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Novedades que aparecen en el slide del Inicio

18may 2018

A partir del 21 de mayo, se podrá retirar el ejemplar N° 60 del periódico editado por Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba. Bocas de expendio: local del organismo (Santa Fe 11), y en el Archivo Provincial de la Memoria (Pasaje Santa Catalina 66). Sumario y link a la versión digital.

Por Redacción
 Será Justicia, es una publicación que  desde 2009, realiza la cobertura periodística de los juicios por delitos de lesa humanidad que se juzgan en los Tribunales Federales de esta capital.  Se edita en las versiones papel y digital, con formato tabloide. Se define como “un periódico de producción mixta y distribución masiva, cuya línea editorial responde a los lineamientos establecidos por los organismos de DDHH de la ciudad de Córdoba, en particular a la organización Familiares”.
Será justicia, diario

Imagen ilustrativa

Comenzó en 2009 con el juicio Menéndez II conocido como Albareda, Moyano y Morales que acumuló tres expedientes. Siguió con la cobertura del Juicio Videla (UP1 y Gontero), Comando Radioeléctrico (Roselli), la megacausa La Perla y La Ribera y el Juicio de los Magistrados. El ejemplar número 60 dará cuenta de los últimos procesos González Navarro y Vergez.
Los contenidos no se limitan a los juicios de lesa humanidad sino que promueven debates actuales en torno a las continuidades del terrorismo de estado y la dictadura cívico militar en democracia.
Sumario del número 60

 Miembros de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba dan a conocer la  linea editorial que responde a la pregunta: ¿Dónde radica la importancia de los juicios para nosotros?

Entre los contenidos, que anticipan se encuentran.Un informe especial que explica ¿Para qué sirven los juicios? ( Por César Pucheta); El juicio por dentro. Concluyó el décimo juicio en Córdoba; En profundidad. El avance represivo. Por Alexis Oliva. En la contratapadiscurre Hugo Saleme sobre  Conquistar la verdad. Aquí: la versión online

Más información y números anteriores en  www.familiarescba.com.ar
Imágenes ilustrativas tomadas del Facebook de la organización
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17may 2018

Produjo inquietud  el ofrecimiento de retiros voluntarios en Teleocho, canal de televisión abierta, operado por Viacom, integrante del Grupo Telefe. Comunicado de prensa.

 

Cispren logoEl Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), manifiesta su preocupación a partir de la noticia de la apertura de un proceso de retiros voluntarios en Canal 8 del Grupo Telefe, como así también por el reciente despido de una trabajadora del canal con veinte años de antigüedad.

Desde el Cispren expresamos nuestra solidaridad con la compañera despedida, como así también, renovamos el llamado a los compañeros y compañeras a reforzar nuestro compromiso en defensa de los puestos de trabajo.

Córdoba, 17 de mayo de 2018
Comisión Directiva Cispren

 

17may 2018

El especialista Miguel Julio Rodríguez Villafale advierte sobre la responsabilidad del estado ante esta práctica que “ataca la dignidad de las personas y los pueblos y permite la consumación de otros delitos de diversos tipos”. Sobre todo en tiempos de “…enriquecimientos indebidos, cierre de fuentes de trabajo y explotación de los débiles”.

 Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe*

Miguelito RodriguezAutor La usura consiste en el cobro excesivo de intereses en un préstamo de dinero. Esta modalidad enriquece al prestamista excesivamente y trae un claro y profundo empobrecimiento para quien debe pagar los intereses abusivos.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, con jerarquía constitucional en Argentina, dispone que: “Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”, (artículo 21, inc. 3).

Por su parte, el Código Penal argentino reprime el delito de usura en el artículo 175 bis. En la referida norma se establece que tendrá sanciones de prisión y multa el que, “aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para otros, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación u otorga recaudos o garantías de carácter extorsivo”.

No obstante lo determinado por la legislación, en los hechos, la usura no ha tenido, por parte del Estado, en general, una firme voluntad de reprimirla o de accionar de manera preventiva al respecto. Repárese que esta actividad delictiva hiere grave e injustamente el patrimonio de las personas, afecta la economía pública, la buena fe en los negocios y trae desocupación, empobrecimiento, enriquecimientos indebidos, cierre de fuentes de trabajo y explotación de los débiles. En definitiva, ataca la dignidad de las personas y los pueblos y permite la consumación de otros delitos de diversos tipos. Lo antes referido se potencia en momentos de crisis económicas, como la que se está dando en el país.

