del periodismo, banderas históricas en nuestra lucha sindical.

Es necesario destacar que esta actitud del ex intendente Accastello, imputado en la justicia federal por una causa de sobreprecios en la obra pública ENINDER, persigue una intención disciplinadora hacia todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras de la prensa en Villa María y el resto de la provincia. Destacamos, por muestra, que Eduardo Accastello ofició como “asesor de programación” en la Radiodifusora de Villa María, en el momento en que ésta fuera propiedad de Gerardo Raúl Varetto, vaciador de La Mañana de Córdoba. Recordemos que ex trabajadores de La Mañana manifestaron que Accastello era quien definía la línea editorial del desaparecido medio de comunicación.

Resulta al menos sospechoso, que esta maniobra se lleve a cabo pocos días antes del inicio del juicio por la causa CBI Cordubensis en la que se mencionaría el nombre de Eduardo Accastello.

Desde el Cispren nos solidarizamos con nuestro compañero, afiliado y ex dirigente sindical, a la vez que advertimos que no cederemos un ápice en la férrea defensa de nuestro derecho de llevar a cabo la labor periodística, exigiendo las garantías de libertad de expresión consagradas por la Constitución Nacional y el Estatuto del Periodista Profesional.

Fotografía La Voz (Portada)

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