A su vez, uno de los males más profundos que ha dejado en nuestro país la llamada “patria financiera” ha sido una cultura en la que la especulación dineraria desmedida fue aceptada con permisividad moral, por sobre la protección del capital proveniente del trabajo o de la producción. Hoy la llamada bicicleta “financiera” funciona con más firmeza que en los años 90´ y con mejores beneficios para los abusadores. Asimismo, el Estado ha generado y propicia irresponsablemente, situaciones ideales para la proliferación de la actividad usuraria.

Con una inflación desmedida, en un contexto de recesión y desempleo, el ambiente resulta propicio para empujar a las personas y a las empresas, en manos de los usureros para conseguir, desesperadamente, el dinero que necesitan.

Por otra parte, no se controla eficazmente a las entidades que dan préstamos, mu-chas de ellas funcionan de manera informal, con propaganda tramposa, sin dar información sobre los intereses que se cobran y los gastos administrativos abultados que se hacen abonar, sin justificación. En base a fáciles requisitos de otorgamiento y por sumas de dinero no muy grandes, se invita a los más débiles a tomar créditos personales con modalidades usurarias.

bicifinancieraLos sectores empobrecidos y necesitados solo evalúan su capacidad de pago de las cuotas, sin reparar que terminan pagando tasas de interés desproporcionados que, en algunos casos, llegan a superan el 100% del monto del dinero recibido. A veces, incluso, se retiene parte del capital y se hace firmar como si se hubiera retirado el total y de esa manera se busca disimular los intereses indebidos que se cobran y los necesitados de dinero aceptan dichas modalidades abusivas sin poder oponerse.

También comercios de distintos tipos, desde zapaterías a ventas de artículos electrodomésticos, entre otros, han adoptado engaños similares, para otorgar créditos de consumo de sus productos. Tampoco esta modalidad es controlada debidamente por los órganos estatales pertinentes.

Además, nadie investiga los depósitos de muebles, que actúan como casas de empeños disfrazadas y en las que se cobran cifras desmedidas por lo que se presta, con la garantía del bien que se hace dejar en guarda.

Más a lo referido hay que sumar la usura consentida y propiciada, en especial, por el Gobierno Nacional actual, que ha potenciado el endeudamiento externo perpetuo y la usura constituye uno de sus fundamentos.

Se ha dedicado a tomar créditos en dólares, haciendo crecer grandemente la deuda ininterrumpidamente, sin que la recaudación tributaria alcance para cubrir los gastos. Al no tener capacidad de devolución a través de la generación de recursos genuinos, los funcionarios solo se ocupan de ir refinanciando deuda, particularmente en dólares. Deuda e intereses luego se atienden con nueva deuda, en un proceso de refinanciamiento permanente, lo que se transforma en una deuda a perpetuidad.

En realidad, ante la necesidad inexorable de contar nuevamente con dinero por parte de la Argentina, los acreedores usureros nos someten a condiciones cada vez más desproporcionadas. Situación esta última que se agrava en este momento, si se tiene en cuenta que en la presente crisis financiera se muestra un Estado en el que el gobierno nacional, gran parte de los funcionarios que deben equilibrar los desequilibrios tienen su dinero en el exterior y han sido muy beneficiados con el alza del dólar.

Y a su vez, algunos de ellos han sido y son representantes de la usura más despiadada, como son los llamados “fondos buitres”. Fondos estos que esquilmaron a la Argentina y que no saciados con ello han iniciado nuevas demandas contra el país.

No se puede permitir que el Estado siga siendo cómplice y partícipe necesario de la usura nacional e internacional. Y quienes intervengan en representación de Argentina en las negociaciones no pueden llevarnos a consentir créditos usurarios, ya que ello se transforma en una verdadera actividad delictiva que hiere la dignidad de nuestro pueblo y de ninguna manera puede tenerse esa mediación de nuestros funcionarios, como un bien para el país.

*Abogado Constitucionalista

Publicación bajo Licencias Creative Commons

Imagenes ilustrativas

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07may 2018

Será el 9 de mayo, a las 17.30, en el aula 8 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Disertará la especialista Adriana Amado Suárez. Estarán presentes autoridades universitarias y del sector profesional. La materia que aborda la comunicación en las organizaciones forma parte de la currícula de grado desde hace 25 años.

Por Redacción*

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Adriana Amado Suárez

 La inauguración del centro de investigaciones en comunicación institucional contará con la presencia de Mariela Parisi, decana de la institución, autoridades de la UNC, referentes y profesionales de la comunicación. Tras el acto protocolar disertará Adriana Amado Suárez quien preside además el Centro para la Información Ciudadana que promueve la información pública responsable. Como autora lleva once libros publicados y más de 20 en colaboración con otros profesionales. (1)

El mencionado Instituto de Comunicación Institucional (ICI), fue creado el 26 de abril próximo pasado, con el objetivo de desarrollar un espacio de “capacitación, investigación, transferencia y desarrollo de la comunicación institucional, buscando potenciar y promover la práctica y actualización permanente de los conocimientos adquiridos en la Facultad”.

Según da cuenta la invitación se dictarán cursos de formación y actualización “con un fuerte enfoque práctico” a cargo de “equipos ad hoc, liderados y coordinados por profesionales con vasta experiencia en colaboración con egresados y alumnos avanzados”.

Al mismo tiempo se promoverán investigaciones y diagnósticos que respondan a necesidades de organizaciones públicas y privadas, alumnos, egresados y profesionales de diversa formación.

El ICI depende de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la FCC y funciona en Rondeau 467, 1º Piso, Nueva Córdoba.

Nota

1-Amado Suárez es licenciada en letras (UBA) y doctora en Ciencias Sociales (Flacso).

* Fuente: Boletín de la FCC| Fotografía ilustrativa

Contacto: ici@fcc.unc.edu.ar

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02may 2018

“Se frenó la orden de desalojo pero seguimos en la lucha. Estamos fuertes, y aspiramos que la provincia conforme una mesa de diálogo y se declare la emergencia habitacional”, dijo, Vanessa Villegas, de Jóvenes al frente, vecina del lugar.

Por Redacción

La Justicia mediante un oficio enviado a las fuerzas policiales de la zona resolvió suspender la medida que había anunciado el sábado pasado. El abogado de los cooperativistas presentó un recurso de oposición a la medida. “Estamos fuertes, resistiendo, y vamos a seguir luchando hasta tener una solución”, dijo, Vanessa Villegas, integrante Jóvenes al Frente (Jaf), tras conocer la resolución judicial.

La referente manifestó que los habitantes del barrio esperan que en los próximos días el gobierno provincial tome cartas en el asunto, convoque a una mesa de diálogo, y declare la emergencia habitacional. Agregó que el 80 por ciento son mujeres y que van a seguir luchando por el futuro de sus hijos hasta lograr “una vivienda digna que podamos pagar de acuerdo a nuestras posibilidades”. Lamentó que “Seamos los pobres los que tengamos que callarnos” ante una problemática que existe en toda Córdoba y que debe salir a la luz.

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Por el futuro de los chicos

Esta mañana el abogado de la organización, Joaquín González, presentó un recurso de oposición para evitar una medida drástica que de haberse ejecutado hubiera dejado en la calle a más de 100 familias y profundizado el conflicto que  lleva más de cuatro años.

Los hechos

El sábado pasado, mientras los vecinos y vecinas se encontraban preparando el festival planificado con anterioridad: “Mujeres en Lucha, No al desalojo”; ¡Oh! Sorpresa, tres accesos al barrio se encontraban obturados por topadoras y los otros por la Guardia de Infantería.

El Jefe del Operativo les informó sobre la resolución del camarista Julio R. Guerrero Marín que ordenaba impedir la realización del festival “por romper un pacto social” que los moradores afirman no haber firmado ni aceptado. Al mismo tiempo, anticipaba el desalojo.

Los vecinos y vecinas interpelan al estado en relación a la grave problemática que no solo padecen estas familias y le reclaman al poder judicial que dimensione la medida ordenada habida cuenta de la existencia de otros intereses que colindan con el derecho ciudadano al acceso de la tierra. Sospechan que detrás de los desalojos están los negocios inmobiliarios y la construcción de barrios privados.

Por otra parte, cuentan, que el gobierno provincial le ofreció a cada familia 42 mil pesos con la condición de que se vayan pacíficamente. 35 aceptaron, pero 16 volvieron al barrio. Entonces, razonan, que si están dispuestos a gastar tanto dinero (calculado en más de seis millones de pesos), “le pedimos que compre tierras con esa plata, sea en Barrio Parque Esperanza por medio de la expropiación, o  en otro lado”.

Estación Juárez Celman, pertenece al departamento Colón. La población se formó gracias al ferrocarril y posee gran cantidad de tierras. En los noventa, accedió a la categoría de municipio y pasó a ser ciudad en 2008. Se encuentra a 19 km del centro de la ciudad de Córdoba y es una de las llamadas ciudades dormitorio.

Más información,  en la página de la organización.

Fotografía Mercedes Ferreyra

28abr 2018

El vocal de Cámara, Julio Ramón Guerrero Marín, anticipó que se ejecutará el miércoles 2 de mayo próximo. Los habitantes del barrio, se vieron sorprendidos por una orden judicial que  les prohíbe la realización del 5° Festival “Mujeres en lucha/No al desalojo” y los emplaza a desalojar el predio cuando en marzo se había prorrogado por 60 días. Los terrenos son propiedad del estado nacional y de una empresa privada.

Por Redacción*

Salir de la zona de confort, no es solo un desafío individual. Muchos deberían  ver in situ cómo viven miles de personas a escasos 20 minutos de la capital cordobesa. Los moradores del barrio Comunitario Parque Esperanza se desayunaron con una orden judicial que prohíbe la realización del 5° Festival “Mujeres en lucha” planificado con anterioridad, y anticipa el desalojo para el 2 de mayo próximo cuando el mes pasado se había prorrogado por 60 días.

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No al desalojo!!!

La nota  dirigida al titular de la Guardia de Infantería de la Zona le ordena que disponga de la dotación necesaria de efectivos “para impedir de manera absoluta la celebración de un encuentro “Mujeres en lucha/No al desalojo en Juárez Celman”. Asimismo, subraya la prohibición de “ingreso y egreso de personas y bienes” al lugar y alude a un pacto social firmado que los habitantes desconocen.

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Almuerzo comunitario. Fideos con pollo, a la leña

Esta notificación que lleva la firma de  Guerrero Marín, vocal de la Cámara Sexta, secretaría 12, del poder judicial, emplaza a los cooperativistas a desalojar voluntariamente el lugar el miércoles  2 de mayo, entre las 8 y las 12. Caso contrario advierte que lo hará por medio de la fuerza pública. Esta situación creó conmoción entre los habitantes que hace cuatro años luchan por la obtención de la tierra. Según el escrito esta medida se da en el marco de una causa por usurpación de los terrenos que, afirma, le pertenecen al estado nacional y a la empresa Urbacor S.A.

Resistir

Los cooperativistas decidieron en asamblea que el festival planificado durante semanas, con mucho sacrificio, se iba a realizar y reafirmaron su decisión de resistir el desalojo. “No queremos nada gratis, queremos vivir dignamente”, claman los vecinos.

En el predio, de 10 hectáreas, viven 120 familias en 23 manzanas. El presidente de la cooperativa, Andrés Villalba, explicó que hay una causa que tiene 244 imputados que ingresaron el 15 de junio de 2014 y que poseen un registro otorgado por el gobierno nacional al año siguiente. Asegura que no cometieron ningún delito y que  “el poder judicial no toma en cuenta que la solución no es la estigmatización de los pobres”.

Un pico público para todo el barrio

Un pico público para todo el barrio

Los habitantes sostienen que incluso Alejandra Vigo y los ministros de Justicia y Derechos Humanos, y de Desarrollo social, con quienes mantuvieron conversaciones previas estaban al tanto de la realización del festival. Entonces: ¿Cómo puede ser que alguien de la justicia que no sabe cómo vivimos lo impida?, dice, una de las chicas.

La cooperativa 7 de Junio cuenta con 238 socias y lleva cuatro años de trabajo en pos de lograr una solución al grave problema de vivienda y carencia de servicios. “Vivimos precariamente porque hemos sido rodeados por la policía y no nos permiten ingresar materiales. La mayor parte hizo su casa con maderas, chapa y nailon. Son pocas las que son de material”, contó, Carlos, uno de los integrantes de Jóvenes en Lucha.

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Rodearon los accesos al predio

Agregó que hace un mes, el gobierno hizo un relevamiento para conocer  la situación de las 157 familias. Además, dos semanas atrás, la Organización de Naciones Unidas (ONU) relevó la situación y la violencia institucional que sufren los habitantes de la zona y lo plasmaron en un informe.

Se quejan del acoso policial. “Nos cortan el agua, el control es permanente, te requisan todo. Y hoy hasta el juez nos traba esto”, dice otra mujer. “Sabemos cómo luchar y lo haremos. Hemos organizado campeonatos de futbol y vóley, y le hemos dedicado horas a la organización”, añade Perla.

Viven en condiciones infrahumanas. Sin agua corriente y sin luz. El acceso a la vivienda, la falta de trabajo y de servicios básicos son algunos de los mayores problemas que aquejan a la comunidad donde viven  jóvenes matrimonios con hijos pequeños. Las mujeres trabajan en casas de familia por hora y los hombres en la construcción y las quintas. La comunidad barrial está integrada por hombres y mujeres de córdoba,  de otras  provincias, y de países vecinos que buscan vivir mejor. La necesidad los ha unido en esa búsqueda que comenzó en 2014.

 

Texto Katy García (Agencia Prensared) / Fotografía Mercedes Ferreyra

Ver álbum completo aquí

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27abr 2018

El Cispren repudia los aprietes y amedrentamientos a periodistas que ejercen su tarea. Ahora le tocó a Adolfo Ruiz, del sitio ENREDACCION. “Responsabilizamos a la Policía de la Provincia de Córdoba en su conjunto y al Gobierno Provincial por la seguridad y la integridad física del compañero”, expresa el comunicado.

Con las firmas de Javier de Pascuale (secretario adjunto) y de Bárbara Arias (secretaria de prensa) se dio a conocer el siguiente comunicado que fija la posición del sindicato frente a los hechos.

Texto completo

Cispren logo“El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, Cispren, se solidariza con el compañero trabajador de prensa Adolfo Ruiz, quien ha sufrido amenazas a través de redes sociales derivadas de su labor periodística.

El hostigamiento comenzó a partir de la publicación de una nota en el medio ENREDACCIÓN, el pasado 25 de abril, en el que se dejaba expuesto el caso de un alto mando policial de la departamental San Justo, Carlos Cabral, quien a pesar de las numerosas denuncias por acoso de parte de sus dependientes, fue ascendido.

A escasos días de la condena en contra del ex jefe policial Julio César Suárez por la causa de amenazas en contra del periodista y compañero Dante Leguizamón, parece que hacia adentro del cuerpo policial no han cambiado mucho las cosas, pues los aprietes y amedrentamientos en contra de los y las trabajadoras de prensa sigue siendo moneda corriente.

Desde nuestra institución repudiamos la actitud cobarde y violenta de oscuros personajes que se amparan en el anonimato de cuentas falsas en las redes para apretar a periodistas, amenazando incluso a familia e hijos en busca de callar la difusión de investigaciones que evidencian ilícitos.

Responsabilizamos a la Policía de la Provincia de Córdoba en su conjunto y al Gobierno Provincial por la seguridad y la integridad física del compañero Adolfo Ruiz y su familia. Renovamos nuestro reclamo al Gobierno provincial de valorizar la tarea de prensa y ponemos a disposición de Ruiz todas las herramientas legales y gremiales para arribar a una solución definitiva ante este hecho tan aberrante.

Córdoba, 27 de abril de 2018

Bárbara Arias, Secretaria de Prensa                                                                                                                Javier De Pascuale, Secretario Adjunto

 

Fotografía Mariano Pais (En Redacción)

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26abr 2018

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito elaboró un documento que echa luz sobre el tema. 14 preguntas frecuentes son respondidas con argumentos científicos, sanitarios, legales y bioéticos. Aspiran que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sea aprobado. Texto completo PDF.

Por Redacción

El documento responde a un conjunto de preguntas que la sociedad se formula sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que actualmente se debate en el Congreso de la Nación. Con argumentos diversos – científicos, sanitarios, legales, y bioéticos-, aclara dudas y derriba mitos. Arranca con los casos en los que está permitido, sigue con la accesibilidad para luego profundizar cómo la penalización no influye en la decisión que le pertenece a la mujer o persona con capacidad de gestar y enfatiza que “No obligamos a nadie a abortar como tampoco obligamos a nadie a gestar, parir ni ser madre”.

pañuelo verde

“El aborto clandestino implica un riesgo mucho mayor para la vida y la salud de las personas de menores recursos materiales y simbólicos. Si se despenaliza el aborto pero no lo garantizamos de forma gratuita, esta desigualdad persistirá. Por ello, la legalización del aborto no sólo es un asunto de salud pública y de derechos humanos, sino también de justicia social. Su práctica debe ser una práctica más dentro del sistema de salud”, definen, en uno de los párrafos. En esa línea asegura que según datos del Ministerio de Salud de la nación se realizan aproximadamente 54 abortos por hora que en un día suman 1300. Una secilla operación matemática indica que anualmente se realizan entre 370.000 y 520.000. De modo que la penalización del aborto “no disuade de su práctica, pero pone en riesgo a la persona que aborta”.

Para quienes cuestionan que el estado o las obras sociales deban hacerse cargo de la seguridad de la práctica afirman que aun cuando no es un tema que deba analizarse con la lógica costo /inversión, de hecho “las actuales complicaciones por abortos inseguros” ocasionan mayores gastos en internaciones e  intervenciones por hemorragias e infecciones”.

Otros temas analizados son la diferencia entre legalización y despenalización, el plazo de 14 semanas, y la histórica consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

También ponen el foco en la importancia de la implementación de las leyes de Educación Sexual Integral – científica, laica y con perspectiva de género, ley 26.150-, y de Salud reproductiva. En este sentido, sostienen que colabora en la disminución de los abortos y aporta a la planificación de la vida reproductiva de las mujeres.

A propósito, en el Congreso de la Nación, continúa desarrollándose el plenario de comisiones donde exponen sus puntos de vista a favor y en contra diferentes actores de la justicia, ONG, diputados y académicos, entre otros. (Hasta las 18, se puede seguir por el canal de la Cámara de Diputado en YouTube).

Argumentos Campaña 2018 FFF (1) (Texto completo)

Fuente: Documento elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito (Alianza entre organizaciones de la sociedad civil y personalidades que articulan acciones para lograr tal objetivo).

Foto facebook Campaña

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17abr 2018

19 imputados recibieron12 penas que van de 3 a 17 años, seis absoluciones y una perpetua. Los hechos ocurrieron entre 1975 y 1978 en los centros clandestinos de detención campo de la Ribera y Departamento de Informaciones (D2). El presidente del Tribunal, la fiscalía y la querella valoraron positivamente el proceso.

Por Katy García

Esta mañana se realizó la última audiencia del juicio González Navarro y otros, Vergez y otros,  por crímenes de lesa humanidad en Córdoba. El tribunal, conformado por Julián Falcucci (presidente), Jaime Díaz Gavier y Juan Carlos Reynaga, dio lectura a la sentencia condenatoria de los 19 imputados. “Fue un juicio largo, tuvimos varios meses de audiencias que se desarrollaron con absoluta normalidad. Llegamos a un veredicto después de escuchar a las partes y esperamos haber satisfecho las expectativas de justicia”, dijo el presidente del tribunal, al finalizar el último acto procesal.

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Lectura del veredicto

Las condenas responden a los pedidos realizados por la fiscalía. No obstante, los jueces subrayan en el fallo que las condenas “por mayoría” fueron tomadas “en mérito al límite impuesto por la acusación fiscal”. Maximiliano Hairabedián que acusó por 61 víctimas, manifestó que se sentía satisfecho con el veredicto “porque fueron aceptados los pedidos de condena y se rechazaron los planteos de la defensa, para  lograr impunidad, mediante prescripciones, violaciones a las garantías constitucionales y nulidades”. Los primeros ocho puntos dan cuenta de esos rechazos.

Negó que se haya quedado corto en algunos pedidos de penas. Afirmó que los montos de las mismas fueron calculados “de acuerdo a las pautas de mesuración y gradación de la pena que la fiscalía entendía como justa”.

Dijo que tras la lectura del veredicto advirtió que el Tribunal daba a entender que podrían ser mayores en algunos casos. Pero señaló que “habrá que esperar los fundamentos del fallo para realizar un análisis integral”. Precisamente, las argumentaciones se darán a conocer el 15 de mayo próximo al mediodía.

Sobre este punto el presidente del Tribunal manifestó que junto a Reynaga consideran que “la pena que pide el fiscal es un límite que no podemos pasar. Aunque en algunos casos hemos variado la calificación, pero manteniendo el pedido del fiscal”. Explicó que el voto del camarista Jaime Díaz Gavier -en disidencia- considera que “ese límite no significa una valla que no se pueda traspasar en la medida que la jurisdicción está abierta a partir del pedido de pena realizado” y dejó abierta la posibilidad de que pueda ser revisado.

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Al fondo, Sonia Torres, junto a miembros de Familiares e HIJOS

La voz de los querellantes

Los únicos querellantes en la causa, Julio César Giménez Pizarro y Diego Benítez, repasaron, ante los medios, el largo y doloroso camino de obstáculos que enfrentaron desde hace más de 40 años buscando justicia. Giménez recordó entre lágrimas que junto a su familia fue amenazado y golpeado “por las fuerzas de seguridad durante los gobiernos de Schiaretti y De la sota y que algunos funcionarios como Raúl Sánchez me decían que no se podía hacer nada”. Con tristeza lamentó que en este juicio los autores materiales del asesinato de su padre no estuvieran en el banquillo pese a que declaró cuatro años atrás ante la fiscal López de Filoñuk. No obstante, dice, que en parte se siente reparado  con la pena que recibió el responsable mediato Jorge González Navarro.

Benítez no se fue conforme. Está convencido que su padre murió durante una sesión de tortura aplicada por sus verdugos. “Le pido al doctor Hairabedián que reflexione. Si cree en la teoría de los dos demonios que se aparte. Porque aquí no hubo una guerra, acá hubo represión ilegal, y delitos de lesa humanidad, desde mucho antes del 24 de marzo”, afirmó, conmocionado.

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El fallo declara que  Marcela Guzmán  y dos personas más  fueron víctimas del plan sistemático

Denunció que “Históricamente desde la vuelta a la democracia se protegió desde el poder político y ahora parece que desde la corporación judicial a todo el D2. Son más de 300 los cuadros de la represión que hubo en Córdoba y solamente fueron juzgados a lo sumo 40”.  También advirtió sobre las continuidades con los gobiernos neoliberales de hoy que ponen en riesgo “nuestra integridad y van a llevar presos a los pibes por su color de piel o por fumar un cigarrillo en la vereda”.

Las abogadas que los patrocinan Adriana Gentile y Gabriela Bautista de la Fundación María Elba Martínez, manifestaron su conformidad con la pena impuesta y el envío de la prueba a la Fiscalía 3 con el testimonio de Giménez y el alegato del fiscal.  “En el caso del homicidio de Benítez los únicos imputados fueron Menéndez y González Navarro. Los autores materiales no estuvieron en el banquillo”, aclaró Gentile.

El Tribunal declaró, además, la existencia material de los hechos 22 y 23 de la causa Vergez cuyas víctimas fueron Eduardo César Araya, Marcela Josefina Guzmán -madre de  Guadalupe Mías, directora de derechos humanos de la municipalidad de Córdoba-, y Juan José Laso. Y subraya que son delitos de lesa humanidad que “ocurrieron como parte del plan sistemático  de eliminación de opositores políticos”.

Condenados y Absueltos

El único condenado a prisión perpetua es el militar retirado con el grado de teniente coronel Jorge González Navarro de 88 años. Actualmente, con prisión domiciliaria. Fue condenado como “coautor mediato intermedio” penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada  por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia en concurso real, 38 hechos; imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, en 38 hechos, y homicidio doblemente calificado por alevosía y en concurso de una pluralidad de partícipes, en cuatro hechos, en concurso real.

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El público observa la retirada de los condenados que dicen frases negacionistas

De 3 a 17

Jorge Exequiel Acosta: 3años; José Luis Yáñez, 6 seis años; Luis Gustavo Diedrichs y Rubén Osvaldo Broccos, 8 años; Carlos Alberto Díaz, 9 años. Mirta Graciela Antón, Calixto Luis Flores y Enrique Alfredo Maffei, 10 años; Alberto Luis Choux, 11 años. Héctor Pedro Vergez y Ernesto Guillermo Barreiro, 12 años y Héctor Hugo Chilo (17).  Además de las penas impuestas varios imputados también fueron absueltos en otros hechos “por ausencia de acusación fiscal”. (Ejemplo: Vergez, Yáñez, Barreiro, Chilo, entre otros)

En tanto que Eduardo Grandi, Yamil Jabour, Ricardo Alberto Lardone, Juan Eduardo Ramón Molina, Oreste Valentín Padován y José Andrés Tófalo fueron absueltos.

En la causa González Navarro fueron juzgados por los delitos de Privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados. Los hechos se produjeron entre mayo de 1976 y mayo de 1978. Se juzgaron los secuestros y detenciones de un grupo de trabajadores de la salud del hospital psiquiátrico de Santa María de Punilla,  afiliados y dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En el expediente Vergez los delitos son Privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, homicidio calificado, un hecho de abuso deshonesto y un hecho de violación ocurridos entre febrero de 1975 y febrero de 1976.

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Haciendo el aguante en la explanada

La lectura del veredicto fue seguida con atención y en silencio. La sala, colmada. Solo al final, como es habitual, familiares y amigos de las víctimas aplaudieron, cantaron los estribillos históricos de la resistencia contra la impunidad y vivaron a los 30 mil desaparecidos.  La repuesta no se hizo esperar. Familiares de los condenados respondían a los gritos que son 6284 y no se privaron de insultar a todos y a todas. Cuando la sala se iba quedando vacía se escuchó, nítidamente, el hit del verano: MMLPQTP.

Texto Veredicto de González Navarro – al 17 de abril modif (3)

Fotografía gentileza Mercedes Ferreyra

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16abr 2018

El Ministerio Público fiscal acusó por 61 víctimas. Pidió perpetua para González Navarro, absoluciones para Tófalo, Lardone, Padován, Yabour, Molina y Grandi, y penas que van de 3 a 17 años para el resto. Hoy, lunes 16, se realizó la réplica de la fiscalía.  La última palabra pasó para mañana martes a las 9:30. Cumplido este acto procesal el Tribunal se retirará a debatir y pasado el mediodía leerá la sentencia.

Por Redacción

El presente juicio por crímenes de lesa humanidad que comenzó el 21 de noviembre del año pasado llega a su fin. Mañana es la última audiencia y se dará lectura a la sentencia. Se trata de dos expedientes acumulados: González Navarro, con 35 víctimas y Vergez con 26. Los hechos juzgados ocurrieron en los centros de detención clandestina Campo de la Ribera y Departamento de Informaciones 2 (D2).

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El Tibunal: Diaz Gavier, Falcucci (Presidente), Reinaga y Quiroga Uriburu (De izquierda a derecha)

En la primera, no se presentaron querellantes. En la segunda lo hicieron solo dos. Diego Omar Benítez y Julio César Giménez por los homicidios de sus padres Osvaldo Pablo Benítez y Alberto César Giménez respectivamente (Hechos 12 y 13). Ambos son patrocinados por las letradas Adriana Gentile y Gabriela Noemí Bautista, de la Fundación María Elba Martínez.

“Confío que el Tribunal haga lugar al pedido de prisión perpetua para González Navarro -miembro del estado mayor al momento de los hechos-, como autor mediato de los homicidios de Pablo Benítez y de Alberto Giménez, solicitado por nuestros querellantes”, afirmó, la abogada Gentile.

Agregó que durante el debate los testimonios de las víctimas permitieron conocer más detalles sobre lo ocurrido y destacó que aun cuando “los autores directos de los homicidios quedaron fuera del juicio porque no fueron acusados durante la instrucción pese a que fueran denunciados con nombre y apellido en su oportunidad, lo dejamos planteado en esta instancia de juicio oral”. Sobre la causa Vergez evaluó que “Quedó demostrado el accionar del Comando Libertadores de América en la provincia de Córdoba”.

El fiscal Maximiliano Hairabedián acusó por un total de 61 víctimas. Solicitó una prisión perpetua para González Navarro. Seis absoluciones -Tófalo, Lardone, Padován, Yabour, Molina y Grandi- , y para los demás acusados penas que van de 3 a 17 años.

 Los delitos

En la causa González Navarro se juzga a los acusados por los delitos de Privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados. Los hechos se produjeron entre mayo de 1976 y mayo de 1978. El primero de un total de 14 está referido a los secuestros y detenciones de trabajadores de la salud que se desempeñaban en el psiquiátrico de Santa María, la mayoría afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Los delitos que se juzgan en la causa Vergez son Privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, homicidio calificado, un hecho de abuso deshonesto y un hecho de violación. Los hechos ocurrieron entre febrero de 1975 y febrero de 1976. El tribunal que llevó adelante el proceso está integrado por Julián Falcucci (presidente) y los vocales Jaime Díaz Gavier, Juan Carlos Reynaga (subrogante) y José Camilo Quiroga Uriburu (sustituto). Durante el debate que concluirá este martes con la lectura de la sentencia desfilaron unos 50 testigos.

De 21 acusados iniciales quedan 19 en el banquillo. (Menéndez, fallecido el 27 de febrero de 2018 y un apartamiento).

Hechos 12 y 13

El 12 de febrero de 1976, Osvaldo Pablo Benítez fue secuestrado junto a María Prosperina Ferreyra y Fernando Horacio Alderete cerca del Centro Vecinal y Cultural de Barrio Patricios. Fueron reducidos por fuerzas de seguridad no identificadas, sometidos a tormentos y luego asesinados. Dos días después “con múltiples disparos de armas de fuego” aparecieron los cuerpos en la localidad de Unquillo.

El 26 de febrero de 1976, el secretario gremial del Sindicato de Pasteleros, Alberto Giménez, salía del Hotel Ritz donde se hospedaba junto a su familia. En las inmediaciones habría sido sorprendido por miembros de las fuerzas de seguridad que se conducían en dos vehículos y le dispararon a quemarropa.

Los Organismos de derechos humanos convocan a concentrar a las 11, frente a Tribunales Federales, sito en – Concepción Arenales esquina Paunero. Quienes no puedan concurrir pueden seguir la transmisión en vivo por http://www.cij.gov.ar/cijtv/

Foto Prensa gentileza  TOF1

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